Ayer el Congreso de los Diputados español, órgano constitucional en el que está representada la soberanía nacional, votó una propuesta de ICV para sacar a la energía nuclear y la energía hidráulica del mercado eléctrico. Moción inverosímil y extravagante que no podía prosperar, pero cuya mera existencia es un termómetro del adanismo del entorno que rodea a la política energética.

La idea de esta moción, siguiendo las tesis del colectivo retroprogresivo de la energía, era evitar la existencia de supuestos «beneficios caídos del cielo» que estas tecnologías se supone que disfrutan. El objetivo, según sus promotores, era que se fijaran retribuciones, intervenidas por un lado, «justas» supuestamente, decididas discrecional y paternalmente por la Administración, en lugar de por el mercado. Todo ello, abstrayéndonos de la particular forma de analizar las cuentas por tecnologías que tienen los defensores de estas tesis, de forma que calculan beneficios presuntos para las mismas.

Todo esto, además, se profiere en una sociedad, en una política y en un país que no ha asumido las consecuencias que implica adoptar un modelo de mercado en el sector eléctrico, que también está definido en el marco de las directivas de la Unión Europea y que cada cierto tiempo intenta el retruécano. En un país que, culturalmente, tiene serias renuncias al funcionamiento competitivo de su economía y que es heredero del franquismo económico, incluso, por sus históricos opositores. En un modelo de mercado de un bien indiferenciable (el kilowatio), lo importante es la eficiencia conjunta para la sociedad y para la economía a través de la competitividad. Los españoles, ciudadanos y empresas, no compran kilowatios hidráulicos, o kilowatios nucleares. Compran kilowatios y su diferenciación interesada y parcial, responde a un ataque deliberado a la libertad de mercado y al funcionamiento eficiente del mismo.

Es más, trocear el mercado eléctrico, lo único que puede provocar es que la competencia entre tecnologías sea mucho menor y los ciudadanos acaben pagando más cara su energía. Es perjudicial. Ejemplos no nos faltan, desde la fijación de precios en el mercado mayorista para la producción obligatoria mediante la quema de carbón nacional o el desfase entre determinadas primas a ciertas tecnologías renovables y la captura de las mejoras de eficiencia que se producen en las mismas derivadas de sus avances. Todos ellos, mecanismos de precios regulados, al margen del mercado, que encarecen la energía y elevan los precios que pagan los consumidores. Contra eso, los sectores retroprogresivos y los impulsores de iniciativas como ésta, no se pronuncian, sino que la favorecen.

Por eso, los mismos que quieren sacar la hidráulica y la nuclear del mercado son los que defienden la producción obligatoria, a precio regulado y fuertemente oneroso mediante carbón nacional con cargo a la factura alterando el funcionamiento de formación de precios en el mercado mayorista. El mercado puede ofrecer precios bajos del kilowatio en caso de abundancia de generación y de competencia de tecnologías. Sacar tecnologías del mercado, trocearlo, «secarlo» implica restar liquidez del mismo y hacerlo ineficiente (ese objetivo de inutilización del mercado está detrás de estos arcaicos colectivos).

El mundo según estos teóricos está organizado como el modelo productivo del falangismo más rancio. Por una parte, cada modo de producción (tecnología), tiene sus costes propios, y por tanto, debe tener su retribución justa decidida por la autoridad competente, de forma discrecional. Es ahí, donde se unen los planes quinquenales, el Soviet Supremo con el intervencionismo nacionalcatolicista.

¿Por qué nuestros diputados más radicales están preocupados por trasladar una beligerancia tan intensa respecto de las tecnologías hidráulica y nuclear? ¿Por qué nuestros diputados más izquierdistas están decididos a unirse al pasado más autárquico, frente a la Unión Europea? Con el permiso de los respetables diputados, el hecho de que una moción así se vote en el Congreso es una evidencia de que se ha llegado demasiado lejos un debate inverosímil e inexistente en sociedades democráticas y en economías de mercado. Del mismo modo, podrían haber intentado votar contra la Ley de la Gravitación Universal o contra el Principio de Arquímedes.

¿Por qué en la agenda política se ha fijado con semejante contumacia en las tecnologías hidráulica y nuclear en un momento en que la electricidad está muy barata en el mercado de generación, aceptando alzas de precios por acciones intervencionistas? Quizá porque sean un ariete necesario y su objetivo sea sacar las patas por alto y asustar con la mayor, para finalmente calzar magnánimamente con los anunciados nuevos impuestos hidráulicos y nucleares o intentando sofocar el escándalo existente en la Unión Europea a cuenta del carbón nacional que, como es estratégico, hay que quemarlo a toda pastilla.

Veremos.