Rebelión eólica contra la ecotasa en Castilla y Léon

Los promotores de energía eólica de Castilla y León, APECYL, han pedido que se retire la ecotasa establecida por la Junta, que grava la generación de energía renovable, para «evitar un incremento en la tarifa de la luz» en la Comunidad. Esta asociación ha expresado su preocupación por los «daños directos que pueda ocasionar a la Comunidad» este tributo autonómico.

El secretario general de APECYL, Eugenio García Tejerina, ha argumentado que esta ecotasa «grava la generación de energía renovable por encima del precio establecido para el resto de España».

La asociación ha recordado la reciente aprobación del real decreto ley de 13 de julio para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en España, que entre otras cuestiones modifica dos artículos de la ley del sector eléctrico.

Esto va a suponer «que la tarifa de la luz se vea incrementada con un suplemento territorial que cubra la totalidad de los sobrecostes que graven, como consecuencia de los tributos establecidos por las Comunidades, las actividades o instalaciones destinadas al suministro de energía eléctrica».

Este cambio tiene una «razón evidente», ya que «de no hacerse así se estaría atentando gravemente contra la unidad de mercado, ya que no tiene ningún sentido que sea más costoso generar energía en Castilla y León que en cualquier otra comunidad limítrofe, si dicha alteración del mercado de la energía es provocada artificialmente por un impuesto autonómico».

Además, según ha argüido APECYL, tributos como la ecotasa «no hacen sino ahuyentar potenciales inversiones en el peor momento posible».

A juicio de los promotores de eólica, «penalizar fiscalmente la generación de renovable, autóctona y medioambientalmente sostenible frente a otros sistemas de generación contaminante e importada de terceros países -gas, petróleo y carbón-, que estaban exentos del impuesto, se contraria a los principios de fiscalidad de la UE e invade competencias fiscales estatales».

Esto podría dar lugar «a su inconstitucionalidad», como está «promoviendo APECYL», que ha vuelto a pedir la retirada de esta ecotasa, para «que su coste no lo tengan que acabar pagando finalmente los ciudadanos y las empresas de Castilla y León».