Las agencias humanitarias consideran reemplazar el combustible por la energía solar para abastecer a las explotaciones agrícolas

Europa Press.- Las agencias humanitarias están considerando reemplazar el combustible por la energía solar, ya que consideran que es barato y difícil de robar, además de ser una fuente de energía ideal en muchas zonas de guerra y de desastre. Si bien la tecnología no ha avanzado lo suficiente como para hacer viable un cambio completo, algunos proyectos solares ya están en marcha en el campo y los trabajadores esperan que muchos más los sigan.

«El suministro es demasiado fácil de cortar. Hay muchas malas prácticas para ganar dinero con combustible «, ha señalado Andy Bastable, jefe de proyectos de agua y saneamiento de Oxfam. El combustible se puede usar como un arma, puede ser robado por milicianos, vendido en el mercado negro, o debe ser trasladado a grandes distancias para llegar a los campamentos fuera de la red de suministro, lo que aumenta los precios para el sector humanitario. Sin embargo, el sol brilla en las zonas donde trabajan.

«En el 90% de los casos, estamos actuando en lugares donde hay un suministro solar abundante», ha manifestado Per-Erik Eriksson, un ingeniero de la organización sin fines de lucro Médicos Sin Fronteras (MSF). «Para evitar desafíos logísticos y, con el tiempo, ahorrar costes, la energía solar sería una muy buena solución en la mayoría de nuestros proyectos«, ha aseverado. Las renovables, como la energía solar, son clave para reducir las emisiones que afectan al clima y para mantener el aumento de la temperatura de la Tierra a 1,5 grados centígrados.

Según un informe del Panel Intergubernamental de la ONU sobre el Cambio Climático, la energía renovable tendría que suministrar entre el 70% y el 85% de la electricidad para 2050 para mantener la temperatura, en comparación con el 25% actual. Para el ingeniero Talal Kanaan, el despliegue de aproximadamente 500 paneles solares en 2017 para alimentar a los hospitales en Siria fue la manera lógica de mantener en funcionamiento el sistema sanitario del país. «El papel de la energía solar era aumentar la resistencia del sistema sanitario», afirmó Kanaan, fundador de Syria Solar, parte de la coalición de médicos UOSSM.

La red eléctrica de Siria ha sufrido un gran golpe después de 7 años de guerra, dejando a los hospitales dependientes de generadores de diésel y a merced de la escasez de combustible. «Los precios y la disponibilidad de combustible son volátiles. Ese es el problema: la fuente proviene de una zona que está en conflicto o al otro lado de la línea de fuego», recalca Kanaan. Según Kanaan, el sistema solar puede alimentar completamente una unidad de cuidados intensivos, salas de operaciones y departamentos de emergencia durante hasta 24 horas sin diésel, que supone entre el 20% y el 30% del precio energético del hospital. Además ahorraría alrededor de 7.000 litros de diésel mensuales.

Eriksson, de MSF, ha afirmado que hay una gran necesidad de utilizar la energía solar en emergencias, especialmente en zonas rurales que no están conectadas a la red. Eriksson, que ha trabajado en zonas remotas del Congo en proyectos de energía renovable, ha asegurado que entregar combustible era a menudo la parte más costosa. Muchos grupos humanitarios admiten que un cambio completo a una energía más limpia podría llevar años.

Las agencias humanitarias aún dependen en gran medida de los generadores de diésel, según Alain Oppliger, asesor de desarrollo sostenible del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). «Las fuentes de energía renovable, como los paneles solares, requieren tiempo para instalarse. Cuando se necesita energía inmediatamente en una emergencia, los generadores que funcionan con combustible siguen siendo la mejor opción«, ha recalcado Oppliger. Muchos locales de la comunidad ya saben cómo usar los generadores tradicionales que funcionan con combustible, pero la implementación de la energía solar necesitaría un conocimiento especializado.

Sin embargo, uno de los mayores obstáculos es almacenar el exceso de energía renovable en baterías lo suficientemente grandes, según varias agencias humanitarias. «La tecnología no se ha desarrollado mucho, es la última frontera», afirma Bastable de Oxfam. «Si pueden llegar a algún tipo de innovación sobre cómo almacenar mejor la energía, las energías renovables se volverán mucho más atractivas».

Neoenergia, la filial brasileña de Iberdrola, multiplica por cuatro su beneficio a septiembre, hasta 277 millones de euros

Europa Press.- Neoenergia, el gigante energético brasileño filial de Iberdrola, obtuvo un beneficio neto atribuido a los accionistas mayoritarios de 1.169,9 millones de reales (277 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 356,5% más que en el mismo periodo del 2017.

Los ingresos brutos de la compañía resultante de la fusión entre Elektro y Neoenergia ascendieron en el periodo de enero a septiembre a unos 6.571 millones de euros, un 27,03% más. Por su parte, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) de la compañía a cierre de septiembre se situó en unos 820,2 millones de euros, un 63,22% más. Iberdrola es el socio mayoritario de Neoenergia, con una participación del 52,45%, mientras que un 38,21% del capital corresponde a Previ y 9,35% al Banco do Brasil.

Ecologistas denuncia ante la Fiscalía el vertido de biodiésel de Carboneras (Almería) y pide parar la actividad en la fábrica

Europa Press.- Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Fiscalía Provincial el vertido detectado en el litoral de Carboneras (Almería) y ha solicitado que se decrete la paralización cautelar de la actividad industrial de la Refinería de Aceites y Estación de Biodiésel para evitar que se «siga produciendo un daño ambiental irreparable».

La denuncia indica que es un «hecho conocido» en Carboneras que la fábrica «aprovecha» los días de mal tiempo y lluvia «para tirar productos altamente tóxicos para los que tiene capacidad de reciclar y tratar» ya que «el oleaje y el viento dispersa con más rapidez el vertido» y señala que este hecho es conocido como Operación Lluvia. El colectivo conservacionista asegura que hay indicios de que la planta «no tiene actualizadas todas las autorizaciones ambientales» que se precisan en la legislación aplicable a la actividad de fabricación de biodiésel y alude a la obligatoriedad de una autorización ambiental integrada.

En esta línea, traslada que, en diciembre de 2017, la Delegación Territorial de Medio Ambiente reconoció en un escrito dirigido a Ecologistas en Acción que se había realizado una inspección en 2011 y que existen «diversas denuncias» planteadas por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. «La Consejería de Medio Ambiente es perfectamente conocedora de esta situación», afirma en su denuncia al Ministerio Público, al que insta a abrir diligencias de investigación por hechos que podrían ser constitutivos de un delito contra el medioambiente y otro contra la salud pública.

Ecologistas en Acción, que acompaña la denuncia con documental gráfica y escritos en el mismo sentido remitidos al Ayuntamiento carbonero y la Delegación Territorial de Medio Ambiente, insiste en que se está produciendo un «daño ambiental irreparable» y solicita que se decrete la paralización cautelar de la actividad industrial hasta que se garantice un adecuado cumplimiento de las medidas ambientales exigibles para evitar que siga.

Investigación abierta por el Seprona

Agentes del Seprona de la Guardia Civil han abierto una investigación para determinar las causas y el impacto generado por el vertido, el segundo que da lugar a una investigación desde abril. Según han explicado fuentes del Instituto Armado, el vertido no peligroso derivado del tratamiento de aceites vegetales habría escapado de un depósito fluvial según la denuncia que llegó a los agentes desde la Autoridad Portuaria, lo que motivó que una patrulla del Seprona se desplazara hasta el lugar.

En este sentido, desde la Comandancia han explicado que se levantó un acta sobre lo ocurrido y se tomaron muestras para determinar la composición del vertido y los posibles daños que podría haber ocasionado, en su caso. Por el momento, no se ha hecho una estimación de la cantidad de vertido que podría haber alcanzado el mar. La presencia del vertido, que fue grabado y difundido por redes sociales, provocó la «alarma» entre los vecinos de la zona, según el alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela.

Cayuela ha indicado que tanto la Autoridad Portuaria como el Seprona remitirán sus informes, que el propio Ayuntamiento solicitará por escrito junto con toda la documentación de que dispongan para trasladarla a la Fiscalía. “El Ayuntamiento de Carboneras por supuesto que también tomará las medidas oportunas al respecto y estaremos atentos para que esto no vuelva a suceder”, detalló Cayuela.

El Juzgado de Instrucción 1 de Vera (Almería) ya abrió diligencias previas para esclarecer el origen de un vertido de aceite que fue detectado en abril en la desaladora de Carboneras y que procedería presuntamente de la refinería de biodiésel que se encuentra frente a la planta. El procedimiento se incoó a raíz de que, en abril, el gerente de la empresa Acuamed informase a la Guardia Civil de que por una de las paredes de la instalación estaba «emanando un residuo líquido viscoso de color negro en grandes cantidades».

Los demandantes de Castor recurren al Tribunal Constitucional el archivo de la querella presentada contra el almacén de gas

Europa Press.- El Observatorio de la Deuda en la Globalización, el colectivo activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, promotores de la querella #CasoCastor, han anunciado que han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional «por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva» tras la ratificación del archivo de su querella contra el proyecto Castor por parte de la Audiencia Nacional.

El colectivo hace alusión a la decisión tomada el pasado mes de septiembre por la Audiencia Nacional, que desestimó y confirmó el archivo de la demanda penal que acusaba a varios exministros y a los responsables de Escal UGS de varios delitos, entre ellos concierto para delinquir, presentada por este grupo ciudadano el pasado febrero. El colectivo cargaba contra los exministros de Industria, Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria; de Fomento, Magdalena Álvarez; de Medio ambiente, Elena Espinosa; el secretario de Estado de Energía, Ignasi Nieto; el consejero valenciano Juan Cotino; el presidente de ACS, accionista de Escal, Florentino Pérez, y el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro.

En el recurso de amparo presentado ahora ante el Tribunal Constitucional, el grupo ciudadano afirma que «en este caso está en juego la credibilidad del conjunto del sistema político y económico, y también del judicial si no investiga». Asimismo, denuncia la «existencia de corrupción en la administración pública española a partir del análisis de un conjunto de elementos acreditados que demuestran, más allá de la complejidad del proyecto, una inaudita facilidad de tramitación del proyecto Castor acompañada de un singular resultado: una infraestructura que no es operativa pero que mediante su construcción la proyectista ha ingresado altísimas cantidades (sobrecostes añadidos) y todo ello asumido por la ciudadanía en la factura del gas por un valor de 1.350.730.000 euros más intereses».

Además, lamentan que «el marco jurídico internacional de la lucha contra la gran corrupción» quede «huérfano de tutela en el presente caso» y hacen alusión a la «corrupción medioambiental» generada al respecto, pues los «bienes jurídicos afectados no son únicamente de naturaleza económica y por lo tanto la tutela judicial efectiva deviene más necesaria y su acceso debería entenderse como menos exigente». «Es notorio y conocido que el proyecto Castor ha sido la causa de importantes movimientos sísmicos en la zona de Tarragona y Castellón. Sin embargo, y más allá del resultado concreto del procedimiento, nadie puede negar a estas alturas que ha existido afectación medioambiental a raíz del fallido proyecto Castor», prosigue el recurso.

«Por lo tanto, la investigación que se pretende por parte de los recurrentes es una acción popular que busca perseguir y castigar la corrupción en un caso en el que además de haber provocado un grave perjuicio económico al conjunto de la ciudadanía, también ha generado un grave resultado en cuanto a la afectación medioambiental», añade. Además, advierte de que la falta de investigación sea «generadora de impunidad» y concluye que «anticipar que no puede realizarse reproche penal alguno a los hechos denunciados sin tan siquiera practicar diligencia de investigación alguna, como hace la resolución recurrida a pesar de los indicios y argumentos alegados, significa omitir totalmente la actividad propia de los tribunales ante un caso grave como el presente».

El consumo eléctrico de grandes empresas bajó un 2,3% en septiembre

Europa Press.- El consumo eléctrico de las grandes y medianas empresas en septiembre descendió un 2,3% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos del Índice Red Eléctrica (IRE). Desglosado por sectores, el consumo industrial bajó un 3,5%, mientras que el de los servicios aumentó un 0,5%. En el cálculo de estos datos se tuvieron en cuenta los efectos del calendario y la evolución de las temperaturas. Si se observan los datos de los últimos doce meses, el consumo eléctrico de estas empresas aumentó un 0,1% respecto al 2017.

En cuanto a las 5 actividades con mayor consumo eléctrico, la demanda de la metalurgia descendió un 2,6% en tasa interanual, la industria química un 14,3%, la fabricación de otros productos minerales no metálicos aumentó un 2%, la industria de la alimentación un 3,3% y la industria del papel un 1,8%. Otras actividades que también tuvieron una aportación notable al consumo de las grandes empresas durante septiembre fueron el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, con un aumento del 26,1%, y el comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas (+4,4%).

Montero asegura que la subida del diésel no tiene afán recaudatorio» sino que busca preservar el medio ambiente”

Europa Press.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que la equiparación del impuesto del diésel con el de la gasolina que prepara el Gobierno no tiene un «afán recaudatorio«, sino «preservar el medio ambiente» y «cuidar la salud de los ciudadanos».

Así lo señaló durante su intervención en el Pleno del Senado en respuesta a una pregunta de la senadora del PP, Esther Basilia del Brío, sobre si el Gobierno mantiene que el impuesto al diésel no afectará a las clases medias y trabajadoras, en donde ha asegurado que la propuesta intenta que aquellos que más tienen aporten «algo más» para contribuir a las arcas públicas con el fin de «consolidar» el Estado de bienestar, mientras que se bajará la fiscalidad a los que facturen menos.

La senadora popular ha criticado que el sistema fiscal «ataca directamente» al empleo, al ahorro y a la inversión, por lo que cree que los más humildes «pueden pasarlo muy mal». También advertía que el 30% del tributo «lo van a sufragar agricultores, usuarios de calefacción diésel, conductores y autónomos» y en cambio «el coche lo van a disfrutar otros».

De esta forma, ha acusado al Gobierno de convertirse en la «antítesis de Robin Hood» ya que «roba a los pobres para dárselo a los ricos», y ha indicado sobre la fiscalidad que «lo único verde es la gestión y planificación de recursos públicos, que es pura y llanamente recaudatorio». «Nos van a meter en la misma trampa que con las energías renovables, que por llegar los primeros pagamos más que nadie y condujo al déficit tarifario”, auguró la senadora.

Del Brío criticó que el Gobierno prevé recaudar más por esta subida impositiva que por el alza de impuestos a las rentas altas. En concreto, la subida del diésel elevará la recaudación por este impuesto en 670 millones de euros, por encima de lo que prevé ingresar por la subida de impuestos a las rentas más altas (323 millones por el alza del IRPF y 339 millones por la subida de Patrimonio). Por su parte, la ministra aseguró ver una «falta de respeto» las palabras vertidas por la senadora, que a su juicio intentan «desacreditar» la fiscalidad verde, y esgrimió que las subidas impositivas en materia medioambiental tratan de ser «disuasorias» de comportamientos agresivos medioambientales.

Energía compromete un incentivo «adecuado» para mantener las plantas de cogeneración actuales más allá del final de su vida regulatoria

Europa Press.- El Gobierno trabaja en un plan que garantice «un nivel adecuado de incentivo» para mantener las instalaciones de cogeneración actuales mientras se establecen unos mecanismos para la renovación de las plantas que vayan alcanzando el final de su vida regulatoria, según el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. En este sentido, Domínguez señaló que se tendrá «especial interés» en la renovación de las plantas de cogeneración en aquellas instalaciones que «maximizan la eficiencia y mitigan el impacto ambiental«.

La cogeneración lleva pidiendo desde hace años un marco normativo que facilite implementar una hoja de ruta para el sector con el fin de acometer las inversiones necesarias para la renovación tecnológica de sus instalaciones a través de un plan renove. Domínguez, que subrayó que la cogeneración «ha jugado un papel importante en el camino recorrido hasta ahora en la transición energética» y considera que debe «jugar un papel interesante en este tiempo de cambios rápidos», indicó que las reformas abordadas por el Gobierno del PP «contuvieron» la inversión en la cogeneración, lo que está materializándose en «una reducción progresiva de las instalaciones en funcionamiento«.

Asimismo, afirmó que afecta a más de 1.000 megavatios (MW) de cogeneración de los 6.500 MW que se instalaron. «Somos conscientes de que hay un envejecimiento de instalaciones que se aproximan al final de su vida útil. Por lo tanto, somos conscientes de que debemos actuar», añadió Domínguez, que subrayó que la factura de la cogeneración para el sistema eléctrico asciende a unos 1.000 o 1.200 millones de euros anuales, que podrían mantenerse si no se reduce el número de plantas. «El objetivo del Gobierno es mantener las instalaciones», sentenció.

Por otra parte, el secretario de Estado señaló que las subastas han provocado una reactivación de las renovables, lo que ha llevado a que en el primer semestre de este año las inversiones en el sector hayan ascendido a unos 1.200 millones de euros. Por ello, consideró que estamos «en un momento de recuperación de una situación que nunca debimos perder», por lo que apostó por el desarrollo de un marco regulatorio «sólido y estable» que regule esta transición energética.

En este sentido, Domínguez recordó que el Gobierno se comprometerá con una hoja de ruta a 2030, dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que remitirá a Bruselas antes de finalizar 2018, para instalar 5.000 MW al año hasta 2030, con el objetivo de alcanzar el objetivo de una generación eléctrica del 70% renovable al final de ese periodo, lo que «nos obliga a la instalación del orden de 50 gigavatios (GW)», indicó.

Los auditores europeos denuncian los escasos resultados del apoyo de la Unión Europea a las energías renovables innovadoras

Europa Press.- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha denunciado que los esfuerzos de la Unión Europea para apoyar la captura y el almacenamiento de carbono y a las energías renovables innovadoras «no han tenido los efectos esperados», así como que el impuso a programas similares «contribuyó escasamente a la realización de proyectos y a obtener resultados».

Los auditores europeos han evaluado dos programas destinados a apoyar la captura y el almacenamiento de carbono y las energías renovables innovadoras, que son el Programa Energético Europeo para la Recuperación y la iniciativa NER300. Para ello visitaron proyectos en España, Alemania, Países Bajos, Polonia y Reino Unido. Ambos programas contaban con 3.700 millones de euros y fijaron objetivos «ambiciosos», según el Tribunal de Cuentas europeo, que ha recordado que la Unión Europea se comprometió a reducir las emisiones al menos un 40% para 2030. Tras sus visitas, los auditores comunitarios constataron que el Programa Energético para la Recuperación contribuyó «positivamente» al desarrollo del sector eólico marino, pero «no alcanzó sus ambiciones en el ámbito de la captura de carbono«.

A su vez, critican que el programa NER300 tampoco generó «proyectos de éxito» en este campo, así como que «realizó escasos progresos en su apoyo a la demostración de una gama más amplia de tecnologías en el ámbito de las energías renovables innovadoras«. El Tribunal de Cuentas considera que fue el propio diseño de la iniciativa NER300 lo que «limitó» la capacidad de la Comisión Europea y los Estados miembros de «responder de forma eficaz a los cambios en las circunstancias. «La complejidad de los procesos de selección de proyectos y toma de decisiones y otras características del diseño limitaron la flexibilidad del programa», apunta.

A nivel general, los auditores señalan que ambos programas se vieron afectados por «condiciones adversas» para la inversión que, unidas a la inseguridad de los marcos reglamentarios y las políticas, «obstaculizaron o retrasaron el progreso de muchos proyectos de energía procedente de renovables y de captura de carbono«. En consecuencia, recomiendan mejorar la toma de decisiones del próximo Fondo de Innovación y mejorar su coordinación interna para hacer más coherente el apoyo de la Unión Europea y garantizar la rendición de cuentas de ambos programas.

«La Unión Europea se esfuerza por ser el líder mundial en la lucha contra el cambio climático. Para cumplir su objetivo, tendrá que aprender de la experiencia de fracasos anteriores, diseñar mejores mecanismos de apoyo a las tecnologías innovadoras con baja emisión de carbono y garantizar una rendición de cuentas plena de los recursos utilizados«, ha resumido el miembro del Tribunal de Cuentas Samo Jareb.

La Guardia Civil investiga un nuevo vertido presuntamente desde la planta de biodiésel en el puerto de Carboneras (Almería)

Europa Press.- Agentes del Seprona de la Guardia Civil han abierto una investigación para determinar las causas y el impacto generado por el vertido que se produjo el pasado 20 de octubre desde una planta de producción de biodiésel al mar en el entorno del puerto de Carboneras (Almería); el segundo que da lugar a una investigación desde el pasado mes de abril.

Según han explicado fuentes del Instituto Armado, el vertido no peligroso derivado del tratamiento de aceites vegetales habría escapado de un depósito fluvial según la denuncia que llegó a los agentes desde la Autoridad Portuaria, lo que motivó que una patrulla del Seprona se desplazara hasta el lugar. En este sentido, desde la Comandancia han explicado que se levantó un acta sobre lo ocurrido y se tomaron muestras para determinar la composición del vertido y los posibles daños que podría haber ocasionado, en su caso. Por el momento, no se ha hecho una estimación de la cantidad de vertido que podría haber alcanzado el mar.

La presencia del vertido, que fue grabado y difundido a través de las redes sociales, provocó la «alarma» entre los vecinos de la zona, según indicó el alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela, a través de su perfil en Facebook, donde aseguró que acudió hasta la zona para comprobar los daños, si bien a su llegada «ya no había vertidos, solo bajaba el agua de lluvia».

Cayuela ha indicado que tanto la Autoridad Portuaria como el Seprona remitirán sus informes, que el propio Ayuntamiento solicitará por escrito junto con toda la documentación de que dispongan para trasladarla a la Fiscalía. «El Ayuntamiento de Carboneras por supuesto que también tomará las medidas oportunas al respecto y estaremos atentos para que esto no vuelva a suceder», detalló Cayuela.

El Juzgado de Instrucción 1 de Vera (Almería) ya abrió diligencias previas para esclarecer el origen de un vertido de aceite que fue detectado en el pasado mes de abril en la desaladora de Carboneras y que procedería presuntamente de la refinería de biodiésel que se encuentra frente a la planta. La jueza Mónica Villena citó a declarar en calidad de investigado al representante legal de la mercantil F.J. Sánchez Sucesores SAU como titular de la Refinería de Aceites y Estación de Biodiesel en la causa penal que se sigue por un supuesto delito medioambiental.

“Emanaba un residuo líquido viscoso”

El procedimiento, según indicaron fuentes judiciales, se incoó a raíz de que, el 11 de abril, el gerente de la empresa Acuamed informase a la Guardia Civil de que por una de las paredes de la instalación estaba «emanando un residuo líquido viscoso de color negro en grandes cantidades». Cuando los agentes se desplazaron al lugar, comprobaron que «efectivamente» brotaba del lateral de ladera de la montaña «un líquido viscoso de color negro con un fuerte olor a aceite» y el gerente les comunicó que, probablemente, «provenía» de las instalaciones de la refinería de aceite vegetal que se encuentra en las proximidades de la desaladora.

La Guardia Civil procedió entonces a realizar una inspección ocular, fotografías y también a la toma de muestras de vertido para su estudio y el gerente de Acuamed a interponer una denuncia por un delito medioambiental «nuevamente producido por biodiesel, razón por la que ya había presentado varias denuncias anteriormente». Paralelamente, un camión cisterna extrajo por succión el residuo que se estaba vertiendo y que se estaba embalsando en una canalización lateral de la instalación, concretamente en la acequia perimetral de recogida de pluviales, para así evitar que este llegase a desembocar en el mar.

En su declaración como denunciante y perjudicado ante la Guardia Civil, el jefe de la planta señaló que, de no haberse evitado el vertido de este fluido, hubiera desembocado en el mar justo en la zona de captación de agua por la desaladora, «pudiendo ocasionar no solo medioambientales sino también materiales en el sistema de filtración y membranas de ósmosis inversa y el resto de instalaciones donde se trata el agua captada en el mar«.

Trasladó, asimismo, que había hablado con el representante legal de la refinería de Biodiesel y que le había asegurado que no tenía localizado «el punto de rotura ya que la arqueta por donde habitualmente fugaba había sido revisada y no perdía». El líquido vertido se trata de agua con mezcla de aceite tratado. En el auto de apertura de diligencias, que han sido declaradas complejas, la jueza ofició al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para que remitiese informe de los hechos denunciados y citó, al margen de al representante legal de la refinería en calidad de investigado, al jefe de la planta y a una segunda trabajadora como testigos.

EDP Renovables no descarta explorar con Repsol nuevas oportunidades en renovables fuera de sus mercados tradicionales

Europa Press.- EDP Renováveis no descarta explorar más oportunidades con Repsol como aliado fuera de sus considerados mercados tradicionales, según indicó el consejero delegado de la filial renovable, Joao Manso Neto. En este sentido, el directivo señaló que estas oportunidades podrían encontrarse en países como Japón o Francia, «fuera de los mercados tradicionales» de ambas compañías y con aguas profundas donde es «muy complicado desarrollar onshore«.

Manso destacó que Repsol es un socio de EDP Renováveis desde hace años, habiendo ya sido aliados en Reino Unido en el pasado, y con quien tienen «una relación de cooperación en renovables». «La relación con Repsol es antigua y consistente», apuntó. EDP Renováveis y Repsol han lanzado el mayor parque eólico flotante del mundo, Windfloat Atlantic, un proyecto con una capacidad de 25 megavatios (MW) que está situado en aguas de Portugal y cuya inversión inicial ha ascendido a unos 125 millones de euros.

La filial verde del grupo luso EDP es el accionista principal del proyecto, con una participación del 79,4%, mientras que Repsol tiene un 19,4% y Principle Power posee el 1,2% restante. Concretamente, el proyecto acelerará el despliegue comercial de una tecnología innovadora, WindFloat, que permite aprovechar la abundancia de recursos eólicos en aguas profundas, donde no es posible instalar cimientos en el lecho marino. En línea con el desarrollo de este tipo de proyectos eólicos flotantes, EDP Renováveis está estudiando también aspirar a un proyecto en California (Estados Unidos) de más de 100 megavatios (MW).

Por otra parte, Manso apostó por los contratos de compraventa de electricidad (PPA) como camino para impulsar el desarrollo de las renovables en España. «Apostamos más por los PPA en España que por subastas», puntualizó. De esta manera, consideró que el modelo de regulación en España se debe basar más en subastas a precio fijo y no en una regulación «que nos parece muy complicada». Asimismo, el consejero delegado de EDP Renováveis valoró al nuevo Gobierno como «más proclive a las renovables» y reconoció su apuesta por impulsar el autoconsumo.