REE considera que el suministro en Canarias ganará en seguridad al confiar a la empresa los bombeos de las centrales hidroeléctricas

El anteproyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobó el viernes contiene, entre sus principales novedades, una disposición que confía en los territorios extrapeninsulares la gestión de las plantas regasificadoras y de las centrales de bombeo a los operadores del sistema (Enagás y REE, respectivamente).

En el caso de Canarias, eso supone que pasan al operador del sistema eléctrico la central Chira-Soria, en Gran Canaria, y la central Gorona del Viento, dos proyectos donde hasta ahora el papel relevante correspondía a Endesa: en el primer caso en solitario, tras ganar un concurso convocado ex profeso por el Cabildo, y en el segundo, como socio de las administraciones públicas con un 30%.

El bombeo entre las presas de Chira y Soria, en el que Endesa iba a invertir 280 millones de euros, está llamado a convertirse en el sistema que permita almacenar la energía excedentaria de los parques eólicos de Gran Canaria para poder utilizarla cuando se necesite, sin tener que acudir en esos casos a quemar combustibles fósiles. A su vez, el bombeo Gorona del Viento es pieza básica en los planes para que El Hierro se autoabastezca con energía renovable.

Fuentes de Red Eléctrica, presidida por José Folgado, aseguraron que la opción por la que optó el Gobierno tiene precedentes en otros países europeos, entre ellos Italia, país del primer accionista de Endesa, Enel, donde la ley habilita al operador de la red a «ser titular de cualquier instalación de producción eléctrica en todo el territorio nacional, por razones de seguridad de suministro».

REE sostuvo, de hecho, que el proyecto de ley «es positivo para las islas, porque aumenta la seguridad en el suministro eléctrico, lo que beneficia al sistema y a los consumidores», al tiempo que introduce «más competencia».

La reforma del sector eléctrico en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla favorece la entrada de nuevos operadores limitando el pago de primas a nuevas centrales que pertenezcan a empresas que superen el 40% de cuota de mercado.

Además, dispone que los combustibles en estos sistemas insulares y extrapeninsulares se comprarán en subasta competitiva y que el Ministerio de Industria y el operador del sistema podrán dar órdenes de arranque a las centrales de generación para verificar que están efectivamente disponible, con la advertencia de que los incumplimientos afectarán a las retribuciones e, incluso, podrían llevar a dar de baja en el registro a la instalación.

Asimismo, en casos de riesgo elevado, la reforma habilita al Gobierno a realizar la operación directa de instalaciones de generación, transporte y distribución e, incluso, a intervenir a una empresa.

Fitch confirma la nota de REE en «A-» con perspectiva negativa

Por su parte, la agencia de medición de riesgos Fitch confirmó la calificación crediticia de Red Eléctrica de España en «A-» (notable bajo) con perspectiva negativa debido al freno que supone para la compañía la nota del Reino de España.

Fitch explicó que la calificación de REE se encuentra «frenada» por España, «debido a su falta de diversificación geográfica», y avanzó que su nota variará en línea con la evolución del país.

Sin embargo, la agencia valoró el bajo riesgo de negocio de Red Eléctrica, ya que cuenta con el monopolio del transporte y la operación de electricidad y con ingresos regulados y, por lo tanto, predecibles.

Añadió que las medidas aprobadas por el Gobierno -retraso en el pago de instalaciones puestas en servicio y cambio en el cálculo de la retribución de activos regulados- «debilita el entorno regulatorio español» y supone «una prueba adicional de la interferencia política en el sector».