PP y PNV tumban en el Congreso las enmiendas del PSOE e IU-ICV contra la Ley de Hidrocarburos, criticada por impulsar la técnica del fracking

Las enmiendas a la totalidad, presentadas por el Grupo Socialista, La Izquierda Plural, ERC y BNG, fueron rechazadas por 177 votos en contra, frente a 105 votos a favor y 12 abstenciones.

La devolución de la ley se justificaba por un modelo «caducado» y basado en los hidrocarburos en lugar de en las renovables, impulsar el fracking y no contemplar medidas para estimular la competencia en el sector energético o para proteger a los consumidores.

El portavoz de energía del PP, Guillermo Mariscal, criticó durante su intervención en el Pleno para el debate de la iniciativa la «mala utilización de las enmiendas a la totalidad» y defendió la normativa presentada por el Gobierno.

«Esta ley supone generar y crear las bases para una nueva geopolítica energética», argumentó, y se refirió a su potencial para reducir el coste de la importación de hidrocarburos. Además, la calificó como «el cierre» de las reformas energéticas que se han hecho contando con esfuerzo de familias y empresas españolas y el coraje del Ministerio.

Por su parte, el diputado del PSOE, José Segura, reprochó al Gobierno y al PP que no hayan aceptado las enmiendas del grupo Socialista a otras normativas energéticas («no hemos tenido ningún detalle de comprensión», señaló), al tiempo que apuntó que la ley abarca aspectos demasiado complejos y extensos para un sólo texto.

Segura estimó que en materia gasista la propuesta es «claramente insuficiente y carente de un enfoque integral», al tiempo que abogó por suspender los permisos de investigación de hidrocarburos en el mar Mediterráneo y en aguas internacionales cercanas a Canarias y todas las licencias de fracking en tanto no se disponga de informes concluyentes que descarten la existencia de riesgos ambientales.

Además, justificó el rechazo de su grupo por la necesidad de avanzar hacia una transición energética basada en la sostenibilidad económica, medioambiental y social que conduzca a un modelo de crecimiento bajo en carbono, que apueste por las renovables, que reduzca la dependencia energética y que favorezca el ahorro y la eficiencia.

Segura también lamentó la falta de confianza en los organismos reguladores, puesto que el Gobierno se olvidó de reforzar la independencia de la CNMC al no ampliar sus funciones y competencias.

Desde Izquierda Plural, Laia Ortiz, calificó el proyecto de ley como un nuevo «intento de del Gobierno para lavarse la cara» tras las «nefastas decisiones» que tomaron sobre la explotación de hidrocarburos y tachó de «obsceno» los impuestos a la producción de hidrocarburos al suponer «sobornos» para la «compra de voluntades en el territorio» con las que «vencer la resistencia a la explotación de hidrocarburos».

«Quieren convencer con dinero porque no tiene razones», dijo Ortiz, tras aseverar que el proyecto de ley es «climáticamente irresponsable» porque apuesta por consolidar un modelo «antiguo, ineficiente y dependiente» de los combustibles fósiles.

Por su parte, el diputado de CiU, Josep Sánchez i Llibre, apoyó la necesidad de actualizar la normativa de hidrocarburos, por lo que rechazará las enmiendas a la totalidad y presentará muchos cambios parciales para mejorarla, aunque abogó por dar más competencias a las comunidades autónomas en la materia.

Por su parte, el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, también reconoció que hace falta una reforma de este tipo, aunque la formación magenta presentará muchas enmiendas parciales para introducir cambios. «No compartimos el clima político antihidrocarburos», dijo, tras recordar que España sigue necesitando mucho petróleo y mucho gas. Aún así, reconoció que habrían preferido un procedimiento «más serio y riguroso» sobre el tema del fracking.

En la misma línea, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, que tampoco presentó enmienda a la totalidad, dijo que votará en contra de las presentadas y dará cierto margen de maniobra al Gobierno para llegar a un acuerdo y mejorar el texto en el siguiente trámite.

En el grupo Mixto, Rosana Pérez (BNG) explicó que la enmienda de su grupo se debe a que el Gobierno persigue un único objetivo con este proyecto de ley: facilitar impulso del fracking y las prospecciones de gas y petróleo con el «claro interés» de beneficiar a intereses especulativos privados y calificó de «chantaje» los nuevos impuestos a los hidrocarburos, que se apoyan «en inversiones multimillonarias y creación de puestos de trabajo que raramente se materializan». Además, criticó que no se hayan incluido líneas para intervenir en el mercado de gasolinas ni en el oligopolio de las petroleras.

De la misma manera, Teresa Jordà (ERC) acusó al Gobierno de querer «comprar una oposición ciudadana» que se ha mostrado contraria a las prospecciones. «Es un chantaje barriobajero», aseveró.

Jordá denunció la «sordera absoluta» del Gobierno ante la realidad «climática» de España y la falta de respeto hacia la voluntad democrática al apostar por el fracking y plantear subvenciones a las comunidades que acepten este tipo de explotaciones. «El fracking no gusta», dijo, tras advertir de que la contestación social es cada vez más creciente y está cada vez más organizada.

En la misma línea, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, y el de la Comisión de Industria CC-NC, Pedo Quevedo, denunciaron que el Gobierno siga apostando por las energías «sucias» y hundiendo a las renovables y el autoconsumo. «Aún no he conseguido leer ni una sola palabra a favor del fracking», dijo Quevedo. Por su parte, la portavoz adjunta de Industria de Amaiur, Maite Ariztegui, criticó que el Ejecutivo dé carta blanca a empresarios y gobiernos autonómicos «sin escrúpulos».

Continuará su tramitación parlamentaria

Tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad, las formaciones tendrán que presentar ahora las enmiendas parciales, que serán debatidas y votadas en la Comisión de Industria. Una vez incorporados los cambios, la ley será enviada al Senado para continuar con su tramitación.

En la Cámara Alta el proyecto volverá a enfrentarse al debate de vetos a la totalidad del texto y las enmiendas parciales. Si se incorpora algún cambio, la ley tendrá que volver al Congreso para recibir el visto bueno definitivo antes de que entre en vigor.

El proyecto de ley reconoce un nuevo tributo a las explotaciones y extracciones de petróleo y gas que servirá para compensar a las comunidades autónomas, ayuntamientos y titulares de los suelos donde se produzcan los hallazgos.

Según el Gobierno, este tributo a la exploración y explotación de hidrocarburos permitirá que una parte de los recursos revierta en las comunidades autónomas o entidades locales donde tengan lugar, y si es en el mar a la comunidad autónoma más próxima al lugar de las extracciones.

Un mercado secundario organizado del gas

El objetivo de la reforma, que modifica así la ley vigente desde 1998, es crear un mercado secundario organizado de gas natural, con entrega física, que permitirá obtener precios «más competitivos» y transparentes para consumidores, a la vez que fomenta la competencia y se combate el fraude en el sector.

Además, se posibilitará que cualquier instalador de gas natural habilitado pueda realizar la inspección de las instalaciones receptoras; y se fomenta la entrada de nuevos comercializadores mediante el reconocimiento mutuo de licencias para comercializar gas natural con terceros países con los que se establezca un acuerdo previo.

Respecto a las medidas tributarias en materia de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, la memoria económica del proyecto detalló la creación de un nuevo impuesto sobre el valor de la producción de hidrocarburos de manera que las rentas económicas derivadas de los yacimientos reviertan en la sociedad.

En esta línea, se fija una compensación a los propietarios de los terrenos situados sobre el yacimiento, del 1% del valor de la producción anual de los hidrocarburos mientras dure el periodo de concesión, y se modifican los cánones de superficie existentes, creándose otros nuevos por realizar sondeos y sísmicas.

En concreto, el Gobierno calculó que el nuevo Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados permitiría recaudar hasta 316,3 millones de euros al año, en las estimaciones más optimistas, que se quedarían en apenas 8,4 millones teniendo en cuenta las estimaciones conservadoras.

Por último, para incrementar la eficiencia en el sector de productos petrolíferos y combatir el fraude se establecen ciertas obligaciones de suministro a los comercializadores de gases licuados del petróleo (GLP). Igualmente, se introduce la posibilidad de inhabilitar temporalmente a los operadores de productos petrolíferos para actuar como tales durante la inspección de expedientes sancionadores relativos, entre otros, a fraude fiscal.