No hay que olvidar decisiones como el aplazamiento “sine die” de la puesta en funcionamiento de la regasificadora de «El Musel», también relacionada con las infraestructuras gasistas y con la sobrecapacidad y la sobreinversión en las mismas.

La retribución de las infraestructuras de transporte en el sector energético tiene varios elementos trascendentales y de atención, que precisan un ejercicio de entendimiento y voluntad, que son necesarios recoger para su esclarecimiento. El primero y principal, el punto de partida, el huevo de la serpiente, proviene del procedimiento de elaboración de las planificaciones energéticas, que ha sido particularmente laxo y poco riguroso a la hora de incluir nuevas instalaciones en su seno.

De hecho, habría que señalar como punto de partida previo las oportunas estimaciones de demanda de consumo (eléctrico y gasista) que cuando se elaboraban y elaboran en términos muy optimistas, e incrementalistas, consiguen dar cobertura a inversiones de dudosa utilización y que han permitido un proceso de sobreinversión en las redes y sus infraestructuras, ahora de difícil digestión, después de haberlas encargado.

Los mecanismos retributivos asociados a estas infraestructuras combinan tres elementos: el coste reconocido de la infraestructura (su valor), el número de años en que se garantiza la retribución y, por tanto, el retorno de la misma (amortización) y el tipo de interés al que se retribuye (expresado en puntos básicos). Un mayor valor, un menor número de años de amortización y un mayor tipo de interés significan una mayor rentabilidad. Esto, simplemente, es una cuestión de igualdades matemáticas.

El almacenamiento «Castor» ha tenido, en este sentido, un tratamiento especial con respecto a otras infraestructuras energéticas. En lo que se refiere al coste de la infraestructura, este almacenamiento subterráneo ha ido aumentando su coste hasta casi triplicar su montante inicial, en un proceso de bastanteo conocido y usual en estas infraestructuras justificado por motivos técnicos.

Por otra parte, en diciembre el Ministerio de Industria modificó, por segunda vez en un año, la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas, viéndose beneficiarios de la medida los almacenamientos de «Yela» (propiedad de Enagás) y «Castor». Fue una medida dirigida a incrementar su rentabilidad por esta vía para compensar el aumento del periodo de amortización que la disminuía. El procedimiento fue una actualización del valor neto regulatorio del 2,5% del almacenamiento y del denominado gas colchón (llenado mínimo para la operación de estas instalaciones).

La cuestión de fondo proviene de la convicción existente en nuestro país de que los procesos de inversión son buenos per sé, por el influyente peso político de los sectores de construcción y de explotación de infraestructuras reguladas, retribuidas fuera de mercado y sobredimensionadas, lo que deriva en los excesos de sus modelos de maximización de sus ingresos y su utilidad.

Eso se combina como coartada con la apropiación de un pensamiento económico keynesiano acrítico y simplista que nos ha llevado a enterrar fuertes cantidades económicas en forma de inversión. Así, cualquier infraestructura es buena, sea productiva o no, para esta o la siguiente generación, porque disponer de ellas, aunque sea para una utilización baja, es una bicoca, porque ahí queda. Una sugerencia que haríamos, con el número importante de instalaciones de regasificación y el dinamismo del mercado internacional de GNL, combinado con la caída de la demanda de este hidrocarburo, es la optimización de los métodos de compra y aprovisionamiento, transporte y distribución.

El problema es que todos esos elementos e instalaciones que se tornan como innecesarias hay que pagarlos y financiarlos. Y además de generar exceso de capacidad instalada de infraestructuras, genera ineficiencias económicas para el suministro gasista y repercusión sobre la tarifa gasista. Cada unidad energética consumida debe soportar el coste de las infraestructuras no necesarias y trasladarlo a la factura. Problema, no pequeño, porque luego es muy difícil de resolver, financiar, gestionar y explicar. Ya se sabe lo que ha pasado al respecto con el problema del déficit tarifario eléctrico y lo que puede pasar con el déficit tarifario gasista, que está ahí, al acecho.

¿Puede el aleteo de una mariposa provocar un terremoto en Tokio? ¿Puede el roer de un castor romper un dique y que haya una inundación de costes regulados en las tarifas de acceso gasista?