Pimec alerta de que empresas y consumidores asumirán los 3.600 millones de déficit tarifario en sus facturas eléctricas

La patronal empresarial de Cataluña criticó que esto juega en contra de la competitividad de las compañías españolas, y apuntó a la necesidad de tomar medidas que rebajen los costes energéticos, priorizando el ahorro y la eficiencia.

A su vez, recordó que a principios de año el Gobierno aprobó un impuesto del 7% sobre el valor de la energía eléctrica con el que esperaba recaudar 2.000 millones de euros para «garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico» y rebajar el déficit de tarifa.

El Ejecutivo central sostuvo que presentó la enmienda para que la reducción del déficit eléctrico no perjudique los objetivos de déficit público de España, pero que buscará alternativas de financiación.

En todo caso, desde el Gobierno central insistieron en que estos 3.600 millones de euros no los pagarán los contribuyentes ni los clientes; está previsto que los sufraguen las eléctricas, que ya mostraron su desacuerdo y alertado de subidas del precio de la luz.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, avisó a las empresas del sector de que el Gobierno sólo avalará el déficit de tarifa generado este año si éstas renuncian a reclamar incrementos de peajes que provoquen subidas de precios de la luz del 12%.

La agroalimentaria afirma que la reforma energética afectará a las exportaciones

Por su parte, la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) rechazó la reforma energética ya que supondrá un aumento de los costes de producción para las empresas del sector que provocará una pérdida de competitividad en los mercados internacionales, así como un freno para el sector desde el punto de vista de las exportaciones.

Por ello, advirtió de que pone en riesgo la supervivencia del tejido industrial y de miles de puestos de trabajo cualificados.

En relación con la cogeneración, FIAB denunció que la aprobación del real decreto ley por el que se suspenden los procedimientos de preasignación de retribución y la suspensión de incentivos económicos para las nuevas instalaciones de cogerenación, tendrá un impacto muy negativo sobre el sector.

A este respecto, apuntó que la cogeneración en la industria de alimentación y bebidas cubre un 48% de la electricidad que este sector precisa para realizar sus procesos productivos.

Por otro lado, explicó que a nivel fiscal también se establecen una serie de medidas que penalizarán al sector. En concreto, la incorporación de un impuesto más elevado del ya existente en la factura de venta de la energía eléctrica, gasóleo y fueloil, junto con la incorporación del «céntimo verde» al gas natural.

Por último, señaló que la modificación de la factura eléctrica (la ley de peajes y electricidad) que incorpora cambios muy significativos en el término fijo de la factura, perjudica a todo el sector que utiliza energía eléctrica pero, especialmente, a las empresas que trabajan con productos de temporada.

En la actualidad, el sector de la alimentación y bebidas consume el 11% del total de la energía utilizada en España en procesos industriales, y representa el 4% del consumo energético nacional.