Por tierra, mar y aire con las inspecciones de la CNE a las instalaciones fotovoltaicas

La semana pasada conocíamos como la Comisión Nacional de Energía decidía abordar un proceso de investigación sobre todas las plantas solares inscritas que no estaban abocando energía en el sistema el pasado 30 de septiembre. Un total de más de 4.189 plantas. Como hemos defendido desde este medio la actividad de inspección y de supervisión, bien dirigida, gestionada de forma razonable, no orientada a lo mediático, es una actividad necesaria en la ordenación de los sectores económicos. Y, de hecho, defendemos un modelo inspección y supervisión sólido, que no cuestione el funcionamiento del mercado eléctrico. De hecho, cuando se critican los modelos de inspección hay que ser muy respetuosos con este función en el sistema, pero también hay que someterlos a los principios de racionalidad y eficiencia.

Pero el panorama de este macroproceso de inspección, esta Macrocruzada, ha causado estupor, y un torrente de reacciones, tanto en el seno del sector como en el propio diseño del mismo. Las asociaciones ya han solicitado que “los defraudadores”, de existir, en la cuantía que aparezcan, no cobren, llámese subvenciones o primas.

El objetivo era inspeccionar a todas las instalaciones que a 30 de septiembre de 2009 no estaban vertiendo energía al sistema, por cualquier razón, con su dispersión asegurada. Un total de 4.189 instalaciones que cumplen estos criterios de selección, y que una vez identificadas, se inspeccionan todas. Sorprende sobremanera, que no existan mecanismos tradicionales de cualquier administración inspectora, sometidas a procesos estadísticos razonables, como el muestreo o la inferencia estadística.

Imagínense, por ejemplo, que la Agencia Tributaria inspeccionase a todos los contribuyentes que cumpliesen un conjunto de requisitos (ser de una provincia, pertenecer a una profesión, etc…: a la inspección, a por ellos!). En el fondo, además de ser un proceso desmedido se trata de señalar a todos como “presuntos culpables”, proyectando una sombra de duda conjunta, para desplegar un proceso que la propia CNE no está preparada y, además cuyas consecuencias no están bien dimensionadas, sobre todo en el ámbito del conflicto con las Comunidades Autónomas que ya empiezan a replicar el estado de opinión creado desde el organismo que preside Maite Costa.

El propio informe de la CNE establece que precisará la concertación de una empresa externa, una entidad reconocida por la Administración General del Estado para realizar este tipo y programa de inspecciones. Así, se prevé que el plan sistemático de inspección de las instalaciones y huertos solares que tendrá un coste que, según se estima, excederá los 600.000 euros (unos 100 millones de pesetas). Además, aunque se cuente con una empresa para realizar las verificaciones estás será preciso que se realicen con un “agente de la autoridad”, es decir de los inspectores del propio supervisor (como ocurre en cualquier esfera inspectora en aras de su seguridad jurídica). Para lo cual cuenta con una plantilla exclusivamente de 20 inspectores.

Lo que parece claro es que este plan de la CNE, excesivo en su formalización y anunciado a bombo y platillo también puede empezar a ser utilizado para la lucha partidista, en este caso, en el ámbito de las Comunidades Autónomas (de hecho, ya la Consejera de Industria de Castilla-La Mancha, Paula Fernández, ha señalado que en “las instalaciones solares” no hay fraude). Porque de la existencia de irregularidades, ubicadas en múltiples posibles instancias administrativas, puede derivarse una escena de difícil gestión para la CNE por sus resultados. Y, si esto es así, poco el “bluff” del macroplan de inspecciones puede ser, comparativamente con su utilización mediática y con sus costes para pensárselo.

Finalmente hay que contextualizar este movimiento pendular de la CNE fuertemente maniqueo, de todo o nada. Hay que plantearse que el conjunto de la energía solar en España, habiendo crecido notablemente en los últimos dos años (gracias al R.D. 661/2007 también excesivo, con una regulación de cupos y límites demoníaca, y cuyo cambio ha provocado que se fuercen y aceleren en determinados casos los mecanismos de inscripción, con un alcance que va mucho más allá de la criminalización de esta energía) probablemente no llegue a un 0,01 % del conjunto del parque de generación del país (las estimaciones lo sitúan entre 1.800 y 2.200 MW). Y, con este maproplan, para inspeccionar 4.189 instalaciones solares del total de las 45.000 existentes, nos quedamos sin función inspectora adicional del regulador en ninguna otra actividad del sistema, hasta que finalice esta operación, tan dudosa y, a la vez, tan mediática.

¿Por qué?