Repsol, Cepsa, DISA y Shell ofrecen rebajas de hasta un 13,75% al Estado

Esta viernes se celebró la primera sesión de la Comisión Permanente de la Junta de Contratación Centralizada, en la que se abrieron las ofertas presentadas por las empresas para la adjudicación del acuerdo marco de combustible para automoción de la Administración, cuyos contratos se firmarán previsiblemente a principios de junio.

El Ministerio de Hacienda ya anunció que espera obtener un ahorro mínimo de 6 millones de euros en tres años con la compra de combustible de manera centralizada.

Las citadas petroleras presentaron sus ofertas para optar al lote 1 (península y Baleares), que debía contar con un descuento mínimo del 12% sobre el precio antes de impuestos y que optará a descuentos del 13,75%. El descuento final para este lote se obtendrá cuando se vayan realizando las segundas licitaciones para la adjudicación de los contratos para los diferentes ministerios y organismos.

En el lote 2 (Canarias, excepto El Hierro y La Gomera), el descuento ofrecido en las ofertas fue del 12% (por encima del 9% que era necesario como mínimo). La adjudicación de este lote dependerá del descuento ofertado y de la cobertura territorial de la empresa.

En el lote 3 (para El Hierro y La Gomera) la rebaja se quedó en el 3%, mientras que el descuento de las ofertas del lote 4 (Ceuta) fue de hasta el 9,10%, frente al mínimo del 7,25% exigido; Finalmente, en el lote 5 (Melilla), el descuento máximo se fijó en el 9,20%, frente al 7,5%. Para estos tres lotes las rebajas presentadas por las empresas que resulten adjudicatarias serán fijas para toda la vigencia del acuerdo marco.

El ahorro efectivo dependerá de la evolución de los precios de los carburantes, de los consumos realizados y, en el caso del lote 1, de los resultados de las segundas licitaciones.

Este acuerdo marco es el primero que se va a celebrar tras la creación de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, que tiene como objetivo la racionalización y centralización de las compras de suministros y servicios por la Administración del Estado.

El acuerdo, que tendrá una duración de 2,5 años más una prórroga de 6 meses, tiene un ámbito subjetivo obligatorio que comprende a los ministerios, organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales. No obstante, podrán adherirse al mismo voluntariamente las sociedades mercantiles y fundaciones estatales que quieran, así como las comunidades autónomas y entidades locales.

Esta actuación se enmarca en las recomendaciones del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que propugna una ampliación de las categorías de bienes y servicios cuya contratación debería realizarse de manera centralizada. También está relacionada con diversas medidas recogidas en dicho informe y que tienen que ver con el parque automovilístico del sector público estatal.