A juicio del grupo parlamentario, el Gobierno debería haber presentado con anterioridad en el Congreso de los Diputados una reforma integral del mercado eléctrico basado en informes de la Comisión Nacional de Energía (CNE), consensuado con todas las fuerzas parlamentarias y que atajare los problemas estructurales del sector.

En este sentido, considera que todos los pasos adoptados por el Ejecutivo en materia energética «parecen haber obedecido a meros impulsos» al introducir medidas fiscales de carácter «exclusivamente recaudatorio» que no son sino «parches» que no abordan los cambios regulatorios que necesita el sector eléctrico.

Con respecto a la creación de un impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, el PSOE cree que el Gobierno no ha evaluado los costes variables ni fijos de producción de cada una de las tecnologías a fin de ponderar los efectos que supone para cada una de ellas.

Asimismo, considera que este impuesto, que gravará con un 6% cada megavatio de energía que se venda, no incentiva el uso de las energías renovables ni el uso racional de la electricidad.

El PSOE señala además que este impuesto no realiza una distribución «justa y equitativa» sino que ahonda en una «clara» desigualdad entre los contribuyentes generando «desproporcionadas» consecuencias económicas y jurídicas entre los diferentes productores.

Este impuesto, que califican de «confiscatorio», sitúa a los contribuyentes en peores condiciones de competencia empresarial, al tiempo que resta oportunidades competitivas al sector y no tiene en cuenta el potencial contaminante de las distintas fuentes de generación eléctrica, indican.

De este modo, subrayan, los productores de electricidad más respetuosos con el medio ambiente son los más perjudicados por la nueva carga tributaria ya que no pueden repercutir este gravamen.

Según el grupo socialista, el proyecto de Ley no atiende a la pérdida de competitividad que va a experimentar la industria española y, especialmente, los grandes consumidores energéticos, que «van a sufrir de forma más acusada el incremento de los costes energéticos derivados de la aplicación de estas medidas».

En consecuencia, el PSOE subraya que los nuevos gravámenes creados por el Ejecutivo tendrán un efecto directo en los propios consumidores ya que no solo no reducirán los costes del sistema sino que incrementan «de forma desmedida» los costes de los productores, que los trasladarán al mercado.

Asimismo, agrega que no se tiene en cuenta el impacto económico en los consumidores, los efectos que se derivan sobre determinadas tecnologías, los riesgos de desabastecimiento en los sistemas insulares y extrapeninsulares, ni las consecuencias que tendrá sobre la seguridad de suministro en el medio plazo.

EAJ-PNV también presenta una enmienda a la totalidad de la reforma energética

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha presentado una enmienda a la totalidad del anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales para el Sector Energético, por considerar que implicará una subida de impuestos que no resolverá el problema de déficit de tarifa ni el de la sostenibilidad ambiental.

Según ha opinado el grupo en un comunicado, esta Ley sólo es un «parche» del Gobierno para cubrir el déficit tarifario del sector mediante la imposición de gravámenes que, a su juicio, son discriminatorios, carecen de justificación económica o ambiental y «acabarán pagando los consumidores y los generadores más eficientes».

EAJ-PNV ha considerado que el Ejecutivo nacional debería haber planteado una «verdadera reforma energética», que establezca un modelo energético sostenible y sus costes, de forma que se garantice la sostenibilidad económica, la seguridad del suministro y se «descarbonice» la producción de electricidad.

El grupo ha argumentado en favor de la retirada del proyecto de Ley que su objetivo es recaudatorio y se aleja de lo expresado en su texto, donde alude a la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética.

La solución al problema energético «no puede pasar por el incremento de impuestos a las industrias, ni cánones a las hidráulicas», ha afirmado en el comunicado, ya que, a su entender, perjudican a la competitividad del sector y, en consecuencia, al empleo.

A su juicio, la imposición de tasas sobre las ventas de energía y el céntimo verde del gas, tendrá efectos «devastadores» en los resultados de las empresas manufactureras e industriales así como en las centrales hidraúlicas.

En este sentido, ha criticado que el proyecto se haya elaborado sin un estudio exhaustivo de los efectos colaterales que puede tener la Ley y que no aborde las medidas para resolver las ineficiencias del sistema.