Paulino Rivero asegura que los intereses de Repsol y de las Islas Canarias «no son compatibles»
En su intervención, la diputada popular acusó al presidente canario de hacer el «ridículo» con sus «batallitas».
Según Paulino Rivero «ganan por goleada» quienes piensan que el desarrollo sostenible tiene que ver con la puesta en alza de los medios naturales y que prima el interés general, y opinó que quienes hacen el ridículo son quienes defienden los intereses de una empresa privada por encima de los generales.
Canarias tiene un modelo sostenible en el que los valores naturales deben preservarse porque son la herramienta para desarrollar el turismo, del que dependen el 54 por ciento de los empleos de Fuerteventura y Lanzarote, y que representa el 51 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad autónoma, dijo el presidente.
María Australia Navarro dijo que el Tribunal Supremo ha dicho en dos autos que las prospecciones de hidrocarburos por parte de Repsol en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura no representan un daño objetivo para el medio ambiente, y que hay razones objetivas para pensar que si hay una nueva fuente de riqueza puede y debe ser un factor que se aproveche para la economía española.
La diputada del PP afirmó que en una semana el presidente canario ha sido «escaldado» en dos ocasiones por el Tribunal Supremo y acusó a Paulino Rivero de querer internacionalizar un conflicto que «cada vez interesa a menos gente».
A juicio de la diputada, el presidente canario ha hecho el «ridículo más absoluto» al llevar las prospecciones de hidrocarburos a Marruecos y a Bruselas, y opinó que Paulino Rivero es el «único peligro objetivo» porque gasta el dinero en «batallitas que dice que le apasionan».
María Australia Navarro pidió a Paulino Rivero que mire a la cara a los más de 372.000 parados que hay en las islas y les diga cuánto ha gastado en esas «batallitas».
En respuesta al diputado del grupo Mixto Fabián Atamán Martín, del PIL, sobre la misma cuestión, Paulino Rivero dijo que en los próximos días el Gobierno canario presentará una queja formal ante la UE por vulneración de la directiva Hábitat, y además espera la revisión del expediente por parte del Tribunal Supremo.


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