¿Por qué la suspensión del decreto del carbón es un «casus belli»?

Así, la decisión de las autoridades judiciales españolas y comunitarias de dejar en suspenso el decreto del carbón nacional ha puesto en jaque a las autoridades españolas provocando una verdadera riada: el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, afirmando que las empresas habrían llegado demasiado lejos ( y apelando a un diálogo que en los momentos de su elaboración no se propició); un secretario de Estado con la carta de dimisión en el maletín; Industria y Moncloa de los nervios, con mensajes amenazantes sotto vocce derivados de su contrariedad; y otras instancias, como la Junta de Castilla y León, que, directamente, se echan al monte con declaraciones de grueso calibre por parte de sus responsables (que hablan directamente de hostilidades que no se olvidarán) y medidas, como la imposición de una tasa a la generación de electricidad, en represalia a las empresas eléctricas por haber efectuado la reclamación de sus derechos ante las instancias judiciales. Todo ello acompañado de tres elementos indisolubles, demagogia antiempresas y sector energético, voracidad fiscal y ambiente preelectoral. Un excipiente propicio que ha unido a Herrera con Zapatero.

En este caso, lo de menos, es meditar mínimamente sobre lo que quiere decir una medida así, en la idea de la ruptura del mercado interior español o el efecto que supone en los costes de generación y su traslación a la factura eléctrica. Lo más importante, lo relevante, es como se ha transparentado que desde el poder político se puede organizar una «vendetta» para amedrentar la reclamación de derechos legítimos de las empresas y, por tanto, utilizando los poderes públicos, tomarse la justicia por su mano en actuaciones que pueden no estar sujetas a derecho, en la medida que están cuestionadas judicialmente. Todo vale.

Como punto de partida, el sistema propuesto para apoyar al sector carbonífero español era una verdadera chapuza, una artimaña para hacer equivalente una directriz política a una restricción técnica, un ejercicio de travestismo regulatorio para el dopaje artificial de una tecnología, que genera distorsiones entre los demás sectores, manipulando el mercado eléctrico, con efectos sobre la factura de la luz y el medio ambiente.

La instrumentación empleada, evidentemente, sólo puede venir de quien administra las restricciones técnicas, en este caso el operador de sistema, radicado en REE. De hecho, desde los sectores más cercanos al carbón se están estudiando alternativas para instrumentar este apoyo a esta fuente autóctona. Con poca reflexión los responsables políticos de la decisión se han amarrado a esta solución, de una forma en exceso fantasiosa, tratando de defender lo indefendible.

Tampoco cabe la tradicional vía de la utilización de los colectivos mineros y su afectación de los puestos de trabajo, toda vez que las ayudas (actuales) al sector son extremadamente generosas y abundantes y suponen una inyección de más de 180.000 euros por minero empleado. A los españoles es necesario explicarles cuál es el coste de mantener la industria del carbón nacional, el montante de las ayudas, su distribución, administración y su utilización (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos,…), dado el importante volumen que acumulan y los resultados que ofrecen, toda vez que debe ir dirigido al desarrollo regional de las comarcas mineras de cara a la desaparición de esta actividad en 2013, puesto que los fondos llegan, pero no se utilizan para la filosofía a la que están pensados, en una suerte de fiar a la prolongación de la actividad.

Por eso, en lugar de hacer un ejercicio de autocrítica, de depuración, de gestión, de reforma, se ha optado por sacar las patas por alto, ejerciendo un uso del poder de la Administración más cercano a los Kirchner y Chávez que al de una país occidental en que sus ciudadanos reclaman sus derechos y su administración, por mala praxis y por extralimitarse, sufre un revés judicial. La consecuencia es un ejercicio de revanchismo legal que afecta a la libertad de los ciudadanos, empresas y personas, para reclamar sus derechos ante la justicia.

Hubo un tiempo en el sector energético en que las batallas dialécticas se libraban entre procarboníferos y anticarboníferos. Actualmente también se libra entre los partidarios del mercado y de la liberalización en el sector eléctrico, frente a los retroprogresivos, cuyos postulados ponen en cuestión permanente la competencia. Y, finalmente, podemos acabar en una lucha entre los que creen en un Estado de Derecho o los que piensan que la política y los intereses electorales y partidistas, todo lo pueden y los ciudadanos, las empresas y los mercados, se deben plegar totalmente a sus designios para que nadie les amargue una foto electoral o les exonere de la responsabilidad reformista necesaria.

Por tanto, moraleja, cuidado con reclamar sus derechos ante la Administración, no sea que ganen. Y entonces lleguen las ‘ostialidades’.