Perú anuncia que evalúa la compra de activos de Repsol en el país

El ministro subrayó que la decisión sobre este tema no se tomará en el corto plazo e hizo un llamamiento a la «tranquilidad» en los sectores empresariales y políticos opositores, que en los últimos días criticaron en la posibilidad de una medida de este tipo.

«Se está haciendo una evaluación que no ha concluido y va a tomar (en consideración) los beneficios y los costos de este y cualquier otro tipo de inversión que va a hacer (la petrolera estatal) Petroperú hacia adelante», aseguró.

Al término de una reunión de ministros de Economía de los países de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, México y Perú), Castilla dijo que el Estado peruano descartó el retorno «a políticas desechadas», tras las versiones que apuntaron a un intento de establecer un control estatal de empresas y precios.

«Ha habido mucha especulación en los medios acerca del deseo del Gobierno peruano de adquirir los activos de Repsol», comentó, antes de ratificar que «no hay ninguna decisión tomada al respecto y no se tomará en el corto plazo».

«Quisiera decir enfáticamente que (el Gobierno de) Perú está comprometido a que el país siga creciendo vía la inversión y, en particular, la inversión privada«, enfatizó.

El ministro añadió que el Ejecutivo tiene claro que «no se puede distribuir» sin crecimiento y que eso es fundamental en la política que está aplicando.

Medios peruanos señalaron que Repsol podría esperar una oferta por su 51,3% de participación en la refinería de la Pampilla, en el puerto limeño del Callao, y por 333 estaciones de servicios en todo el país.

La prensa local informó de que el pasado lunes, el presidente de Perú, Ollanta Humala, y el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, se reunieron en privado con el presidente ejecutivo de Repsol, Antonio Brufau.

Según el diario «El Comercio«, Brufau llegó a Lima en una «visita relámpago» con el objetivo expreso de negociar la venta de activos de la empresa en Perú, en particular de la refinería La Pampilla, la más importante del país y que necesita una inversión de 2.000 millones de dólares para ser modernizada.

El resto del capital de la refinería, el 48,7%, está en manos de administradoras del fondo de pensiones (AFP) y accionistas minoritarios.