Rajoy defiende la garantía de las prospecciones y exige al Gobierno canario que no haga «demagogia»

Rajoy defendió así la decisión de autorizar las prospecciones al ser preguntado por el diputado de Coalición Canaria-Nueva Canaria, Pedro Quevedo, que le pidió que autorice la realización de una consulta en las islas para conocer la opinión de los ciudadanos sobre los sondeos. «Verá la sorpresa que se lleva», auguró el nacionalista. En su respuesta, el jefe del Ejecutivo no hizo ninguna alusión a la anunciada consulta por parte del Gobierno canario y se limitó a asegurar que los criterios utilizados para autorizar las prospecciones en Canarias son «exactamente los mismos» que los previstos en cualquier lugar de España.

Por ello explicó que la autorización ha sido dada considerando que las prospecciones «son buenas» para el interés general de los canarios y de todos los españoles teniendo en cuenta la alta dependencia energética exterior de España, en el caso de los hidrocarburos supone el 99% y gastando al día 100 millones en importar gas y petróleo, puesto que «no suponen ningún riesgo para el turismo y el medio ambiente» según la declaración de impacto medioambiental aprobada. Además, aunque reconoció que opiniones «habrá para todos los gustos», recordó declaraciones de dirigentes canarios que ahora se oponen a las prospecciones y que anteriormente no las rechazaban.

Como ejemplo ha puesto la del presidente de Nueva Canaria, Román Rodríguez, reconociendo que ningún país del mundo renunciaría a buscar petróleo «con las debidas garantías» teniendo la posibilidad de encontrarlo. Pero también aludió a declaraciones del actual vicepresidente del Gobierno canario, el socialista José Miguel Pérez, quien dijo que «haría las prospecciones con los ojos cerrados»; y recordó que Coalición Canaria se presentó a las elecciones reclamando esta competencia.

«Yo les pediría que no hicieran demagogia con este asunto y no engañaran al conjunto de la ciudadanía», exigió Rajoy reprochando su diferente discurso estando en el gobierno o en la oposición. «Que expliquen por qué cuando gobernaban querían prospecciones y ahora no porque está al frente el Gobierno del PP», dijo. «No pueden burlarse de la gente de esa manera», advirtió rechazado la acusación de Quevedo de tener diferente criterio en Baleares y en Canarias e insistió en que los criterios medioambientales son «exactamente los mismos en cualquier lugar de España» y «también los mismos que en cualquier lugar de Europa porque son los fijados por la directiva europea».

Quevedo recordó las manifestaciones en Canarias contra la realización de los sondeos, el rechazo de científicos y expertos y la llamada de las instituciones del archipiélago al consenso y el debate. Por ello pidió al presidente que conteste a la autorización que ha solicitado el Gobierno de Canarias para celebrar una consulta anunciada para el 23 de noviembre y ponga fin a su «actitud despectiva«. «Si tiene alguna duda sobre la opinión del pueblo, le recomiendo que autorice una consulta, que no es para solicitar la independencia de Canarias sino para conocer la opinión de los canarios, y verá la sorpresa que se lleva», exclamó.

La Fundación César Manrique recurre

La Fundación César Manrique solicitó al Tribunal Supremo la nulidad de la sentencia por la que desestimó su recurso contencioso administrativo contra las prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Canarias. Este incidente de nulidad plantea la existencia de infracciones procesales, por acción o por omisión, por parte de la propia sentencia y alega que se han vulnerado derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, según explicó la Fundación. Además, recuerda que a la Fundación César Manrique le asiste el derecho a la tutela judicial efectiva, como parte legítima y no cuestionada.

Esta organización señala que en la sentencia, por omisión y de forma «irrazonable», no se abordan cuestiones esenciales planteadas en su recurso sobre las posibles ilegalidades que existen en el Real Decreto 547/2012 que convalidó las prospecciones. Así, cita asuntos como la falta de publicidad y concurrencia en el procedimiento de autorizaciones ahora convalidado, así como la superficie afectada por la suma de los nueve permisos, que superarían el límite legal, de las 100.000 hectáreas.

La Fundación alega también la falta de resolución suficientemente motivada de la cuestión prejudicial que solicitó que se elevase al Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a cómo garantizar el derecho a la participación pública en decisiones con potenciales afecciones ambientales y de exigencia de evaluación de impactos, recogido en el Convenio de Aarhus y en varias directivas.

La Fundación señala que el incidente se planteó, asimismo, con la finalidad de agotar la vía previa al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y añade que el incidente ha sido admitido a trámite y trasladado a Repsol y a la Abogacía del Estado para que formulen alegaciones. Desde el pasado 16 de septiembre está pendiente de resolución definitiva por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.