Paulino Rivero firmará esta semana el decreto sobre los aspectos técnicos de la consulta sobre las prospecciones

Así lo avanzó el comisionado del Ejecutivo canario para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, quien explicó que los lugares de votación no podrán ser los colegios electorales, puesto que el Estado no va a colaborar cediéndolos, por lo que se habilitarán centros educativos y sanitarios de titularidad autonómica, y, en los municipios donde no los haya, establecimientos que puedan facilitar los ayuntamientos. Y, en el 10% de consistorios que controla el PP, contrario a la consulta, se podrían firmar convenios hasta con asociaciones de vecinos.

Este cargo del Gobierno canario, con rango de viceconsejero, indicó también que no hará falta un presupuesto específico para la organización y la campaña de la consulta, puesto que al ser el gasto inferior a los 18.000 euros, se podrá detraer del capítulo dos de las cuentas públicas, el de los gastos ordinarios. La campaña informativa ya está en marcha en la web www.consulta23n.org y a través de cuñas en la radio y la televisión públicas, y seguirán «hasta que nos la suspendan, si es el caso», según especuló Ríos.

El Gobierno central aún no ha recurrido la consulta canaria al Tribunal Constitucional, pero se da por hecho que lo hará, y entonces bastará con que el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso para que la consulta sea suspendida cautelarmente. Si así fuera, Paulino Rivero ya ha asegurado que el Gobierno canario cumplirá la legalidad y buscará otras formas de preguntar a la ciudadanía.

Finalmente, Fernando Ríos defendió que, «la pregunta está bien formulada«. El enunciado de la misma será «¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?», y algunos la critican por presuponer que dicho modelo cambiará con las prospecciones. Sin embargo, Ríos puntualizó que, en ese caso, el modelo cambiará seguro, «para bien o para mal», aunque ambas actividades sean complementarias y la petrolífera pueda ser beneficiosa para la región. «Quien piense que va a ser beneficiosa, votará sí, y quien piense lo contrario votará no», sentenció.

«España no puede dar la espalda a esta revolución»

Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, incidió una vez más en que España «no se puede permitir el lujo de dar la espalda a la mayor revolución del sector energético», en alusión al gas no convencional o «shale gas», que resultó un éxito en Estados Unidos.

En cuanto a la consulta sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias, que está previsto que se celebre el 23 de noviembre, el ministro insistió en que Canarias no tiene competencias para convocarla y defendió la compatibilidad entre esas prospecciones y la apuesta de esa comunidad por el turismo.

En este sentido, el ministro aseguró que la pregunta («¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?«) es confusa y que «no tiene nada que ver una cosa con la otra», por lo que se remitió al cumplimiento de las competencias.

Soria añadió que en cuanto el Gobierno reciba el informe del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros autorizará al presidente del Gobierno a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional para que la consulta quede «suspendida».

El objetivo del Gobierno es, según Soria, investigar si hay en España recursos energéticos que permitan disminuir la dependencia energética, y recordó que el país importa el 99% de los hidrocarburos que consume, lo que se traduce en una factura anual de 37.000 millones de euros.

Asimismo, Soria se quejó de que la interconexión energética entre España y Francia se sitúe aproximadamente en el 1,4% a pesar de que en 2012 se acordó que en 2015 no sería inferior al 10% y opinó que ese déficit de interconexión impide comprar o vender energía «en igualdad de condiciones» a España.