Por una reforma energética limpia y que garantice el mercado y la competitividad del sector

Además de conseguir establecer un calendario y un mecanismo creíble para absorber y eliminar el problema del déficit tarifario, esta reforma de carácter fiscal en el sector eléctrico debe responder a un modelo. Quiere decirse que más allá de la aplicación de las nuevas figuras fiscales, comprender los efectos que producen los impuestos en los mercados y en la economía, requiere de más técnica que la mera estimación de lo que sería la aplicación de un tipo impositivo a una base imponible, derivado de un objeto tributario determinado (llámese generación de energía o llámese emisiones de carbono).

Es razonable pensar en una reforma que garantice el funcionamiento del mercado eléctrico y del proceso de liberalización seguido desde finales de los noventa. En primer lugar porque es un proceso que ha derivado en un mercado mayorista en España muy competitivo, que cuenta con los precios más bajos de toda Europa, una fuerte tensión entre tecnologías y que ha sido el eje del modelo inversión-financiación, incluyendo márgenes importantes de capacidad y de garantía de suministro de electricidad efectuado por los agentes privados. En segundo lugar, porque este proceso de liberalización también se deriva de las Directivas Europeas en materia de energía, siendo un proceso que contribuye a fomentar una economía más competitiva y eficiente.

Por tanto, cualquier tentación de romper ese mercado vía impositiva (utilización de tasas, tributos o impuestos discriminatorios por tecnologías) significa la ruptura de ese mercado, que es la pieza más importante que se quieren cobrar los retroprogresivos, es decir, todos los partidarios de involucionar la liberalización y los contrarios a contar con un sector competitivo en una economía eficiente y de mercado.

Un colectivo, por otra parte, muy poco preocupado por este concepto clave y vital para la economía española, la competitividad, y que centra su foco de atención en la transferencia de rentas entre tecnologías de generación (¿qué es eso y por qué?) partiendo, además, de simulaciones y supuestos falseados de la contabilidad (porque, entre otras cosas, no creen en ella) para acabar implantando retribuciones discrecionales a las tecnologías a su juicio «friendly».

La consecuencia de este modelo sugerido por este colectivo es la vuelta al pasado, al amiguismo, las astillas internas en la relación sector privado-público, frente a los comportamientos empresariales, la instrumentalización de las empresas en función de las decisiones administrativas, el recurso sistemático a la percepción de subsidios, subvenciones y transferencias, el desarrollo espasmódico de la generación conforme a los intereses políticos y la generación de una nueva clase de rentistas sin asunción de riesgos, ya clásica en la economía española. En esas coordenadas es en las que se mueve la primera propuesta difundida y elaborada la Oficina Económica del Presidente-Ministerio de Hacienda, Nadal-Montoro, para absorber el déficit tarifario, con el telón de fondo de los intereses termosolares y su formidable campaña de relaciones institucionales que no ha encontrado obstáculos.

Además, porque sería confundir el rábano con las hojas, incluso con las témporas. La evolución de los costes regulados, en realidad, ha sido la verdadera espoleta del déficit tarifario vía decisiones administrativas y políticas no controladas y que no eran coherentes con la política de precios de la electricidad. Si no se comprende eso, y se ataca al funcionamiento del mercado mayorista para erosionarlo, se pueden hacer verdaderas barbaridades y se puede estropear más que arreglar el problema del déficit tarifario con costes incalculables en términos económicos, de inversión y de seguridad de suministro.

Incluso, porque bajo la forma de una falaz forma de «progresividad energética» (el ministro Montoro debería dejar la progresividad para los impuestos directos evitando los esoterismos) se produce en la palabras de los mejores hacendistas, una parábola del hijo pródigo, que castiga proporcionalmente más a los que más cerca están del mercado y de precios eficientes en términos de paridad con el mismo. No parece, por tanto, que este modelo, con distorsiones y efectos tan graves, deba ser el que condicione y dirija esta reforma del sector eléctrico.

Por tanto, para abordar el problema del déficit tarifario, siendo conscientes de la necesidad de la aportación de las distintas tecnologías de generación, es más razonable optar por mecanismos generales, homogéneos e indiscriminados de contribución en lo que sería una propuesta de impuesto a la generación a partir de los ingresos producidos por la generación cualquiera que sea su tecnología de origen. Otros mecanismos complementarios, como la revisión de los modelos retributivos sobre rentabilidades razonables, o el céntimo verde («carbón tax»), el alargamiento creíble del período de extinción del déficit, entre otras medidas, podrían formar parte de este paquete, evitando en todo caso un modelo de fiscalidad no neutral y, a la vez, con capacidad recaudatoria.

Lo que sí es importante es que el Ministerio de Hacienda hile más fino en sus propuestas fiscales. No es de recibo la proposición de determinadas medidas que distorsionan de esta forma el mercado, que acaban con la seguridad jurídica y que generan efectos impositivos no neutrales e indeseados. Además, sus propuestas se basan en números groseros que ni siquiera cuentan con el mínimo contraste de las cuentas auditadas. Estas propuestas, así formuladas, desacreditan en este departamento, por mucho o por el hecho de que se vean abducidos por los papeles, los posicionamientos ideológicos, intervencionistas y peronistas demagógicos que tanto predicamento tienen en nuestra sociedad, y que al final, sólo tienen como respaldo dibujos simplificados en servilletas. Por eso, también el Ministerio de Industria debe ser parte activa y líder del proceso, con celeridad, determinación, conocimiento y modelo. Tiempo que pasa es tiempo en el que sigue corriendo la caja registradora del déficit y el sistema de generación de rentas sigue corriendo en contra de toda la economía.

Esta propuesta de reforma, por tanto, debe generar credibilidad en nuestra economía, en nuestros sectores económicos, en nuestras instituciones a la hora de resolver problemas que nosotros solos hemos creado, sin distorsionar el mercado mayorista y sin generar nuevos problemas futuros, seguramente más graves, si se erosiona la competitividad en el sector eléctrico y éste se concibe como un instrumento cuyos objetivos se supeditan a otros fines diferentes que conseguir un suministro en régimen de mercado, eficiente, económica y medioambientalmente sostenible.