Tras su comparecencia tras la cumbre entre España y Polonia, Rajoy advirtió de que el país, «a pesar de la descomunal deuda» del sistema eléctrico, es uno de los que tienen la electricidad «más cara para el consumidor y las empresas industriales».

La electricidad «es un factor de competitividad de primer orden», hasta el punto de que, cuando se habla de «crecer económicamente y crear empleo», se habla también del coste de la energía, explicó.

El presidente del Gobierno también dijo que «España tiene muchas energías renovables» y que cuando él llegó al Gobierno se encontró con un déficit de tarifa de «entre 14.000 y 25.000 millones de euros». Si el Gobierno no llega a tomar ninguna decisión, la deuda eléctrica habría crecido en 10.000 millones de euros anuales, dijo.

Guindos dice que la reforma se enfrenta «a gente muy poderosa»

Por su parte, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, sostuvo que la reforma energética aprobada por el Gobierno «se enfrenta a gente muy poderosa» y evita subidas «muy fuertes» del recibo de la luz, al tiempo que dota de «credibilidad y sostenibilidad» al sistema eléctrico.

«El viernes el Gobierno aprobó una reforma energética que se enfrenta a mucha gente muy poderosa, que viene a poner una solución a un problema larvado durante siete u ocho años y que era absolutamente ineludible desde el punto de vista de la defensa del consumidor«, aseguró el ministro.

Guindos rechazó que la reforma haya sido diseñada por un Gobierno «débil», sino por uno que «está haciendo perfectamente bien sus deberes y que sabe lo que Espña necesita».

En caso de no adoptarse la reforma, la subida de la luz habría sido «mucho mayor» al 3,2% anunciado, ya que en vez de los 900 millones de euros trasladados al consumidor habría sido necesario repercutir 4.500 millones de euros, señaló.

El Ejecutivo, dijo, ha hecho «como los buenos jugadores de fútbol» y «ha mirado un poco más allá y no solo al balón». «Lo importante es que se elimina de raíz la sensación de que teníamos un sistema de fijación de precios de la electricidad insostenible», hasta el punto de que se creaba la «ficción» de tener que emitir deuda para equlibrar la tarifa, añadió.

El PP afirma que la reforma afianzará la confianza de inversores

Asimismo, el portavoz de Energía del PP en el Congreso, Antonio Erias, dijo que la reforma del sector eléctrico es «un marco regulatorio transparente y estable» para dar «certidumbre» al sector, al tiempo que «afianza» la confianza de los inversores.

Erias señaló que el reparto de los costes fue «equitativo y equilibrado entre las empresas, el Estado y los consumidores».

El primer conjunto de medidas para el sector eléctrico, en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes «para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico», detalla algunos de los cambios anunciados por el Gobierno, que conllevarán una subida de la luz del 3,2% a partir de agosto y fuertes recortes para las empresas del sector.

Sobre este extremo, Erias señaló que la energía eléctrica subió un 63% en los últimos ocho años, por lo que son los consumidores los que menos deberían notar el impacto, «siendo las empresas y el Estado los que acometen el mayor esfuerzo».

En opinión del portavoz del PP, el PSOE está «ideologizando uno de los inputs más importantes en la empresa o para una familia» cuando «debe tener presente» que en sus ocho años de Gobierno ha promovido «un sistema que es el que ha generado estos desajustes».

Desajustes que, añadió, no son fruto de la política del PP, sino de las acciones emprendidas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que al Gobierno del PP no le ha quedado «otro remedio que modificar y asumir los costes».

Canarias celebra la tarifa para las renovables

La consejera de Industria del Gobierno canario, Francisca Luengo, celebró que «por fin Canarias» tenga una nueva tarifa para las renovables, atractiva para que se invierta en ese sector, pero criticó la solución dada al déficit tarifario por «no contentar a nadie».

Luengo señaló que con la reforma del sector eléctrico, en el caso de las renovables se abre la primera página para la inversión, porque con este paso se da «luz verde» a la llegada de unos 600 millones de euros en inversión y la creación de 3.500 empleos» en las islas .

Tras un año de espera después de que se suprimieran estas ayudas, Luengo consideró que la nueva tarifa es fruto de un trabajo «largo, riguroso y de consenso» entre el Gobierno de Canarias y la Secretaría de Estado de Energía«, tras varios meses de gestiones en el Ministerio de Industria con el titular del citado departamento, Alberto Nadal.

Explicó Luengo que por cada 15 millones de euros que se inviertan en el sector de las renovables se ahorrará al sistema 150 millones de euros, por tanto, afirmó que es «indiscutible la necesidad de desarrollar estas energías en las islas».

Luengo, sin embargo, añadió que esta reforma expuesta por el ministro de Industria carga el 40% del déficit eléctrico en los ciudadanos, que van a pagar por partida doble: «como consumidores de luz y como contribuyentes».

La consejera señaló que se trata de «un ajuste económico», tal y como le pidió la Unión Europea al Gobierno que preside Mariano Rajoy para recuperar el dinero prestado a España, y que está incluido en los 26.000 millones de euros del plan de reformas presentado por el Ejecutivo del PP.

Luengo aseguró que «se trata de una medida que no contenta a nadie y que carece de consenso, y el recorte a las empresas provocará que la calidad del suministro se vea afectada al haber menos inversión».

Empresas valencianas de energía alertan de que la reforma puede llevarlas a la «bancarrota»

La Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesan) advirtió de que el decreto ley por el que se adoptan medidas para, según el Ministerio de Industria, «garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico» puede llevar a la «bancarrota» al sector.

El presidente de la Avaesan, Marcos J. Lacruz, señaló que el real decreto ley «llega en un momento inoportuno, en medio de una crisis económica, y perjudica especialmente a las energías renovables, pero también a los consumidores que van a ver subir el recibo de la luz de forma inminente puesto que el real decreto afecta a todo el sector eléctrico».

Avaesan aseguró que la rentabilidad que se calcula del 7,5 por ciento para toda la vida útil de cada instalación «es algo que se tendrá que demostrar, se toma como base la evolución del bono español, algo que fluctúa especialmente».

La patronal de empresas del sector energético valenciano criticó que se haya convertido «una actividad industrial con un riesgo asumido por los inversores en un producto financiero», a lo que se añade «algo que ningún país del mundo ha hecho, eliminar el sistema de primas a las renovables», lo que deja al sector en una situación de «indefensión absoluta».

En estos momentos existen cerca de 4.000 Mw instalados en la Comunidad Valenciana situados dentro del Régimen Especial, en distintas instalaciones, muchos de ellos todavía pendientes de amortizar. El sector genera a día de hoy 4.000 empleos directos en nuestra autonomía y en torno a 8.000 empleos indirectos, según datos de Avaesen, que ha advertido de que «muchos de estos empleos podrían estar en riesgo con el nuevo marco regulatorio».

El presidente de Avaesen criticó «el poco acierto» del Ministerio de Industrial al dejar para un futuro real decreto cómo se van a tasar las plantas. «Desde el sector todos estamos ansiosos por saberlo, porque la casuística de cada planta, los periodos de amortización, los contratos de mantenimiento y muchas más variables hacen imposible aplicar el mismo criterio a dos plantas distintas para valorarlas, y evidentemente, es imposible que el Ministerio analice una por una las miles de plantas solares y eólicas que hay en toda España, con lo que la medida será injusta, seguro», manifestó.

Marcos J. Lacruz aseguró que en estos momentos el «estado de ánimo» en el sector energético valenciano es de «desconcierto, al sector de las renovables es al único que no se le ha consultado nada desde el Ministerio», y añadió que el real decreto es «lesivo y discriminatorio, va en contra de lo que el Gobierno tanto dice defender, la marca España; nuestra marca como país queda gravemente desacreditada ante los inversores extranjeros que han apostado y pensaban seguir apostando por un mercado como el eléctrico porque tenemos una inseguridad jurídica absoluta».

Distintas asociaciones del sector en toda España, entre las que se encuentra Avaesen, están en contacto para hacerle llegar al Ministerio de Industria su postura y tratar de coordinar acciones comunes.

Greenpeace pide que la reforma suprime el apoyo a las renovables

La organización ecologista Greenpeace pidió al Congreso de los Diputados que rechace el «decretazo» de la reforma energética del Gobierno porque suprime «definitivamente» el sistema de apoyo a las renovables vigente hasta 1997 y que «colocó a España como líder mundial en energía limpia», a su juicio, para «complacer a las grandes eléctricas».

La ONG aseguró que esta normativa supone un «retroceso histórico» que perpetúa un modelo energético basado en el uso de fuentes contaminantes y la dependencia energética exterior para las próximas décadas.

«Para complacer a Iberdrola el ministro Soria está cambiando un sistema por otro peor, para lograr que nadie más invierta en energías renovables en este país», declaró el responsable de Energía de Greenpeace, Julio Barea, que consideró que «no tiene justificación» que se suprima «de un plumazo» el soporte legislativo bajo cuyo amparo decenas de miles de inversores decidieron apostar por las renovables confiando en una «seguridad jurídica que ahora se evapora».

En este sentido, Greenpeace insistió en que la reforma responde a la hoja de ruta de las grandes compañías eléctricas, que quieren acabar con la competencia que les hacían las renovables.

Además, las eléctricas consiguen eludir la obligación legal que tienen actualmente de financiar el déficit de tarifa, de forma que ahora esa obligación se extiende a todas las demás empresas generadoras, mientras las grandes eléctricas siguen cobrando por sus centrales de ciclo combinados paradas.

En todo caso, para la ONG, el error «más grave» del texto del Real Decreto-Ley 9/2013 es su «ausencia de estrategia» al sustentarse en una visión a corto plazo, que aleja a España de poder cumplir objetivos europeos en renovables, emisiones y eficiencia para las próximas décadas.

La organización ecologista aseguró que mientras países como Alemania o Dinamarca están desarrollando sus hojas de ruta hacia sistemas 100% renovables, España camina en la dirección diametralmente opuesta.

Las familias numerosas, «indignadas» por el limite de renta en el bono social

Finalmente, la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) mostró su «indignación» por la inclusión de los mínimos de renta para acogerse al bono social eléctrico, ya que, a su juicio, supone limitar el acceso a estos hogares pero no a los otros colectivos que disfrutan del bono.

Actualmente tienen derecho al bono social las primeras residencias con potencias instaladas iguales o inferiores a los 3 kilovatios, así como los pensionistas de más de 60 años que cobren pensiones mínimas, las familias numerosas y aquellas con todos sus miembros en paro.

A partir del desarrollo normativo de los ocho reales decretos que incluirá la nueva ley del sector eléctrico, los beneficiarios de este bono deberán acreditar que no superan determinados niveles de renta.

La FEFN lo consideró «totalmente injusto» y señaló que si el Gobierno quiere hacer justicia social y apoyar a quien más lo necesita, «resulta contradictorio que se limite el acceso sólo a las familias numerosas y sólo pensando en términos de renta».

A juicio de la Federación, habría que tener en cuenta varios factores determinantes.

«No es lo mismo un hogar con dos profesionales sin hijos que acaban de perder el empleo pero han recibido una cantidad de dinero importante por parte de la empresa, que una familia con 3 ó 4 hijos, donde el padre y la madre trabajan y llegan a fin de mes a duras penas con un sueldo de menos de 30.000 euros», señaló el director de la FEFN, Raúl Sánchez.

La FEFN subrayó que el Gobierno con estas medidas no está respetando el principio de igualdad recogido en la Constitución, ni tampoco protege a la familia como ente social.

Así las cosas, pidió una revisión en este sentido para que las medidas sigan criterios de «equidad y justicia social» y, entre otras cosas, exigió que en el caso de que se establezca un límite renta, se fije en función a la renta per cápita y no a la familiar.