Piden hasta 16 años de cárcel para cuatro mandos de Ascó I por la fuga radiactiva de 2007

El escrito de la Fiscalía achaca al director de la nuclear, el jefe del servicio de protección radiológica, el jefe de explotación de la central y el inspector residente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la posible comisión de un delito contra la seguridad colectiva por exposición de radiaciones ionizantes debida a una «imprudencia grave», además de un delito contra el medio ambiente, otro contra los derechos de los trabajadores y un cuarto por falsedad documental.

La denuncia se centra en los hechos que ocurrieron en noviembre de 2007, cuando la central de Ascó I emitió al exterior partículas radiactivas de la que no informó hasta abril del año siguiente, y que ya ocasionó en 2009 la imposición de una multa de 15,39 millones de euros por parte del Ministerio de Industria, la más alta de la historia nuclear española.

La Fiscalía señala en su escrito que la decisión es fruto de una «larga y laboriosa tarea de investigación», y evidencia que la fuga de las partículas no se debió a ningún tipo de fallo en los mecanismos, sino a «inaceptables negligencias» cometidas por los máximos responsables de la central.

Además, existieron una serie de imprudencias y omisiones que ocasionaron que las partículas se expandieran sin control, en algunos casos por la acción de seres humanos que ignoraban la existencia de la partícula portada.

Sobre ello, el servicio de Medio Ambiente de la Fiscalía recuerda que fueron halladas partículas radiactivas en la orilla opuesta del río Ebro, en una chatarrería situada a 60 kilómetros de Ascó, e incluso en el zapato de un trabajador que salía de la central, mientras que «no se cancelaron las visitas de grupos de estudiantes a la central» una vez conocida la fuga y dispersión de partículas.

La denuncia de la Fiscalía está dirigida contra el entonces director de la central Rafael Gasca –que fue destituido–, además del jefe de servicio de protección radiológica Francesc González –que también fue destituido tras el incidente–, el jefe de explotación J.S.R. y el inspector residente A.G.R.

Los delitos contra la seguridad colectiva por exposición a radiaciones están sancionados con penas de tres a seis años, el delito contra el medio ambiente con penas de dos a cuatro años, y el delito contra los derechos de los trabajadores y el de falsedad documental con penas que van de seis meses a tres años.

La Fiscalía recuerda en el escrito que el suceso se produjo mientras finalizaba la recarga de combustible, cuando un trabajador novel «siguiendo instrucciones verbales» vació de forma indebida un recipiente con 50 litros de líquido radiactivo que saltó a la rejilla de aspiración del circuito de ventilación de la central –que además no tenía en funcionamiento el sistema de ventilación de emergencia que habría evitado la emisión al exterior–.

El incidente fue clasificado con un nivel 2 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (Ines), que va de 0 a 7, y supuso la imposición por parte del Ministerio de Industria de la mayor multa de la historia nuclear española, un total de 15,4 millones de euros, que en su momento las entidades ecologistas criticaron porque consideraron que salía barato contaminar.

El reactor de Ascó I, de 1.032 megavatios de potencia, produce al año más de 760.000 megavatios por hora y es el cuarto de mayor potencia instalado en España. Inaugurado en 1983 y propiedad de Endesa, su actual permiso de explotación vence en octubre de este año.

El Consejo de Seguridad Nuclear estudia la denuncia

Asimismo, el Consejo de Seguridad Nuclear ha manifestado estar «estudiando» la denuncia presentada por la Fiscalía de Tarragona contra el ex director de la central nuclear de Ascó I y tres mandos más por la presunta comisión de cuatro delitos diferentes, con penas que suman hasta 16 años de prisión, por la fuga radiactiva de 2007.

Según han confirmado fuentes del CSN, sus servicios jurídicos están estudiando la documentación por lo que, de momento no se plantean hacer ninguna declaración hasta que no se haya analizado la denuncia «en profundidad».

En cualquier caso, el CSN ha subrayado su confianza en el inspector residente que, de hecho sigue realizando sus funciones en Ascó, y ha asegurado que el organismo regulador «confía en su trabajo», de modo que sigue siendo el mismo que cuando se produjo la fuga de partículas.

«Respaldamos y tenemos plena confianza en la labor del inspector residente en Ascó», han insistido.

Greenpeace pide que la denuncia contra Ascó sirva para negar la renovación de su licencia

Por su parte, Greenpeace ha solicitado que la denuncia de la Fiscalía de Tarragona sirva para negar la renovación del permiso de explotación de la planta, que vence en octubre de este año.

La organización ecologista afirma que el suceso denunciado, junto con los dos incidentes de nivel 1 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (Ines) ocurridos durante el pasado mes de enero, muestran que la cultura de seguridad de la planta «sigue siendo pésima» y, por tanto, no se dan las condiciones para renovar el permiso de explotación de las centrales.

«Tras tres años en los que el CSN y el lobby nuclear han intentado quitar importancia a la liberación de partículas radiactivas en Ascó I, el fiscal de Tarragona ha recordado a la sociedad la gravedad de los hechos«, ha subrayado el responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, Carlos Bravo, que señala además que, si el Gobierno concede la renovación del permiso de explotación, «demostraría no haber aprendido tampoco la lección».

Greenpeace ha valorado positivamente la iniciativa de la Fiscalía, y exige asimismo que se depuren todas las responsabilidades «para que este tipo de sucesos no se repitan en el futuro».