Px1NME presenta 143.000 firmas a la Fiscalía Anticorrupción para reabrir la investigación de los CTC eléctricos

Esta denuncia trae causa de otra presentada en 2013 y que fue archivada por prescripción de la posibilidad de reclamar a las eléctricas este importe y considerar que estos hechos no constituyeron ningún delito, y se basa en la publicación en varios medios de comunicación de nuevos documentos que, a juicio de los demandantes, probarían delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos tanto por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como del actual Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Y es que ninguno de los dos gobiernos reclamó la realización de esta última liquidación, a pesar de que según los denunciantes el plazo para efectuar esa reclamación no prescribió hasta el año pasado.

Además, los denunciantes esgrimieron un borrador de orden ministerial sobre cómo realizar las liquidaciones y recuperar el dinero, así como sendos informes de la Asesoría Jurídica del Estado y de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) instando al Ejecutivo a reclamar dichas cantidades.

El director general de la empresa renovable Geoatlanter, Jorge Morales de Labra, explicó, antes de la presentación de las firmas, que según la jurisprudencia de la Audiencia Nacional las liquidaciones del sector eléctrico no son firmes hasta que pasan cuatro años, y que no sería hasta ese momento cuando comenzaría el plazo de cuatro ejercicios hasta la prescripción. De esta forma, el plazo para reclamar importes de la liquidación de 2006 se alargaría hasta 2014.

Por eso, los denunciantes creen que el Gobierno podría haber reclamado la devolución del dinero hasta el año pasado, por lo que cuando presentaron su demanda inicial (sobre las puertas giratorias en el sector eléctrico) y su ampliación en relación con los CTC los presuntos delitos aún estaban en vigor.

«Todo esto lo ponemos en conocimiento de la Fiscalía por si tiene a bien reabrir la investigación. Sería muy llamativo que, con todos estos documentos demoledores sobre la necesidad de exigir la devolución, considerara que no hay caso y lo archivara. Porque alguien tuvo que tomar la decisión de no reclamar el dinero», añadió Morales de Labra, que rechazó que éste sea un tema del pasado ya que aún hoy en día afecta a la competencia en el sector e impacta en los «desorbitados» precios que los españoles pagan por la energía.

«Regalo» a las eléctricas

La coordinadora estatal de la Plataforma, Cote Romero, criticó el «regalo» de 3.400 millones de euros realizados a varias empresas eléctricas, que a su juicio es «responsabilidad» tanto del Gobierno de Zapatero como del de Mariano Rajoy, ya que ninguno de los dos ha «hecho nada para reclamar esta tremenda deuda» que podría haber evitado recortes en muchos servicios sociales.

«Esto es la punta del iceberg. Queremos que ese dinero no quede en el olvido, sino que se devuelva a los consumidores«, exigió, avanzando que a las cinco denuncias que ya hay presentadas contra España ante la Comisión Europea se sumarán otras dos «en breve» por temas relacionados con la eficiencia energética y las renovables.

Por su parte, la responsable de campañas de Avaaz en España, Patricia Martín, exigió saber si «hubo padrinos» en este «regalo» a las eléctricas» que constituye «la mayor estafa» desde el inicio de la Democracia. «Exigimos que el Gobierno y la Fiscalía actúen de oficio para llegar hasta el fondo de este asunto», apostilló.

«Estafa a dos manos»

El portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Joan Coscubiela, coincidió en que ésta es «una de las grandes estafas de este país, cometida a dos manos por el Gobierno del PSOE en su momento y por el del PP actual» y «fruto de la doble moral del poder económico y político, que para los trabajadores y los ciudadanos dan austeridad y para el poder económico, regalos».

Joan Baldoví, diputado de Compromís, también reclamó un «esfuerzo» para dar a conocer este «escándalo», que equivale a «70 veces los millones de (Luis) Bárcenas en Suiza», y exigió que «el que ha regalado 3.400 millones de euros a los poderosos la pague y la pague bien» yendo a la cárcel.

El coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, destacó que esclarecer este asunto es básico para avanzar hacia un cambio de modelo energético basado en las renovables, y exigió asimismo que se devuelva a los ciudadanos el dinero que el «oligopolio eléctrico» se ha quedado.

Ramón Marcos, diputado de UPyD en la Asamblea de Madrid, denunció que esta «estafa» es «una prueba más del capitalismo de amiguetes» que ha funcionado durante años en España, donde «los políticos de los viejos partidos, del PP y el PSOE, y los empresarios se han ido confundiendo año tras año».

Por su parte, la subsecretaria de Implantación de Ciudadanos, Marta Marbán, apoyó la petición de reapertura de la investigación porque «en una situación de crisis como la actual a quien hay que perdonar las deudas es a las familias que no pueden llegar a fin de mes y a los empresarios, pymes y autónomos que necesitan ayuda». «Las administraciones no deben estar para los amigos sino para la sociedad», apostilló.

«Que se vayan a la mierda»

Por parte de la Chunta Aragonesista (CHA), Chuse Inazio Felices se preguntó si la decisión de PP y PSOE de no reclamar este dinero «tiene que ver con que dos expresidentes estén en los consejos de administración de las empresas eléctricas» y aseguró que si la Fiscalía no reabre la investigación llevarán el asunto a Bruselas, porque podría constituir un caso de ayudas de Estado ilegales.

«Esto no quedará aquí», avisó, criticando que los Gobiernos, que tan diligentes son en investigar a los ciudadanos antes de concederles cualquier ayuda, no hagan lo mismo con las empresas eléctricas. «Recordando a nuestro diputado José Antonio Labordeta, cuando uno ve este diferente comportamiento con los ciudadanos y las empresas dan ganas de decirles otra vez que se vayan a la mierda«, zanjó.

Por parte de Podemos, su secretario de Política, Iñigo Errejón, lamentó que «cada vez más» los ciudadanos tengan que exigir una cosa «de sentido común» como que «se cumpla la ley», y criticó que PP y PSOE hayan «decidido perdonar las deudas a los que más tienen, a los privilegiados, al oligopolio de las eléctricas». «Cada vez que el Gobierno tiene que elegir entre ponerse del lado de los ciudadanos o de los privilegiados lo tiene inmediatamente claro», añadió.

Y es que, según recordó, en España «los únicos que no pagan sus deudas son los principales partidos políticos y las eléctricas», y señaló que no reclamar los 3.400 millones de euros supone una «estafa social» porque al mismo tiempo se decía que «no hay dinero» para necesidades de los ciudadanos; una «estafa democrática» en la que «una minoría se pone por encima del Estado de Derecho y secuestra las instituciones para ponerlas al servicio de sus intereses particulares»; y un «problema de ineficacia económica» porque esos millones podrían haber contribuido a reactivar la economía y el empleo.

Finalmente, en nombre de las organizaciones ecologistas incluidas en la Plataforma, se instó a los españoles a «cambiar» el modelo energético» basado en energías fósiles, que «está en el centro de la crisis energética, ambiental y social» actual.

Los CTC son una serie de pagos a las eléctricas establecidos durante la liberalización del sector eléctrico en 1997 para protegerlas de posibles caídas del precio del mercado, garantizando así que recuperarían los costes de inversión reconocidos en la legislación previa.

Sin embargo, una serie de subidas inesperadas de precios hizo que se abonaran cantidades de más en este concepto, alrededor de 3.400 millones de euros, que nunca fueron reclamadas por el Gobierno a pesar de que se iniciaron los trámites para ello en 2008.

Así, hace unos meses, Anticorrupción inició una investigación para determinar por qué no se habían reclamado esos 3.400 millones de euros y si esto podría constituir un delito, una opción que fue finalmente descartada, lo que llevó al archivo de las diligencias en diciembre del año pasado.