Reducir las emisiones de CO2 hasta 2020 en España costará cerca de 7.000 millones de fondos públicos

El actual paquete de Energía y Cambio Climático de la Unión Europea obliga a reducir las emisiones de CO2 en un 20% respecto a 1990 para el conjunto de los países comunitarios, lo que se traduce en un objetivo específico para cada país y que sólo afecta a los sectores difusos. Para España el objetivo de reducción es el 10% citado. Según la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Susana Magro, la Hoja de Ruta de sectores difusos a 2020 que se ha elaborado establece un plan con 43 medidas de cara a que España llegue a los objetivos sin tener que «pagar para cumplir» y preparando el periodo 2020-2030, cuyos objetivos «serán aún más difíciles de lograr».

De acuerdo con el proyecto que ha elaborado este departamento durante más de un año trabajando de forma conjunta con otros Ministerios, como el de Industria, Energía y Turismo, el de Fomento, así como expertos universitarios, sindicatos, organizaciones empresariales y ONG, en términos globales estiman que este plan de acción creará unos 45.000 empleos anuales de media y unos 21.000 millones anuales de ahorro económico en todo el periodo (2013-2020).

Magro indicó que las previsiones del Gobierno prevén que las emisiones de CO2 comenzarán a crecer en 2015, en línea con el crecimiento de la economía, por lo que si no se toman medidas, España llegaría a 2020 sin cumplir y debería volver a «comprar» derechos de emisión. En este sentido, insistió en la necesidad de desacoplar el crecimiento económico del crecimiento de las emisiones porque es preciso cubrir esa «brecha». De no hacer nada, se necesitaría comprar 55 millones de toneladas al precio actual de unos 5 euros por tonelada, lo que supondría destinar al menos 275 millones de euros a este fin. Sin embargo, mediante el «ambicioso» plan propuesto, estiman un ahorro de 21.000 millones en ese periodo.

Las 43 medidas se distribuyen entre el sector residencial, del que el subdirector de la Oficina Española de Cambio Climático, Eduardo González, subrayó que «la mayoría de las viviendas son muy ineficientes», el comercial e institucional; transporte, agrícola y ganadero; residuos, gases fluorados; y el sector industrial no sujeto al comercio de derechos de emisión y que busca la mejora de la eficiencia y el cambio a combustibles menos emisores.

La ‘Hoja de Ruta’ plantea el objetivo de actuar en 2,04 millones de viviendas sobre el actual parque de 28 millones de viviendas que hay en España, especialmente en zonas de climas duros. En concreto, cada hogar tendría que invertir unos 20.000 euros con los que obtendría cerca de 1.000 euros de ahorro anuales durante 30 años y en su conjunto supondría hasta 70.000 empleos en el sector de rehabilitación.

Otras medidas que contiene el plan son el fomento de la biomasa en la calefacción, la geotermia, el cambio de ventanas, el cambio de conducta en cuanto a la temperatura en el hogar, el cambio de calderas; el trasvase del vehículo privado a la bicicleta o del vehículo privado a transporte colectivo ya existente; la renovación de la flota de vehículos; la conducción eficiente; la eliminación del HFC-23; el mantenimiento de equipos de refrigeración; el compostaje; la recogida separada de biorresiduos; la reducción del desperdicio de alimentos; la siembra directa; mejora de la eficiencia en la fertilización; o la utilización de los residuos de poda.

Finalmente, Magro destacó que si se cumple este proyecto en su conjunto, a partir de 2020, en el supuesto de que a partir de entonces no se hiciese «nada» en los años siguientes, los efectos de estas medidas se mantendrían en el tiempo. Sin embargo, también aseguró que desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, van a «empezar ya» a trabajar en la hoja de ruta para 2030. Por su parte, Eduardo González comentó que «casi todas las medidas suponen, a la larga, un ahorro al ciudadano y generan empleo» y que únicamente dos no se traducirán en ahorro: el coche eléctrico y los biocombustibles de segunda generación.