La industria aérea reclama medidas para lograr mayores progresos en la investigación en combustibles sostenibles y reducir emisiones de CO2

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Europa Press.- La aplicación efectiva de la iniciativa Cielo Único Europeo y una mejora de la arquitectura del espacio aéreo europeo contribuiría a reducir al menos en un 10% de las emisiones de CO2, según el lobby aéreo A4E (Airlines for Europe), lo que permitiría que el transporte aéreo fuera «aún más sostenible en el futuro», por ello la industria reclama su puesta en marcha, al tiempo que pide «políticas inteligentes» e iniciativas para mayores progresos en la investigación de combustibles sostenibles.

La asociación A4E, que engloba a las 5 grandes compañías europeas (Lufthansa, Ryanair, IAG, Air France-KLM y la británica easyJet, entre otras aerolíneas, ha celebrado su tercera cumbre anual, en la que se comprometieron a fijar metas de sostenibilidad para apoyar los objetivos de la Unión Europea. La A4E, junto con la industria del transporte aéreo de la Unión Europea, se encargará de elaborar una hoja de ruta para definir la manera en que «una combinación de medidas y políticas adecuadas» podrían ayudar al sector aéreo a cumplir dichos objetivos.

La industria aérea ya cuenta con soluciones para reducir el impacto climático de la aviación en los próximos 15 años, como una «mayor utilización de carburantes sostenibles y la modernización de la flota, que según la A4E, deben acompañarse de la resolución urgente de los actuales problemas de ineficiencia del espacio aéreo para «sacar un mayor partido» a las medidas aplicadas por las compañías aéreas.

«Estamos convencidos de que las compañías aéreas en la Unión Europea, y Europa en general, pueden ir más lejos para dirigir el desarrollo de una hoja de ruta para una aviación sostenible», ha afirmado el director general de Airlines for Europe, Thomas Reynaert. Así, considera que aunque los niveles de eficiencia del combustible de aviación han mejorado en un 2% anual en Europa, se «podrían realizar más progresos significativos si actuales iniciativas de investigación y desarrollo, como las tecnologías de motores eléctricos e híbridos y los combustibles sostenibles alternativos estuvieran mejor financiadas y si se tomaran las decisión políticas apropiadas para eliminar los obstáculos existentes».

Las compañías aéreas europeas han ahorrado 20 millones de toneladas de emisiones de CO2 desde 2014, lo que equivale a 1,6 millones de vuelos dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) o a 100 días de vuelo, según se desprende de un nuevo estudio, publicado por SEO Economics en febrero de este año, sobre el impacto medioambiental de las interrupciones al tráfico e ineficiencias en el espacio aéreo europeo. «La industria necesita más apoyo en cuanto a los esfuerzos realizados para reducir la dependencia a los combustibles fósiles«, ha concluido Reynaert.

La demanda de energía eléctrica desciende un 5,2% en febrero y la energía nuclear es la principal fuente de generación

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Europa Press.– La demanda peninsular de energía eléctrica en febrero fue de 20.174 gigavatios por hora (GWh), lo que supone un descenso del 5,2% en relación al pasado año, una caída que se reduce al 2% si se tienen en cuenta los efectos de calendario y temperaturas. Según datos de Red Eléctrica de España, entre enero y febrero la demanda eléctrica ha sido de 43.426 GWh, un 1% por debajo del mismo periodo del año pasado, un 0,7% con los datos corregidos.

En su conjunto, las tecnologías de energía eléctrica que no emiten dióxido de carbono (CO2) generaron cerca del 63% del total en la península en el mes de febrero. En cuanto a las fuentes de energía renovable, estas representaron el 38% de la producción. Además, la producción de origen eólico en febrero alcanzó los 3.619 GWh, lo que supone una caída de casi el 22% en relación al pasado año.

De esta forma, tras la nuclear, que es la fuente que mayor cuota de mercado presentó en febrero, un 24,3%, se sitúan la eólica (18,5%); la hidráulica (12,9%); la de ciclo combinado (12,7%); la de cogeneración (12,2%); y la del carbón (11,5%). Le siguen la solar fotovoltaica, con el 3% de toda la generación; la solar térmica (1,4%); los residuos no renovables (0,9%); los bombeos (0,8%); y los residuos renovables (0,3%). El conjunto de otras tecnologías renovables alcanza el 1,5%.

Ribera ve “muy lejos de la realidad” que Bruselas pida la devolución de las ayudas a Alcoa por la interrumpibilidad

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que la posibilidad de que la Comisión Europea vaya a reclamar a España que recupere las ayudas concedidas a plantas electrointensivas como las de Alcoa en las subastas de interrumpibilidad es «prejuzgar enormemente» el resultado final de las conversaciones entre Bruselas y el Gobierno y «está muy lejos todavía de la realidad«. «Pensar que esto pueda acabar en una devolución de ayudas está muy lejos todavía de la realidad», insistió Ribera.

El Ejecutivo comunitario y las autoridades españolas llevan un tiempo manteniendo contactos para «reorientar» estos mecanismos de capacidad a las normas europeas sobre ayudas de Estado. El dossier se remonta incluso a la etapa de Álvaro Nadal. Desde el Ministerio de Transición Ecológica, además, se recuerda que el Gobierno «está trabajando con cómo combinar opciones para el sector electrointensivo» que sean «compatibles» con las normas comunitarias sobre ayudas de Estado.

Alcoa era el principal actor de las subastas de interrumpibilidad que ahora evalúan las autoridades europeas, puesto que abarcaba aproximadamente el 30% de ellas. En concreto, recibió unos 1.000 millones de euros para rebajar los costes de la factura de la luz en los últimos 10 años a través de dichas subastas. El Ejecutivo comunitario anunció en abril de 2015 una investigación sobre los mecanismos de capacidad que aplicaban algunos socios europeos. Concretamente, este análisis se centró en 11 Estados miembros, entre los que se encuentra España, que con 4 es el país con mayor número de mecanismos de capacidad.

En aquella investigación, cuyo informe final se publicó en 2016, la Comisión Europea identificó 28 mecanismos de capacidad existentes o previstos por estos 11 países, que se enmarcaban en 6 categorías (licitaciones de adjudicación de nuevas capacidades, reservas estratégicas, pagos de capacidad específica, modelos de comprador central, obligaciones descentralizadas y pagos de capacidad para todo el mercado). Los mecanismos de capacidad son remuneraciones que los Estados conceden a operadores de electricidad y otros proveedores para que estén disponibles en caso de necesidad, con el objetivo de garantizar el suministro. Al ser ayudas de Estado que pueden afectar a la competencia en el mercado único necesitan el visto bueno de Bruselas.

La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro que podría afectar a todo el país. Desde el inicio de su investigación, Bruselas ha aprobado ya mecanismos de capacidad en Bélgica, Alemania, Polonia, Grecia y Francia, mientras que ha abierto recientemente una investigación sobre un mecanismo de capacidad de Reino Unido.

Impuesto propuesto a la aviación

Por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que el impuesto europeo sobre el sector de la aviación que han propuesto Bélgica y Países Bajos es «interesante«, pero al mismo tiempo pidió ser «prudentes» y hacer una evaluación para saber si es la mejor opción para incorporar la fiscalidad medioambiental en los regímenes fiscales nacionales.

«Con carácter general me parece que no solamente es legítimo, sino que es interesante que se planteen propuestas así. Pero a la hora de la verdad habrá que ser prudente al reflexionar sobre si ese es el mejor mecanismo, si hay otros y, si es el mejor mecanismo, hasta dónde y cómo se puede aplicar», ha expresado. La ministra ha afirmado que «todos somos conscientes» de que la fiscalidad medioambiental «tiene que tener más peso» en los sistemas fiscales, aunque ha recordado que «siempre ha sido muy complicado» que los países del bloque comunitario se pongan de acuerdo para incorporar nuevos impuestos a nivel europeo.

En cualquier caso, ha asegurado que es «interesante» que los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) debatieran en febrero a propuesta de Países Bajos un gravamen sobre el sector de la aviación y ha explicado que los responsables de Medio Ambiente mantuvieron un «intercambio» sobre la base de la propuesta de Bélgica. El Gobierno belga defiende que son necesarios «esfuerzos adicionales» para atajar el «continuado crecimiento de las emisiones» de gases de efecto invernadero de este sector y para evitar que otros sectores tengan que compensar este incremento.

«Un elemento importante de estos esfuerzos sería una tarifa justa y correcta al transporte aéreo», señala el documento, que añade a continuación que «en actualidad no están gravados ni el queroseno ni los billetes de avión a través del IVA». Además, Bélgica cree que en un futuro impuesto a la aviación debería tener en cuenta los costes externos, a través del principio de que «el que contamina, paga» y serviría para «restaurar una competencia justa con otros modos de transporte».

Las renovables aportaron un 17,5% del consumo final de energía en 2017 frente al 10,7% de 2008, según el IEE

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Europa Press.- La proporción de energías renovables en el consumo final bruto de energía alcanzó en España un promedio de 17,5% en 2017, lo que ha supuesto un incremento de 7 puntos porcentuales respecto a 2008 (10,7%), según datos recogidos por el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

Este porcentaje coincide justo con la media europea, que también registra una aportación del 17,5%, lo que supone un nuevo avance hacia el objetivo de lograr una media del 20% que se ha fijado para 2020 en la Unión Europea. 11 países europeos ya han alcanzado sus objetivos nacionales. Suecia se sitúa en primera posición como el país donde la energía renovable cuenta con una mayor aportación en el consumo final bruto de energía en 2017, un 54,5%, frente al 45,2% que registró en 2008, año en el que también lideraba la lista. A continuación, superando la aportación del 30%, figuran Finlandia (41,0%), Letonia (39,0%), Dinamarca (35,2%) y Austria (32,5%). Estonia supera el 29%, mientras que Portugal alcanza el 28%.

Croacia (27,3%), Lituania (25,8%), Rumanía (24,5%), Eslovenia (21,5%), Bulgaria (18,7%) e Italia (18,3%) también superan la media europea, que iguala España con una aportación del 17,5%. En el otro extremo, Luxemburgo cierra la lista, con una aportación de únicamente el 3,5%. Le siguen, con una aportación inferior al 10%, Malta (3,7%), Países Bajos (4,7%), el Reino Unido (5,3%), Bélgica (7,5%), Irlanda (7,6%) y Chipre (8,1%).

La CNMC considera «adecuado» el decreto que regula el autoconsumo de electricidad pero sugiere mejoras antes de su aprobación

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que el real decreto ley que regula el autoconsumo de energía eléctrica constituye un marco «adecuado» para su desarrollo, aunque propone la mejora de la definición de qué se entiende por instalaciones próximas y clarificar el mecanismo de compensación simplificada.

El regulador ha emitido un informe sobre la propuesta del Gobierno para regular las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo energético, considerando que «en líneas generales» crea un marco normativo que permite «el impulso definitivo» al autoconsumo. La CNMC cree que simplifica las modalidades de autoconsumo y los trámites administrativos y de registro, que define el concepto de instalación próxima a los efectos de regular el autoconsumo colectivo o que confirma la eliminación del cargo a la energía autoconsumida.

También destaca que la propuesta crea un mecanismo de compensación simplificada para retribuir al autoconsumidor con excedentes los vertidos de energía a la red, y facilita la instalación de elementos de acumulación sin más requisitos que cumplir las normativas de seguridad y calidad industrial, al mismo tiempo que ha tenido en cuenta elementos «de gradualidad y prudencia» a la hora de regular los aspectos más novedosos introducidos por el decreto.

No obstante, y sin perjuicio de esta valoración positiva, la CNMC matiza que, respecto a la definición de instalación de producción próxima a las de consumo y asociada a las mismas, se debería detallar mejor cómo medir los 500 metros, así como relajar el criterio de referencia catastral para las fincas rústicas (además de aludir al sistema catastral foral). En relación con el mecanismo simplificado de compensación de excedentes, cree que se debería clarificar su aplicación para los consumidores que realicen autoconsumo colectivo sin excedentes.

Con carácter transitorio y para las instalaciones preexistentes a la entrada en vigor de la propuesta, el regulador sugiere relajar la limitación de permanencia de un año como mínimo, desde el alta o modificación del contrato de acceso, en la modalidad de autoconsumo elegida, sin perjuicio de que los sujetos deban cumplir con todas las obligaciones y requisitos que conlleve la nueva modalidad. También recomienda incluir una habilitación normativa expresa que permita al Gobierno establecer y revisar modelos de contrato (en particular, el relativo al mecanismo de compensación simplificada) y de comunicación que deban utilizarse en los intercambios de información entre los distintos agentes (autoconsumidor, distribuidor, comercializador, comunidades autónomas) en el procedimiento administrativo del autoconsumo.

En cuanto a la eliminación de las limitaciones a la representación del autoconsumo en el mercado, propone la eliminación de la limitación prevista en el artículo 53.5 del mismo real decreto, siempre y cuando dicha representación se limite a las energías renovables ligadas al autoconsumo. Por último, considera «en exceso restrictivo» descartar como ubicaciones no válidas para los equipos de medida todas las cubiertas donde se ubiquen las instalaciones de producción, ya que algunas de dichas cubiertas podrían ser transitables.

Las cementeras auguran más cierres de fábricas en España tras Cemex ante el «disparado» coste de la electricidad

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Europa Press.- Los fabricantes de cemento instalados en España auguran nuevos cierres de plantas en el país, tras las 2 recientemente clausuradas por Cemex,en el caso de que la actividad del sector no se recupere. «No es descartable que otras compañías se planteen medidas de reestructuración industrial similares a las de Cemex«, indicó el presidente de la patronal del ramo Oficemen, Jesús Ortiz.

La asociación atribuye los eventuales nuevos cierres al hecho de que a la industria cementera le está «tocando todo lo malo». Así, indicó que al frenazo en la demanda de cemento por la «paralización» de la obra pública se suma la caída de las exportaciones, derivada de la pérdida de competitividad que supone el «disparado» coste de la electricidad, y también la nueva normativa de derechos de emisión de CO2 de la Unión Europea. Por ello, la patronal cementera considera que un eventual cierre de nuevas plantas sería una «decisión lógica» en el caso de que «no se recupere el nivel de actividad» en España.

Consumo de cemento se frena

El principal riesgo para el mantenimiento de las fábricas de cemento es la ralentización que la demanda de este material de construcción muestra de nuevo. Oficemen calcula que el consumo crecerá entre un 3% y un 6% este año, frente al incremento de 8% de 2018 y el del 11% de 2017. Según sus datos, la demanda actual de 13,4 millones de toneladas anuales es similar a la de los sesenta y un 40% inferior a la de 22 millones de toneladas estimadas para España.

La causa de este frenazo es, según el sector, la «paralización» que presenta la ejecución de obra pública, que no se compensa con el repunte en la construcción de viviendas y que, además, se mantendrá dado el calendario electoral. A ello se suma al desplome del 12% contabilizado en las exportaciones de cemento. En este caso, lo achaca a la pérdida de competitividad que les supone la factura de la luz de sus fábricas, «hasta un 30% superior a otros países del entorno», y el incremento de los costes de emisión de CO2, además pendientes de una nueva normativa europea.

Ante esta coyuntura, la industria de cemento asegura necesitar «como el oxígeno» medidas concretas más allá del anuncio de planes para empresas electrointensivas y el diseño de estrategias para el sector, que consideran «positivas». No obstante, la patronal asegura que el sector no se recuperará hasta que no se reactive la «ejecución» de obras públicas, el principal motor del consumo de cemento, dado que tradicionalmente ha supuesto más de la mitad de la demanda total.

España se suma a los nuevos reglamentos europeos de ecodiseño y etiquetado energético con el objetivo de ahorrar energía

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Europa Press.- El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio para la Transición Ecológica colaboraron con la industria española y otras organizaciones para la adopción de los reglamentos de armonización que han de cumplir una amplia gama de productos en materia de ecodiseño y etiquetado energético.

El objetivo consiste en establecer a escala europea los requisitos de eficiencia energética en diversos aparatos domésticos para que estos tengan un menor consumo energético, así como impulsar una mayor eficiencia en la utilización de los recursos materiales utilizados para su fabricación y uso. Estos reglamentos incluyen aparatos de refrigeración domésticos, lavadoras, lavavajillas, aparatos de iluminación y motores eléctricos. Estos serán aplicables a partir de marzo de 2021, es decir, los productos que se vendan a partir de esta fecha consumirán menos energía, además de haber mejorado su diseño en cuanto a prestaciones tales como menor consumo de agua, menor ruido o más eficiencia lumínica.

Además, los reglamentos impulsan la reparabilidad y reciclado de los materiales facilitando el acceso a la información a reparadores y usuarios de dichos productos. Con ellos se espera lograr a nivel europeo unos ahorros energéticos equivalentes al 5% del consumo eléctrico de la Unión Europea. Según la propia Comisión Europea, contribuirán en casi un 50% al logro del objetivo de ahorro de energía de la Unión Europea y en una cuarta parte al objetivo de reducción de emisiones para 2020.

El Gobierno socialista aprobará antes de las elecciones la Estrategia de Pobreza Energética y el decreto de autoconsumo de electricidad

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Europa Press.- El Gobierno aprobará antes de que expire la legislatura la Estrategia de Pobreza Energética y el real decreto por el que se regularán las condiciones para el autoconsumo de electricidad, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que indicó que estas dos materias deben estar «en el frontispicio de un final raro de legislatura corta y enriquecedora».

La ministra explicó que cuando llegó al Gobierno existían medidas «puntuales» para facilitar el acceso al bono eléctrico pero subrayó que no existía «un análisis concreto» respecto a la pobreza energética. «Hay un espacio importante en el que hemos trabajado los últimos meses, en el que se pretende hacer un diagnóstico y una propuesta de introducir un enfoque más profesional a medio y largo plazo«, señaló. En el caso del autoconsumo, el pasado mes de octubre el Ejecutivo ya aprobó el real-decreto ley que, entre otros aspectos, eliminaba el conocido como impuesto al sol del PP para la energía autoconsumida.

La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 contempla un diagnóstico de la situación, establece una definición de pobreza energética y de consumidor vulnerable y objetivos de reducción a 2024. Además, el documento realiza un diagnóstico de la situación en España, determina ejes de actuación y fija objetivos de reducción de este problema social que afecta a entre 3,5 y 8 millones de personas, según el indicador que se analice. Asimismo, Ribera destacó que la transición ecológica es «una oportunidad» para el empleo en el mundo rural a través del impulso a las renovables y al turismo sostenible. De esta manera, afirmó que los convenios de transición justa son proyectos integrados de desarrollo territorial que deben ser «negociados y pactados».

La Estrategia, que se construye con un enfoque integral, con medidas paliativas y estructurales, y con actuaciones a corto, medio y largo plazo, parte de la necesidad de mantener y mejorar los sistemas prestacionales, compuestos en la actualidad por los bonos sociales de electricidad y térmico, que se conciben como «instrumentos de transición» que dejarán paulatinamente mayor protagonismo a «medidas estructurales que busquen afrontar el problema de raíz y a largo plazo». Así, el documento define la pobreza energética como «la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y/o de una vivienda ineficiente en energía».

También enumera manifestaciones de esta pobreza, como son la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar, el retraso en el pago de las facturas, un gasto energético excesivamente bajo o un gasto en suministros energéticos desproporcionado sobre el nivel de ingresos, conforme a los indicadores oficiales del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (EPOV). Asimismo, analiza las implicaciones de este fenómeno sobre la salud, el desarrollo personal, social y de igualdad de oportunidades. La definición de consumidor vulnerable se concreta en aquel «consumidor de energía eléctrica o de usos térmicos que se encuentra en situación de pobreza energética y cumple con las condiciones para percibir las medidas de apoyo establecidas por las administraciones».

El documento plantea objetivos de reducción en el periodo 2019-2024 que permiten evaluar el grado de efectividad y eficiencia de las políticas públicas. El marco de actuación de la Estrategia se organiza en torno a cuatro ejes. En el primero, se establecen medidas para mejorar el conocimiento sobre la pobreza energética a través de la puesta en marcha de un sistema robusto que permite el cálculo periódico de los indicadores de pobreza energética, mientras que el segundo está dedicado a mejorar la respuesta frente a esta situación, a través del análisis de los actuales bono social eléctrico y térmico e, incluso, articulando respuestas extraordinarias para situaciones meteorológicas extremas como la prohibición del corte de suministro.

El tercer eje se centra en el impulso de cambios estructurales para reducir la pobreza energética a partir del análisis del parque de viviendas y el cuarto plantea medidas de protección a los consumidores y conciencia social. El marco temporal de aplicación de la Estrategia será de 5 años, en el periodo 2019-2014, y para su ejecución se prevé el desarrollo de planes operativos. Se designa al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) como órgano encargado del seguimiento de esta estrategia, que estará regida por los principios de cooperación interadministrativa y la alineación de acciones.

Bélgica propone crear un impuesto europeo sobre el sector de la aviación para reducir sus emisiones

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Europa Press.- Bélgica ha propuesto al resto de países de la Unión Europea la creación de un impuesto europeo que grave el sector de la aviación, ya sea a través de la venta de billetes o sobre el consumo de combustible, con el objetivo de que la industria aérea reduzca sus emisiones contaminantes y contribuya a cumplir con los objetivos climáticos de bloque comunitario en el marco del Acuerdo de París.

El gobierno de Bélgica defiende que son necesarios «esfuerzos adicionales» para atajar el «continuado crecimiento de las emisiones» de gases invernadero de este sector y para evitar que otros sectores tengan que compensar este incremento. «Un elemento importante de estos esfuerzos sería una tarifa justa y correcta al transporte aéreo», señala el documento, que añade a continuación que «en actualidad no están gravados ni el queroseno ni los billetes de avión a través del IVA».

Además, Bélgica cree que un futuro impuesto a la aviación debería valorar los costes externos, a través del principio de que «el que contamina, paga» y serviría para «restaurar una competencia justa con otros modos de transporte«. El documento también subraya que crearía incentivos para que aerolíneas y fabricantes inviertan en las medidas adecuadas para transitar hacia una economía neutral desde el punto de vista climático y podría provocar que se utilizasen fondos públicos para impulsar esta transición e invertir en formas de transporte alternativas.

La propuesta belga es similar a otra iniciativa presentada por Países Bajos a los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) a mediados de febrero. Un informe elaborado recientemente por la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y Eurocontrol apunta que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se incrementarán un 21% hasta 2040 en comparación con los niveles registrados en 2017 en el escenario base, hasta las 198 millones de toneladas.

En el escenario más negativo (un mayor tráfico aéreo), las emisiones de CO2 llegarían a las 262 millones de toneladas (un 60% más), mientras que en el escenario menos nocivo (menor tráfico aéreo), se recortarían hasta las 134 millones de toneladas (un 18% menos). Según el estudio, la aviación fue responsable del 3,6% de las emisiones de la Unión Europea en 2016 y representó el 13,4% de todas las emisiones del sector europeo del transporte.

La auditoría energética de Renfe plantea instalar paneles solares fotovoltaicos en sus instalaciones y sistemas eficientes de iluminación y climatización

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Europa Press.- La auditoría energética realizada en Renfe para determinar posibles medidas de ahorro plantea, entre otras, la instalación de paneles solares fotovoltaicos en sus instalaciones y la puesta en marcha de sistemas de iluminación y climatización eficientes. Según ha indicado el Ministerio de Fomento a través de una respuesta parlamentaria, el principal potencial de ahorro detectado en esta auditoría se centra en estos sistemas de iluminación, siendo los talleres las instalaciones con un mayor nivel de consumo, seguidos por las estaciones.

La respuesta de Fomento viene a colación de una pregunta del portavoz socialista del ramo, César Ramos, que se interesó en abril de 2018 por los resultados y conclusiones de las auditorías energéticas previstas tanto en Adif como en Renfe. Estas revisiones se contemplaban a raíz de la trasposición de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo en lo concerniente a auditorías energéticas, una trasposición aprobada a través de decreto en febrero de 2016. Fomento señala que los resultados de la auditoría realizada en Renfe se presentaron en diciembre, tras destinar 237.600 euros en una adjudicación dividida en 3 lotes para analizar el consumo de las series de material eléctrico y diésel y de las instalaciones de la empresa.

Mejor conducción, iluminación y frenada

En el análisis de las series de tracción eléctrica, la auditoría identifica un mayor margen en el modo de conducción y en contar con una iluminación eficiente. En los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia el análisis identifica la resistencia aerodinámica como principal componente sobre el que actuar, mientras que en los servicios convencionales es la energía disipada en el freno. En caso de las series de tracción diésel, los principales consumos se deben al frenado, a las resistencias mecánicas y a las aerodinámicas, y las principales medidas, identificadas en términos de ahorros generados y de retorno de la inversión, se orientan hacia una conducción eficiente, la inclusión de aditivos en el combustible y los sistemas automáticos de parada.

Por otro lado, el Gobierno también informa en su respuesta que Adif tiene previsto presentar los resultados y las conclusiones de su auditoría energética antes de junio. El plazo de realización de estos trabajos, que en un primer lugar se fijaron en 12 meses a partir de su inicio, en septiembre de 2017, se ampliaron otros seis meses, que finalizaron en marzo. La auditoría pretende alcanzar un objetivo del 85% del consumo de Adif y de Adif-Alta Velocidad. Una vez finalice, estos organismos presentarán, en un plazo máximo de 3 meses, la documentación pertinente ante los diferentes organismos autonómicos donde se haya realizado la evaluación.