Cierre nuclear en 2028: el Gobierno no prevé alargar el funcionamiento de las centrales más allá de los 40 años

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Europa Press.- El Gobierno no prevé alargar la vida útil de las centrales nucleares en España más allá de los 40 años, de manera que se obligará al cierre del parque nuclear antes del horizonte de 2030, según indicó el secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

Domínguez indicó que en la decisión de cierre del parque nuclear «va a primar que fueron diseñadas para 40 años» por lo que, aunque se podría prorrogar su vida útil, no es algo que contemple el actual Gobierno. «Lo que sí contemplamos es un cierre escalonado», añadió. «Tienen un diseño de 40 años, pero eso hay que hacerlo compatible con un cierre ordenado y con las capacidades que tenemos en España…hay que hacerlo de la mano del CSN, de acuerdo con las compañías», ha explicado.

Dentro del parque nuclear español, uno de los reactores de Almaraz cumple los 40 años de vida útil en 2021, y este proceso de cierre escalonado se alargaría así hasta 2028 para los 7 reactores existentes en España, cuando alcanza los 40 años la central de Trillo (Guadalajara). «Nos va a llevar probablemente más allá de 2020, pero no llegaremos a 2040. Antes de 2030 habremos cerrado«, afirmó el secretario de Estado de Energía, quien subrayó que habrá un proceso negociación con los diferentes actores para que «sea compatible con un cierre ordenado y con las capacidades que tiene España», así como una fase de desmantelamiento que deberá marcar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Domínguez destacó que el cierre nuclear es «una decisión social» aunque señaló que hay que hacerlo «de una manera segura y ordenada». «Y eso lleva lustros», añadió. No obstante, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica precisaron posteriormente que «no hay ninguna decisión tomada aún» respecto al calendario de cierre para las centrales nucleares y señalaron que está decisión «se adoptará dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima» en el que se trabaja.

Sobre al carbón, también confirmó que 9 de las 14 centrales térmicas que hay en España echarán el cierre en junio de 2020, tras no haber hecho las inversiones requeridas por la normativa europea en desnitrificación y desulfurización para poder continuar con su actividad. En concreto, las 5 centrales que el Gobierno prevé que alarguen su vida más allá de 2020 son las de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), ambas propiedad de Endesa; Los Barrios (Cádiz), de Viesgo, y Aboño y Soto de Ribera (Asturias) y propiedad de EDP España. «En 2030 no habrá ninguna central de carbón, pero mi vaticinio es que van a cerrar bastante antes de una manera natural, y no porque las cerremos», subrayó.

En su participación en el XX Encuentro Sector Gasista organizado por Expansión, Domínguez también advirtió que el sector gasista se deberá reinventar si quiere ir más allá de la primera fase de la transición energética. «El sector gasista está para echar una mano inicial, pero no se puede quedar ahí», afirmó. Así, consideró que el gas va jugar un papel importante en los primeros años de esta transición como respaldo a las renovables tras la desaparición del carbón, pero subrayó que «si quiere luego seguir acompañando tiene que ser diferente, basado en gas renovable, en hidrógeno». «Un sector gasista cero emisiones y diferente al que tenemos hoy», añadió al respecto.

De esta manera, señaló que el gas deberá jugar «un papel importante» en sectores como el transporte pesado de mercancías o en el transporte marítimo. «Están ante un reto muy interesante y tenemos en este sentido que evolucionar desde un sistema y un sector basado en los grandes volúmenes de gestión de algo que sabíamos hacer, hacía un sector que maneje menos volumen, algo diferente, con mucha más ciencia y gestión de lo que ha venido haciendo hasta ahora», señaló.

La Eurocámara pide elevar al 35% el recorte de emisiones contaminantes de camiones para 2030 frente al 30% de Bruselas

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Europa Press.- El Parlamento Europeo ha pedido elevar al 35% el objetivo de reducción de emisiones de gases efecto invernadero de nuevos camiones en 2030, con una meta intermedia del 20% para 2025, ambos en comparación con los niveles registrados en 2019.

Estos dos objetivos son 5 puntos superiores a la propuesta inicial planteada por la Comisión Europea, que aboga por un recorte de las emisiones contaminantes de estos vehículos del 15% en 2025 y del 30% en 2030. Además, el organismo fijaba una sanción económica en forma de prima, siempre que se considere que un fabricante tiene un exceso de emisiones. Los eurodiputados fijaron con 373 votos a favor, 285 en contra y 16 abstenciones sus líneas rojas de cara a las negociaciones que ahora deben comenzar con los Estados miembros.

En concreto, las emisiones de vehículos pesados representan el 27% del todas las emisiones del transporte por carretera y casi el 5% de todas las emisiones de gases efecto invernadero de la Unión Europea, según los datos de 2016. Si no se aprueban nuevos objetivos, las emisiones de camiones y autobuses seguirán creciendo después de haberse incrementado un 25% desde 1990 por el aumento del transporte de mercancías por carretera.

Así, los eurodiputados han pedido que los fabricantes garanticen que los vehículos con bajas emisiones o incluso nulas representen un 20% de las ventas de nuevos vehículos para 2030 y el 5% en 2025. Además, han pedido a la Comisión Europea que elabore antes de 2020 una propuesta para realizar controles de emisiones de camiones en situaciones reales de conducción.

El pleno de la Eurocámara es consciente de que la transición hacia una movilidad sin emisiones provocará cambios en la cadena de valor y tendrá efectos sociales negativos. Por ello, plantean que la Unión Europea ayude a los trabajadores del sector mediante programas de formación y redistribución del empleo, con especial atención a las regiones y comunidades más afectadas. Por último, los eurodiputados han sugerido al Ejecutivo comunitario que evalúe las emisiones de CO2 de vehículos pesados durante todo su ciclo de vida, así como que proponga a los fabricantes la obligación de informar al respecto si lo considera necesario.

En este sentido, el secretario general de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), Erik Jonnaert, denuncia que estos objetivos van «más allá» de la propuesta de la Comisión, considerados ya «desafiantes». «ACEA está particularmente alarmada por los objetivos de reducción de CO2 excesivamente agresivos que la mayoría de los miembros del Parlamento Europeo han respaldado», denuncia la asociación.

La patronal europea acogió con satisfacción, en principio, la propuesta de la Comisión de incentivar a los camiones con bajas emisiones a través de «súper créditos». Sin embargo, los eurodiputados votaron establecer sancionar con bonus malus a los fabricantes que no venden una cuota obligatoria de camiones de cero y bajas emisiones. «Los eurodiputados parecen estar ignorando descaradamente el hecho de que el potencial de electrificación de la flota de camiones es mucho menor que la de los automóviles, debido a problemas como los costes iniciales extremadamente altos, las limitaciones de autonomía, la infraestructura insuficiente, en particular a lo largo de las autopistas, y también los clientes reacios», subrayó Jonnaert.

APPA pide que la Ley de Cambio Climático dé estabilidad regulatoria y una planificación energética a medio y largo plazo

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Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) expresó su confianza en que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética «siente las bases de una necesaria estabilidad regulatoria y marque una planificación a medio y largo plazo» para el sector de las renovables.

En este sentido, la asociación considera que tanto la Directiva Europea de Renovables, que fija el objetivo europeo del 32% de renovables en el mix energético europeo en 2030, como la Ley de Cambio Climático en España, que pretende marcar una meta en 2030 de un 35% de renovables, representan un «impulso al sector renovable nacional». No obstante, reclamó predictibilidad en la transición energética, dado el volumen de inversiones superiores a los 100.000 millones de euros que deberá acometer el sector privado en la próxima década «para dar respuesta a los objetivos fijados para 2030».

El presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, cree que el anuncio de que habrá un mínimo anual de 3.000 megavatios (MW) de nueva potencia en concurrencia competitiva «es positivo para dotar de seguridad al sector». Así, subrayó que la planificación energética «es fundamental» para acometer las inversiones y considera que «es mucho más importante hacer bien la transición energética que tener objetivos”. «Debemos hacer grandes esfuerzos en electrificación y en los sectores difusos, especialmente en penetración de renovables, para satisfacer nuestras necesidades de usos térmicos y transporte», añadió Villarig.

Ribera defiende la importancia del sector del automóvil mientras Pedro Sánchez recalca que otros países prohibirán los coches contaminantes antes

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado en el Congreso que otros países como Alemania pretenden acabar con los vehículos contaminantes hasta 10 años antes que el objetivo que se marca su Ejecutivo. Asimismo, la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, ha defendido la importancia del sector del automóvil y pide trabajar en su evolución para que se adapte a las necesidades del contexto, en el que varios países avanzan para reducir el peso de los vehículos contaminantes.

Así se pronunciaron sobre las líneas generales de la Ley del Cambio Climático, que estudia la prohibición de la matriculación de vehículos que emitan CO2 más allá de 2040, como los diésel, gasolina e híbridos. Ribera garantiza que al Gobierno le importa mucho el peso de la industria del automóvil, que representa el 11% del PIB, y ha defendido que es fundamental que pueda seguir representando ese peso y que el desafío es «hacer evolucionar ese modelo hacia donde tiene que evolucionar», algo que cree que se debe abordar desde el sector y las administraciones.

Ha asegurado que el 85% de los automóviles fabricados en España están destinados a la exportación, y que el 65% de éstos se dirigen a países que se han marcado objetivos similares y en plazos más cortos en algunos casos, por lo que debe llevarse a cabo un proceso de cambio que lleve a producir «aquello que más se demanda» en este contexto. Ribera ha asegurado que ha constatado que «existe un compromiso sincero por parte de todos para facilitar ese proceso de cambio y un marco normativo» que contribuya a mantener el buen posicionamiento de la industria automovilística española.

«Si hablamos de transición, todos tenemos que saber dónde estamos y saber dónde queremos llegar, no decir: Yo me quiero quedar más o menos donde estoy», ha señalado la ministra, que ha subrayado que actualmente no tienen respuestas a todas las preguntas, pero que es importante ir planteando todos los interrogantes sobre los que hay que ir trabajando para avanzar.

Ribera ha destacado que “los inputs que lleguen van a ser fundamentales para poder ultimar este borrador» de la Ley de Cambio Climático. «Creemos que presentamos objetivos ambiciosos, que son los objetivos que debemos marcarnos si nos tomamos en serio las obligaciones internacionales que España asumió» al ratificar los acuerdos de París contra el cambio climático, ha destacado la ministra, que ha resaltado que estos objetivos requieren cambios importantes en la estructura económica y energética.

Ribera intervino en un encuentro de la red de ciudades contra el cambio climático C40, en el que sostuvo que combatir el cambio climático es un proyecto común y compartido que debe perseguirse de forma transversal en cada acción: «Tenemos la capacidad y la obligación de hacerlo. Tenemos que saber en qué lado de la historia queremos estar«. La ministra asegura que las ciudades son «factores fundamentales» en este ámbito.

La patronal Protermosolar cree que las centrales termosolares son «la pieza que les falta a las energías renovables» como respaldo

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Europa Press.- El presidente de Protermosolar, Luis Crespo, impartió la conferencia inicial en la XII Cumbre Internacional de Concentración Solar Termoeléctrica en España, donde indicó que las centrales termosolares «son la pieza que les falta a las energías renovables, la eólica y la fotovoltaica, para complementar su producción y eliminar la dependencia respecto a los ciclos combinados».

En el informe Transición Energética del Sector Eléctrico, Protermosolar demuestra que no harían falta las centrales nucleares ni la totalidad de ciclos combinados para disponer de una generación mayoritariamente renovable cumpliendo todos los requisitos y a un precio final inferior a 0,05 euros por kilovatio. «No se entendería que países como España no aprovechasen las excelentes condiciones para el despliegue de centrales termosolares», ha indicado Crespo, que añade que estas permitirían avanzar hacia una generación eléctrica mayoritariamente renovable, retirando las centrales de carbón y las nucleares sin sufrir un encarecimiento.

Además, el presidente de Protermosolar asegura que es posible limitar a 2030 el respaldo del gas a niveles inferiores al 5% con el despliegue de una nueva potencia termosolar, junto con las tecnologías, eólica, fotovoltaica y biomasa, y junto con una contribución de la hidráulica. En la Cumbre participaron más de 27 países y se expusieron los casos de Emiratos Árabes, Marruecos, China, Sudáfrica y Chile, en los que las centrales termosolares están planificándose para el sistema con una combinación del resto de energías renovables.

Las organizaciones ecologistas ven bien la propuesta de Ley de Cambio Climático pero piden más ambición para reducir las emisiones

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Europa Press.- Las organizaciones ambientales Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF ven con buenos ojos que el Ministerio para la Transición Ecológica haya lanzado el documento base sobre el cual se elaborará la Ley de Cambio Climático y Transición Energética porque «era urgente» aunque reclaman mayor ambición en el objetivo de reducir las emisiones de gases invernadero.

En una primera valoración hasta el análisis pormenorizado de la propuesta, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, señala que el plazo que plantea el Ejecutivo para dejar de matricular vehículos de gasolina, diesel o híbridos, es decir todos los que emitan CO2, es «poco ambicioso» porque precisamente el sector del transporte es el más emisor en España.

En todo caso, observa que en un futuro descarbonizado «no tienen ningún espacio» los vehículos contaminantes, puesto que la carretera es el principal emisor al que hasta ahora no se le puso coto. Por eso, pese a considerar que se podría ir a una mayor ambición, cree que con este planteamiento se envía un mensaje claro a la industria sobre lo que es «más conveniente».

«Los coches contaminantes son una tecnología obsoleta que, además de cambio climático, provocan otros muchos problemas en las ciudades», asegura. Añade que aún falta mayor concreción en el texto pero confía en que las medidas se darán a conocer en el Plan Nacional de Energía y Clima que espera ver pronto y en el que confía que haya «más ambición«.

Del mismo modo y sin profundizar en la valoración del texto hasta su análisis pormenorizado, el coordinador de políticas ambientales de SEO/BirdLife, David Howell, celebra que las «primeras señales son positivas y van en la buena dirección» y ha destacado que el texto recoge «muchas» de las reclamaciones que la ONG planteó al Ejecutivo en una lista de propuestas. «Las señales son buenas pero, a primera vista, la propuesta no es tan ambiciosa como esperábamos en cuanto a reducción de emisiones. Animamos a los partidos a que de aquí hasta su aprobación los políticos se pongan a trabajar a favor de la ambición e intentar consensuar un buen texto», concluye.

Por su parte, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, considera que “el aspecto inicial es bueno. Suena bien e incluye propuestas interesantes que ahora debemos analizar». Asimismo, cree que el proceso de tramitación para que se llegue a un acuerdo de consenso será «rápido». En definitiva, pronostica que una vez se apruebe la Ley de Cambio Climático, el Gobierno marcará la línea a seguir, algo «muy importante» porque guiará a la sociedad y a los sectores económicos hacia donde van las cosas y por dónde deben continuar.

Insiste en que lo que han podido conocer del texto o borrador «tiene buen aspecto» e incluye propuestas interesantes. «La Ley es la música y el Plan nacional de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa son la letra», compara. Por último, el responsable de WWF ha apuntado que «lo recibimos bien. El Gobierno lleva poco tiempo y ha trabajado rápido». Las ONG ambientales forman parte del Consejo Nacional del Clima al que se presentará formalmente el borrador del texto para que puedan aportar sus comentarios y sugerencias.

El Gobierno propone prohibir la venta de coches diésel, gasolina e híbridos desde 2040 y ser 100% renovables en 2050

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Europa Press.- El Gobierno propone un sistema eléctrico 100% renovable en 2050, un plazo hasta el que se desarrollará las actuaciones que se establecerán en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en la Estrategia de Bajas Emisiones que incluye el fin de todos los permisos de hidrocarburos, la prohibición del fracking más allá de 2040, el fin de los subsidios económicos a energías fósiles y la prohibición de matricular vehículos emisores de CO2 (incluidos los híbridos) después de 2040.

Así consta en el documento base de trabajo del Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar la Ley de Cambio Climático que se ha trasladado a los grupos parlamentarios. El Ministerio ha señalado que su objetivo es contar con un texto de amplio consenso para su remisión al Consejo de Ministros y a las Cortes Generales para su tramitación antes de final de este año.

Fuentes ministeriales han señalado que el objetivo es descarbonizar la economía en 2050 con un plazo intermedio de 2030 y que el plan es que España supere la exigencia de esfuerzo estimado por Bruselas para el país en cuanto a reducción de emisiones de gases invernadero en, al menos, un 20% respecto al año 1990. Esto supone que el borrador prevé que España reducirá 60 millones de toneladas adicionales frente a los 290 exigidos al conjunto de la economía. La idea es llegar a reducir las emisiones hasta las 230 millones de toneladas de CO2.

Desde el Ministerio trasladan que se trata de un borrador que aborda las redes energéticas, la eficiencia, la edificación, el transporte o la fiscalidad y que prevé que al menos el 20% de los Presupuestos deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático. El Ejecutivo quiere que en 2050 el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros esté exento de emisiones de CO2, para lo que desde 2040 no se permitirá la matriculación y venta de vehículos con emisiones directas de CO2, lo que incluye también a los híbridos. Esta propuesta es similar a las de países como Reino Unido, Francia, Dinamarca, Irlanda o Alemania, entre otros, aunque con distintas fechas.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, advierte de que aún quedan 32 años por lo que desde el Ministerio consideran que la industria tiene tiempo para adaptarse hasta 2050. Además, la propuesta de normativa establece la obligación de que las gasolineras instalen puntos de recarga eléctrica, en función de sus ventas y del territorio con la idea de garantizar una movilidad eléctrica con recorrido por toda España.

Por otro lado, el documento base para la ley prevé que no se autorizarán nuevas actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial. Así se prohibirá expresamente la concesión de nuevos permisos y tampoco se podrán desarrollar proyectos de fracking (fracturación hidráulica) cuyos permisos vigentes no podrán prorrogarse más allá de 2040.

En cuanto a los subsidios e inversiones en combustibles fósiles, apuesta por que quedarán prohibidos aquellos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles y se terminará con los existentes. Del mismo modo, el Estado no realizará inversiones en participaciones o instrumentos financieros cuya actividad esté relacionada con los combustibles fósiles e incluso se desprenderá de ellos. Si bien, el Gobierno fomentará el biometano y otros combustibles sintéticos de origen renovable así como los biocarburantes sostenibles para el transporte aéreo e impulsará al menos 3.000 megavatios de potencia renovable al año y aprobará con la ley un Estatuto de Consumidores Electrointensivos.

En materia de edificación, los esfuerzos se centrarán en rehabilitar el parque de viviendas mediante la renovación de edificios existentes para lograr la alta eficiencia energética y que estén descarbonizados antes de 2050, a un ritmo de al menos 100.000 viviendas al año entre 2021 y 2030. Asimismo, el Ejecutivo aprobará una Estrategia a largo plazo para rehabilitación energética en la edificación que incluirá ayudas y financiación que se centrarán especialmente en los colectivos vulnerables.

En coherencia con esto, el Estado priorizará los criterios de reducción de emisiones y huella de carbono en la contratación pública, al tiempo que los nuevos edificios deberán ser de consumo de energía casi nulo y da de plazo hasta 2025 para que los existentes logren la máxima calificación energética. De hecho, el sector público, a partir de 2025 solamente podrá alquilar inmuebles de consumo energético casi nulo y los arrendamientos en vigor que no cumplan estas condiciones no podrán prorrogarse más allá de 2025.

En cuanto a las empresas cotizadas, de las que prevén que podrán movilizar unos 100.000 euros de aquí a 2030 en la descarbonización, la propuesta prevé exigir un informe obligatorio de riesgo climático a todas las empresas del Ibex 35. Con la ley se creará un Comité de Cambio Climático y Transición Energética que será asesor independiente del Gobierno y que estará compuesto por expertos que elaborarán recomendaciones a las que el Gobierno se someterá.

En definitiva, el objetivo es situar a España a la cabeza de la ambición europea en la lucha contra el cambio climático mediante una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 20% respecto a 1990, 6 puntos más de lo exigido por la Unión Europea. Para ello, en 2030 prevé lograr una penetración de energías renovables final del 35%; un sistema eléctrico con un 70% de generación renovable y una mejora de la eficiencia energética de al menos un 35%, algo más que los objetivos marcados por la Unión Europea.

De cara a 2050, la ambición será mayor, ya que quiere reducir las emisiones invernadero un 90% respecto al nivel de 1990 y un sistema eléctrico 100% renovable. En la actualidad, las emisiones españolas están un 17% sobre 1990, por lo que el objetivo para 2030 supone reducirlas en 37 puntos. Desde el Ministerio explican que lograr en 2030 una reducción del 20% del total de emisiones supone que entonces España deberá emitir 230 millones de toneladas, lo que equivale a decir que una de cada tres emisiones debe desaparecer.

Finalmente, el secretario de Estado subrayó que el documento supone un «pistoletazo de salida» al diálogo para la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para cumplir el objetivo del Gobierno de tenerla antes de final del año 2019 y espera que la norma se alcance con consenso tras un proceso de «encuentro» con administraciones y sectores implicados y que «nadie se quede descolgado en este proceso».

El sector de la cogeneración pide al Gobierno la extensión de la vida de las plantas hasta 2030

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Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Antonio Pérez, exigió al Gobierno que actúe con celeridad y ponga en marcha las medidas anunciadas para la extensión de la vida de las plantas cogeneradoras hasta 2030 o hasta la implantación del nuevo Plan Renove, que está previsto en la Ley del Sector Eléctrico desde el 2013.

En los dos próximos años, 50 plantas de cogeneración llegarán al final de su vida útil y 99 industrias tendrán que tomar decisiones de inversión sin que exista un marco legal que haga posible su actividad y esas nuevas inversiones. Pérez calificó de «desastroso» este contexto, que en cinco años afectará a 250 plantas, algo que supondría perder «sus positivas» contribuciones a la eficiencia y acción climática, además de conllevar subidas en los mercados mayoristas de electricidad que repercutirían en los consumidores y en la competitividad de las industrias españolas.

Por ello, la solución propuesta por Acogen es mantener en operación las plantas hasta 2030, extendiendo la retribución actual de aquellas que llegan al final de su vida útil o hasta la llegada del nuevo Plan Renove, un programa que acumula un retraso de más de 5 años. Acogen también entregó su premio Cogeneración de Honor a Sedigas por su labor de apoyo y fomento a la cogeneración y en reconocimiento del «papel clave» del gas en la eficiencia energética, reducción de emisiones y competitividad.

La Eurocámara aprueba que el 32% del consumo energético proceda de fuentes renovables y la eficiencia energética alcance el 32,5%

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Europa Press.– El Parlamento Europeo ha aprobado los objetivos de energías renovables y de eficiencia energética, del 32% y del 32,5% para 2030 respectivamente, y ha respaldado la nueva normativa sobre gobernanza energética que obliga a los países a elaborar planes nacionales cada 10 años. Los eurodiputados confirmaron así el acuerdo alcanzado con los Estados miembros sobre estas 3 nuevas normativas europeas, que forman parte del paquete Energía Limpia para todos los europeos, propuesto por la Comisión Europea en noviembre de 2016.

Las 3 deben ser ahora aprobadas por el Consejo de la Unión Europea (los Estados miembros). Según los nuevos objetivos, la eficiencia energética del conjunto del bloque comunitario tendrá que haber mejorado un 32,5% en 2030, mientras que la energía procedente de fuentes renovables tendrá que representar el 32% del consumo bruto total. Ambas metas serán revisadas en 2023, pero sólo podrán actualizarse para elevar el objetivo y no para reducirlo. El eurodiputado del PSOE, José Blanco, responsable del informe del Parlamento Europeo sobre renovables, ha destacado que la directiva «pone a Europa en la senda del cumplimiento del Acuerdo de París». «Podemos afirmar que Europa está dando respuestas a la altura del desafío del cambio climático», subrayó el socialista.

Además, la directiva sobre renovables reconoce el derecho al autoconsumo y derechos como generar, almacenar y vender el exceso de energía eléctrica, instalar y operar sistemas de almacenaje y recibir remuneraciones por el excedente vertido a la red. El texto pactado también impide aplicar cargos al autoconsumo, como el impuesto al sol en España, aunque esta prohibición sólo se extenderá hasta diciembre de 2026. A partir de entonces, los Estados miembros podrán recurrir a una de las tres alternativas que la directiva contempla para justificar la imposición de estas tasas.

Al menos el 14% del combustible usado para el transporte tendrá que proceder de fuentes renovables en 2030 y los biocarburantes de primera generación con alto riesgo de «cambio indirecto en el uso de la tierra» no se tendrán en cuenta para los objetivos de uso de renovables a partir de ese año. Las futuras normas sobre gobernanza, por su parte, obligarán a los Estados miembros a diseñar una estrategia energética y climática con objetivos nacionales, contribuciones, políticas y medidas para diciembre de 2019 y cada 10 años desde entonces.

Podemos denuncia la exclusión de trabajadores de subcontratas de la minería en el Plan de Transición Energética

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Europa Press.- Podemos ha denunciado la exclusión que sufren los trabajadores de las subcontratas de la minería en León y en Asturias en el Plan de Transición Energética firmado por el Gobierno y los sindicatos, tras reunirse con éstos la diputada de la formación por León, Ana Marcello, y el diputado por Asturias, Segundo González.

Marcello recalca que no ha sido una transición «justa», como «presumía» la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, porque «no ha contado con todos los agentes afectados». Por ello, la diputada anunció que registrará una solicitud escrita para celebrar una reunión con Ribera, así como con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, con el fin de abordar la situación y buscar soluciones. «No puede ser que queden exentos dichos trabajadores cuando en el acuerdo de Podemos con el Gobierno, en los Presupuestos, plantea que se deberían equiparar las condiciones sociales y laborales de los trabajadores de las subcontratas y de las empresas matrices», reprochó Marcello.

Asimismo, la diputada ha defendido que «los miembros de las subcontratas de la minería tanto de León como de Asturias tienen que estar incluidos en este plan social porque, si no, se habrá dejado a mucha gente por el camino«. Además, Marcello ha asegurado que son «insuficientes» los 250 millones previstos para el Plan de Reactivación de las Comarcas Mineras, porque no se plantea una «reactivación integral» para las zonas afectadas. Por ello, estima que es necesario «un estudio serio de dicha reactivación con el factor de la industrialización pero con visión de riesgos medioambientales».

Por su parte, el diputado por Asturias, Segundo González, señaló que la transición «justa» sería aquella que no dejara «a nadie atrás«. En la reunión propuesta con ambas ministras, les trasladará la necesidad de incluir en el plan social a todos los trabajadores y de que los fondos destinados a la reactivación se incrementen ya que «hace falta una inversión adicional» y que se dé uso a aquello que no se invirtió en el plan anterior, 135 millones de euros.