Pemex confía en que la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto revierta su deterioro
Con la puesta en marcha de la reforma, cuya legislación secundaria está a punto de ser aprobada en el Parlamento en el período de sesiones extraordinario que arranca esta semana, «comenzará una nueva etapa en la historia de Pemex», proclamó el director corporativo de Finanzas de la empresa pública, Mario Beauregard, que confió en la modernización de la «plataforma productiva y de transformación, manteniendo márgenes operativos altamente rentables a lo largo de la cadena de valor«. En los últimos 70 años la petrolera ha sido la columna vertebral de las finanzas públicas al aportar más de la tercera parte de la recaudación tributaria de México.
El directivo dijo que era «insostenible» mantener el marco legal anterior y destacó que la reforma establecerá un contexto de competencia y colaboración, como sucede en otros países con industrias desarrolladas de petróleo y gas. Esta reforma «nos brinda grandes oportunidades y desafíos», aseguró Mario Beauregard tras destacar que Pemex requiere «redefinir su estrategia» a futuro como una empresa generadora de valor y no como un monopolio más del Estado. El director corporativo de Finanzas indicó que la reforma permitirá a Pemex tener una menor carga fiscal, aunque de forma paulatina. «En el corto y mediano plazo seremos el principal contribuyente del Gobierno», matizó Bauregard.
De enero a junio de 2014, la petrolera registró una pérdida neta de 6.772 millones de dólares, un 65,3% más que la pérdida sufrida en el mismo periodo de 2013; Pemex atribuye estos resultados al descenso de la producción y a una carga fiscal superior al rendimiento antes de impuestos y derechos. Según la empresa, en dicho resultado también influyó el incremento del 8% en el costo de ventas, que pasaron de 29.853 millones de dólares en el primer semestre de 2013 a 32.153 millones en este período de 2014.
El nuevo marco legal permitirá a la petrolera participar en proyectos con mayor rentabilidad en transporte, explotación de yacimientos de crudo en aguas profundas y de shale gas. La transformación de Pemex y la apertura del sector al capital privado, después de siete décadas de monopolio estatal, es la más ambiciosa de las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto y la que más resistencia ha generado en la izquierda. Este sector político espera revertir la reforma, promulgada en diciembre de 2013, en un referéndum a celebrarse en las elecciones de julio de 2015. Además, la izquierda convocó a la población mexicana a manifestarse en las calles contra la aprobación de este nuevo paquete de normas en el sector.
Reducción de su carga fiscal
Las Comisiones de Hacienda y de Energía de la Cámara de Diputados de México aprobaron el dictamen para expedir las leyes de Ingresos sobre Hidrocarburos y del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que reduce la carga tributaria de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Se trata del paso previo a su discusión por el pleno que comienza esta semana en un período extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados.
Antes de los posicionamientos de los grupos parlamentarios, el secretario de la Comisión de Energía, Juan Bueno Torio, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que el dictamen fortalece las finanzas públicas y establece mecanismos claros para garantizar los mayores ingresos para la nación mexicana. Con la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, dijo Bueno Torío, se concibe un nuevo régimen fiscal para Pemex, que hasta ahora tenía una carga impositiva total del 79% de sus ingresos, pues se reduce de manera notable su carga tributaria y se elimina el límite de coste que se le impone por barril de crudo.
Asimismo, Juan Bueno Torio explicó que con el dictamen aprobado habrá un impuesto a favor de las entidades federativas y municipios petroleros: el derecho de explotación de hidrocarburos. «Es un derecho que pagarán las empresas por la ocupación que hagan de tierras en los estados en donde se está desarrollando la actividad productiva y que por esta actividad le paguen un derecho a los estados y a los municipios«, agregó.
Diputados del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), de su aliado Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de Nueva Alianza y del PAN se pronunciaron a favor del dictamen, mientras los grupos de izquierdas Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo (PT) lo hicieron en contra. El vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, aseguró que este dictamen «esconde la privatización del petróleo y la pérdida de la renta petrolera» con tecnicismos que confunden al ciudadano mexicano.
El Estado absorberá su deuda
También se dio el visto bueno en la Cámara de Diputados de México al dictamen que faculta al Gobierno a absorber una parte del pasivo laboral de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para fortalecerlas y ayudar a su «óptimo funcionamiento«. Además, el dictamen aprobado regula el destino de los recursos que ingresen al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, derivados de la exploración y extracción de hidrocarburos.
Las comisiones parlamentarias avalaron la iniciativa que envió el Ejecutivo para reformar la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la General de Deuda Pública, como parte de la legislación secundaria de la reforma energética. El gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), su aliado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el conservador Acción nacional (PAN) votaron en favor del dictamen porque, según indicaron, se garantiza un manejo eficiente de los recursos petroleros. Argumentaron también que se fortalece el esquema de manejo de riesgos de las entidades federales, y se regulan las transferencias extraordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo.
En tanto, legisladores de los grupos de izquierdas Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo (PT) se pronunciaron en contra al considerar que se desplaza a las empresas del sector energético y se les condena al fracaso. Se pretende convertir en deuda pública los pasivos de Pemex para ir hacia su virtual liquidación, y «con la reforma sólo van a quedar hoyos, daño ambiental, despojo de tierras y enfermos», afirmaron.



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