El gas licuado por canalización baja un 9,8% en su parte variable

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización ha bajado un 9,8%, según una resolución del Ministerio de Transición Ecológica publicada en el BOE. En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se sitúa en 82,3368 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 91,3469 céntimos de octubre.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel ha bajado un 11,7%, desde los 76,7448 céntimos por kilogramo anteriores hasta 67,7347 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar.

Ribera: España no puede estar en el «vagón de cola» hacia la descarbonización y ve 2040 como una fecha «razonable»

/0 Comentarios/en , , , , , /por

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que España no puede ser el «vagón de cola» en el proceso hacia la descarbonización y subraya que 2040 le parece un «plazo razonable» para adaptarse al objetivo de prohibir en España la matriculación de vehículos con emisiones de CO2.

Ribera destacó la importancia de ir transformándose para liderar esas nuevas alternativas que están surgiendo en el campo de la movilidad eficiente y respetuosa con el medio ambiente. «Creo que 20 años es un plazo razonable para gestionar dicha transformación», subrayó. Además, afirmó que su sensación es que los cambios se están produciendo muy rápidamente. «Lo peor que nos podemos encontrar es que nos pasa un tsunami por encima, tenemos que anticipar esa preparación por parte de la industria», indicó.

En este sentido, recordó que recientemente tanto representantes de su Ministerio como del de Industria, Comercio y Turismo se reunieron con las principales asociaciones del sector y señaló que dicha mesa de transformación «es fundamental» para asegurar el futuro. «Los que tenemos hoy coches podemos estar tranquilos, tenemos tiempo con coches mucho más eficientes, con motores de combustión y también híbridos», resaltó, al tiempo que indicó que, en la actualidad, el 65% de los coches que exportan se envía a países con normas que limitan la circulación de los motores de combustión en diferentes períodos.

En cuanto a la transformación de la estaciones de servicio hacia la movilidad eléctrica, Ribera indicó que estas instalaciones, por motivos de seguridad, están acostumbradas a cumplir con aspectos más complejos que su adaptación a electrolineras y destacó que hay empresas eléctricas y del sector petrolero que ya se están posicionando en relación con este cambio del modelo de negocio. La titular de la cartera de Transición Ecológica afirmó que hay que evitar que se produzcan «cuellos de botella» en la transformación porque no se cuente con infraestructuras preparadas para acoger esta evolución. «Esto requiere cambios en garajes y también en las vías públicas», señaló.

Por otro lado, afirmó que en todo proceso de cambio se producen desajustes en el marco regulatorio, puesto que fue ideado bajo otras circunstancias, y, respecto al modelo eléctrico, apuntó que la electricidad «tiene gran futuro», al ser el gran vector de desarrollo energético, aunque indicó que hay que llevar a cabo ajustes. Ribera reivindicó que están trabajando en algo que «estaba prácticamente sin hacer» y aseguró que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se tiene que presentar antes de finales de año.

Ningún país es tan ambicioso

Por otro lado, Ribera ha asegurado que «nadie» se ha marcado un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero «tan ambicioso» como la propuesta de ley de cambio climático española, que señala que habrá que rebajar el CO2 en 37 puntos en 11 años. Ribera ha defendido que se proponen reducir en 2050 un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto significa «reducir prácticamente» a cero las emisiones y la transformación «de todo», excepto algunas emisiones residuales de la agricultura que todavía se desconoce cómo gestionar. En definitiva, reivindica que la propuesta de ley «pone patas arriba el sistema eléctrico y parte de la movilidad».

Ribera asegura que la inversión en el almacén gasista Castor estaba avalada por técnicos y ella hubiera sido «irresponsable» oponiéndose

/0 Comentarios/en , , , , , /por

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que Castor fue una inversión avalada por 2 técnicos del Ministerio, por lo que hubiera resultado «irresponsable» por su parte oponerse al criterio técnico e, incluso, hubiera supuesto negarse a cumplir la legalidad. «Los técnicos tuvieron la cautela de introducir un sistema de seguimiento a tiempo real», explicó la ministra.

Según Ribera, este sistema funcionó, al haber alertado de los posibles riesgos que podían producirse y haber procedido a cesar el funcionamiento de la instalación. Por otro lado, Ribera ha cuestionado las «intensas» financiaciones públicas que se destinan a infraestructuras de gas, alegando que el futuro está en alternativas como las renovables y que las inversiones en fuentes de energía deben gestionarse «de otro modo».

Cataluña y el Tribunal Supremo

Por su parte, la Generalitat de Cataluña ha celebrado que el Tribunal Supremo haya sentenciado que los consumidores no tengan que pagar los costes de mantenimiento y operatividad de Castor correspondientes al 2015, según indicó la Consejería de Empresa y Conocimiento. El departamento ha explicado que el alto tribunal ha estimado un recurso presentado por Cataluña para evitar que los usuarios asumieran alrededor de 18 millones de euros de gasto generados por el almacén de gas, en referencia a los peajes y cánones de gas.

Ha indicado que la decisión del Supremo va en línea con la que tomó el Tribunal Constitucional en 2017, que también estimó un recurso de la Generalitat de Cataluña, y ha agregado que también ha impugnado las órdenes de peajes y cánones del gas que afectan a los gastos de 2016, 2017 y 2018 en la misma línea argumental que la de la sentencia actual.

Asturias y Extremadura piden “tiempo” y avanzar en la transición energética antes de cerrar las centrales térmicas y las nucleares

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado que «no hay plazos puestos» para el cierre de las centrales nucleares en España, y considera que antes se debe «producir una transición ecológica» que permita «ir de lo que tenemos a lo que debemos tener«. Asimismo, el presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, exigió «prudencia» a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en relación al cierre de centrales térmicas, exigiéndole además «tiempo».

En su respuesta parlamentaria al portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que se interesó por la transición y la situación de Alcoa, Javier Fernández ha asegurado que en cuanto a la transición energética su posición sigue siendo «exactamente la misma», contraria a que no se lleve a cabo en un «tiempo acorde a las necesidades» de la industria asturiana y española.

Fernández señaló que, si bien su Gobierno no está en contra de «ninguna ética de futuro para salvar el planeta», también quieren que se salven «otras cosas», algo que solo se podría hacer «con tiempo». Respecto al anuncio realizado por el secretario de Energía, José Domínguez, de que el Gobierno prevé el cierre tanto de centrales térmicas como de nucleares antes de 2030, ha alertado de que «tendrá una incidencia en los precios absolutamente inasumible».

El portavoz de IU se ha mostrado «entre la preocupación y la alarma» ante los anuncios de la ministra Teresa Ribera y ha pedido al presidente que «aumente la presión» al ver que Ribera «no aumenta el diálogo». «Hay que responderle con las mismas armas», ha aseverado, para después subrayar que «cada vez que la ministra habla, una empresa anuncia su cierre«. En cuanto al otro asunto planteado por el portavoz parlamentario de IU, Javier Fernández ha pedido «prudencia» y «unidad» en cuanto a Alcoa.

El cierre de las nucleares

«Yo creo que eso es algo que no es planteable», replicó el presidente extremeño, que señaló que «el secretario de Estado dijo una cosa y la contraria, primero 2030 y luego 2040», tras lo que ha reafirmado que «no hay plazos puestos» para este cierre. En ese sentido, ha abogado por que «antes de suprimir lo que tenemos, tengamos lo que tenemos que tener», ya que a juicio del presidente extremeño, «no se pueden tomar decisiones» sobre las fuentes de energía actuales «mientras las futuras no estén puestas, si no nos quedaríamos absolutamente cojos», señaló.

Por eso, Fernández Vara ha considerado que «solo es posible plantear en España una transición ordenada, si se produce un relevo en empleo, en mano de obra y en riqueza para las comarcas donde están esas fuentes de energía», ha dicho. Así, una de las propuestas que Fernández Vara ha trasladado al presidente del Gobierno es que «alguna de las subastas próximas que haga, las haga solo para los sitios donde hay carbón y nuclear», ya que «de esa manera la gente verá con claridad que el Gobierno está apostando por una transición de lo que había a lo que tiene que haber», ha dicho.

Ante esta situación, «bien haríamos en no precipitar», ya que en la actualidad se está «saliendo de un camino», tras lo que ha señalado que la Ley de Cambio Climático cuando llegue al parlamento tendrá 84 votos, tras lo que ha considerado que «esas leyes, que van a ser el futuro de un país, no se pueden aprobar por minoría, hay que aprobarlas por mayoría».

En ese sentido, el presidente extremeño ha reafirmado que «la estrategia energética de este país no admite juegos», por lo que ha abogado por «abrir una vía de diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales, incluidos los gobiernos autonómicos«, con el objetivo de «definir un modelo que de verdad sea duradero y útil para la vida de la gente».

España sufre su quinto revés en los tribunales internacionales ante la danesa Athena por los recortes a las renovables

/0 Comentarios/en /por

Europa Press.- El Estado español sufre su quinto revés en un arbitraje internacional por los recortes a las renovables, después de que Athena Investments, una operadora danesa de plantas renovables, haya ganado la demanda interpuesta hace dos años contra España, reconociéndole una indemnización de 11 millones de euros.

Según la compañía, en noviembre de 2015 inició un arbitraje contra España ateniéndose a la Carta de la Energía, tratado internacional que garantiza las inversiones internacionales en esta materia, tras el cambio llevado a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy en materia de renovables. Estos cambios legislativos habrían afectado negativamente al valor de la inversión realizada en los años previos relativos a la energía solar, de forma que infringía el artículo 10 de dicho tratado sobre una capacidad total instalada de 6,7 megavatios (MW).

Además de la indemnización de 11 millones, que cubre los daños ocasionados y el coste del arbitraje, la sentencia también le reconoce a la empresa la recuperación de los intereses desde el 30 de junio de 2014. El presidente de Athena, Peter Hostgaard, ha aplaudido el fallo ya que confirma la aplicación de la ley en Europa y protege «el interés legitimo de los inversores», al mismo tiempo que ha avanzado que el importe indemnizado será contabilizado para «partidas especiales».

La última sentencia a la que España tuvo que hacer frente debido al cambio de criterio sobre las renovables tuvo lugar en junio, cuando el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, falló a favor del fondo Antin, reconociéndole el pago de una indemnización de 112 millones de euros. Previamente, en mayo, el Estado español sufrió otro revés también por parte del Ciadi al fallar a favor de Masdar, que pertenece a Mubadala, fondo soberano de Abu Dabi, reconociéndole una indemnización de 64 millones de euros. Este fallo del Ciadi era el segundo en contra de España, después de que en 2017 fallara a favor de Eiser Infraestructure, condenando a pagar 128 millones de euros más intereses a la firma británica.

No obstante, el Gobierno de España presentó ante el Ciadi un recurso contra este laudo favorable a Eiser Infraestructure, al considerar que podía existir un conflicto de intereses con el árbitro designado por la firma británica, Stanimir Alexandrov, ya que también formaba parte del tribunal en otra de las demandas presentadas contra España. Además, el pasado mes de febrero, España registró otro laudo en contra de la Cámara de Comercio de Estocolmo que le obligaba a pagar 53 millones de euros a la firma NovEnergia. De todas maneras, el tribunal de apelación de Suecia decretó posteriormente la suspensión indefinida de la ejecución de este laudo.

No obstante, la resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire ya que en noviembre la Comisión Europea respaldó al Gobierno español en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la Unión Europea era una situación contraria al Derecho de la Unión.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) falló en marzo que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la Unión Europea. Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía.

Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también decayó la demanda de 6 millones de euros de Solarpark Management, que había denunciado ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC). España suma casi una treintena de demandas ante el Ciadi contra los recortes aplicados a las energías renovables por las reformas del Gobierno en los años 2010 y 2013, así como otras más en otros organismos internacionales. Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las energías renovables asciende a 7.566 millones de euros.

Las gasolineras tendrán que instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos con energía de origen 100% renovable

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- El Gobierno estudia obligar a las estaciones de servicio, en función de diferentes criterios, a que adapten su negocio a la movilidad eléctrica, de forma que instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos pero con electricidad de origen renovable. Así aparece en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que también contempla la prohibición de vender vehículos de gasolina, diésel, de gas e híbridos en España desde 2040, mientras que desde 2050 tampoco podrán circular.

El documento recoge que los titulares de las instalaciones de suministro de combustibles para vehículos que en 2017 tuvieran un volumen de ventas de gasolina y gasóleo de al menos 10 millones de litros tendrán que presentar, en un plazo máximo de 9 meses, un proyecto para la instalación de infraestructuras de recarga eléctrica con potencia igual o superior a 22 kilovatios. Esta iniciativa, según la propuesta del Gobierno, se deberá ejecutar y, por lo tanto empezar a dar servicio, en los siguientes 12 meses a la presentación de dicho proyecto ante la Dirección General de Política Energética y Minas.

Por su parte, las estaciones de servicio que en 2017 registrasen un volumen de ventas de combustibles y carburantes de entre 5 y 10 millones de litros tendrán un plazo de 15 meses para presentar el proyecto y 12 meses para ponerlo en marcha, también con una potencia de 22 kilovatios y de origen. Si es una provincia, ciudad autónoma o isla que no cuente con una estación de servicio que cumpla con las condiciones establecidas anteriormente, los titulares de las instalaciones, ordenadas de mayor a menor volumen de ventas anuales, y que al menos alcancen el 10% de las ventas anuales en dichas áreas geográficas, presentarán dicho proyecto en 15 meses y lo aplicarán en los 12 meses siguientes.

En el caso de las concesiones estatales, las obligaciones de las estaciones de servicio con volúmenes anuales de más de 5 millones de litros de combustible tendrán que ser cumplidas por parte de los concesionarios de las mismas, que deberán presentar un plan sobre el despliegue de servicios de carga eléctrica, garantizando un número adecuado de puntos de recarga y reabastecimiento. Asimismo, el texto apunta que, «sin menoscabo de la obligación para los titulares de las instalaciones», las administraciones públicas podrán contribuir a la financiación parcial o total de las actuaciones necesarias para su cumplimiento.

El director gerente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive), Arturo Pérez de Lucia, aseguró que el 75% de las 11.500 estaciones de servicio que hay en España cuenta con tienda y servicios adicionales al repostaje de combustible. «Es importante porque para una estación de servicio, el beneficio por el combustible representa apenas el 1% mientras que el de los servicios adicionales es del 35%. Por tanto, el usuario de vehículo eléctrico, cuya mecánica de recarga le hace permanecer unos minutos en el establecimiento, consume esos servicios en restauración o tienda», subrayó el directivo.

Pérez de Lucia destacó que la recarga del usuario de vehículo eléctrico es en un 80% vinculada, es decir, que se hace en el hogar o lugar de trabajo. No obstante, señaló que con vehículos con cada vez mayores autonomías, se viaja más y por tanto, son más susceptibles de ser clientes de las estaciones de servicio para recarga en itinerancia. «Además el 90% de las gasolineras en las carreteras dentro de las redes transeuropeas deberá estar equipado con puntos de recarga para vehículos eléctricos antes de acabar 2022″, señaló.

Endesa instalará 108.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 5 años mientras pide “inteligencia” para la transición energética

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, pidió que no «pueda la ansiedad» en el proceso de transición energética y ha llamado a que se realice «con inteligencia», ya que «es inviable» tener un sistema energético 100% renovable de un día para otro. Asimismo, la compañía eléctrica lanzó un macroplan para instalar 108.000 puntos de recarga públicos y privados para vehículos eléctricos en España durante los próximos 5 años, con lo que el grupo quiere promover la electrificación de la economía.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, destacó que la movilidad eléctrica «es un pilar estratégico» para el grupo y con el lanzamiento de este plan «muy ambicioso» demuestra que es «un firme creyente» en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía. Este plan se llevará a cabo bajo la marca Endesa X, la nueva línea de negocio de la energética que ofrecerá servicios de valor añadido y soluciones tecnológicas innovadoras en el mundo de la energía. El presidente de Endesa, Borja Prado consideró que la iniciativa lanzada por Endesa supone «el plan más ambicioso» puesto en marcha en España en materia de movilidad eléctrica.

En concreto, se instalarán más de 8.500 puntos de recarga pública entre 2019-2023, cuya inversión ascenderá a 65 millones de euros; así como otros 100.000 puntos privados en parkings residenciales y corporativos. De estos puntos, más de 2.000 se instalarán entre 2019-2020 para dar acceso a la infraestructura al 75% de la población, conectando las principales ciudades (de más de 35.000 habitantes) y carreteras, cubriendo así los 15.000 kilómetros de vías principales y áreas urbanas.

En la segunda fase, entre 2021-2023, se instalarán los otros más de 6.500 puntos de recarga de acceso público para garantizar una cobertura más amplia de las zonas urbanas (centros comerciales, parkings, cadenas hoteleras, áreas de servicio, vía pública…), las principales autopistas y las islas. En paralelo, Endesa impulsará el desarrollo de puntos de recarga en parkings privados, residenciales y de compañías, con el objetivo de alcanzar 100.000 puntos de recarga instalados en el periodo de desarrollo del plan. Este proceso estará acompañado por la entrada de los nuevos modelos de vehículo eléctrico, que tendrán en su mayoría una autonomía de más de 400 kilómetros, según han adelantado los fabricantes.

La electricidad suministrada en estos puntos de recarga de acceso público será 100% certificada de origen renovable, lo que asegura que esta energía procederá de fuentes de generación limpia. Bogas consideró que, una vez que los fabricantes de automóviles consigan incrementar de manera sustancial la autonomía de las baterías y que el precio de los vehículos eléctricos empieza a ser competitivo frente a los de combustión, es necesario superar una última barrera en su desarrollo, la de las infraestructuras, donde Endesa puede ofrecer «su aportación».

Así, destacó que el objetivo del plan lanzado por la energética a 5 años es que cualquier conductor pueda desplazarse por España teniendo un punto de recarga a una distancia máxima de 100 kilómetros. El plan lanzado por Endesa incluye la carga doméstica a 3,7 kW, puntos de carga semirápida de 22 kW, puntos de carga rápida de 50 kW y más de 150 kW de puntos de carga ultrarrápidos.

Hacer transición energética «con inteligencia»

Por otro lado, Bogas afirmó, al ser cuestionado por la voluntad del Gobierno de no alargar la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años, que esa transición energética hay que hacerla «con inteligencia», tal y como recuerdan todos los agentes del sector (eléctricas, gobiernos y otras instituciones). «Hacerlo con inteligencia es gradualmente ir introduciendo más renovables, gradualmente ir cerrando centrales que hoy en día funcionan. Querríamos muchas veces que el sector eléctrico 100% renovable fuera mañana, pero eso es inviable«, afirmó. Así, subrayó que en esta transición energética hay que acompasar la mayor reducción posible de CO2 con unos costes de la electricidad competitivos y, siempre, preservando la seguridad de suministro.

Bogas afirmó que habrá que ir cerrando centrales, pero recalcó que este proceso se debe llevar a cabo de «forma planificada, de forma gradual, que es lo que creo que el Gobierno ha dicho». Por otra parte, el directivo consideró que el reto de pasar de un sistema eléctrico con centrales que emiten CO2 pero ofrecen firmeza al sistema a otro con un desarrollo de las baterías y el almacenamiento para complementar las renovables es «muy grande, pero es viable».

Adelante Andalucía garantiza que impedirá el proyecto de Gas Natural en Doñana y carga contra Felipe González

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- Los candidatos de Adelante Andalucía a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la Junta, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, han criticado que el expresidente del Gobierno Felipe González haya participado en un acto del PSOE en El Rocío, Almonte (Huelva), y aseguran que frente a esa «provocación e insulto», un Ejecutivo de la confluencia «va a blindar e impedir que se desarrolle el plan de Gas Natural» en este entorno. «No vamos a tener que esperar a lo que diga Europa», recalcaron.

«Frente a la foto del pasado de González, las puertas giratorias y los periodos oscuros, Adelante Andalucía representa el futuro y proponemos una agenda compatible entre medio ambiente, salud y creación de empleo», ha afirmado Maíllo, que ha insistido en que es una «provocación» la foto de Susana Díaz y Felipe González en la citada localidad, toda vez que ha reprochado al expresidente que «cambió de bando» pues «pasó de presidir al Consejo de Participación de Doñana a miembro del Consejo de Administración de Gas Natural, y avaló el proyecto de Gas Natural, que es un atentado a Andalucía porque ataca el patrimonio de Doñana».

Asimismo, ha defendido que la nueva agenda económica de Andalucía «es una economía verde, con la búsqueda de compatibilidad del empleo, el medio ambiente y la salud», de modo que proponen un plan de transición ecológica, un plan de eficiencia energética y otro de energías renovables, «y sobre esos tres pivotes crear un empleo con valor añadido y de calidad».

«Tenemos voluntad simbólica y efectiva de construir una economía sostenible», ha agregado Maillo antes de que Teresa Rodríguez haya concretado que si gobiernan pondrán en marcha un plan de transición energética que contaría con una inversión de 7.200 millones de euros para apostar por los empleos verdes y que incentivaría «desde la administración pública andaluza» a los hogares y las explotaciones que apuesten por las energías renovables porque, como ha agregado, «es el futuro de la garantía de suministro en un momento en el que la factura de la luz no ha dejado de subir».

Tras señalar que la principal preocupación de los andaluces es el empleo, la candidata a la Presidencia de la Junta ha defendido que su creación «tiene que ir de la mano de los empleos verdes», cuando ha hecho hincapié en que Andalucía puede ser «punta de lanza» en energías renovables. Así, Adelante Andalucía se propone invertir 7.200 millones en una legislatura en un plan de transición energética «donde se apueste por el ahorro y la eficiencia energética y que pase también por la generación de empleos vinculados a la rehabilitación urbana; un plan de energías renovables donde apostemos por la investigación e incluso la fabricación de maquinaria”. «Una apuesta estratégica por la cadena completa de las energías renovables», ha concretado.

En lo que a la provincia de Huelva respecta, Teresa Rodríguez ha rechazado que se someta a esta provincia «a un chantaje entre medio ambiente y empleo y entre salud y empleo», toda vez que ha afirmado que la única forma de generar empleo «no es renunciando a tener un aire y un entorno limpio, negamos la mayor, creemos que es posible y el futuro es apostar por la energía limpia y los empleos verdes, para poder garantizar la sostenibilidad«.

«Si no apostamos por un parque natural que es nuestra joya más preciada y no convertirlo en un almacén de gas, estaremos poniendo en riesgo el patrimonio de las siguientes generaciones, y lo mínimo que debe hacer un gobernante es garantizar que se lega a la siguiente generación el patrimonio natural que a uno le toca gestionar», ha remachado Rodríguez.

Greenpeace pide ambición en Andalucía

Por su parte, la asociación ecologista Greenpeace ha pedido a los partidos políticos que concurren a las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre, que sitúen la protección medioambiental y la lucha contra el cambio climático en su lista de prioridades. La organización ecologista, además, ha hecho llegar a los principales partidos políticos un documento con propuestas medioambientales prioritarias para Andalucía. La reciente Ley de Medidas frente al Cambio Climático aprobada por el Gobierno andaluz, «no es lo suficientemente ambiciosa» por lo que Greenpeace propone la adopción de políticas activas para la reducción de emisiones, el apoyo a la instalación de nueva potencia renovable, el autoconsumo y la promoción del ahorro y la eficiencia energética.

En líneas generales, las propuestas presentadas en el documento se centran en aspectos relevantes para esta nueva legislatura como la energía y la pobreza energética; la movilidad y el transporte sostenible; la gestión del agua; la gestión sostenible del medio natural; urbanismo y turismo en el litoral; la economía circular; la fiscalidad verde; los criterios de sostenibilidad; y la gobernanza.

 

El Gobierno «no dejará solos» ni a automóvil ni a ciudadanos en la transición hacia el coche eléctrico

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, asegura que el Gobierno no «dejará solos» ni al sector del automóvil ni a los ciudadanos en el proceso de transición hacia los vehículos eléctricos, que contempla que desde 2040 no se podrán vender en España vehículos con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2).

Celaá indicó que el Gobierno tiene la obligación, como política de Estado, de impulsar las energías renovables y de apoyar a la industria de la automoción para llevar a cabo una transición ordenada que sustituya «en plazos razonables» los vehículos de combustión por otros más ecológicos que cumplan con los compromisos del cambio climático. El Gobierno trabaja en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, entre otros objetivos, contempla que desde 2040 no se pondrán comercializar vehículos de gasolina, diésel, de gas e híbridos, mientras que desde 2050 tampoco podrán circular.

Celaá se mostró confiada en que el Ejecutivo pueda remitir a las Cortes este anteproyecto de ley «antes de que finalice el año», al tiempo que manifestó su deseo de que se consensue un acuerdo con las diferentes fuerzas políticas ante un problema como el cambio climático, «urgente, que no puede esperar», que preocupa «seriamente» a la sociedad ya que el cambio climático es un “asunto de Estado”. Celaá reiteró que el Gobierno «no dejará solos» ni al sector del automóvil ni a los ciudadanos en este proceso hacia los vehículos eléctricos, ya que es consciente de su «vital importancia».

En este sentido, subrayó que desde el Ejecutivo están trabajando «muy activamente» con la industria del motor, que calificó como «ejemplar», al tiempo que expresó su convicción en que ésta favorecerá la movilidad del futuro, lejos de la contaminación actual. «El Gobierno estará a su lado permanentemente. Este proceso de transformación es parte sustancial de la nueva ley de Cambio Climático, que tiene el objetivo de preservar la salud de los ciudadanos y la calidad del aire urbano», añadió Celaá.

Además, Celaá apuntó que la industria automovilística ya estaba haciendo cambios, aunque señaló que el marco temporal que baraja el Gobierno es 2040 para dejar de vender coches que emitan CO2 y 2050 para vetar su circulación, en línea con lo que hacen los países en los que están las matrices de los fabricantes de coches. «Son periodos temporales muy largos y muy razonables para que la empresa automovilística se haya reconvertido, aunque, al mismo tiempo, habrá las ayudas que se acuerden entre la industria automovilística y el Gobierno», finalizó.

Las dudas de los ciudadanos

Por su parte, el director General de Tráfico, Pere Navarro, asegura que los ciudadanos le trasladan que «no saben qué coche comprar en estos momentos», en referencia al borrador de la Ley de Cambio Climático que fija 2040 como fecha límite para comprar un vehículo diesel, gasolina o híbrido. «El que se quiera comprar un coche hoy en día tiene un escenario de confusión. La gente no sabe qué coche comprarse en estos momentos y con este escenario», señaló Navarro.

Se afean las formas ministeriales

Por otro lado, las asociaciones que han participado en la reunión con el Ministerio de Industria, junto con el de Transición Ecológica, han valorado de forma positiva dicho encuentro, aunque han criticado las formas del Ejecutivo a la hora de anunciar sus planes de prohibir la venta de modelos con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2) desde 2040. Así, la directora general de Faconauto, Marta Blázquez, indicó que el encuentro ha sido positivo ya que el Gobierno se ha comprometido a trabajar con el sector para dar forma al borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

«Si no estamos todos, no tiene sentido. La hoja de ruta tiene que englobar a todo el sector, eso lo tiene claro el Gobierno», aseguró Blázquez, al tiempo que subrayó que le ha trasladado la preocupación de los empresarios del sector por los recientes anuncios y por la incertidumbre generada. Además, comunicó a los representantes de la Administración que las prioridades son el compromiso de inversiones públicas, ante lo que se han mostrado favorables, así como la puesta en marcha de medidas de rejuvenecimiento del parque, el excluir a los híbridos en un primer momento del veto a la matriculación de 2040 y también el garantizar la unidad de mercado.

Por su parte, la directora general de Ganvam, Ana Sánchez, destacó la voluntad de «mantener espacios de diálogo que permitan a todo el sector trabajar de manera coordinada y con un objetivo común, el futuro de la movilidad en nuestro país». «Todo ello nos va a permitir posicionar a España como uno de los países de referencia en movilidad cero y de bajas emisiones», añadió.

Desde Ganvam señalaron que durante la reunión se acordó seguir trabajando sobre el Acuerdo Estratégico para una Movilidad Sostenible y Eficiente del sector de la Automoción y que también sirvió para fijar las medidas que se llevarán a cabo para conseguir los objetivos planteados en el borrador del Anteproyecto de Ley. Sánchez aseguró que la ministra trasladó a los representantes de Ganvam, Faconauto y Aniacam su voluntad de fomentar y mantener espacios de diálogo con toda la cadena de valor del sector de la automoción.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Industria explicaron que el encuentro fue «bien», con una cadena de valor alineada con el Gobierno, al tiempo que señalaron que sirvió como una reunión para seguir trabajando. Este encuentro fue convocado por parte del departamento de Industria con el fin de dar «certidumbre» al sector del automóvil español, después de que se conociera la intención del Gobierno de prohibir la venta de vehículos de gasolina, diésel, de gas e híbridos desde 2040.

La reunión, según dichas fuentes, contó con la presencia de representantes de Aniacam, Ganvam y Faconauto, mientras que señalaron que desde UGT, CC.OO. y Sernauto se excusaron por no poder asistir alegando «problemas de agenda». No obstante, desde la asociación de fabricantes Anfac aseguraron que no acudirían a esta, alegando que necesitaban más tiempo que 24 horas para analizar y reflexionar sobre los temas de importancia que afectan al sector del automóvil, aunque se mostraron dispuestos a trabajar con el Ejecutivo en favor del sector.

El Gobierno propone edificios descarbonizados en 2030, coches solo eléctricos en 2050 y un 90% menos de CO2 en 2050

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- El Gobierno quiere «poner en el centro de la acción política» la lucha contra el cambio climático y la transición energética para «construir el futuro» mediante un plan que prevé la «neutralidad» de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050 con pasos previos que incluyen la descarbonización de los edificios de aquí a 2030, la prohibición de circular a los vehículos que emitan CO2 en 2050 y una economía descarbonizada al 90%.

Así consta en el borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el que para facilitar esta transición de una manera justa se podría destinar el 30% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión a los «elementos con incidencia social» provocados por la transición hacia una economía descarbonizada o relacionados con la vulnerabilidad de los impactos del cambio climático. La propuesta normativa, que consta de 31 artículos en 9 títulos y varias disposiciones, reconsidera el papel de los combustibles fósiles, la electricidad, el consumo, la movilidad o la vivienda y un nuevo sistema fiscal que grave las prácticas perjudiciales para el medio ambiente.

Los objetivos, superiores a los marcados por la Unión Europea, son reducir en 2030 un 20% las emisiones de GEI respecto a 1990 y que el conjunto de la economía española deberá reducir en un 90% sus emisiones de aquí a 2050 respecto a 1990, con un sistema eléctrico basado «exclusivamente» en fuentes de generación de origen renovable. Al mismo tiempo, en 2030 se deberá alcanzar una penetración de energías renovables en el consumo de energía final del 35% en 2030 y alcanzar en esa fecha un sistema eléctrico con al menos un 70% de generación renovable y mejorar la eficiencia energética en un 35%.

En el camino de cumplimiento, el Gobierno plantea la aprobación de los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima que incluirán los objetivos, políticas y medidas correspondientes así como un presupuesto de carbono quinquenal que precisará lo que corresponde a los sectores cubiertos por el régimen europeo de comercio de derechos de emisión de CO2 y lo que le toca al resto. Para facilitar el impulso a las energías renovables, el Gobierno propone abrir procedimientos para construir un mínimo de 3.000 megavatios de potencia al año entre 2020 y 2030.

Otra de las principales cuestiones que prevé el anteproyecto es que cuando entre en vigor la Ley no se darán en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial, ninguna autorización nueva de exploración o permisos de investigación o de explotación de hidrocarburos ni tampoco para fracking, al tiempo que las autorizaciones en vigor podrán solicitar prórrogas solo hasta 2040. También se prohibirán los subsidios o incentivos económicos a los combustibles fósiles, mientras que se aprobarán mecanismos de apoyo al biometano, al hidrógeno y a otros combustibles sintéticos a partir de materias primas y energías renovables y se permitirá la inyección de gases renovables en la red de gas natural.

El título V del anteproyecto de Ley se centra en la movilidad y la edificación, dos aspectos en los que el cambio que se plantea de aquí a los próximos 32 años es casi de 180 grados. En concreto, el borrador apuesta porque el parque de turismos que circule por las carreteras no emita CO2 en 2050 y para ello, 10 años antes no se permitirá en España la matriculación y venta de vehículos que emitan CO2, lo que incluye a los de gasolina y diésel, pero también a los híbridos. Solo se libran los vehículos históricos, que sí podrán circular siempre y cuando no se utilicen con fines comerciales.

Las gasolineras deberán presentar un plan para instalar infraestructuras de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kW que además se deberán abastecer con renovables. Para ello dispondrán de un plazo que va de 9 a 15 meses en función de su volumen de ventas. En materia de vivienda, la propuesta normativa prevé la rehabilitación de al menos 100.000 viviendas anuales entre 2021 y 2030 mediante una estrategia que deberán elaborar las comunidades autónomas. Además, todas las edificaciones que liciten las administraciones públicas deberán ser de energía casi nula en 2025, cuando tampoco podrán arrendar edificios no eficientes.

En general, todos los planteamientos, tanto de inversiones como de planificación, deberán considerar los riesgos del cambio climático. En este objetivo, las comunidades autónomas y los municipios de más de 100.000 habitantes deberán contar con planes de energía y clima antes del 31 de diciembre de 2021. La política fiscal, según el anteproyecto, incorporará incentivos a la economía baja en carbono. Concretamente, estima que al menos el 20% de los Presupuestos deberán impactar de forma positiva en la lucha contra el cambio climático de aquí a 2025 y entonces ese porcentaje se revisará al alza.

Por último, para garantizar el cumplimiento de la ley, de los planes y las estrategias dirigidos a lograr los objetivos finales, el Gobierno creará el Comité de Cambio Climático y Transición Energética, que estará integrado por la Presidencia y 8 expertos que asesorarán al Ejecutivo y contarán con independencia. Sus miembros serán propuestos por el Consejo Nacional del Clima y serán aprobados por el Congreso de los Diputados. Este órgano se encargará de realizar recomendaciones y propuestas que el Gobierno deberá valorar de forma motivada.