El Gobierno suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica y el recibo bajará un 4% como máximo

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Europa Press / EFE.- El Gobierno suspenderá el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP con la Ley de Medidas para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con el objetivo de reducir de manera inmediata la factura de la luz de los consumidores, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Ribera señaló que actuar sobre los precios a través del impuesto del 7% a la generación «es la medida más adecuada y acertada para enviar una señal por parte del Gobierno y aliviar la factura del consumidor en un momento en que no puede ser él quien cargue con el peso». Ribera anunció esta decisión enmarcada en un paquete de medidas que se impulsará por el Ejecutivo en «las próximas semanas» para afrontar esta espiral alcista del precio de la electricidad, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción, que espera que se pueda tramitar con agilidad y este invierno esté vigente.

A este respecto, Ribera indicó que el nuevo bono social eléctrico aprobado en 2017 por el PP, cuyo plazo para su solicitud tuvo que ser ampliado hasta el próximo mes de octubre debido a la confusión para su renovación entre los usuarios, recogía «avances», aunque ha habido «problemas» en su ejecución, por lo que el objetivo es adoptar medidas que sean aplicables «desde ya» para proteger a consumidores vulnerables como las «personas mayores y las familias monoparentales, «que no quedaban cubiertos en el marco actual«. Estas propuestas del Gobierno llegan en un momento en que los precios de la electricidad se encuentran en una espiral alcista, acrecentada en agosto y lo que va de septiembre.

Ha explicado que el impuesto a la generación no se suprimirá, sino que se suspenderá para quedar «prácticamente a cero» temporalmente, lo que supondrá, según fuentes del Ministerio, que se quede en un tipo residual (entre el 0% y el 0,5%), que determinará la Abogacía del Estado.Esta medida podría tener el respaldo del PP, que antes de la comparecencia de la ministra había anunciado la presentación de una proposición de Ley en el Congreso en esta línea. Esta suspensión del impuesto supondrá una rebaja en la factura de la luz para un consumidor doméstico de entre el 2,5% y el 4%, y alrededor del 5% o el 5,5% para el consumidor industrial, según Ribera.

La ministra subrayó la «clara voluntad» del Gobierno de abordar con seriedad la reforma estructural del mercado, asegurar señales fiscales coherentes y regular ordenadamente el almacenamiento para avanzar hacia un modelo energético distribuido, limpio, eficiente y digitalizado. Así, indicó que se opta por esta suspensión del impuesto del 7% a la generación hasta definir «una propuesta de reforma fiscal más global» que, eso sí, subrayó que «debe hacerse con cuidado».

A este respecto, consideró que una rebaja en el caso del IVA que se aplica a la luz, situado en el 21%, es un tema «más complicado, ya que es un ingreso propio de la Unión Europea y no es partidaria de que haya fraccionamientos por tipo de consumidor». «Forma parte de esas cuestiones que son contraintuitivas ¿Cómo es posible que haya un IVA del 21% para un consumidor que por definición es vulnerable? Pero como es un impuesto que no depende de nosotros, no es tan fácil», añadió al respecto Ribera, reconociendo que le hubiera gustado poder ‘tocar’ este impuesto, ya que el impacto sobre el consumidor sería «obvio».

Ribera considera que el sistema actual del mercado eléctrico «no emite las señales adecuadas», con un sistema de fijación de precios en el mercado mayorista pensado hace dos décadas, en el que conviven tecnologías antiguas, como el carbón, la nuclear y el gas, con nuevas, como las renovables, mostrando «el inmenso coste» de los combustibles fósiles y en el que la volatilidad de precios es una tónica, por lo que «se debe de actuar«. Por ello, destacó que el abandono de los combustibles fósiles puede permitir ahorrar 400.000 millones de euros a la economía española hasta el horizonte de 2030, «repercutiendo en la factura eléctrica», y recordó que la transición energética puede movilizar inversiones por hasta 100.000 millones de euros.

Dentro de estas medidas para recuperar el «impacto positivo» que ejercen las energías renovables en el precio, Ribera planteó diferentes líneas de acción urgente para mandar señales adecuadas al mercado, entre las que figuran solventar las barreras existentes al despliegue de renovables o facilitar los contratos bilaterales, los PPA, para desplazar parte de la electricidad contratada en el mercado mayorista a la contratación bilateral a largo plazo de energía de fuentes renovables. «España es uno de los pocos países europeos donde la mayor parte de la energía se obtiene en el mercado mayorista. Tenemos un largo recorrido en la potenciación de los contratos bilaterales», añadió al respecto. Además, también consideró necesario implementar medidas en materia de ahorro y eficiencia energética.

Respecto al autoconsumo, en especial el autoconsumo compartido, afirmó que se debe hacer hincapié en que sea una realidad que reduzca la factura eléctrica, porque el sistema fotovoltaico produce a un precio inferior que la tarifa del consumidor final. «No podemos seguir improvisando y poniendo parches incompatibles con los objetivos de descarbonización a medio y largo plazo, generando expectativas que no se cumplen y que nos acaban pasando factura», añadió.

Asimismo, la ministra apuntó la necesidad de acometer estas medidas estructurales que aborden el funcionamiento del mercado, focalizadas en tres grandes áreas de intervención: el mercado mayorista, que cuenta con una brecha entre precios y costes de las distintas tecnologías que merman la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias; el sistema fiscal, que requiere de mayor coherencia; y el almacenamiento. «Si no abordamos reformas estructurales con respecto al funcionamiento del mercado y el sistema fiscal, es muy difícil que estas cosas puedan cambiar de manera sólida y estable en el tiempo por venir», ha argumentado.

Para Ribera, durante el anterior Gobierno se «perdió el tiempo», abandonando la senda renovable e impulsando medidas «poco predecibles, que generaban confusión e iban en dirección opuesta a la descarbonización». Así, afirmó que «los parches» del Ejecutivo anterior han supuesto «una gran litigiosidad» que ha llevado a España a contar con 42 arbitrajes ante los distintos foros internacionales con unas cuantías reclamadas que se estiman en unos 10.000 millones de euros, así como a unas reclamaciones por los inversores nacionales por otros 5.000 millones de euros. «Los cambios están en marcha y tenemos la clara voluntad de impulsarlos», añadió Ribera.

De esta manera, consideró necesario definir objetivos «ambiciosos» de generación a partir de energías renovables, ya que no sólo han demostrado sus múltiples beneficios ambientales, «sino que son más baratas y reducen el precio de la electricidad». A este respecto, Ribera recordó que este Gobierno trabaja en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030, un documento que se mantenía «en blanco» por el anterior Ejecutivo.

Por otra parte, Ribera, que considera que «la prioridad» de su departamento es, en estos momentos, «abordar la respuesta que se merecen esos 4,6 millones de españoles que están en situación de pobreza energética», anunció que el Ejecutivo elaborará una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética en los próximos 6 meses para disponer de un marco de actuación en este ámbito. Además, señaló que se propondrán medidas concretas para proteger al consumidor doméstico que tendrán como objetivo evitar gastos innecesarios derivados de tener contratada una potencia superior al consumo real, mejorar la información a los ciudadanos y fomentar la cultura energética, entre otros.

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, reclamó al Ejecutivo medidas para frenar la escalada en el precio de la luz, advirtiendo además de que «si no aplican medidas contundentes y eficaces que rebajen» la tarifa «va a ser muy difícil que lleguen a un acuerdo presupuestario«. Belarra ha destacado que el Gobierno deberá «elegir si está con las eléctricas o con la gente»: «Nos gustaría saber si van a romper los lazos con las grandes eléctricas», ha espetado. Por ello, Belarra ha instado al Ejecutivo a «apostar por las renovables», a «quitar las trabas al autoconsumo», o a impulsar planes de rehabilitación energética de viviendas.

Alberto Berrueta, un investigador de la UPNA, aumenta las prestaciones de las baterías de litio en instalaciones de energías renovables

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Europa Press.- El ingeniero industrial de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Alberto Berrueta Irigoyen (Estella, 1989) ha propuesto en su tesis doctoral un nuevo método de gestión que permite obtener unas buenas prestaciones y preservar la vida útil de las baterías de litio, unos dispositivos que, conectados a una instalación renovable, almacenan la energía eléctrica generada.

Según señala en su tesis, las variaciones en la generación eléctrica con renovables, como la solar y la eólica, debido a la nubosidad y al viento cambiante, generan problemas de control en la red eléctrica. Berrueta considera que la tecnología de baterías de litio es un candidato con gran potencial para solucionar estos problemas, debido a la reducción de costes de fabricación, las mejores prestaciones y el mayor tiempo de vida que ofrecen los fabricantes.

«La instalación de fuentes de generación renovables es cada vez más importante a nivel mundial, y se prevé que esta tendencia continúe durante los próximos años», explica Alberto Berrueta, investigador del Instituto de Smart Cities (ISC) de la UPNA. Según añade, «la tecnología renovable ha superado en los últimos años diversos escollos tecnológicos y, tras conseguir un precio competitivo frente a las fuentes de generación convencional, el principal reto al que se enfrenta actualmente es la gestión de su generación variable debido a las fluctuaciones de la radiación solar o del viento. Por ello, la solución es acumular la electricidad generada en baterías de litio».

En su tesis doctoral, Alberto Berrueta ha investigado sobre los mecanismos físicos que rigen el funcionamiento de las baterías de litio y sobre su influencia en una batería que funciona conectada a una instalación renovable. El reto de este investigador ha consistido en desarrollar modelos matemáticos precisos del funcionamiento eléctrico, térmico y de la degradación de la batería, que ha integrado después en un optimizador matemático que calcula la mejor forma de gestionar la batería. «Si se utiliza de una forma demasiado intensa, se degrada más rápido. Por el contrario, si su uso es demasiado relajado, el beneficio obtenido es muy reducido. El algoritmo busca la solución de compromiso entre el beneficio obtenido de la batería y su degradación», señala.

Para las pruebas, llevadas a cabo mayoritariamente en los laboratorios del grupo de investigación INGEPER (Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Potencia y Energías Renovables) dela UPNA, utilizó una batería de litio comercial de 5,3 kWh (kilovatios hora), desarrollada para su uso en sistemas renovables. Estas pruebas sirvieron para cuantificar la precisión de los modelos matemáticos desarrollados y validar su correcto funcionamiento.

El investigador explica que «mientras las grandes empresas como LG o Tesla continúan su frenética carrera por conseguir celdas más baratas y con mejores prestaciones con las que fabricar baterías, la vocación del grupo de investigación INGEPER, en el que me integro, es situarse a la cabeza de la investigación relacionada con los mecanismos de envejecimiento que afectan a las baterías de litio, así como el diseño de estrategias de control y de gestores de la batería o BMS, por sus siglas en inglés, que son herramientas clave para el desarrollo del sector de las baterías de litio en Navarra».

Las aplicaciones de estas investigaciones incluyen, entre otras, el desarrollo de optimizadores que permitan maximizar la rentabilidad de la inversión de grandes plantas eólicas y fotovoltaicas con baterías de litio mediante una gestión inteligente de su operación; el diseño de BMS para vehículos eléctricos ligeros (bicicletas o patinetes); la medición de las características más importantes de las celdas ofrecidas por diversos fabricantes para seleccionar las más convenientes para cada aplicación; o la reutilización de baterías procedentes del sector de la automoción, adaptándolas a los requisitos particulares de las plantas renovables.

Tras realizar su último año de carrera en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Misuri (Estados Unidos), Alberto Berrueta se tituló en Ingeniería Industrial por la UPNA, donde, posteriormente, cursó el Máster en Energías Renovables: Generación Eléctrica. En 2013, se incorporó al grupo de investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Potencia y Energías Renovables (INGEPER) de la institución navarra, donde trabaja en el área de sistemas de almacenamiento eléctrico. En el transcurso de su tesis doctoral, realizó una estancia de investigación de 6 meses en el Fraunhofer Insitute for Solar Energy Systems (Alemania), uno de los centros de investigación de referencia europea en el campo de los sistemas de almacenamiento y las energías renovables.

El nuevo doctor ha participado en varios proyectos de investigación, tanto de financiación pública como privada, y es coautor de 15 publicaciones en revistas y congresos internacionales. Asimismo, ha impartido seminarios en diversos cursos internacionales sobre renovables. Además, en 2015 fue uno de los fundadores de la asociación estudiantil Aperna (Asociación para la Promoción de las Energías Renovables en Navarra).

Leroy Merlin publica su informe de sostenibilidad 2017 para reflejar su apoyo a la eficiencia energética en los hogares

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Europa Press.- Leroy Merlin España publicó su Informe de Sostenibilidad 2017 con el objetivo de construir una empresa más sostenible que contribuya a la mejora global social, económica y ambiental, según indicó la compañía. El informe se desarrolla conforme a varios ejes de actuación. Hogar Sostenible Hoy y en el Futuro pone de manifiesto el desarrollo de soluciones sostenibles de Leroy Merlin gracias a una gama de productos, servicios y proyectos para la sostenibilidad del hogar, sensibilizando a la sociedad sobre su consumo.

Apuesta por la eficiencia energética

Así, la gama Eco Opciones de soluciones sostenibles «ya supone más de un 18%» de sus ventas anuales. Las 74.000 referencias de esta gama, todas ellas validadas por ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo), han sumado a la facturación 375,5 millones de euros en 2017. Además, Leroy Merlin lanzó en 2017 una aplicación digital que permite conocer la calificación energética aproximada de las viviendas, facilita soluciones para reducir el consumo de recursos en el hogar y proporciona consejos para mejorar la eficiencia energética de los inmuebles.

Por último, con Medio Ambiente: Menores impactos en toda la cadena de valor, Leroy Merlin España ha llevado a cabo medidas como la adhesión a la iniciativa europea Lean&Green, que busca reducir un 20% en cinco años las emisiones de CO2 de la logística y el transporte. Además, este 2017, el 65% de los residuos se han reciclado o valorizado.

Putin transmite a Orban que una de las ramificaciones del gasoducto Turkish Stream podría llegar a Hungría

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EFE.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, transmitió en Moscú al primer ministro húngaro, Víktor Orbán, que una de las ramificaciones del gasoducto ruso Turkish Stream, que unirá este país y Turquía a través del mar Negro, podría llegar en el futuro a Hungría.

«Se está estudiando la posibilidad de conectar a los socios húngaros a los nuevos proyectos de transporte del gas. No descarto que una de las ramificaciones terrestres del Turkish Stream podría atravesar Hungría», apuntó Putin, que recordó que Rusia cubre el 60% de la demanda del gas de Hungría, mientras que Orbán insistió en que su país está muy interesado en que el gasoducto Turkish Stream pase por su territorio.

Ambos líderes también hablaron de la marcha del gran proyecto económico que une a Rusia y Hungría: la construcción por parte de la corporación atómica rusa Rosatom de 2 nuevos reactores en la central nuclear de Paks, la única que existe en el país. Las obras debían empezar este año, pero la Comisión Europea mantiene bloqueado el proyecto desde 2015. «Es un proyecto abanderado de la cooperación Este-Oeste, y debemos llevarlo hasta el final», subrayó Orbán. La central nuclear de Paks consta de 4 reactores de hasta 500 megavatios de potencia cada uno, en explotación desde mediados de la década de 1980. La central produce más del 40% de toda la energía que consume Hungría.

Las obras del Turkish Stream, proyectado con la idea de suministrar gas a los países del sureste de Europa, siempre que lo permita la Unión Europea, concluirán en 2019 y los dos hilos del nuevo gasoducto tendrán una capacidad anual de bombeo de 15.750 millones de metros cúbicos de gas cada uno. Rusia ha advertido a la Unión Europea de que debe unir sus gasoductos con la frontera greco-turca para conectarse al Turkish Stream, al descartar que el tránsito de gas a través de Ucrania tenga los mismos volúmenes que hasta ahora, una vez que expire en 2019 el contrato actual entre Moscú y Kiev.

Podemos propone abaratar la factura de la luz reduciendo el coste fijo y el IVA de los consumidores vulnerables

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Europa Press.- El grupo parlamentario de Unidos Podemos registró una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados con un paquete de 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz, entre las que incluye una reducción del coste de la parte fija del recibo, una bajada del IVA para los consumidores vulnerables y una reforma del bono social eléctrico, junto con la creación de un bono social gasista cuyo único criterio de adjudicación sea la renta del hogar.

La citada PNL será debatida en la comisión de Transición Ecológica y expone que el coste energético para la industria española ha tenido el mayor crecimiento acumulado en la última década respecto de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Recuerdan que también la evolución de las tarifas eléctricas para una persona consumidora de electricidad con un perfil medio de 366 kilowatios hora mensuales de consumo han pasado de los 48,95 euros al mes del año 2007 a los 75,52 euros al mes del año 2017. Lo que supone, según recuerda el partido morado, una subida de un 50% con respecto a la tarifa de hace 10 años.

En este sentido, exponen que los incrementos de precio tienen «como principal motor» además de la subida de los peajes y la presión impositiva, «el componente de energía cuyo precio se fija en el mercado mayorista«. Así, exponen que el sistema por el que se fijan los precios determina que el precio del megavatio hora pueda ser igual para la hidroeléctrica que para una central térmica «a costa de las personas consumidoras y del tejido productivo español».

Por ello, plantean como «ineludible» la necesidad de «intervenir y modificar la formación de los precios de la energía en España» ya que consideran que con el actual sistema se ha producido una reducción del margen de actividad para las pymes, una desprotección de los consumidores y un aumento de las reclamaciones convirtiendo así a los ciudadanos y al tejido empresarial en «rehenes del mercado eléctrico».

Para hacer frente a esta situación, el Grupo de Unidos Podemos propone 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz. Así, plantea una reforma de la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, reduciendo los pagos por capacidad que reciben determinadas centrales solo por el hecho de estar disponibles.

Recuerdan que la reforma del bono social de octubre de 2017 puede dejar en riesgo de pobreza energética a 1,7 millones de personas por el complicado proceso de solicitarlo. Por ello, plantean una reforma del bono social eléctrico y crear un bono social gasista para que, en ambos casos, su solicitud sea automática, que el único criterio de adjudicación sea la renta del hogar y que sea suficientemente progresivo como para garantizar que cualquier hogar tiene acceso a un suministro esencial.

A estas medidas se suma la propuesta de reducir el IVA de la electricidad a los consumidores vulnerables. «Una reforma así, garantizaría un abaratamiento de la factura para gran parte de la ciudadanía en su residencia habitual», apostillan en el texto.

Junto con estas propuestas, proponen recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas permitiendo que los usos del agua operen en favor del interés general, facilitando una transición hacia un modelo 100% renovable.

Además, plantean reformar el mercado eléctrico, del tal forma que se apruebe un gravamen sobre el exceso de retribución que reciben en el mercado centrales ya amortizadas, con el fin de «acabar con los beneficios caídos del cielo«.

También piden ajustar la retribución del transporte y la distribución eléctrica, de acuerdo con los recientes informes del organismo regulador y modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.

El partido morado quiere que se impongan nuevas obligaciones a las empresas para facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de los consumidores; que se apoyen reformas normativas para eliminar las trabas al autoconsumo, derogando el «nefasto» Real Decreto 900/2015, que recoge el llamado impuesto al sol e implantar un plan público para fomentar la eficiencia energética y promover techos solares.

A todo ello, añaden una propuesta para desarrollar los certificados de ahorro energético para que las empresas puedan descontarse dichas cantidades de la cantidad que les corresponda aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que actualmente están repercutiendo en factura a los consumidores.

Para Podemos es importante también introducir modificaciones normativas encaminadas al aumento de control y lucha contra la corrupción, que impidan las puertas giratorias desde la gestión pública hacia las empresas energéticas y también realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional. De esta forma se podrían determinar los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución, así como una auditoría específica del déficit de tarifa.

Finalmente, proponen realizar una «reforma de calado» que permita alcanzar un sistema fiscal que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética. «Dicha reforma debería buscar incrementar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con la media europea, al mismos tiempo que incremente la progresividad fiscal».

Mallorca se apunta a la eficiencia con responsables de gestión energética en 33 ayuntamientos de la isla

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EFE.- La figura del gestor energético municipal, encargado de supervisar las tareas relacionadas con los equipos que consumen energía y también contribuir a la lucha contra el cambio climático, estará presente en 33 ayuntamientos de Mallorca. El primer objetivo es lograr un buen control del consumo y el gasto energético mediante la implantación de un sistema de gestión y contabilidad energética municipal. Otro propósito consiste en la redacción del Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima.

El gestor es la persona encargada de las tareas relacionadas con el suministro y el consumo energético de una organización y especialmente de realizar acciones para fomentar el uso eficiente y el ahorro de energía para ajustar el consumo y también de intentar cubrirlo con energías renovables. Los municipios que tendrán gestor energético son: Alcúdia, Andratx, Algaida, Banyalbufar, Binissalem, Bunyola, Campanet, Campos, Capdepera, Costitx, Esporles, Felanitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, y Llucmajor. También Mancor de la Vall, Manacor, Marratxí, María de la Salud, Montuïri, Muro, Porreres, Puigpunyent, Sa Pobla, Servera, Santa Margalida, Santa Maria del Camí, Santanyí, Ses Salines, Selva, Sineu, Son Servera y Valldemossa.

Rural de Energías Aragonesas invertirá 20,5 millones en un parque eólico en las cuencas mineras de Teruel

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EFE.- El Consejo de Gobierno ha declarado como Inversión de Interés Autonómico el parque eólico El Cubo 1, de 20 megavatios de potencia, ubicado en los términos municipales de Escucha, Mezquita de Jarque y Rillo (Teruel), en las cuencas mineras, que supondrá una inversión de 20,5 millones de euros.

Desde el Ejecutivo autonómico explican que el desarrollo del proyecto, presentado por la sociedad mercantil Rural de Energías Aragonesas, supondrá la creación de 18 a 20 empleos directos vinculados a su construcción, que se extenderá durante un periodo aproximado de 5 meses. En la fase de explotación se requerirá la contratación de entre 3 y 4 personas de alto grado de especialización para llevar a cabo las labores de mantenimiento del parque durante los próximos 25 años. La generación neta de energía eléctrica estimada que producirá el parque eólico será de 59,25 gigavatios hora anuales.

Este parque se suma a otros dos aprobados el pasado 4 de septiembre de 2018 en estos municipios turolenses, inversiones que se consideran muy significativas y relevantes para su desarrollo, especialmente de Rillo y Mezquita de Jarque, que juntos suman una población de 194 habitantes. En lo que se refiere a energía eólica, en Aragón se encuentran en tramitación 142 proyectos con 4.116 megavatios, de los que cuentan con autorización administrativa de construcción 67 proyectos por 2.140 megavatios y con declaración de Inversión de Interés Autonómico 81 por 2.829 megavatios.

La Junta de Extremadura otorga la declaración ambiental positiva a una planta solar fotovoltaica de 50 MWp en Trujillo (Cáceres)

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EFE.– El proyecto de instalación solar fotovoltaica La Solanilla y la infraestructura de evacuación asociada, de 50 MWp, proyectada en el término municipal de Trujillo (Cáceres), ha obtenido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva por parte de la Junta de Extremadura.

La resolución, dictada el pasado 5 de septiembre por la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio, ha sido publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

El promotor de la planta es la empresa FRV La Solanilla, SL, con domicilio en Madrid.

El objeto del proyecto es la instalación de una planta solar fotovoltaica de 39 MW nominales y 49,995 MWp y línea de evacuación de 220 kV, que consiste en un tramo aéreo de 2,94 kilómetros de longitud y uno soterrado a su llegada a la subestación de Red Eléctrica de España (REE) de Trujillo de 33/220 kV.

La planta estará compuesta por 151.500 módulos fotovoltaicos de 330 Wp, montados sobre un sistema de seguimiento solar horizontal a un eje y 27 inversores de 1.438 kVA.

La OCDE advierte de que pocos países tienen un precio del CO2 suficientemente caro para cumplir el Acuerdo de París

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Europa Press.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) asegura que pocos países han elevado el precio de emitir dióxido de carbono (CO2) lo suficiente como para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París contra el cambio climático.

En este sentido, la OCDE advierte a los Gobiernos que tiene que incrementar el precio del CO2 «mucho más rápido» si quieren alcanzar sus compromisos de recortar las emisiones y reducir el impacto del cambio climático bajo el Acuerdo del Clima. El estudio concluye que aunque los precios de la tonelada de CO2 están subiendo poco a poco, todavía su impacto es demasiado bajo como para provocar un impacto significativo luchando contra el cambio climático.

El estudio muestra que la brecha del precio del carbono, que compara los precios actuales con el coste real del clima que se estima en unos 30 euros por tonelada de CO2, fue del 76,5% en 2018.Esta comparación mejora el 83% de diferencia entre estas dos variables que había en 2012 y también la brecha del 79,5% de 2015.

Sin embargo, el estudio sugiere que a este ritmo, el precio del carbono solo llegará a ser equivalente a su coste real en 2095. Por ello, la OCDE insiste en que se necesita una acción más rápida para incentivar a las empresas a innovar y enfrentarse al reto de completar una economía baja en carbono y estimular a las familias y consumidores a adoptar estilos de vida bajos en carbono.

Se esta “perdiendo el tiempo”

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, ha denunciado que el «abismo» existente en la actualidad entre el precio del carbono y el actual coste de las emisiones del planeta es «inaceptable». «Establecer un precio correcto del carbón es una forma efectiva para frenar el cambio climático. Estamos perdiendo una oportunidad de conducir a las economías a una senda de crecimiento baja en carbono y perdiendo el tiempo cada día que pasa», ha sentenciado.

El informe compara los precios del CO2 de acuerdo con criterios como la tasa efectiva del carbono, que es la suma de tres componentes: los impuestos específicos a los combustibles fósiles, las tasas al carbono y los precios que permite el comercio de emisiones. Estos tres instrumentos aumentan el precio del carbono y al mismo tiempo bajan los precios de las tecnologías de los combustibles bajos o cero emisores de CO2, por lo que impulsa a que los usuarios de energía apuesten precisamente por las opciones bajas emisoras de CO2.

Por países, la OCDE encuentra que los precios del CO2 en 2015 presentaban grandes diferencias que van desde el 27% en Suiza y de más del 90% en algunas economías emergentes. Asimismo, Francia, India, Corea, México y Reino Unido redujeron sustancialmente la brecha entre estos dos factores (el precio del CO2 y su coste real) entre 2012 y 2015. La OCDE pone de ejemplo algunas nuevas iniciativas sobre precio del CO2 puestas en marcha en países como Canadá, China o Francia y considera que podrían contribuir a reducir significativamente estas diferencias. La intensidad de CO2 en los países en desarrollo es frecuentemente más baja en los países con menor diferencia en el precio del CO2.

Rusia estima que el precio del barril de petróleo caerá hasta los 50 dólares en el largo plazo

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Europa Press.- El ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, asegura que el precio actual del barril de petróleo, sobre los 80 dólares, es «temporal» y se debe principalmente a las sanciones sobre Irán, por lo que a largo plazo se establecerá en torno a 50 dólares por barril. En este sentido, Novak indicó que el pronóstico de 50 dólares por barril se basa en las estimaciones de los analistas y las compañías petroleras.

«La situación actual, en la que el precio ha aumentado hasta los 80 dólares por barril se debe a una prima en el precio justificada por los riesgos asociados a las sanciones y a una menor oferta», subrayó Novak. Los operadores de crudo están preocupados por el impacto de las sanciones de Estados Unidos a Irán y el impacto en la disponibilidad de petróleo de cara a finales de año. Novak ya aseguró que los mercados mundiales de petróleo se encontraban en un estado «frágil» debido a las tensiones geopolíticas.

Rusia ha estado bombeando oro negro a un ritmo de 11,21 millones de barriles al día, en máximos desde la caída de la Unión Soviética, pero el ministro ruso aseguró que la producción podría caer abruptamente si el Gobierno no logra introducir medidas para estimularla. Novak estima que la producción de petróleo de Rusia en 2018 totalizará 553 millones de toneladas (aproximadamente 11,105 millones de barriles por día), frente a los 547 millones de toneladas de 2017. El objetivo para 2020 es alcanzar los 570 millones de toneladas de crudo.

El ministro esbozó varias medidas destinadas a fomentar un aumento de la producción de petróleo, que está disminuyendo en el oeste de Siberia, la principal región productora del país. Las medidas incluyen una serie de beneficios para la explotación, el desarrollo de nuevos campos petrolíferos y la implementación de un impuesto basado en los beneficios paras las compañías presentes en los campos siberianos. No obstante, el paquete de reformas todavía tiene que ser aprobado por el Gobierno y la Duma.