¿Por qué apelan al consumidor cuando lo que quieren es atacar al Ministerio?

En los últimos días se vienen sucediendo un número importante de pronunciamientos referidos al proceso de facturación de la electricidad, y, en concreto, al mecanismo de estimación de lecturas. Una polémica que se ha suscitado con el punto partida y pistoletazo de salida producido por la iniciativa de la Comunidad de Madrid contra las empresas comercializadoras de electricidad y posteriormente seguido por asociaciones de consumidores, que denuncian la incongruencia del sistema de facturación aprobado por Industria con la normativa del Ministerio de Sanidad y Consumo al respecto de la facturación de suministros. Dicha inconsistencia se resuelve con un proceso de denuncias y reclamaciones directamente efectuadas ante las empresas.

Por eso, sería, en todo caso, ingenuo pensar que esta acción está dirigida de forma exclusiva, o ni siquiera principalmente, contra las propias empresas comercializadoras, en la medida que aplican una normativa del Ministerio de Industria (facturación mensual con lecturas bimestrales), además remodelada por el actual Ministro de Industria, Miguel Sebastián, en enero de 2009, como bien recordaban representantes de asociaciones de consumidores en rueda de prensa. Eso no obsta para que las empresas reciban en primera instancia todo este torrente de reclamaciones, siempre aderezadas por una retórica demagógica. En todo caso, es un asunto de fuerte contenido político y con corrientes subterráneas más o menos fluyentes.

Seguramente que puede resultar paradójico el hecho de cómo se han ido aunando estas iniciativas por parte de Comunidades Autónomas (en este caso, gobernadas por el Partido Popular) y, por otra parte, de asociaciones de consumidores, con una cierta aquiesciencia de la propia Comisión Nacional de Energía, que en este mismo momento ha dado salida a una decisión pasada de revisar con lenguaje turbador en términos de ”indefensión”. Parece, por tanto, que se ha orquestado una controversia en la que el metalenguaje político ha puesto como ariete y escudo humano al “consumidor”.

Y, todo ello, sin olvidar que, como telón de fondo, empieza a flotar una cierta agitación por la elevación de los precios de la electricidad para los consumidores en mercado libre (fundamentalmente empresariales), derivada de la subida de las tarifas de acceso. Cada vez parece más palpable cómo la agitación de los consumidores residenciales suele ir ‘programada’ y referenciada con el impacto en los consumidores empresariales. Sobre todo en la medida que la última tarifa no concitó reacción de las asociaciones de consumidores, al no afectar la elevación de las tarifas de acceso a la TUR por la bajada del precio de la electricidad en la generación.

Por eso, habría que recuperar y tirar de hemeroteca para comprobar las posturas generalizadas contra este sistema de facturación, incluso desde el punto de vista de las empresas eléctricas y comercializadoras. El problema estribaba en la necesidad retributiva de acompasar el número de lecturas al número de facturaciones, con independencia además de los propios sistemas de comunicación de consumos a través de teléfono o internet que ponen las empresas comercializadoras de energía.

Por tanto, se han conjuntado en estos momentos, más que un espíritu de defensa de los consumidores, una voluntad de reactivar el hostigamiento al Ministerio de Industria y de su normativa de facturación, con el trasfondo de la previsible evolución futura de los precios de la electricidad. En todo caso, cabe preguntarse si ese llamamiento masivo a que las Comunidades Autónomas desaten procesos de denuncia y sanción frente a las empresas por aplicar la normativa, no hubiera sido más directo y menos alambicado si hubiera estado dirigido contra el propio sistema de facturación y el Ministerio de Industria de forma más clara y transparente.

¿Por qué?