El diario El País, publicaba ayer un editorial, en el que nadaba entre dos aguas respecto a Garoña. Por un lado, afirmaba que, el cierre acordado por el Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas de Nuclenor era una cuestión política y que, a juicio de este períodico, no tenía lógica económica o industrial, es decir, el diario le presuponía actitudes polítizadas a las empresas respecto a la decisión que han tomado de acuerdo con sus criterios empresariales, económicos y a los números en que se sostuvieran las mismas.

No reparaba, en que, en un modelo de mercado liberalizado, seguramente el Estado es muy suyo de fijar impuestos y los agentes, de comprobar si deciden incurrir en el hecho imponible gravado. Entender el papel de las empresas y de las decisiones económicas de los agentes, en una sociedad occidental, de mercado y avanzada es todavía un déficit enorme en nuestro país. Todavía seguimos en un modelo de Politburó heredado del franquismo que también era fuertemente planificador.

En el subtexto del editorialista, se adoptaban principios de la política politizada (no de la política con mayúsculas o de las políticas), mitad latina, mitad soviética, esa que tan bien sabemos hacer, en la medida que el gobierno tenía que «imponer a los regulados una reforma energética» contra los «deseos de las empresas», ejerciendo el poder coactivo del Estado.

Por lo tanto, partiendo de la teoría más retroprogresiva posible, lo que se plantea es que los operadores y agentes empresariales, hagan lo que se determina en la política y como lo determina la política, sin atención a los números o a las cuentas. Se sugerían modelos casi kirchneristas de coacción del estado, como los que está ejerciendo la presidenta Cristina Fernández de Kircher con el grupo Clarín en Argentina. Sólo escribirlo en España ya causa escalofríos. Aquí para suavizar necesitaríamos un emoticono con un guiño.

A la vez, el editorialista defendía una posición digamos, más o menos razonable en un cierto sentido y aceptable en otro, de política energética al referirse a que estas tecnologías siguien siendo necesarias en el mix de generación. Una cuestión de política o de las políticas energéticas si que sería la determinación inequívoca de un modelo referencia de mix de generación (que luego la realidad del manguerazo no lo trastorne con subvenciones, se desmadre y se descontrole), el modelo de mercado o el resultado del triángulo medioambiente, economía y seguridad de suministro.

Como es lógico, el editorialista, al no verlo en los «políticos» actuales, solo demanda la imposición de medidas y la sujeción obligatoria de los agentes a los deseos de la política politizada, en constante elusión de las consecuencias de sus actos pasados (¿qué es si no el déficit de tarifa, sino la elusión de las consecuencias económicas de decisiones políticas que no se trasladan a la tarifa y se acumulan?). ¿Qué es el hecho de fijar impuestos discriminatorios en un mercado liberalizado y no asumir sus consecuencias económicas y políticas? Por eso, no hablaremos en este artículo de política, con mayúsculas, sino de política politizada como fenómeno genuino español de nuestros días, como ejercicio defensivo u ofensivo desde las instancias políticas o del gobierno ante sus propias decisiones.

Para apoyar todos estos asertos, el editorialista de El País, decidió además continuar con la campaña desatada por todo ese grupo de demagógicos (retroprogresivos) de la energía de que la instalación (Garoña) está sobreamortizada por operar desde 1971. Evidentemente, todo ello, sin considera dato alguno, sin atender a los números y obviando las cuentas oficiales financieras auditadas. Incluso poniéndolas en cuestión (en dicha práctica, incurre, el propio Ministro Soria o el jefe de la oficina económica del presidente, Álvaro Nadal) al fijar estos impuestos. Se trata de la negación de la realidad no conveniente y la asunción de los presupuestos retroprogresivos utilizados para elaborar la ley que se refrenda mañana.

Para eso está la política politizada. Y, además, sin atender a la lógica de mantenimiento y actualización que precisa cualquier instalación de esa complejidad, incluso de una vivienda (¿alguien tiene una vivienda desde 1971 sin invertir en ella?). Incluso, abastrayéndose, de conocer que son necesarias nuevas «inversiones» (que por definición se amortizan) para seguir operando hasta 2019 como inicialmente se había solicitado. Esa campaña, inaudita en cualquier país del mundo, además, ha causado un daño enorme por irresponsabilidad, inconsciencia y por comportamientos rayanos en la superstición y el prejuicio. Es una forma de ideología de política-politizada.

Por ello, el caso del cierre de Garoña es una cuestión que para las empresas es una decisión económica y para Soria (y el Gobierno actual), es una cuestión de corte ideológico o de política politizada. En el fondo porque el origen de cada parte es diferente y por ello, el politico, lo ve todo como político (por politizado) y así trata de convencer a los demás, gracias a la comunicación política.

Así, fue ideológico que Zapatero decidiera cerrarla contra los informes del Consejo de Seguridad Nuclear que avalaban el funcionamiento de la central. Y, también es ideológico-politizado que el Ministro de Industria, Energía y Turismo, no se crea las cuentas auditadas y asuma las posiciones de los ideólogos retroprogresivos que no estudian y desprecian la contabilidad financiera. Y también fue ideológico y politizado que el Partido Popular hiciera bandera de Garoña en la campaña electoral. Y también pertenece a la política politizada el hecho de que el cierre de Garoña se presente como un desafío político al Gobierno. En definitiva, todo esto es política politizada en el mal sentido y está fuera de los agentes económicos.

Dicho mensaje, busca exonerar al Ejecutivo de su responsabilidad de una ley calamitosa, lacerante y sin diálogo para el mercado de generación y las tecnologías más eficientes (incluyendo algunas renovables, como la eólica), por incapacidad política y ausencia de diálogo. Por eso, el propio Soria, se agarra a esta explicación para dignificar y escenificar el fracaso de este año al frente del Ministerio en que ha empeorado más que ha mejorado la situación de partida. Pero es más, ¿alguien considera que este Gobierno y en particular, Soria, tiene política energética o eléctrica después de un año? Eso sería, una visión beatífico-balsámica insostenible de todo punto en cualquier lugar del mundo.

A cambio, con la salvaguarda facilona del colchón de la visión antiempresarial, antiliberal y antimercado de nuestro país, el propio Ministro José Manuel Soria, ayer seguía empeñado en justificarse desde la política politizada, perdiendo los estribos y las formas, directamente acusando a las empresas titulares de Garoña de chantaje. Y señaló que el lucro cesante para Garoña era mayor que los impuestos nucleares a recaudar, fruto, lógicamente, del efecto sustitución de la energía producida por la central y vendida en el mercado, encarecida artificialmente y discriminatoriamente respecto a otras tecnologías.

Evidentemente, José Manuel Soria, en su zozobra, llegó ayer al exceso verbal, por el ejercicio de su impotencia y no puede ser la persona que arregle ya el desaguisado generado, porque ha entrado en bucle. Podrá incluso vender políticamente que se trata de un órdago político, para salir lo más airoso posible de la desgracia de su mandato, pero el mal económico es indudable. Por cierto, también habló de pensiones. Vamos que no para de meterse en «política populista».

Por otra parte, también le hacen un flaco favor todos los que le alimentan, le incendian y le siguen la corriente. Como los propios retroprogresivos o ciertos sectores renovables, fundamentalmente, los que tienen las tecnologías más primadas, que alientan también en su construcción mental al uso de la palabra «chantaje» y la forma de ver la política politizada como un tour de force. Por eso piden el desmantelamiento «ordenado» y administrado de las centrales convencionales. Entre otras cosas, porque todos saben que las consecuencias globales, sociales, económicas de que Garoña haya tenido que cesar su actividad por motivos de política politizada, son muy malas y muy repentinas.

Sostienen que su cierre, en verdad, tiene un efecto relativamente pequeño en el suministro, pero saben que en el mercado marginal es el suficiente para abaratar los precios de equilibrio en el mercado de generación o para encarecerlos si desaparece. Por tanto, el cierre de Garoña, otras nucleares y convencionales, es malo para las empresas y la competitividad españolas, es perjudicial para los consumidores, es dañino para el precio de la energía y afecta negativamente a la seguridad de suministro. Por eso desean que sigan operando y les preocupa enormemente este desenlace abrupto, en la medida que supone un desgaste a medio plazo y tener más respaldo de suministro. Pero, eso sí, obligatoriamente ordenado y redistribuido a sus intereses.

Y, además, para finalizar, proferir, como hace el periódico un juicio de opinión como el de la «dudosa credibilidad de las cuentas presentadas» (por cierto, de acuerdo a los principios de contabilidad españoles, liquidadas y auditadas ante la CNMV y el resto de instituciones) por las empresas, además de ser casi una involución institucional, nos retrotrae a palabras de Iñaki Gabilondo (hombre, por cierto, del Grupo Prisa) cuando afirma que hay que jugar limpio y diferenciar, entre los hechos, «lo que ocurre y es» y «lo que se cree» al informar. Lo que pasa es que la política politizada ya no distingue hechos de juicios de valor. Directamente los construye, los crea y se los cree. Eso es lo que tiene el Politburó.