Los trabajadores de Alcoa están seguros de que «la empresa se sentará a negociar»

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Europa Press. – El presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés, Sergio Sobrido, ha mostrado su convencimiento de que la multinacional terminará negociando con las autoridades su continuidad. «Estamos seguros de que la compañía se sentará, obligada por el Ministerio, a negociar unas condiciones para seguir operando».

Sobrido lo ha explicado así, en unas declaraciones a SER Asturias, en las que ha calificado de «reconfortante» el interés mostrado por los Reyes de España sobre su situación, algo que reveló a primera hora del día el presidente del Gobierno asturiano, Javier Fernández.

De esta manera, la multinacional productora de aluminio Alcoa anunció, hace unos días, su intención de iniciar un periodo formal de consultas para llevar a cabo un despido colectivo en sus plantas de Avilés y La Coruña, por el que se verán afectados un total de 686 trabajadores.

Así, para Sobrido, la reacción unánime apoyando a los trabajadores por parte de las máximas autoridades demuestra que están defendiendo una causa justa y que su reclamación «está llegando donde tiene que llegar».

Para que Alcoa puede seguir operando, Sobrido ha apuntado que en las actuales condiciones es difícil por los costes energéticos. Por eso, ha insistido en la necesidad de introducir las modificaciones oportunas en el sistema de tarifas y homologar las plantas en cuanto al precio de la energía con el resto de instalaciones europeas.

 En cuanto a la falta de inversiones de la multinacional, el presidente del comité de empresa ha explicado que Alcoa tampoco ha invertido en otras instalaciones, como las gallegas de A Coruña o San Ciprián. «Ningún gobierno le ha obligado a modernizar las plantas», ha lamentado.

Por otro lado, el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, ha hecho unas declaraciones en Oviedo en la que ha dicho que ahora «no soluciona nada» que todo el mundo cierre filas para que no se cierre Alcoa. Las soluciones, ha indicado, se tendrían que haber puesto en su momento. Para el empresario asturiano, el cierre anunciado «no es ninguna sorpresa».

 

 

Ribera plantea «repensar» las subastas de interrumpibilidad si Alcoa cierra sus plantas en España tras recibir 1.000 millones en ayudas

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Europa Press.- Alcoa recibió unos 1.000 millones de euros para rebajar los costes de su factura eléctrica en la última década a través de las subastas de interrumpibilidad, que paga a las empresas de gran consumo energético por su disposición a desconectarse en caso de necesidad para el sistema. En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha planteado la posibilidad de «repensar» este sistema tras el anuncio de Alcoa de cerrar sus factorías de Avilés y A Coruña.

Ribera ha destacado que esta empresa era una de las principales beneficiadas de estas subastas pues «sistemáticamente se lleva el 30% de la subasta», unos 90 millones de euros, e incluso ha abierto la puerta a retrasar la próxima convocatoria. «A lo mejor esto lo que nos hace es retrasar esta convocatoria para evitar una distorsión y que se pueden beneficiar las demás si deciden definitivamente cerrar», ha manifestado la ministra, que aseguró que los responsables de la empresa conocían los planes del Ejecutivo de convocar próximamente una nueva subasta.

«Ellos lo sabían y estaba diseñada para favorecer en primera instancia a las empresas más grandes. Evidentemente, con este anuncio, sabiendo que representan el 30% de ese beneficio, pues a lo mejor tenemos que repensar esas convocatorias, de manera que evitemos distorsiones y que puedan favorecer al resto de la industria», ha indicado. Por ello, la ministra ha instado a «entender cuáles otros motivos estructurales pueden estar detrás» de la decisión de cierre de esta empresa. «Entiendo que es una decisión empresarial. Además, de manera recurrente la venían anunciando a lo largo de los últimos años y, sin embargo, luego quedaban tranquilos, paliados, y esperaban a la siguiente vez», apostilló.

La ministra ha resaltado que «lo más llamativo ha sido lo inmediato del anuncio» pues «nadie lo sabía hasta el día anterior». Al conocerlo, Ribera ha asegurado que tanto la titular de Industria, Reyes Maroto, como la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, trataron de contactar con los responsables de la empresa pero «no se pusieron al teléfono». Por ello, la ministra para la Transición Ecológica ha instado a esperar a «entender mejor qué es lo que supone y hasta qué punto de verdad quieren salir» y que, si es así, el Gobierno pueda «encontrar otro industrial que tenga interés en producir aluminio en esas plantas».

Maroto exige mantener las plantas

Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que el Gobierno exigirá a Alcoa mantener las 2 plantas productivas de Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia) que la empresa ha decidido cerrar con el consecuente despido de 700 trabajadores alegando, como uno de los principales motivos, el alto precio de la electricidad que Ribera tildó como una “excusa y cortina de humo”. Reyes Maroto ha anunciado que el Gobierno se reunirá con Alcoa y los sindicatos para escuchar a la empresa, esclarecer las razones que le han llevado a tomar la decisión y así poder hallar cuáles son los escenarios en los que es posible trabajar, con el objetivo de mantener las plantas productivas.

«La decisión nos ha pillado sin conocimiento. Nosotros llevábamos trabajando con ellos desde nuestra llegada al Gobierno», ha explicado la ministra. Tras hablar con el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, así como con los alcaldes de los municipios afectados por las plantas cerradas, Reyes Maroto comprometió una reunión «al más alto nivel» entre administraciones para coordinar actuaciones.

La UNEF y diferentes organizaciones ecologistas celebran la derogación del impuesto al sol tras lastrar el desarrollo del autoconsumo energético

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Europa Press. – La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha valorado «muy positivamente» la convalidación del real decreto-ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores por parte de los grupos parlamentarios, y ha celebrado que sea «la primera legislación española» que reconoce el papel activo del consumidor en el cambio de modelo energético, «una pieza fundamental del Paquete de Invierno de la Comisión Europea».

Según explica el sector fotovoltaico, durante la tramitación paralela de proyecto de ley con procedimiento de urgencia, la UNEF pretende que los grupos parlamentarios «mantengan su coherencia con lo manifestado en mayo del 2018 y se respete el texto relativo al bloque de medidas para fomentar el autoconsumo energético».

En el mismo sentido, aplaude la eliminación de los cargos a la energía autoconsumida que no pase por la red, «conocido popularmente como ‘impuesto al sol’.

Asimismo, UNEF también considera de «gran valor» la normalización y simplificación de los trámites administrativos para las instalaciones de autoconsumo, «cuya complejidad y dilatación hasta la fecha frenaban el desarrollo de estas instalaciones en España».

Por otro lado, la patronal opina que la adopción de esta medida supone un reconocimiento «a toda una apuesta colectiva del sector fotovoltaico y a una demanda social por impulsar el autoconsumo eléctrico en España en un entorno de libre mercado y sin barreras artificiales».

Las ONG también los celebran

Las ONG ambientales Amigos de la Tierra y Greenpeace también han celebrado la convalidación del Real Decreto que ha puesto fin al impuesto al sol en el Congreso de los Diputados, que supone una «vuelta a la sensatez» y el fin de una situación que ha lastrado «el boom» del autoconusmo en España, de modo que consideran que este es «un gran día» para la sociedad y piden el fin de las subvenciones a las «grandes empresas contaminantes».

Así, tras la votación parlamentaria, Amigos de la Tierra ha anunciado que pedirá al Gobierno que trasponga a principios de 2019 la nueva Directiva Europea de Renovables para terminar de apuntalar la revolución renovable en España.

El grupo ecologista espera ahora que empiecen a multiplicarse las iniciativas renovables de energía comunitaria. Para el responsable de clima y energía de la ONG, Héctor de Prado, este es «un gran día» para la sociedad porque la decisión tomada en el Congreso e los Diputados, a su juicio, permitirá avanzar «más rápido hacia una sistema energético descentralizado y renovable» y asume como tarea «abrir dicho sistema a la participación ciudadana».

Por otro lado, Greenpeace ha solicitado también al Congreso de los Diputados que ponga fin a las subvenciones a las grandes empresas contaminantes y acabe con los abusos del mercado.

Por todo esto, la responsable de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace, Sara Pizzinato, ha destacado que es «una gran victoria» terminar con las barreras al autoconsumo porque cuando las personas luchan contra el cambio climático «deberían ser premiadas, no penalizadas».

Del mismo modo, hace hincapié en que se deberá reconocer «de forma justa» el valor de la electricidad que generen los autoconsumidores para acelerar la reducción de las emisiones de CO2 y reducir la factura de la luz para todos los hogares.

Finalmente, pide al Congreso que introduzca una reforma fiscal ambiental y que acabe con las subvenciones a las grandes empresas contaminantes y con los abusos del mercado.  Según Pizzinato, «Abaratar artificialmente el carbón, el gas, el petróleo y el uranio mediante subvenciones mantiene la dependencia desproporcionada a un sistema energético obsoleto, contaminante, peligroso y caro para la ciudadanía». 

El Gobierno, cerca de acordar con la CNMC la devolución de las competencias sobre los peajes eléctricos arrebatadas en 2014

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Europa Press.- El Gobierno está cerca de acordar con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) el traspaso de las competencias para fijar los precios de los peajes del sistema eléctrico, una atribución en manos del Ejecutivo desde 2014. Así lo ha anunciado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su intervención ante el Pleno del Congreso para defender el decreto ley aprobado con medidas dirigidas a combatir la escalada de precios de la tarifa energética.

Entre las medidas incluidas en este decreto ley, hay cambios en las tarifas de acceso, en línea con lo dispuesto en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, como parte del acuerdo del anterior Gobierno con el PNV. Sin embargo, Ribera ha avanzado que «estas competencias van a serlo del regulador», de acuerdo con lo dispuesto en la normativa comunitaria.

«Estas competencias van a dejar de ser una atribución del Gobierno para serlo de la CNMC, con la que estamos a punto de culminar un acuerdo en este sentido», explicó la ministra, que avanzó al Congreso que remitirá este cambio normativo a la Cámara Baja próximamente como modificación de la Ley del Sector Eléctrico. La ministra ha subrayado que «no deben existir agravios comparativos» en el acceso al sistema eléctrico, pues el coste de la energía es «clave» tanto para el consumidor doméstico como para la competitividad del tejido industrial.

España debe instalar 50.000 MW renovables hasta 2030 para alcanzar un objetivo del 35% frente al 32% marcado por Europa

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Europa Press.- España deberá instalar 50.000 megavatios (MW) verdes de aquí a 2030 para alcanzar el objetivo del 35% de renovables de la energía final, según anunció el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, en el Congreso APPA Renovables 2018.

Domínguez señaló que esta hoja de ruta se incluirá en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que España remitirá a Bruselas antes de acabar 2018 y donde se definirá «la senda del país de aquí a 2030», tratando así de «evitar la improvisación«. El secretario de Estado de Energía destacó que esta senda de 50.000 MW nuevos al horizonte de 2030, lo que representa un ritmo de unos 5.000 MW anuales, permitirán duplicar en 12 años el peso de las renovables en la energía, pasando así del 17,5% actual a ese reto del 35%, por encima del 32% del objetivo de media europea.

Además, auguró un objetivo de entre 5 y 4 millones de vehículos eléctricos para ese horizonte de 2030, así como la rehabilitación energética de 100.000 viviendas anuales, lo que obliga «a un gran plan de la mano de los Ministerios de Fomento e Industria», añadió. Domínguez señaló que antes de que acabe 2018 se remitirá al Congreso de los Diputados la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, donde se recogerá esta senda de España hacia la descarbonización. Asimismo, valoró que España tiene capacidad de ser «100% renovable en 2050».

Por su parte, el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, señalo que la alta dependencia energética de España debe «no solo ser un reto, sino también una oportunidad» para aprovechar los recursos del país en renovables. Para ello, Villarig subrayó que será necesario «adaptar la fiscalidad excesiva y recaudatoria» y pidió «no caer en los errores» de anteriores gobiernos que llevaron a una acumulación de déficit de tarifa «tremendo». El presidente de APPA Renovables consideró que 2020 será un año «preocupante» ante la incertidumbre respecto a un posible cambio en la rentabilidad razonable y la evolución de las subastas de renovable, aunque destacó que el sector ha encontrado «receptibilidad» por parte del actual Gobierno.

Inversión en solar y eólica

Por otro lado, las fuentes de energía renovables, en especial la energía solar y eólica, figuran entre las favoritas en inversiones energéticas futuras, según el informe global Tendencias en Energías Renovables elaborado por Deloitte. Según el informe, las exigencias de la demanda, así como la combinación de la reducción de costes y la innovación tecnológica, están propiciando que ambas fuentes de energía puedan competir con las tradicionales, hasta el punto de posicionarse por delante de estas en proyecciones de inversión. El socio responsable a nivel mundial de Power&Utilities de Deloitte, Felipe Requejo, considera que la energía solar y la eólica podrían satisfacer la creciente demanda de empresas, ciudades y mercados emergentes “de manera más económica y baja en emisiones contaminantes«.

El informe considera que la paridad de precios y la continua reducción de sus costes derivada de la innovación tecnológica de estas energías favorecen su competitividad frente a las tradicionales. Así, destaca que en países como China, Estados Unidos, Alemania y otros, ya se alcanzó la paridad en precio para algunas de las energías renovables. En este sentido el LCOE (levelized cost of energy) de la eólica onshore (terrestre) se ha convertido a finales de 2017 en la fuente de energía más barata, con un LCOE de entre 30 y 60 dólares por MWh, mientras que la solar fotovoltaica se ha convertido en la segunda con un LCOE de 43 a 53 dólares por MWh.

Además, señala la continúa mejora de sus capacidades de integración, que permiten a estas tecnologías disponer de la capacidad para suministrar y abastecer la red eléctrica de manera fiable y rentable, así como la evolución de los mercados eléctricos y regulaciones que favorecen las tecnologías libres de emisiones. El informe elaborado por Deloitte también señala otros dos agentes clave en el aumento de la demanda de energías renovables, como son el auge de las llamadas smart cities o ciudades inteligentes, y el gran desarrollo de la demanda en mercados emergentes.

El déficit eléctrico provisional asciende a 1.542 millones de euros hasta agosto, una previsión de 644 millones menos según la CNMC

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Europa Press. – El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.542,1 millones de euros hasta agosto, 643,9 millones menos de lo previsto, según la séptima liquidación provisional de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según informa el regulador, este resultado de la liquidación se debió, fundamentalmente, a la menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares (-357,0 millones de euros) y de la actividad de la distribución (-196,4 millones de euros).

En otro sentido, la demanda en consumo registrada en esta octava liquidación alcanzó los 146.414 gigavatios hora, siendo un 1,7% superior al valor promedio observado en años precedentes.

Esta demanda en consumo representaría el 60,6% de la demanda prevista para el ejercicio 2018, valor superior al promedio registrado en el histórico de las liquidaciones de los ejercicios 2015 a 2017 (59,6%).

Puesto que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, que ha dado como resultado un coeficiente de cobertura del 84,01% y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación.

Si se habla de energías renovables, se han liquidado 63.607 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. Así, la liquidación provisional acumulada y la cuenta correspondiente a la energía generada en el ejercicio 2018 hasta el pasado 31 de agosto asciende a 4.801,12 millones de euros.

Como resultado de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar el coeficiente de cobertura, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 860,155 millones de euros.

Además, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asciende a 49,05 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente.

En la fecha de cierre de la liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 6,250 millones de euros.

 

Sector del Gas

En lo que respecta al sector del gas, el déficit provisional fue de 245 millones de euros, frente a un déficit de 326 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 25%. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación se ha calculado un índice de cobertura del 87,1% de la retribución acreditada.

El total de ingresos liquidables declarados ha sido de 1.846 millones de euros, un 6,6% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior debido al incremento de los ingresos por peaje de transporte-distribución.

En esta octava liquidación del ejercicio, la retribución total acreditada a las empresas es de 1.901 millones de euros, que es un 0,4% superior a la del año anterior.

Por otra parte, el número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras al pasado 31 de agosto ha ascendido a 7,87 millones, con un aumento interanual de 107.414 consumidores (+1,4%), de los que 1,6 millones se suministran con tarifa de último recurso.

 

Bruselas y Bill Gates lanzan un fondo de 100 millones de euros para impulsar la inversión en energías limpias

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Europa Press.- La Comisión Europea y la alianza Breakthrough Energy, liderada por el cofundador de Microsoft Bill Gates, lanzan un fondo conjunto de 100 millones de euros para ayudar a las empresas europeas a desarrollar y sacar al mercado «tecnologías energéticas radicalmente nuevas».

Este instrumento tomará el nombre de Breakthrough Energy Europe y será operativo en 2019, según las estimaciones de Bruselas. La mitad de su dotación correrá a cargo de Breakthrough Energy y el resto de los fondos provendrán del programa europeo de investigación e innovación Horizonte 2020. Breakthrough Energy Europe enlazará financiación pública con capital riesgo a largo plazo de forma que la investigación e innovación pueda salir al mercado «de forma más rápida y más eficiente», según la Comisión Europea.

Se impulsará la eficiencia energética

El fondo se centrará en tecnologías encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en impulsar la eficiencia energética en el sector eléctrico, el transporte, la agricultura y la vivienda. Bruselas ha señalado que se trata de un proyecto piloto que puede servir de modelo para iniciativas similares en otras áreas de trabajo. «Con esta iniciativa, la Comisión actúa para continuar liderando la lucha contra el cambio climático y para cumplir con el Acuerdo de París, dando una fuerte señal a los mercados de capital y a los inversores de que la transición global hacia una economía moderna y limpia está aquí para quedarse», ha enfatizado Bruselas.

El comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, ha destacado que con el lanzamiento de este fondo la Unión Europea está cumpliendo su compromiso de «estimular la cooperación público-privada en la financiación de innovación de energías limpias». «Los científicos y emprendedores que están desarrollando innovaciones para atajar el cambio climático necesitan capital para poner en marcha empresas que puedan llevar estas innovaciones al mercado global. Breakthrough Energy Europe está diseñado para aportar este capital«, ha manifestado Bill Gates. Moedas y Gates fueron los encargados de firmar el acuerdo para poner en marcha el fondo.

Cataluña asegura que el Gobierno se compromete a retirar el recurso a su ley autonómica de cambio climático

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Europa Press.- El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Damià Calvet, ha asegurado que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha comprometido a retirar el recurso del Estado contra la Ley catalana de cambio climático. En este sentido, Calvet considera “necesario que el Gobierno del PSOE retire el recurso para garantizar que se aplica esta legislación; si no, estaríamos pendientes que una eventual sentencia del Tribunal Constitucional nos tumbase estos mecanismos de lucha contra el cambio climático«.

El Tribunal Constitucional levantó la suspensión de la ley, excepto para determinados artículos relacionados con el fracking, pero la Generalitat ha señalado que es necesaria la retirada del recurso para garantizar el pleno despliegue de la norma. Calvet mantiene que la Generalitat no cambiará la legislación, «ni una coma», porque quiere que las partes que afectan a la fiscalidad pueda ser operativa ya que considera que es una normativa útil, moderna y avanzada. Por ello, asegura que el compromiso de la ministra, que «llegó a alabar» la ley, se mantiene, y remarca la importancia de poder aplicar plenamente la normativa.

Ribera y el sindicato UGT califican de «importantísimo» el acuerdo alcanzado para el sector de la minería del carbón

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Europa Press.- UGT Fica considera que el preacuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para el futuro de la minería del carbón y las comarcas mineras es «razonable y positivo» para lograr una transición justa para el sector para el periodo 2019-2027. Asimismo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calificó de «importantísimo» el acuerdo alcanzado.

Ribera indicó que, a pesar de que desde hace años se conocía que el final de 2018 era una fecha clave para el sector, «no se había trabajado» en organizar el proceso. «A 3 meses vista del cierre no había un marco claro sobre cómo acompañar a los mineros y ofrecer en las comarcas alternativas viables con esa actividad», apuntó. Para Ribera, «engañarse sobre el marco era mirar para otro lado», ya que el principal perjudicado siempre «es el más vulnerable, el trabajador, que descubre que le han engañado», subrayó.

La ministra destacó que el acuerdo con los sindicatos permite la jubilación «en las mejores condiciones posibles» y, en lo que respecta a la formación profesional, «se cualifica para otras actividades energéticas e industriales, fuera de la minería». Además, indicó que se creará un «contrato de transición justa para que en aquellas comarcas en las que hay una especial concentración de esta actividad se vayan generando actividades industriales que permitan dar viabilidad económica y la gente no tenga que salir».

UGT, satisfecha con el acuerdo

Por su parte, el sindicato valora que en el preacuerdo se haya conseguido que «no haya salidas traumáticas en el sector» y que se reconozca «una discriminación positiva de las comarcas mineras en materia de reactivación«. El Gobierno, con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, y los sindicatos UGT Fica y CCOO de Industria alcanzaron un principio de acuerdo que da futuro al carbón más allá de 2018.

El principio de acuerdo abarca un ámbito temporal para el periodo 2019-2027, si bien a cada línea de ayudas, y en función de sus características, le corresponde un marco diferente de vigencia. Así, las medidas excepcionales para las empresas van hasta el año 2025 y las medidas en materia de reactivación se extienden hasta el año 2027, siendo hasta 2023 las medidas para la restauración.

Además, el plan social acordado va dirigido a trabajadores de una edad equivalente avanzada de 48 años, con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda o 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. También pueden acceder los trabajadores con 20 años trabajados en algunas empresas mineras, con diferentes reducciones, según el ámbito temporal.

Empleo en actividades de restauración

Mientras, los trabajadores afectados por el cierre de empresas y que no tengan derecho a prejubilación podrán optar por la recolocación en aquellas empresas que continúen después de 2018. Además, para los trabajadores excedentes, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) articulará con las comunidades autónomas su participación prioritaria en las actividades de restauración que se faciliten con las ayudas previstas.

En lo que respecta a la línea de medidas dirigidas a la reactivación económica y desarrollo alternativo de las comarcas mineras para lograr su transformación estructural, recuperación económica y bienestar social, conllevan ayudas económicas destinadas a financiar nuevas instalaciones empresariales y a ampliar las existentes, así como la puesta en marcha de un plan de acción urgente para las mismas.

En un afán de recuperar la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) los sindicatos han pactado con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo (IRMC) su recuperación convencidos de aprovechar su doble vertiente, la tecnológica y la de potenciación de la actividad económica, destinada a jugar un papel determinante cómo agente de desarrollo territorial. Para ello se pondrá a la Ciuden al servicio del proceso de transición energética justa.

La central nuclear de Almaraz valora en 91 millones el impacto negativo que supondría su cierre en la economía extremeña

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Europa Press. – La Central Nuclear de Almaraz ha cifrado en 91 millones de euros el impacto negativo que supondría el cierre de esta instalación en la economía extremeña, que genera 2.900 empleos en la región entre directos, indirectos e inducidos, y 45 millones de euros de contribución al entorno en el que se sitúa.

Así lo han expresado el director de la Central Nuclear de Almaraz, Rafael Campos, y el responsable de Relaciones Institucionales de la Central Nuclear de Almaraz, Aniceto González, en una rueda de prensa ofrecida en Navalmoral de la Mata a los medios de comunicación. Los protagonistas han hecho un balance de la operación de la planta durante el primer semestre de 2018, en el que ha obtenido unos «resultados excepcionales».

Específicamente, durante el primer semestre de 2018, la producción bruta generada entre las dos unidades de la Central Nuclear de Almaraz ha sido de 8.150 millones de kilovatios hora (kWh), mientras que la producción neta conjunta se ha elevado a 7.860 millones de kilovatios hora (kWh).

Según ha explicado Campos, estos datos ponen de manifiesto que la Central de Almaraz produce el 6% de la energía eléctrica que se consume en todo el país, por lo que se trata de «una de las centrales que más aporta», ya que supone entre un 25 y un 30% de la producción nuclear española.

Además, el director de la Central Nuclear de Almaraz ha destacado que en este semestre la planta ha conseguido su «misión, que es producir energía eléctrica de forma segura, fiable y por supuesto protegiendo en todo momento al público, al medio ambiente y la instalación».

Del mismo modo, Campos ha destacado que la Central Nuclear de Almaraz es «motor generador de empleo», ya que a cierre del segundo semestre de 2018 su plantilla es de 405 empleados propios, más otros 400 trabajadores diarios de empresas especializadas, y a los que se suman los 1.200 trabajadores adicionales de las paradas de recarga.

En su explicación, Campos ha destacado el semestre «intenso» que ha supuesto en la Central Nuclear de Almaraz debido a la recarga de la unidad II, la preparación para la puesta en servicio del Almacén Temporal Individualizado, o la visita durante tres semanas de una misión OSART.

De esta manera, Campos ha señalado que en febrero la Central Nuclear de Almaraz recibió la visita de los miembros del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) así como de técnicos expertos de otras plantas nucleares, que analizaron y evaluaron diversos aspectos de la planta.