Plataforma por el Autoconsumo pide un céntimo verde, tasas a la hidráulica y el fin de las Cesur

Estas consideraciones aparecen recogidas en el documento remitido por la plataforma al regulador a la consulta pública abierta tras recibir el encargo del Gobierno de buscar soluciones al déficit de tarifa.

La plataforma pidió que se prohíba la integración vertical en las actividades de generación, distribución y comercialización, propia de las grandes eléctricas. Este sistema permitió a estas empresas «manipular a la baja el precio del mercado mayorista para echar del mismo a la competencia», «compensar las pérdidas producidas en el mercado con ingresos regulados» e «incrementar el precio final para el consumidor» a través de las Cesur, afirmó.

También propuso que las primas a las renovables se integren como parte de los costes de generación, y no como un coste regulado, así como la elaboración de un mecanismos para evitar prácticas internacionales de ‘dumping’ en la compra y venta de electricidad.

Junto a esto, abogó por un «cambio conceptual» en el diseño del mecanismo de asignación de costes que pivote en torno a los consumidores, y no dependa de los generadores como hasta ahora, y la imposición de una tasa específica a las concesiones de generación, sobre todo la hidráulica, que están vencidas y renovadas y que hayan recibido cualquier tipo de ayuda.

Sobre la eliminación de las subastas Cesur, aseguró que solo en 2011 este mecanismo hizo que el precio de la electricidad que pagan los consumidores sea un 3% superior a la que resulta del mercado mayorista de la electricidad.

Además, la plataforma pidió la internalización del coste del tratamiento de los residuos nucleares en el precio de venta mayorista por parte de las centrales atómicas, así como la internalización por parte de todas las tecnologías de los derechos de emisión de CO2 que provoquen.

Otra de las reinvidicaciones es la de acabar con el servicio de interrumpibilidad, por el que las grandes industrias obtienen mejores condiciones de precio de la electricidad a cambio de ofrecerse a parar su actividad si hay problemas de suministro.

Otro coste del sistema eléctrico que la plataforma quiere retirar son todos los conceptos relativos a «cohesión del territorio y a decisiones políticas coyunturales». Entre ellos, citó los costes de insularidad y extrapeninsularidad, la moratoria nuclear y los purines.

La plataforma propuso en total 31 medidas, entre ellas la del reintegro por parte de ciertas empresas generadoras de los excesos percibidos en concepto de costes de transición a la competencia (CTC) y reversión de las plusvalías de venta de Viesgo a Enel como CTC cobrados.

También pidió que se limiten los pagos por capacidad que reciben las centrales térmicas, eliminar las ayudas al carbón y utilizar los ingresos obtenidos en las subastas del CO2 a partir de 2013 como mayores ingresos del sistema.

También solicitó que se establezcan objetivos de ahorro energético anuales a las compañías eléctricas y que se vuelva al sistema de cupos de las energías renovables de aquellas instalaciones que facturen íntegramente al sistema, a través de un mecanismo que adecúe permanentemente las primas a las nuevas instalaciones de renovables en función de la evolución tecnológica, con asignaciones trimestrales de potencia.

En la plataforma participan asociaciones empresariales como la de renovables APPA, la eólica AEE o las fotovoltaicas AEF, AIFOC O ANPER, ASIF, así como la Fundación Renovables, Greenpeace, el IDAE, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y WWF.

Greenpeace propone suprimir todas las subvenciones a las energías sucias

Asimismo, Greenpeace propuso a la CNE un conjunto de propuestas y medidas para modificar el marco regulatorio actual del sector energético, en respuesta a su consulta pública abierta. Entre ellas planteó suprimir todas las subvenciones a las energías sucias, para acabar con el déficit de tarifa y consideró imprescindible mantener el apoyo a las energías renovables para conseguir un modelo energético sostenible,

La organización ecologista lamentó que el Gobierno no promueva un debate profundo sobre la reforma del sector energético, después de haber tomado «de forma irreflexiva y unilateral» medidas como la moratoria al desarrollo de las energías renovables, convalidado en el Congreso de los Diputados en solitario por el Partido Popular.

También lamentó la decisión del Ejecutivo de revocar la Orden ministerial de julio de 2009 de cese definitivo de la explotación de la central nuclear de Garoña, gemela, recordaron, de la de Fukushima.

La medida básica planteada a la CNE por Greenpeace es asegurar que el producto suministrado (electricidad, los hidrocarburos líquidos) sea remunerado de acuerdo con la totalidad de los costes que supuso realizar las distintas actividades destinadas a proporcionar dicho suministro.

Para ello, y según esta ONG, es necesario que se incluyan todos los costes, incluidos los ambientales pues, de lo contrario, la actividad de suministro de electricidad y de los hidrocarburos líquidos seguirá generando una deuda ecológica creciente sobre el resto de ciudadanos, de todo el mundo, presentes y futuros, así como sobre el medio ambiente en general.

La ONG defendió asimismo, y entre otros, evitar situaciones en que unos pocos agentes controlen en la práctica los precios de la subastas de energía o camuflar en el régimen especial actividades nocivas para la salud y el medio ambiente como la incineración de residuos.