Paren al ministro: háganlo interrumpible

El hecho es que este Anteproyecto de Ley anticipa unos precios de la electricidad más altos para la industria, incidiendo en su competitividad y, consecuentemente, con fuerte riesgo sobre la actividad y los sectores productivos. Y, además, se produce en el momento de la extinción de contratos firmados en la época Sebastián con la Industria, propiciados, por otra parte, por una relación mucho más fluida entre Ejecutivo, sector eléctrico e industria. Todo esto estalla en el peor momento: elecciones en Galicia con amenaza de desinversión de la gran industria en la comunidad autónoma. Y, el ministro, por la vía política, anuncio va, anuncio viene, en plena campaña electoral, se pone manos a la obra para intentar arreglar el problema, creado por otro problema, a su vez creado por otro problema.

El complemento de interrumpibilidad es una contraprestación para que determinadas instalaciones industriales cesen temporalmente su actividad en el caso de que, por razones de desequilibrio entre demanda y oferta, sea necesario que dejen de operar a efectos de seguridad de suministro y sea preciso disponer de un desahogo en el sistema eléctrico. Esa disponibilidad es retribuida (con cargo a las tarifas de acceso) con una bonificación en el coste de la electricidad que paga la instalación. El importe de ese complemento y su modulación siempre han sido objeto de cuestionamiento, en la medida en que debería determinar su contraprestación de forma equilibrada. Por un lado, en los últimos años su uso ha sido totalmente inexistente e innecesario, existiendo quienes defienden que sólo se pague cuando se hace uso.

Pero, es más: puede parecer extraordinariamente incoherente aumentar esta retribución en un momento en que existe un importante exceso de capacidad en el sector eléctrico. Por tanto, sería una fuerte ineficiencia el hecho de aumentar estos pagos por interrumpibilidad a la vista de su no utilización y por la existencia de capacidad disponible para la generación de electricidad. Quiere decirse, pagar más por nada.

Además, el complemento por interrumpibilidad se financia y se incluye en… ¡las tarifas de acceso! ¿Qué quiere decir esto? Que si el Gobierno decide incrementar el mismo (pagando más a las industrias beneficiarias), aumentará el montante general del coste del suministro para los consumidores. Y, en una situación «céteris paribus» los comportamientos políticos de Soria, lo que haría es o bien incrementar el déficit tarifario, o bien los precios, en el hipotético caso de que se adecuara la tarifa al coste del suministro.

De esta forma tan burda y naif, el Gobierno ha reconocido tres cosas muy peligrosas. Uno, que la tarifa y el coste del suministro en España es un ejercicio de trilerismo, discrecional y volitivo. Dos, que las retribuciones de ciertas actividades son políticas, por tanto sometidas a los resultados de las presiones (como las primas y la potencia que se concede de las mismas). Por eso, los políticos desconfían de los mercados y los estropean. Y, tres, de una forma ingenua y de principiante, el ministro, él solito, por impericia, por falta de asesoramiento, por mal asesoramiento, por desconocimiento o por incapacidad, ha reconocido que el complemento por interrumpibilidad es una Ayuda de Estado. Ha delatado sin ningún rubor la naturaleza y utilización de un complemento, de una retribución. Los grandes consumidores beneficiados, en teoría por esta medida, no pueden estar especialmente tranquilos y relajados por la estabilidad de la misma a futuro (con independencia de que la presentación selectiva de la misma también es un error de bulto).

En el fondo, esta propuesta es una cuestión que procede de la escalada de errores que se están sucediendo tras el proceso de elaboración y promulgación del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales en materia medioambiental y reforma energética. Problema que genera problema que genera problema. Error que genera error que genera nuevo error. Como un árbitro que se le va el partido de las manos y se ve obligado a compensar sus errores, al pitar penaltis en cada área y no soportar la presión de los jugadores y del público, José Manuel Soria va agrandando los efectos negativos de la propuesta, pitando nuevas medidas discrecionales, cada vez peores, hasta que él va haciéndose el protagonista del partido.

Observen la escalada: elaboración de la propuesta de Anteproyecto de Ley sobre criterios que arrasan el mercado de generación y el régimen general, castigando la eficiencia del mercado hispanoluso. Distorsión en el MIBEL. Dimensión comunitaria de las figuras impositivas, con efectos sobre los precios en Portugal y sobre las empresas del sector eléctrico español que son menos competitivas por las mismas. Doble imposición a tecnologías como la nuclear y la hidráulica. Efectos sobre la viabilidad de las centrales nucleares (eventual cierre de instalaciones nucleares, Garoña). Riesgo para la inversión a largo plazo (la política no entiende de ello). Efectos sobre las instalaciones térmicas de carbón por no previsión de los efectos de la Directiva de Emisiones Industriales. Anticipo de problemas para el carbón nacional, sobre las instalaciones de generación térmica (carbón nacional, importado y gas) y de seguridad de suministro. Elevación de precios de la electricidad para las industrias. Finalización de contratos con grandes consumidores en el momento más complejo para el Gobierno. Promesa de aumento de la retribución por interrumpibilidad claramente identificada como Ayuda de Estado. Consecuencia: más déficit tarifario, elevación del coste del suministro, inseguridad para los sectores industriales.

Reflexionemos. Hoy sería todo más fácil si, en lugar de este Anteproyecto, se hubieran reducido las tarifas de acceso y sus componentes, reduciendo el coste del suministro. Si se hubiera trabajado, estudiado, gestionado, negociado… Estaría mucho más encapsulado el problema si se hubiera decidido, por ejemplo, una moratoria termosolar, en lugar de distribuir su coste, esparcirlo y dispersarlo a través del sistema productivo, el sector eléctrico y los consumidores. Además, sería todo más coherente, eficiente, racional, con lo que necesita la economía española una buena armonía entre Ejecutivo, sector eléctrico y sectores industriales.

El Gobierno está para dar soluciones y no para crear nuevos problemas, para agrandarlos o complicar su resolución. El ministro no puede apelar a su condición de político para decidir a diestro y siniestro consecuencias de sus políticas, mantener un «tour de force» permanente con los sectores productivos, decidir violaciones flagrantes y evidentes del Derecho Comunitario y que los perjudicados sean las empresas españolas, su competitividad y sus accionistas. Aunque se vea normal en primera instancia una reacción de supuesta protección por decisión política, reconozcamos que esos tiempos y comportamientos no son posibles, ni deseables. Señores Abogados del Estado, Señora Vicepresidenta del Gobierno, Señores de la Comisión Europea: esto es lo que da la política española hoy en día. Tengan cuidado con él. Y, seguramente, el propio Soria necesita una parada. Precisa un «stop and go». Empieza a ir en barrena. Y empieza a huir hacia adelante. En círculo.