Unidos Podemos avisa al Gobierno de que su subasta de interrumpibilidad «pone en riesgo» a Alcoa y la industria electrointensiva

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Europa Press.- Unidos Podemos ha advertido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que la subasta de interrumpibilidad planteada para el primer semestre del próximo año «pone en enorme riesgo a las empresas electrointensivas, pero muy particularmente a Alcoa«.

Y es que, según ha criticado en el Congreso su diputada Yolanda Díaz, de En Marea, la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), considera que el número de bloques de potencia planteados «son insuficientes», por lo que ha reclamado elevarlos de 40 a 90, como mínimo. Además, ha exigido que aumente el plazo de la interrumpibilidad subastada para que sea de, al menos, un año. «Vamos nuevamente a que las empresas no saben cuál va a ser el precio de la electricidad en 2019», ha criticado la diputada de Unidos Podemos.

Unidos Podemos cree que con esta subasta el Gobierno socialista «reproduce los males» del anterior Ejecutivo del PP, subrayando que vuelve a ser «una subasta puramente especulativa» y «opaca», a costa del consumidor. «Repite un modelo que es fallido y no sirve para dar respuesta a las industrias electrointensivas», ha lamentado. Por otro lado, Díaz ha cuestionado que Ribera no aborde la regulación de las empresas electrointensivas, sino que haya decidido esperar a la Ley de Cambio Climático para contemplar la elaboración de un Estatuto para estas empresas, cuyo desarrollo tendría que establecerse en un reglamento 6 meses después a la aprobación de la ley.

Díaz apuesta por arreglar el tema “de manera definitiva» ya que cree que «tal y como lo plantea el Gobierno, las industrias electrointensivas están abocadas al cierre». Por otro lado, el grupo confederal de Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que plantea diversas medidas con las que, asegura esta formación, el Gobierno «puede salvar a Alcoa«. «Está en manos del Gobierno evitar el cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña. El tiempo cuenta y está corriendo ahora mismo para mandar a la calle a 700 trabajadores», recriminó el diputado de Podemos, Segundo González.

Entre estas medidas, proponen la paralización del ERE extintivo, impedir una parada técnica de las plantas, estudiar la intervención del Estado en las plantas mediante la SEPI y fomentar así la inversión de otras empresas y una ley para que, si Alcoa decide definitivamente marcharse, tenga que devolver todas las ayudas y bonificaciones otorgadas. En este sentido, González ha reclamado que, a partir de ahora, cualquier ayuda o subvención que se otorgue a una empresa esté condicionada al mantenimiento de la actividad de las empresas.

Fundación Renovables critica «la falta de ambición» del Gobierno para reducir las emisiones mientras Ribera destaca al sector del automóvil

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que la transformación del sector del automóvil hacia una industria libre de dióxido de carbono (CO2) se hará de acuerdo a una hoja de ruta que asegure que este siga contando con un peso «relevante» dentro del PIB español. Pero, mientras tanto, la Fundación Renovables ha lamentado «la falta de ambición» en los objetivos de reducción de emisiones al considerar que reducir un 20% las emisiones para 2030 es «insuficiente«.

La Fundación echa de menos una mayor ambición en los objetivos de las renovables, que está fijado en una contribución del 35% para 2030, algo que considera insuficiente, así como en la gestión de la demanda y en eficiencia y ahorro energético. Para la asociación, es imprescindible un recorte del 100% de las emisiones para 2050 respecto a las de 1990, en línea con el reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), que aconseja un escenario neto de cero emisiones para 2050, frente al recorte del 90% propuesto por el Ejecutivo.

La Fundación Renovables cree que esta falta de ambición es resultado «de las cautelas que emanan del conjunto del documento», como la no fijación de objetivos «ni concretos ni ambiciosos», ni de la reducción del volumen de tráfico y penetración del vehículo eléctrico, ni en autoconsumo ni en rehabilitación energética. En cuanto al objetivo para las renovables, la Fundación propone una penetración en el consumo final de energía de un 50% en 2030, frente al 35% que fija el borrador.

Además, para la Fundación Renovables, «llama la atención» que no se fijen objetivos para el autoconsumo ni en potencia ni en porcentajes de energía, así como que se realicen desarrollos pormenorizados fuera del ámbito del alcance de la futura ley, como pueden ser las redes cerradas, y que, en cambio, no se defiendan los derechos del consumidor y el acceso a los datos de su contador eléctrico en tiempo real.

Ribera: “peso relevante” del automóvil

Por su parte, Ribera ha declarado que su Ministerio, junto con el de Industria, tienen aún pendiente reunirse y dialogar con las patronales del automóvil. «Lo que tenemos es un documento de trabajo mediante el cual se están planteando diversas opciones», ha declarado. Por otro lado, la ministra no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el Gobierno establezca multas de hasta 30 millones de euros para los propietarios de gasolineras que en 27 meses no presenten puntos de recarga para coches eléctricos. Esta medida ha sido recogida por el Ejecutivo en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático.

El precio de la bombona de butano sube por tercera vez casi otro 5%, hasta los 15,33 euros

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Europa Press.- El precio medio de la bombona de butano subió un 4,93%, hasta los 15,33 euros, frente a los 14,61 euros que costaba, según una resolución del Ministerio de Transición Ecológica publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De esta manera, el precio de la bombona de butano registrará su tercera subida consecutiva, tras el repunte del 4,95% que sufrió en septiembre y el del 4,9% de julio. En las anteriores revisiones de marzo y mayo el precio cayó un 4,9%, respectivamente.

Este aumento en el precio se debe, principalmente, a la amortización del déficit pendiente de recuperar del bimestre anterior, que era de 0,7 euros por botella. Las cotizaciones internacionales apenas se han incrementado en este bimestre respecto al anterior (0,6%), aunque los fletes (+7,6%) y la depreciación del euro (0,4%) sí han contribuido al aumento del precio. Tras esta revisión, el precio máximo de la bombona de 12,5 kilogramos, una vez incluidos los impuestos, registrará un incremento de 72 céntimos.

Lejos del mínimo: 11,25 euros

Las caídas del 4,9% en marzo y mayo habían interrumpido la tendencia alcista que mantenía el precio de la bombona de butano, después de que en enero repuntara un 1,6% y en noviembre de 2017 un 2,1%. No obstante, las subidas en el precio se recuperaron el pasado mes de julio. Igualmente, en septiembre del 2017 el precio había descendido casi un 5%, después de que en las revisiones de julio, mayo, marzo y enero de 2017 se hubiera incrementado un 5%, en la de noviembre de 2016 un 4,7% y en la de septiembre un 4%, acumulando una subida desde julio de ese año de un 32%, cuando tocó el mínimo de 11,25 euros.

No obstante, este incremento en el precio de la bombona de butano se debió a un déficit pendiente de bimestres anteriores, en los que no se habían repercutido las subidas de la materia prima con la intensidad necesaria. Así, se llegaron a acumular esas 6 revisiones bimestrales al alza. Pese a estas subidas, el butano se encuentra lejos de los 17,5 euros que llegó a registrar en marzo de 2015, que es el tope legal fijado. El nuevo precio de la bombona de butano estará vigente durante dos meses, hasta el tercer martes de enero, cuando se revisará de nuevo.

El Supremo obliga a devolver los más de 17 millones percibidos por Enagás por el Castor en 2014 y 2015

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Europa Press.- El presidente de la patronal catalana Cecot, Antoni Abad, ha afirmado que el almacén subterráneo de gas Castor fue «una inversión fallida» después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que ha estimado un recurso contencioso-administrativo presentado por Cecot, obligando así a la devolución a los consumidores de gas de los más de 17 millones de euros percibidos por Enagás en concepto de operación y mantenimiento del almacén subterráneo de gas durante 2014 y 2015.

El Tribunal Supremo señala que «la Administración debe obrar en consecuencia para llevar a efecto ese pronunciamiento anulatorio y, en su caso, adoptar las medidas procedentes para proceder al reintegro de las cantidades abonadas al amparo de la orden que se declara nula». A finales del año pasado, el Tribunal Constitucional ya declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS.

En concreto, el Supremo se refiere en esta nueva sentencia a los importes percibidos por Enagás por este concepto de operación y mantenimiento en 2014, durante el mes de diciembre, y en el año 2015. No obstante, el Alto Tribunal señala que siendo la devolución de las cantidades «una consecuencia natural del fallo, no procede sin embargo que haga un pronunciamiento específico en el sentido que se propugna, que no dejaría de ser hipotético, pues en el curso del proceso no ha quedado debidamente acreditado que efectivamente se hayan realizado pagos ni, por tanto, las fechas y cuantías de los que se hayan podido realizar».

Fuentes de Enagás indicaron que confían en que este tema «se resolverá con agilidad» ya que se refiere a costes auditados que corresponden a materias de seguridad. Asimismo, subrayaron que la compañía va a seguir realizando estas tareas «sí o sí, ya que se trata de un tema de seguridad y responsabilidad». En 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el que se establecía la hibernación del Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas.

La deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros y que se abonó a la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. En su sentencia de 2017, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un decreto de urgencia.

A finales de enero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) paralizó los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén Castor, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank, según consta en el informe de la liquidación provisional del sector gasista correspondiente a noviembre. El regulador indicó así que, en aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, los titulares de estos derechos de cobro dejaban «de ser sujetos del sistema de liquidaciones». Aún así, el reconocimiento de los pagos a Enagás por esas labores de mantenimiento y seguridad del Castor podrían incorporarse por el Gobierno en una próxima orden de peajes del sistema gasista.

«Una inversión fallida» para Cecot

Por su parte, Cecot ha indicado que Castor fue una inversión «en la que prevaleció la construcción de la infraestructura por encima de su viabilidad» y ha criticado que se haya pagado un mantenimiento cuando no se ha puesto en marcha. Ha alertado también de la afectación a la competitividad del sector industrial, que consume más del 60% de gas, ya que el incremento de costes no supondrá una mejora en los servicios de suministro. La organización empresarial interpuso un recurso en 2015 para evitar que los consumidores de gas, y en especial las empresas del sector industrial, asumieran el coste de compensación a la constructora y concesionaria de Castor.

A finales de abril de 2015, la Eurocámara instó a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones a tomar medidas para evitar que los españoles abonaran los 1.350 millones de euros de compensaciones y en 2017 el Tribunal Constitucional avaló la medida de la Eurocámara, argumento que ha usado la patronal en las demandas de impugnación de las distintas órdenes ministeriales publicadas a partir del Decreto-ley 13/2014. También mantiene la impugnación de las órdenes para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 y espera que las sentencias también sean favorables y significaría que se debería reintegrar una cuantía de unos 200 millones de euros.

Cecot ha recordado que hay un estudio del INE, llamado Panorámica Industrial, que ha apuntado quea partir de 2016 el coste del Castor está perjudicando la continuidad de sectores como la industria extractiva, la manufacturera española y la química, entre otros, teniendo en cuenta que España es lo de los países de la Unión Europea con la energía más cara. El consumo de gas energético en la industria extractiva y manufacturera española es del 28%, mientras que en la química puede alcanzar el 43%.

El precio de la gasolina se abarata un 1,4% y encadena su cuarto descenso

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Europa Press.- El precio de la gasolina ha encadenado su cuarto descenso consecutivo tras abaratarse un 1,42%, mientras que el del gasóleo ha sumado su segunda caída seguida. En concreto, el precio medio del litro de gasolina se ha situado en los 1,315 euros, tras caer ese 1,42%, mientras que el gasóleo marca los 1,274 euros el litro, con un descenso del 0,86%.

De esta manera, ambos carburantes se alejan algo más de los records anuales y máximos desde finales de 2014, que habían tocado a mediados de octubre tras la espiral alcista en que entraron desde agosto al calor de la subida en los precios del crudo. El precio del litro de gasolina cae hasta su nivel más bajo desde el pasado mes de mayo. En el caso del gasóleo, el precio que marca es el más barato desde principios de octubre.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cotizaba ligeramente por encima de los 66 dólares, casi 6 dólares menos, mientras que el Texas americano se intercambiaba a menos de 60 dólares, también 6 dólares menos. Las tensiones geopolíticas, así como el enfrentamiento entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) han tensionado este precio del crudo a la baja. No obstante, los precios de los carburantes acumulan un encarecimiento con respecto a principios de año de casi el 6,2% en el caso de la gasolina y de más de un 11% en el gasóleo.

La gasolina es más barata en España que en la media de la Unión Europea y la zona euro, donde el precio medio de venta al público del litro de gasolina se sitúa en 1,47 euros y 1,52 euros, respectivamente, mientras que el gasóleo cuesta 1,425 euros en la media de la Unión Europea y 1,427 euros en la eurozona. El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España cuenta con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.

La Comisión Europea selecciona una iniciativa coordinada por Enagás para el impulso del gas natural licuado (GNL) como combustible alternativo

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Europa Press.– La Comisión Europea ha seleccionado el proyecto LNGHIVE2: Infrastructure and Logistics Solutions, coordinado por Enagás y cuyo objetivo es impulsar el uso del gas natural licuado (GNL) como combustible alternativo, dentro de la convocatoria de ayudas Conectar Europa (CEF). La iniciativa tiene como objetivo impulsar el uso del GNL como combustible en el transporte marítimo y ferroviario y su inversión total será de alrededor de 14 millones de euros, de los que cerca de 3 millones corresponderán a fondos europeos.

La iniciativa, coordinada por Enagás y promovida por Puertos del Estado, cuenta con la participación de socios como la Autoridad Portuaria de Huelva, Renfe Mercancías, Adif, Saggas, Marflet Marine y Fundación Valencia Port. El proyecto, que tiene como plazo de ejecución hasta 2022, contempla adaptar las plantas de regasificación de Huelva y Sagunto (Valencia) para que puedan ofrecer servicios de abastecimiento de GNL como combustible.

También está prevista la introducción del GNL en el Corredor ferroviario verde entre el Puerto de Huelva y la terminal ferroviaria de Majarabique, de ADIF, en Sevilla. Concretamente,el proyecto incluye la construcción de una estación de suministro de GNL en dicha terminal y la conversión de una locomotora de tracción diésel a GNL. Enagás señaló que la Comisión Europea valoró positivamente la calidad y la madurez técnico-financiera de este proyecto. Además, ha destacado su importancia para el Corredor Mediterráneo y para el crecimiento económico.

UGT pide a Endesa que acometa las inversiones necesarias para la continuidad de las centrales térmicas de Andorra y Compostilla

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Europa Press.- La sección sindical de UGT remitió una carta urgente al consejo de administración de Endesa en la que le insta a que realice las inversiones que sean necesarias con el objetivo de cumplir con los nuevos límites de emisiones establecidos por la Unión Europea para que las centrales térmicas de carbón de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) «puedan continuar produciendo más allá del año 2020».

El sindicato señala que, en caso de no realizar estas inversiones, «se confirmaría la estrategia de descapitalización y desmantelamiento que está llevando a cabo la compañía». A este respecto, la sección sindical de UGT exige que, visto que el consejo de administración ha aprobado «ya el cierre efectivo de las centrales para el próximo 30 de junio de 2020», se prorrogue «con la mayor urgencia posible» el acuerdo marco de garantías, con el consiguiente acuerdo voluntario de salidas, que está en vigor hasta el próximo 31 de diciembre de 2018.

No hay aún comunicación oficial

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no descarta que Endesa haya considerado el cierre de las centrales térmicas de Andorra (Teruel) y Compostilla (León) al no estimarlas rentables, pero asegura que el Gobierno aún no ha recibido una comunicación oficial por parte de la compañía sobre esta decisión. Asimismo, la ministra ha recordado que, en caso de que esa decisión sea formalizada, la eléctrica deberá elaborar un plan de acompañamiento que permita garantizar la viabilidad económica de las zonas que presentan dependencia de estas plantas.

9 centrales térmicas cerrarán pronto

Ribera ha destacado que, de acuerdo con la normativa europea, existe la obligación de hacer inversiones «muy importantes» en aquellas centrales térmicas de carbón que quieran seguir funcionando a partir del año 2020 y que son las empresas propietarias las que deben analizar y valorar si les interesa o no optar por esta medida. Estas han sido las declaraciones de la ministra después de que el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, confirmara que 9 de las 14 centrales térmicas echarán el cierre en junio de 2020, al no haber cumplido las inversiones requeridas por la normativa europea en materia de desnitrificación y desulfurización para continuar con su actividad.

Asimismo, Domínguez prevé que las 5 restantes no alarguen su actividad más allá de 2030. «Lo que nosotros creemos que va a ocurrir, pero no lo estamos imponiendo, es que van a cerrar entre 2020 y 2030 todas. En 2030 no habrá ninguna central de carbón, pero mi vaticinio es que cerrarán bastante antes de una manera natural, y no porque las cerremos», subrayó Domínguez.

No ha pedido el cierre

Por otro lado, Endesa ha comunicado a las centrales sindicales que no ha procedido a presentar al Gobierno la solicitud oficial de cierre para sus centrales térmicas. No obstante, la empresa también ha transmitido a los representantes de los trabajadores que el consejo de administración de Endesa ha aprobado su nuevo plan estratégico y que en él no se recogen, al igual que en las anteriores hojas de ruta de la compañía, las inversiones necesarias para adaptar estas dos centrales de carbón a las medidas requeridas por la directiva de emisiones de la Unión Europea.

En su actual plan inversor presentado en 2017, Endesa preveía unas inversiones totales de 5.000 millones de euros en el periodo 2017-2020, de las cuales unos 300 millones de euros se destinarían a adaptar el carbón a las mejores prácticas ambientales. Este plan inversor para el carbón que preveía la energética se centra en las centrales térmicas de Litoral (Almería) y As Pontes (A Coruña). Las otras centrales que el Gobierno prevé que alarguen su vida más allá de 2020 son las de Los Barrios (Cádiz), de Viesgo, y Aboño y Soto de Ribera (Asturias), ambas propiedad de EDP España.

La AIE cree que las promesas políticas para reducir las emisiones «no son suficientes» mientras los alergólogos miran a 2040

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Europa Press.- La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) celebra la iniciativa del Gobierno de prohibir en 2040 la venta de coches diésel y gasolina, puesto que contribuirá a mejorar la calidad del aire, mientras las estrategias políticas orientadas a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera «no son suficientes» para lograr los objetivos alcanzados en el Acuerdo de París, de forma que, en vez de contribuir a su reducción, generarán una lenta tendencia ascendente de aquí a 2040.

Así lo expresó la chief energy modeller de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Laura Cozzi, en la presentación del estudio anual de energía que realiza este organismo internacional. El informe trabaja con diferentes escenarios en función del esfuerzo de todos los agentes sociales por reducir los niveles de contaminación. El primero, de Nuevas Políticas, plantea un escenario de máxima emisión en 2020, año a partir del cual empezarían a descender gracias a la contribución de todos los sectores y tecnologías de bajas emisiones teniendo en cuenta los cambios actuales en la legislación de todos los países y las medidas anunciadas por los gobiernos.

El segundo escenario, de Desarrollo sostenible, supondría mantener las políticas actuales, que generarían una tendencia ascendente de las emisiones de aquí a 2040, lo que iría en contra de los objetivos establecidos al plantear un crecimiento de la demanda de energía del 25% hasta ese año, un aumento que, de no ser por la mayor eficiencia energética, podría ser hasta dos veces mayor. Entre el resto de conclusiones del estudio destacan el fortalecimiento de los vínculos entre la energía y la geopolítica o el posible fuerte endurecimiento de los mercados petroleros en la próxima década.

Los alergólogos aplauden al Gobierno

La SEAIC cree que las medidas propuestas por el Gobierno para impedir a partir de 2040 la venta de los vehículos que emplean combustibles fósiles beneficiarán a los pacientes con alergias respiratorias. Asimismo, la SEAIC se ofrece a colaborar para el impulso de este tipo y otro tipo de medidas encaminadas a reducir la contaminación ambiental siempre y cuando estén convenientemente planificadas y ampliamente consensuadas, evitando que puedan perjudicar el tejido industrial y productivo español.

A favor de esta medida recuerdan que diferentes estudios científicos han demostrado que las enfermedades alérgicas en los países industrializados se ha incrementado en las últimas décadas y que existe una relación directa entre la contaminación y estas patologías debido a que los principales agentes contaminantes como el óxido nítrico, el ozono y las partículas en suspensión procedentes de las partículas de emisión de diésel (PED), no solamente tienen un efecto directo sobre el individuo sino que tienen una acción negativa sobre los aeroalérgenos que facilita el acceso de las partículas en las vías respiratorias.

Por otro lado, destacan que la emisión de partículas contaminantes procedentes de las calefacciones y de los motores diésel altera la estructura del polen haciendo que este genere proteínas de estrés como mecanismo de defensa y aumentando su capacidad de inducir una respuesta alérgica. Además, los altos niveles de contaminación de las ciudades favorecen el fenómeno de inversión térmica que impide a los pólenes abandonar la atmósfera e incrementa el tiempo de exposición a ellos.

Araluce (Foro Nuclear) ve inviable el cierre de las centrales españolas antes de 2030 porque supondría triplicar la potencia renovable

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Europa Press.– El presidente del Foro de la Industria Nuclear, Ignacio Araluce, ve poco factible el cierre nuclear español antes de 2030 en el contexto de lucha contra el cambio climático y en plena transición ecológica porque esto supondría «triplicar» el parque de renovables en ese plazo, algo que considera «poco factible».

En la actualidad, según ha explicado Araluce, para cumplir con el Acuerdo de París en un objetivo de limitar la temperatura global del planeta de 2 grados centígrados, la generación eléctrica actual debe reducir en torno a un 70% sus emisiones. «Eso significa un esfuerzo tremendo de introducción de energías no emisoras de CO2», ha señalado Araluce, por lo que habría que actuar sobre los 100.000 GW/h de tecnologías emisoras de CO2 (carbón, gas fuel) sobre los 260.000 GW/h que se generan actualmente en España.

De este modo, Araluce estima que hay que instalar la potencia necesaria para generar 60.000 GW/h, lo que equivale a duplicar estrictamente las renovables. Pero para garantizar la estabilidad del sistema, porque las renovables «fluctúan mucho», suprimiendo las nucleares se necesitaría «triplicar» la potencia instalada actual. Según las cifras del sector, que reclama su papel en la transición energética, se necesitaría instalar en España 30 GW de potencia instalada de renovables de aquí a 2030, lo que para Araluce supone un «esfuerzo enorme» que equivale a «toda la potencia renovable instalada en la historia de España en 12 años» para rebajar un 60% las emisiones.

Aún más, ha añadido que si además de reducir en un 60% las emisiones de CO2, España quiere prescindir de la energía nuclear, habrá que instalar otros 60 GW de potencia instalada. «Habría que triplicar el parque renovable español de aquí a 2030 para llegar a 90 GW. Eso supone, sin nuclear, instalar cada año 6.000 MW y nosotros pensamos que eso es irrealizable», ha sentenciado. De ese modo, defiende que en los próximos años, sin la «fundamental» energía nuclear «no va a ser posible cumplir el Acuerdo de París».

Por ello, asegura que el sector en España está «relativamente tranquilo» porque los números «hablan por sí solos» aunque luchará por la «continuidad» del parque actual y quizá, en el futuro, por plantearse aumentar la potencia nuclear como en «otros muchos» países. A nivel internacional, lamenta que en Europa «curiosamente» se cree que la energía nuclear está en declive a pesar de que en estos momentos se construyen más centrales que nunca. Si bien, admite que el mercado se ha trasladado de Estados Unidos y Europa hacia Rusia y Asia. «En la actualidad aumentar la potencia nuclear instalada en España es una utopía. Podría ser en el futuro, pero ahora no veo las circunstancias», reconoce.

En esta situación, confía en que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sepa distinguir que una cosa es el programa electoral, lo que al partido de Gobierno le gustaría, y la realidad de lo que se puede hacer o no. Por ello, a pesar de las declaraciones del secretario de Estado de Energía, cree que el Gobierno compaginará el programa electoral con la realidad de la lucha contra el cambio climático. «Todo cae por su propio peso, nos guste más o menos y la nuclear es fundamental ahora y en el futuro«, opina.

Así, confía en poder mantener alguna interlocución con la ministra Ribera como representante de la industria aunque cree que la mayor interlocución se hará con los dueños de las empresas eléctricas. «Tenemos que llevarnos todos bien para cumplir con el Acuerdo de París. Este es un esfuerzo de todos», avisa. En este contexto, ha afeado al Gobierno de Mariano Rajoy, porque se declaraba «partidario» de la energía nuclear pero «la dejó morir» y no hizo los esfuerzos suficientes para defenderla y darle herramientas para continuar. Por ello, recuerda que las desavenencias entre las eléctricas y el Ejecutivo popular fueron públicas y claras. «Obras son amores y no buenas razones», comenta.

Otro de los aspectos por los que Araluce insiste en la necesidad de ampliar la vida de las centrales nucleares es el hecho de que la generación futura será más distribuida, con parques más pequeños y con un aumento de la demanda, para lo que habrá que modificar la estrategia de la red con mayor interconexión con Francia e incremento de la electrificación. «La electrificación de la economía requerirá un parque mayor de generación y si esta es distribuida, el reto para la red eléctrica será mayor, por lo que sin la nuclear en la transición no salen los números y no se puede cumplir el Acuerdo de París», insiste.

Por otro lado, critica la «fiscalidad ambiental gigantesca» que soporta el sector frente a la «idea instalada en el ambiente» de que las nucleares son un «sector boyante que gana dinero a espuertas». Así, afirma que las centrales pagan más del 40% en impuestos sobre su facturación, lo que asfixia a las plantas, que además realizan un importante esfuerzo inversor.

Respecto a la medida de quitar el impuesto del 7% a la generación eléctrica, cree que beneficiará a todos y que se traducirá en una rebaja de la factura de poco más del 2%, por lo que pide otros mecanismos para bajar el precio. «El sector se siente maltratado en cuanto a fiscalidad y subvenciones, porque tiene una sobrefiscalidad asfixiante que conduce a la no viabilidad de las centrales», ha defendido. Por eso, añade que si al final «se decide» que la nuclear es importante en el tránsito hacia el objetivo de frenar el cambio climático, entonces hay que hacerla viable porque el parque español «nunca» va a dejar de invertir en seguridad y renovación.

De hecho, afirma que la central nuclear de Almaraz (Cáceres) está en la actualidad «mucho más nueva» que cuando el propio Araluce dirigió la planta durante su arranque. «Almaraz está fantástica. Se han cambiado cantidad de componentes, muchos sistemas son nuevos y está en condiciones de pedir la renovación de su licencia, aunque eso compete a las propias compañías«, comenta. La solicitud deberá hacerse antes de la próxima primavera pero antes, advierte, habrá que sentarse «concienzudamente» a hablar con el Ministerio para establecer unas normas de juego y conocer si habrá o no estabilidad jurídica.

Por último, respecto al almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares y combustible gastado que ya debía haber entrado en funcionamiento, cree que Teresa Ribera «se está tomando su tiempo» para tener una visión más amplia de la situación en España, a pesar de que «es de sobra conocida» y que los estudios para la infraestructura estaban terminados «al 95%». Finalmente, estima que si el ATC se relanza no funcionará hasta 2024 mientras «se sigue pagando a Francia» por los residuos de Vandellós I y se invierte en construir almacenes en las propias centrales que «no son la solución definitiva«.

La central nuclear de Garoña afronta en su simulacro anual un terremoto que afecta a sus sistemas de seguridad

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Europa Press.- La central nuclear de Garoña (Burgos) ha simulado un terremoto que ha afectado a los sistemas de seguridad de la planta, en el marco del preceptivo simulacro anual de acuerdo con su Plan de Emergencia Interior. En el ejercicio ha participado la Organización de Respuesta ante Emergencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de la Subdelegación del Gobierno en Burgos.

El simulacro comenzó cuando el titular de la instalación declaró la prealerta de emergencia por un terremoto que ha afectado a los sistemas de seguridad. Posteriormente se declaró la alerta de emergencia debido a que se vio deteriorada la funcionalidad de los sistemas de seguridad que impedían mantener la refrigeración del combustible irradiado en piscina. Asimismo, se ha simulado también la contaminación interna y externa de 2 trabajadores que estaban realizando una ronda para valorar los daños en la piscina de combustible gastado. Se comprobó que no se habían superado los límites anuales de dosis para el personal profesionalmente expuesto.

Mientras, el CSN recomendó al Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de la Subdelegación del Gobierno que activase los controles de acceso al emplazamiento de la central establecidos en el Plan de Emergencia Nuclear de Burgos (PENBU) y ha activado en modo 2 su Organización de Respuesta ante Emergencias. De haberse producido realmente, este suceso se habría clasificado con nivel 2 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).