Bruselas autoriza a Francia a invertir 600 millones en instalaciones solares innovadoras mientras la ONU pide triplicar la lucha climática

Europa Press.- La ONU ha advertido a los países de que deben triplicar sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático y lograr así reducir las emisiones después de que alcanzaran un récord en 2017. Asimismo, la Comisión Europea ha aprobado el plan de Francia para invertir 600 millones de euros de fondos públicos en instalaciones solares eléctricas innovadoras, al concluir que la medida ayudará a la Unión Europea a cumplir con sus objetivos energéticos y climáticos sin distorsionar la competencia.

El esquema está financiado con el presupuesto estatal francés y busca impulsar el despliegue de 350 megavatios adicionales de capacidad de generación. Los fondos están disponibles para instalaciones tanto en edificios como a nivel del suelo con una capacidad de entre 100 kilovatios y 5 megavatios. Los beneficiarios serán seleccionados a través de licitaciones públicas que se celebrarán a lo largo de 2019 y recibirán el apoyo público en forma de tarifas de alimentación o de complemento de remuneración durante un periodo de 20 años.

El Ejecutivo comunitario determinó que este programa de ayudas cumple con las normas europeas sobre ayudas de Estado por estar destinado a impulsar el despliegue de energías solares renovables e innovadoras y evitar que los beneficiarios sean sobre compensados. «Nuestro futuro estará alimentado por energía renovable. La iniciativa francesa que aprobamos promocionará las instalaciones solares innovadoras y contribuirá a la transición de Francia a un suministro de energía bajo en carbón y sostenible», destacó la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

Las emisiones en niveles récord

Por otro lado, un informe de Naciones Unidas ha concluido que las emisiones globales podrían llegar a estar entre 13.000 y 15.000 millones de toneladas por encima del nivel que se ha estimado como necesario para mantener la temperatura global del planeta por debajo de un incremento térmico global de 2 grados centígrados. El noveno informe anual del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de la ONU ha analizado en detalle el impacto del cambio climático y confía en que durante la Cumbre del Clima de Katowice (Polonia) se alcance un manual de normas sobre la implantación del Acuerdo del Clima de París que insta a limitar el aumento global de las temperaturas.

El programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) ha indicado que las emisiones anuales de gases de efecto invernadero llegaron a 53.500 millones de toneladas en 2017 después de tres años consecutivos de descensos. Sin embargo, las emisiones de GEI en 2030 deberán bajar desde un 25% a un 55% para situar al mundo en el camino para limitar la temperatura global de 2ºC a 1,5 ºC. El aumento de las emisiones y la lacónica acción significa que la brecha para el informe de este año es «mayor que nunca», según el estudio.

Las políticas climáticas actuales deberán acometer un recorte de 6.000 millones de toneladas de CO2 en 2030, para detener el calentamiento a la atmósfera para 2100, aunque sus efectos seguirán más allá de ese horizonte. El estudio advierte también de que si la brecha de emisiones no se cierra en 2030 es muy plausible que el objetivo de limitar el aumento de temperatura global a 2ºC esté también fuera de alcance. Para mantener como posible este reto de los 2ºC los países deberán triplicar sus esfuerzos actuales, mientras que para alcanzar el objetivo de 1,5ºC la ambición se deberá quintuplicar.

En la actualidad, las 20 mayores economías del mundo (G20) no están de forma colectiva en el camino de alcanzar sus compromisos, según la UNEP. Así lo confirma el análisis y la revisión del progreso de los compromisos de los países en este sentido, las también llamadas contribuciones nacionales, que indican que son «insuficientes». A esto se suma el informe del Panel de Cambio Climático de la ONU (IPCC) que advertía de que para mantener la temperatura global del planeta por debajo de un incremento de 1,5ºC se deberá hacer rápidamente un esfuerzo sin precedentes.

Las instituciones locales, nacionales y los gobiernos regionales; las compañías, los inversores, la educación superior y las organizaciones de la sociedad civil están incrementando sus compromisos para la acción climática mundial y están ejerciendo una fuerte presión. Aunque las estimaciones de reducción de emisiones potenciales varían, se prevé que se podría evitar hasta 2030 unos 19.000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente y con ello se podría alcanzar el objetivo de los 2ºC.

La Fundación Española del Corazón reconoce que los nuevos vehículos diesel disminuyen en gran medida sus emisiones de gases contaminantes

Europa Press.- Los datos son contundentes: el 93% de la población española respira un aire que excede los límites considerados como peligrosos para la salud, según ha asegurado el vicepresidente de la Fundación Española del Corazón, José Luis Palma, durante la jornada Impacto de la calidad del aire en la salud cardiovascular.

El objetivo de este encuentro, que se ha celebrado en la Casa del Corazón, sede de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la FEC, ha sido analizar la situación de la contaminación ambiental en España y en Europa. Para ello, han participado expertos en el área de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como responsables en definir y aplicar políticas de salud y medioambientales. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) expuestos por el vicepresidente de la FEC durante su intervención, la contaminación del aire es responsable de alrededor de 7 millones de muertes al año en el mundo, de las que 2,5 millones corresponden a enfermedades del corazón (25%) y 1,4 millones a ictus (24%).

Palma recuerda que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se refiere a la contaminación del aire como el «nuevo tabaco», poniendo en evidencia que la contaminación ambiental se ha convertido en «uno de los principales retos de salud pública a nivel mundial». En la misma línea, ha recordado que los productos contaminantes de mayor impacto medioambiental son las partículas de la materia en suspensión, tanto sólidas como líquidas. Las más peligrosas son las que miden 2,5 milimicras o menos; el ozono; el monóxido de carbono (CO); el dióxido de nitrógeno (NO2); el dióxido de azufre (SO2) y los compuestos orgánicos volátiles (COV).

«Todas estas sustancias vician el aire, haciéndolo insalubre y peligroso. Su paso a la sangre, a través de la barrera alveolar, favorece el desarrollo de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, arritmias graves que pueden generar en parada cardiocirculatoria, ictus, tromboembolismo pulmonar y sistémico, trombosis venosa profunda y arterioesclerosis acelerada», ha indicado Palma. Asimismo, ha recordado que «la enfermedad coronaria y el ictus representan el 80% de todas las muertes debidas a la contaminación ambiental». «La salud cardiovascular y respiratoria de la población será mejor cuantos más bajos sean los niveles de contaminación del aire», ha zanjado.

El millonario gasto en Sanidad

Sobre el impacto económico total de la contaminación ambiental, en 2013 se estimó que los costes relacionados con la salud a causa de la contaminación ambiental en la Unión Europea oscilaban entre los 300.000 y los 940.000 millones de euros al año, incluyendo gastos sanitarios directos e indirectos pero también los derivados que inciden en la economía nacional y mundial.

En este contexto, ha citado los datos de un estudio realizado en Vancouver (una ciudad tres veces menos contaminada que París), que demostraron que la exposición de las embarazadas a la contaminación del tráfico aumenta en torno a un 25% el riesgo de que sus hijos padezcan graves enfermedades respiratorias antes de cumplir los 6 años de edad. Junto con las embarazadas, el experto ha apuntado que los pacientes más susceptibles a la contaminación del aire son los de bajo estatus socio-económico, edad avanzada, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, enfermedad arterial coronaria o fumadores.

Aunque la «mayoría» de actividades desarrolladas en las sociedades contemporáneas generan productos contaminantes, como las económicas, industriales, comerciales, agrícolas y ganaderas, Palma ha identificado al tráfico rodado como «uno de los principales responsables del deterioro de la calidad del aire en las ciudades». Así, ha explicado que, de acuerdo con estudios españoles, su contribución oscila entre un 70% y un 80% en la contaminación por partículas en suspensión de menos de 2,5 micras (PM 2,5), compuesto que tiene un «impacto directo» sobre la salud de la población y que, en la actualidad, supone «el mejor indicador de la contaminación urbana».

Para luchar contra esta «lacra», ha apostado por tomar una serie de medidas de planificación urbana que luchen contra la contaminación ambiental, como el diseño óptimo de carriles para bicicletas, promover los coches eléctricos e híbridos, fomentar el transporte público, una nueva legislación para la construcción de edificios, o iniciativas para reducir la emisión de combustible y otros gases tóxicos.

Otro de los puntos sobre los que ha incidido es el conocido como dieselgate. «Los nuevos diésel emiten, en comparación con los antiguos, un 84% menos de dióxido de nitrógeno y un 90% menos de PM 2,5″, ha afirmado Palma. Además, ha añadido que los nuevos catalizadores de reducción selectiva disminuyen en más de un 99% la emisión de estas partículas. Como propuesta, ha reclamado que se impulse el aditivo AdBlue como mezcla en los diésel, ya que «reduce la emisión de dióxido de nitrógeno en más de un 90%».

Más de 70 activistas de Greenpeace acceden al puerto de la central térmica en Carboneras y piden su cierre

Europa Press. – Más de 70 activistas de Greenpeace de siete nacionalidades distintas han accedido a bordo de 45 kayaks al puerto de la central térmica de Endesa en Carboneras (Almería) para exigir su cierre a la compañía eléctrica.

Los activistas participan en esta acción de «protesta pacífica» portando pancartas con los mensajes ‘Apaga el carbón’ y ‘No al carbón’.

De esta manera, Greenpeace ha destacado que, según un reciente informe publicado por la plataforma ‘Europe Beyond Coal’, Endesa es responsable de 410 muertes prematuras, 14.000 ataques de asma en población infantil, 300 casos de bronquitis en adultos y más de 1.000 millones de euros en costes a la salud de la sociedad española.

En relación a esto, hay que destacar que la compañía eléctrica ya anunció en 2016 que no invertiría en sus térmicas de carbón de Compostilla y Andorra. Además, la semana pasada confirmó que iniciará el trámite legal establecido para solicitar sus cierres. Sin embargo, Endesa no tiene planes de cierre para la central de Carboneras ni para la de As Pontes (A Coruña), y no ha confirmado el cierre completo de la de Alcudia (Mallorca), según ha señalado el colectivo.

Según ha asegurado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, «es hora de que Endesa asuma un compromiso urgente y real en la lucha contra el cambio climático y la transición energética y establezca 2025 como el año límite para cerrar sus centrales térmicas de carbón y asegurar que sus centrales nucleares se van a cerrar a medida que vayan finalizando sus actuales licencias de explotación».

Así, desde la organización ecologista, la Central Térmica Litoral de Almería, ubicada en Carboneras, ocupa el puesto 49 en emisiones contaminantes de las 266 centrales que se han analizado en Europa, siendo responsable de 67 muertes prematuras y unos costes en salud que superan los 200.000 euros por sus emisiones en 2016. Además, es la tercera en España, y primera de Andalucía, en emisiones de CO2 causantes del cambio climático, ya que emite más de cinco millones de toneladas al año.

En conclusión, Greenpeace ha apuntado la necesidad de medidas urgentes y ambiciosas, como el fin del carbón y el resto de energías sucias y su sustitución por renovables, para frenar este grave problema con una intensa campaña de movilización y sensibilización.

China quiere esforzarse más en la lucha contra el cambio climático

Europa Press. – El enviado especial de China para el cambio climático y responsable chino de la negociación durante la Cumbre de París, Xie Zhenhua, ha asegurado  que Pekín se esforzará más en el marco de la lucha contra el calentamiento global.

Xie ha afirmado que las autoridades chinas harán todo lo posible para acogerse a los objetivos establecidos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero a medida que el cambio climático se vuelve cada vez una cuestión más urgente.

«Creo que las promesas que hicimos pueden ser completadas al 100% y nos esforzaremos para hacerlo mejor», ha asegurado Xie en una de las rondas de conversaciones sobre el cambio climático en Katowice, Polonia.

China, principal fuente de dióxido de carbono del mundo, se ha comprometido a descender a la mitad sus emisiones de cara a 2030 mediante la implementación de formas de energía más limpias y apostando por impulsar industrias tecnológicamente avanzadas.

Las petroleras creen que prohibir los vehículos que no son eléctricos «socava la libertad y el progreso» del sector

Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Luis Aires, ha lamentado que la intención del Gobierno de prohibir en 2040 la circulación de vehículos que no sean eléctricos «socava los principios de libertad y progreso» del sector. En este sentido, Aires consideró que esta medida, recogida en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno, va en contra del «progreso y la neutralidad tecnológica» y, además, crea «incertidumbre» en el sector automovilístico.

En presencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el presidente de la AOP defendió que el sector ha demostrado ser «valiente», como cuando en plena crisis invirtió 8.000 millones de euros en modernizar las refinerías en España, y aseguró que no «le asusta competir», ya que la gestión de riesgos «está en su ADN». No obstante, lamentó que la decisión de prohibir desde 2040 vehículos que no sean eléctricos puros «no es una medida sensata» y restringe «la libertad de desarrollo del sector», poniendo además en riesgo «la competitividad y el empleo».

Asimismo, subrayó que esta «incertidumbre» lleva a que se retrasen las decisiones de compras de vehículos por los consumidores, lo que «afecta a la modernización del parque automovilístico». Por ello, pidió que se permita que las distintas tecnologías «compitan» en igualdad de condiciones y solicitó medidas que incentiven la renovación del parque automovilístico, «sea de la tecnología sea», ya que ayudará a mejorar la calidad del aire en las ciudades.

Por otra parte, consideró que la obligación para las estaciones de servicio de instalar puntos de recarga, con sanciones que pueden llegar hasta los 30 millones de euros en el caso de no llevarse a cabo, «no parece respetar el principio de libertad«. ¿Quién va a pagar esas inversiones, que no se van a amortizar en su vida útil?. ¿Vamos a generar un nuevo déficit de tarifa como el de las primas renovables?, se cuestionó.

Mientras, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética supone «un golpe en la línea de flotación de la economía española». Así, el ejecutivo de Repsol pidió al regulador «humildad» y apostó por no ser «pretenciosos» y respaldar la «neutralidad tecnológica». «No hipotequemos al ciudadano», apuntó. Imaz consideró que si la gente tiene «incertidumbre» no decidirá comprar y cambiar de coche, por lo que el parque automovilístico seguirá siendo viejo y contaminante. «Estamos en un círculo perverso», añadió.

Por su parte, el consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, pidió hacer «el esfuerzo de pensar en medidas eficientes y no efectistas. «Medidas que no pretendan impresionar o llamar la atención», destacó. Además, Aires (BP) indicó que se pagan unos 17.000 millones de euros por impuestos especiales a los carburantes, por lo que se cuestionó «qué impuestos se van a subir para recaudar esa cifra cuando prolifere el coche eléctrico».

Ribera invita al sector petrolero a «trabajar juntos» para establecer los horizontes 2040 y 2050 para avanzar hacia la descarbonización

Europa Press.- Mientras la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que el objetivo del Gobierno es que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética sea «consensuada» con todos los actores, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha invitado al sector petrolero a colaborar en establecer las sendas a 2040 y 2050 para alcanzar los objetivos de descarbonización de manera eficiente.

En su intervención en la jornada de celebración del 25º aniversario de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Ribera propuso al sector «ponerse de acuerdo en dónde debemos estar en 2040 y 2050» y «trabajar juntos» para perfilar las sendas con el fin de «maximizar las oportunidades identificadas». La ministra, que confió en que los próximos 25 años del sector sean «de éxito, modernización y cambio», destacó la importancia del papel de la industria en la economía del país, donde es uno de los sectores «más complejos, pero también más acostumbrados a trabajar en escenarios volátiles y difíciles».

Así, alabó los esfuerzos «notabilísimos» hechos por el sector petrolero, pero consideró que «todavía hay que apurar el camino». «Es obvio que todavía hay margen de mejora», afirmó, subrayando que es posible mantener una apuesta por la reconversión del sector en el ámbito energético, «de tal forma que siga siendo un actor fundamental». Posteriormente, precisó que se podrán mantener los incentivos a los combustibles fósiles en sectores donde se necesitará el acompañamiento, como el agroganadero, el transporte pesado o marítimo. «No es descartable que tengamos que mantener ciertos apoyos y nos obligue a repensar limitar las subvenciones a los combustibles fósiles, teniendo presente ese componente social durante la transición«, indicó.

El objetivo es el consenso

Por su parte, Maroto subrayó que todavía «no hay nada aprobado» respecto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. «Hemos abierto un debate sobre las medidas a poner en marcha en materia de cambio climático y espero que cuando esa Ley se apruebe sea de manera consensuada con el sector, la sociedad civil y las fuerzas políticas«, indicó.

La titular de Industria defendió que las fechas que recoge el documento para la prohibición de la venta de coches de combustión e híbridos en 2040 «son las que se están abordando en otros países». «Ahora estamos hablando con el sector. Se nos ha criticado por no hacerlo antes y les he insistido que no lo habíamos hecho porque estábamos trabajando en un borrador de un documento que se ha filtrado y nos ha llevado a ponernos a trabajar con los sectores», añadió al respecto.

Maroto también anunció que el Gobierno está ultimando la agenda de la industria química y del refino, un documento que presentará el próximo 21 de enero. La ministra subrayó que es necesario «ponerse en movimiento ya» para que otros países «no nos pasen por hacerlo mejor». «El desafío es la transición hacia una economía descarbonizada y no lo vais a hacer en solitario», añadió. Además, consideró que los últimos datos del sector automovilístico son positivos, «a pesar del ruido generado por la Ley de Cambio Climático, por lo que destacó que «los impactos habrá que empezar a medirlos una vez que el borrador sea consensuado».

El número de clientes acogidos al bono social de la electricidad es ya muy próximo al millón

Europa Press.- Casi un millón de clientes están acogidos ya al bono social eléctrico, después de que en el último mes y medio se hayan suscrito 172.000 nuevos usuarios, según indicó el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. En este sentido, Domínguez subrayó que la pobreza energética no es «una situación que esté resuelta y se tiene mucho trabajo por delante«, ya que más de 4 millones de personas la sufren en España.

Así, Domínguez Abascal señaló que se han recibido 1,3 millones de solicitudes para acogerse al bono social, de las cuales se han concedido casi un millón «en este momento«, lo que permite dar cobertura a casi 2,4 millones de personas en situación de pobreza. «Pero nos quedan otros dos millones y el trabajo que tenemos por delante es grande», apuntó.

El Gobierno aprobó en octubre, mediante un real decreto-ley, un plan de medidas para ampliar las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, y así como para abaratar la factura de la luz, ante la espiral alcista de los últimos mesesen el precio de la electricidad.

Hasta el 31 de diciembre

Desde la entrada en vigor de la nueva normativa, que amplía las coberturas del anterior bono social eléctrico, Domínguez destacó que el ritmo al que se está accediendo a esta protección para los consumidores vulnerables «es importante», con esos 172.000 nuevos clientes suscritos en el último mes y medio. El plazo para acogerse al bono social eléctrico para aquellos consumidores acogidos al antiguo, que con la anterior normativa expiraba el pasado octubre, se amplió hasta el próximo 31 de diciembre.

A este respecto, valoró que desde la llegada del Gobierno del PSOE afrontar el problema de la pobreza energética ha sido prioritario y con real decreto-ley se han afrontado «algunas cuestiones de urgencia». «Ya no se puede cortar la luz en España en una vivienda donde no hay capacidad económica o habitan menores», destacó. Asimismo, invitó a participar en la tramitación del real decreto-ley a Ley, ya que es el momento «para introducir algunos elementos adicionales», y destacó también que el objetivo es cumplir con el mandato recogido en la normativa de que en 6 meses, antes del mes de abril, esté redactada una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

Por su parte, el director general de la Fundación Naturgy, Martí Solá, destacó que la pobreza energética es «una manifestación de la pobreza en general» y consideró necesario el trabajo conjunto de las empresas, administraciones y agentes sociales para mitigarla. A este respecto, Solá señaló la necesidad de eliminar las barreras burocráticas existentes en su gestión para que la productividad de los servicios sociales «sea más alta» y pidió la creación de un registro único de familias de clientes vulnerables.

España destina como contribución voluntaria 450.000 euros a organizaciones internacionales y actividades multilaterales de lucha contra el cambio climático

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha autorizado la contribución voluntaria con un total de 450.000 a organizaciones internacionales y actividades multilaterales de lucha contra el cambio climático. Así, se ha acordado destinar 200.000 euros al Fondo de Actividades Suplementarias de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático (CMNUCC), que es el principal instrumento internacional para atajar este problema global, así como al Acuerdo de París.

CMNUCC fue adoptada en 1992 (entró en vigor en 1994), y ha sido ratificada por 197 partes, incluida España, y su objetivo último es la estabilización de las concentraciones de gases invernadero en la atmósfera. Además, el Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015, ha sido ratificado por 134 países hasta la fecha. Tras la cumbre de París se constituyó el Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París (APA), como órgano subsidiario adicional para el desarrollo de todos los elementos del Acuerdo.

Sus actividades se financian por las contribuciones obligatorias y voluntarias de sus miembros a través de dos fondos, el Fondo de Actividades Suplementarias, destinado a numerosas actividades relacionadas con los resultados de la negociación. También a través del Fondo de Participación destinado a financiar los gastos correspondientes a la participación de delegados de países en desarrollo en las reuniones de la Conferencia de las Partes y de los Órganos Subsidiarios. El presupuesto para el bienio 2018-2020 incluye las necesidades financieras del fondo de actividades suplementarias y el importe de la contribución voluntaria para el ejercicio 2018 es de 200.000 euros.

Por otro lado, el Gobierno ha autorizado la contribución voluntaria de 200.000 euros a la Comisión Económica para América Latina y Caribe para las actividades de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCCC). Entre las actuaciones de cooperación de España en la lucha contra el cambio climático destacan las desarrolladas en el marco de la Red Iberoamericana de Oficina de Cambio Climático (RIOCC), en la que la OECC ejerce las labores de secretariado desde su creación en 2004 por mandato del Foro Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente.

En la misma línea, el Gobierno ha aprobado un acuerdo que autoriza la contribución voluntaria de 50.000 euros al Paternariado Internacional de Acción de Carbono. El Partenariado Internacional de Acción de Carbono (ICAP) es un foro internacional compuesto por gobiernos y autoridades públicas que han implementado, o prevén implementar, sistemas obligatorios de comercio de derechos de emisión para regular las emisiones efecto invernadero en el ámbito territorial que les compete.

ICAP funciona mediante programas de trabajo que se establecen para un periodo de dos años. Para cada actividad recogida en el programa de trabajo se estima un presupuesto asociado. Transcurrido un año desde el inicio de la aplicación del programa se valora la introducción de modificaciones. Los gastos de funcionamiento del secretariado de ICAP se han estimado en unos 650.000 euros/año. España destinará en 2018 un total de 50.000 euros.

El Gobierno incorpora a la normativa española el reglamento de la directiva de Euratom sobre seguridad nuclear en instalaciones nucleares

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado un reglamento sobre seguridad nuclear en las instalaciones nucleares con el que se traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/87/Euratom que establece que el objetivo debe ser la prevención de accidentes en todas las etapas del ciclo de vida de una instalación nuclear.

En la actualidad la normativa española ya tenía incorporada en gran medida los requisitos que exige esta Directiva pero no contaba con una norma de carácter reglamentario sobre la seguridad nuclear en instalaciones nucleares. El cambio es que la responsabilidad primordial en materia de seguridad nuclear recae sobre el titular de la autorización e incluye el control de las actividades de los contratistas y subcontratistas que puedan afectar a la seguridad de las instalaciones nucleares.

Las nuevas exigencias pretenden garantizar un alto nivel de seguridad nuclear para proteger a los trabajadores y al público contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes procedentes de centrales y reactores nucleares o instalaciones de almacenamiento temporal de combustible nuclear gastado o residuos radioactivos de alta actividad. En concreto, a partir de ahora los requisitos generales en el emplazamiento, diseño, construcción, puesta en marcha, explotación y desmantelamiento de las mismas deben ir dirigidos a la prevención de los accidentes y atenuar sus consecuencias.

Asimismo, se deberá evitar que las emisiones radioactivas que requieran medidas de emergencia fuera del emplazamiento y las grandes emisiones radiactivas que requieran medidas de protección a la población. Se trata de objetivos trasversales que inciden en todas las etapas de vida de una instalación nuclear: desde la concepción y diseño del proyecto, la construcción, la puesta en marcha, la implantación de sistemas de gestión, la explotación y el desmantelamiento.

El petróleo sube un 6% tras anunciar Qatar su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)

Europa Press.- El precio del barril de petróleo Brent, de referencia para Europa, supera la barrera de los 62 dólares, registrando así una subida de más del 6%, después de que Qatar anunciara su intención de abandonar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y a la expectativa de la reunión que celebrará el cártel este jueves, 2 años después del acuerdo con otros productores por el que el cártel decidió limitar su oferta para reactivar los precios, consiguiendo triplicarlos desde entonces.

En concreto, el crudo de referencia en el Viejo Continente llegaba a cotizar a un precio de 62,60 dólares por barril, frente a los 58,71 dólares del pasado viernes, después de haber llegado a caer hasta los 57,50 dólares un día antes, en mínimos desde octubre de 2017. Por su parte, el barril de petróleo Texas, de referencia en Estados Unidos, llegaba a cotizar en 53,85 dólares, frente a los 50,93 dólares del viernes. El ministro de Energía de Qatar, Saad al Kaabi, ha anunciado que su país tiene previsto retirarse de la OPEP en enero de 2019, una decisión que llega en el marco de un plan estratégico a largo plazo en materia energética.

La decisión del Gobierno de Qatar, que es uno de los más pequeños productores de la OPEP pero uno de los mayores exportadores de gas natural del mundo, se enmarca en las medidas que está adoptando para tratar de potenciar su peso a nivel internacional y en el marco de una estrategia energética a largo plazo, más centrada en la industria gasística, según ha explicado el ministro. «Qatar ha decidido retirarse de la OPEP con efectividad desde enero de 2019 y esta decisión ha sido comunicada a la OPEP», aseguró el ministro de Energía qatarí, antes de señalar que su Gobierno asistirá esta semana a la reunión de la OPEP.

El anuncio de la retirada de Qatar llega antes de que la OPEP se reúna esta semana con sus aliados, incluida Rusia, para hablar sobre la posibilidad de recortar el suministro de crudo. El ministro qatarí ha dicho que la decisión no ha sido fácil para Qatar, que ha estado en la OPEP durante 57 años, pero ha señalado que el impacto en la producción de la organización será pequeño.

Al Kaabi ha afirmado que Qatar continuará cumpliendo sus compromisos como cualquier otro país productor de crudo que no forma parte de la OPEP. La decisión de retirada refleja la intención de Qatar de centrar sus esfuerzos en desarrollar su industria de gas natural, según expuso el ministro, en un momento en el que las autoridades qataríes quieren hacer aumentar su producción de gas natural licuado de 77 millones a 110 millones de toneladas anuales. Al Kaabi aseveró que la decisión de retirarse de la OPEP no tiene relación alguna con el boicot político y diplomático que mantienen desde junio de 2017 en su contra Arabia Saudí, principal potencia de la organización petrolera, y otros tres países de la región.

Desde el lado de los analistas, Aitor Méndez (IG), avanza que el entendimiento entre los miembros del cártel «no está siendo tan bueno», mientras el petróleo iraní sigue llegando al mercado en un momento de máxima oferta. Asimismo, “los principales jugadores del mercado como Rusia, Estados Unidos o Arabia Saudí presentan unos niveles de almacenamiento y de bombeo próximos a máximos históricos», explica el analista.

«La desaceleración de la economía mundial es uno entre varios factores que han contribuido a frenar el precio del petróleo», señala por su parte Greg Meier, analista de Allianz Global Investors, añadiendo que otros desencadenantes son el aumento de la oferta de la OPEP antes de la posibilidad de un levantamiento inesperado de algunas sanciones al Irán, el aumento de los inventarios en Estados Unidos y la apreciación del dólar.