El precio de los carburantes sigue a la baja y cae hasta niveles de marzo

Europa Press. – El precio de la gasolina y del gasóleo ha continuado su tendencia bajista y se ha abaratado hasta un 1,59%, retrocediendo así hasta niveles que no se veían desde el pasado mes de marzo.

Específicamente, el precio medio del litro de gasolina ha encadenado su octavo descenso consecutivo, tras abaratarse un 1,37%, situándose en los 1,224 euros, según datos del Boletín Petrolero de la UE.

Por otro lado, el precio del litro de gasóleo, cuya tributación prevé encarecer el Gobierno en 2019, ha obtenido su sexta caída consecutiva, tras experimentar un descenso del 1,59%, para situarse en los 1,176 euros.

Este resultante es el precio más bajo desde el pasado mes de abril que registra el litro de gasóleo, que ha caído un 8,4% desde los máximos anuales a los que llego durante el pasado mes de octubre.

En este sentido, ambos carburantes se alejan en mayor medida de los records anuales, y máximos desde finales de 2014, que habían tocado a mediados de octubre tras la espiral alcista en la que entraron desde agosto al calor de la subida en los precios del crudo.

Así, el precio del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cotizaba ligeramente por encima de los 60 dólares, mientras que el Texas americano se intercambiaba a poco más de 51 dólares.

La fábrica de ENUSA en Juzbado nombra director a Antonio Munuera y suministrará el combustible nuclear necesario para 24 recargas

Europa Press.- El director técnico de seguridad nuclear del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Antonio Munuera, ha sido nombrado director de la fábrica de combustible de uranio de ENUSA en Juzbado (Salamanca). Asimismo, la empresa pública de elementos de combustible de uranio ENUSA ha firmado un acuerdo con Endesa, Iberdrola y Naturgy por el que cubrirá las necesidades de los 5 reactores nucleares españoles de diseño Westinghouse para los próximos 5 años, según ha indicado la empresa.

Se trata del mayor contrato asociado de ENUSA ya que suministrará el combustible nuclear necesario para las próximas 24 recargas: 11 en las centrales nucleares de Ascó (I y II), 5 en Vandellós II y 8 en Almaraz (I y II). El combustible será suministrado por la fábrica de elementos de ENUSA en Juzbado (Salamanca). El presidente de ENUSA, José Vicente Berlanga, ha destacado que el contrato supone «uno de los mayores hitos» para la empresa pública y atribuye el contrato a la «seriedad del trabajo constante y a la alta capacitación de la plantilla».

Según explica la empresa estatal, este contrato da continuidad a los firmados hasta ahora y con ello se compromete a suministrar el combustible nuclear para todas las recargas mencionadas, el diseño del núcleo y el licenciamiento de los correspondientes ciclos de operación para esas regiones de recarga, así como otros servicios de ingeniería asociados con el combustible, incluyendo las herramientas para el seguimiento de la operación. Asimismo, ENUSA dará servicios de combustible a estas centrales durante la vigencia del contrato, desde manejo de combustible fresco hasta la gestión del combustible irradiado durante las paradas de recarga. ENUSA es proveedor desde 1974 del combustible nuclear a estos reactores diseñados por Westinghouse.

Munuera, nuevo director de Juzbado

Por otro lado, Munuera se incorporará a la dirección de la empresa pública durante el primer trimestre de 2019, una vez se concreten los últimos trámites administrativos, según un comunicado remitido a los trabajadores de la fábrica de Juzbado. Así, el presidente de ENUSA destacó que con el nombramiento de Munuera se pone fin a la interinidad de los últimos 5 años. El nuevo director de Juzbado relevará al director interino Javier Montes, al que Berlanga agradeció «su gran labor».

Berlanga manifestó a los colectivos de representantes de los trabajadores de la empresa que el candidato debía cumplir con los «requisitos adecuados para un puesto que es de vital importancia» y que, además, a su juicio debería tener la «misión de iniciar un proceso de transmisión del conocimiento» para garantizar la continuidad de la labor desarrollada hasta ahora en Juzbado.

Berlanga define a Munuera como un «hombre de extensa experiencia en el sector» ya que desde 1985 ha sido funcionario en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En el organismo regulador fue nombrado Director Técnico de Seguridad Nuclear y, además, en 2014 fue designado presidente del grupo de trabajo sobre seguridad nuclear del European Nuclear Regulatory Safety Regulators Group (ENSREG).

El nuevo director de Juzbado se jubiló en el CSN en noviembre y ahora ha sido nombrado director de la empresa pública estatal. El pleno del CSN agradeció «expresamente» su «dedicación y esfuerzo» en el cumplimiento de las tareas de la Dirección Técnica de Seguridad nuclear así como su contribución a «aumentar el prestigio» del CSN en sus actuaciones a nivel nacional e internacional. Precisamente, Munuera ocupó un papel clave y polémico durante la solicitud de renovación de Garoña (Burgos).

Ahora, en tanto su puesto esté vacante hasta la designación de sustituto en el cargo por el Consejo de Ministros, el Pleno del CSN encomendó la coordinación de las 3 subdirecciones de la Dirección Técnica, la interlocución ante el Pleno y la Presidencia, así como la firma de documentos e informes al exterior de la Dirección Técnica al actual Subdirector de Tecnología Nuclear, Rafael Cid.

El Ayuntamiento de Madrid anuncia la instalación en 2019 de una red pública de 20 puntos de recarga rápida para coches eléctricos en espacios privados

Europa Press. – La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha anunciado la instalación en 2019 de una red pública de 20 puntos de recarga rápida para coches eléctricos con la novedad de que estarán en espacios privados, como centros comerciales o estaciones de servicio.

El proyecto ha sido presentado en un desayuno informativo por la alcadesa de Madrid, Manuela Carmena. Según la edil, se trata de una «experiencia pionera en colaboración público-privada para el desarrollo de infraestructuras de recarga eléctrica de acceso público en 2019 de 20 puntos de recarga eléctrica adquirida por el Ayuntamiento».

En este sentido, a su vez, Inés Sabanés, ha explicado que la finalidad es crear una red general en la ciudad que «apueste por los cambios y los vehículos de tecnología eléctrica».

El aumento de las ventas de vehículos gasolina por la criminalización al diésel aumenta las emisiones de CO2

Europa Press.- El incremento de las ventas de vehículos gasolina provocó que las emisiones de dióxido de carbono (CO2), principal causante del efecto invernadero, subieran por primera vez en 10 años durante 2017 (116 gramos por kilómetro), según indicó Greenchem. Desde que se comenzaron a anunciar medidas para limitar la circulación de vehículos diésel, hubo un «notable» aumento de las ventas de vehículos gasolina, aunque los diésel emiten un 15% menos de CO2, según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

Los vehículos eléctricos e híbridos, por su parte, representan una cuota mínima de mercado, con un 8,2% de las ventas en el pasado noviembre. Desde Greenchem, insisten en la necesidad de fomentar la renovación del parque de vehículos español para poder cumplir con los objetivos de emisiones fijados por la Unión Europea. «La clave es estimular la compra de vehículos nuevos a través de ayudas para todas las tecnologías capaces de cumplir con este fin», señaló el director general para España y Portugal de Greenchem, Oriol Canut. La media de edad de los vehículos en España es de 12 años.

Endesa solicita el cierre de las centrales térmicas de Andorra y Compostilla e invertirá 1.000 millones en energía solar fotovoltaica

Europa Press.- Endesa ha presentado la solicitud de cierre de las centrales de carbón de Compostilla (León) y Andorra (Teruel). La compañía eléctrica alega que en el actual contexto regulatorio y de mercado es «imposible» abordar las inversiones necesarias para que cumplan los límites de emisiones. Dichos límites, establecidos por la Unión Europea, entrarán en vigor el 30 de junio de 2020.

Endesa subraya que la decisión de cerrar estas plantas está en línea con los objetivos de la política energética nacional avanzados por el Ministerio para la Transición Ecológica para conseguir un sistema energético totalmente descarbonizado en 2050. Según la misma fuente, antes de presentar la solicitud de cierre informó al Ministerio, a las autoridades de Aragón y de Castilla y León, y a las de los municipios en los que se hallan ubicadas las plantas.

Además, ha presentado de manera voluntaria planes de futuro destinados a promover el desarrollo de actividades económicas y generación de empleo en las zonas de las dos centrales, ha destacado la empresa, que ha subrayado que estos planes están abiertos a incluir nuevas iniciativas viables. En virtud de los planes presentados, Endesa respetará el puesto de trabajo de todos los empleados de las dos centrales: 166 en el caso de Compostilla y 153 en Andorra.

Por lo que se refiere a los empleados de las empresas auxiliares, les dará prioridad en la contratación para acometer los trabajos de cierre y desmantelamiento de ambas plantas, así como en el desarrollo de las nuevas instalaciones renovables que se propone llevar a cabo en las zonas de las dos centrales. Los trabajos de cierre y desmantelamiento se prolongarán durante entre 4 y 6 años y generarán en torno a 130 empleos, con puntas de hasta 200, en cada uno de los dos emplazamientos.

Además, Endesa prevé desarrollar hasta 1.000 megavatios (MW) de nueva capacidad solar fotovoltaica en la zona de la central de Andorra con una inversión de 800 millones. En cuanto a Compostilla, la eléctrica tiene en estudio proyectos fotovoltaicos en la zona de Ponferrada (León) que representarían una inversión de unos 240 millones de euros. Una vez finalice el plazo de aplicación del Plan Nacional Transitorio en junio de 2020, al que están acogidas, las dos centrales térmicas estarán obligadas a dejar de producir. Hasta entonces, irán dando salida progresivamente al carbón que tienen almacenado, así como a las posibles toneladas adicionales que pudieran ir precisando en el futuro según el funcionamiento que les permita la evolución del mercado de generación.

Según el consejero delegado de Endesa, José Bogas, los planes «no compensan la actividad económica que puede tener ahora Endesa en la región» pero sí pretenden «paliar» los efectos del cierre. Así, ha comentado que se valorarán proyectos de energías renovables y crear un centro de excelencia, siempre «algo que sea sostenible y genere empleabilidad». Ha insistido en que se deben buscar medidas sostenibles que «tenemos que ir estudiando». Ha puntualizado que Endesa no se dedica a la producción de paneles solares, pero sí se ha planteado la posibilidad de «tratar de que vengan aquí» empresas de fabricación de componentes.

Insuficiente para el Gobierno aragonés

Por su parte, la consejera de Economía de Aragón, Marta Gastón, ha manifestado que el borrador del plan es «insuficiente» por su falta de «concreción», expresando que en Aragón «no vamos a ser los que digamos ahora que las inversiones en renovables nos parecen algo negativo, pero no nos parece suficiente«. A su juicio, la prioridad es el alargamiento de la vida de la central térmica más allá de 2020, considerando que la normativa contempla «una posibilidad», que es mantener una actividad de 1.500 horas anuales aun sin inversiones, a lo que se sumaría la eliminación del denominado céntimo verde.

Gastón ha avanzado que la autorización del cierre no será «rápida» si el Ministerio no considera suficiente el plan y que en esta decisión contará con el Gobierno de Aragón y los sindicatos, exigiendo «medidas concretas» como poner en marcha una planta de biomasa y otros proyectos que con «la garantía de promotores del territorio» van a llevarse a cabo.

La consejera ha aludido a la creación de un centro «referente» en España de formación e investigación sobre energías renovables, que sería el primero en el país, y que incluiría FP dual, constituyendo un hub de las renovables, lo que daría «posibilidades» al territorio. La colaboración de Endesa en este centro sería «de partida» y «continua», ha agregado. Para Gastón son importantes los empleos pero también «nos preocupa el futuro de la zona», especialmente para la gente joven que quiera quedarse a vivir, en lo que «queremos que Endesa colabore».

La alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, ha advertido de que «no vamos a permitir que se autorice el cierre mientras no se pongan encima de la mesa los puestos de trabajo que se van a destruir». De esta forma Ciércoles ha aludido al «duro golpe» que recibe la localidad de Andorra. Ha exigido que el plan sea más concreto y «flexible». «Es normal» que los sindicatos se sigan movilizando, ha aseverado la alcaldesa, quien ha apostado por ser «más reivindicativos» para no ser «cómplices», recordando que la Térmica ha creado riqueza en la zona y «tenemos que mantener Andorra y su comarca» donde «se merece».

El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, ha aludido a los proyectos que están «dando sus frutos» y ha afirmado que «todo suma». A Endesa «le pedimos más», que empuje los proyectos del territorio para ir todos «juntos de la mano» porque «el problema es mucho más grave que el simple cierre de la Térmica». Noé ha recordado que «hemos estado siempre trabajando» y que necesitamos «unidad» política, empresarial y sindical.

Desde UGT, Alejo Gálvez, ha dicho que «no vamos a aceptar lo que nos han venido a vender de energías renovables» y, de hecho, «no estamos nada de acuerdo», a lo que el dirigente local de CCOO, Antonio Planas, ha añadido que «seguimos sin conformarnos con 4 placas solares» y que «no nos vale que nos digan que se van a crear puestos para las contratas durante tres años porque será una patada para adelante«. «Nos planteamos todo, no descartamos nada», tampoco convocar movilizaciones, advirtió.

La ONU premia a SUEZ por transformar en biofactorías con autosuficiencia energética 3 plantas de tratamiento de agua en Chile

Europa Press.- La Organización de Naciones Unidas entregó el premio Momentum for Change por transformar en biofactorías 3 plantas de tratamiento de agua en Santiago de Chile, una iniciativa dirigida a luchar contra el cambio climático. La iniciativa premiada ha sido desarrollada por la empresa Aguas Andinas, que pertenece al Grupo SUEZ.

El nuevo modelo se basa en la economía circular ya que aplica tres criterios: la reutilización del agua, la generación de energías renovables y la valorización de residuos. SUEZ señala que España es un referente importante en el progreso de este modelo, que se está materializando en Granada y Barcelona. Ahora SUEZ prevé extender este modelo progresivamente para lograr el objetivo residuo cero y la autosuficiencia energética en las instalaciones.

El vicepresidente ejecutivo de SUEZ, Ángel Simón, destacó que la apuesta por este paradigma encarna la visión de futuro de la organización. «Creemos firmemente en nuestras biofactorías, en la importancia de avanzar a través de la innovación y en el compromiso para que las infraestructuras sean sostenibles. Con las biofactorías, estamos contribuyendo a la preservación de los recursos para las futuras generaciones e impulsando interrelaciones de mutuo beneficio con nuestras comunidades. Estamos comprometidos con alcanzar el impacto cero al medio ambiente para ayudar, así, a disminuir los efectos que el cambio climático está causando. Ese es nuestro objetivo», manifestó Simón.

Las biofactorías logran reutilizar el agua generada para usos agrícolas, urbanos, industriales y ambientales; además producen energía limpia y pueden ser autosuficientes e incluso generar excedente. Asimismo, da valor a todos los residuos para su uso agrícola o energético. La actuación va en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se realiza en colaboración con las administraciones locales.

Los ciclos combinados de gas independientes piden al Gobierno que no suprima el servicio de disponibilidad

Europa Press.- La Asociación de Productores Independientes de Energía Eléctrica (APRIE), que agrupa a empresas como Engie, Bizkaia Energia, Alpiq o Shell, ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica que rectifique la decisión de suprimir el servicio de disponibilidad, recogida en la propuesta de orden de peajes eléctricos para el año 2019, ya que «abocaría a los ciclos combinados a dar un salto al vacío».

El presidente de APRIE, Alfonso Pascual, mostró «la sorpresa y el malestar» de la asociación por la medida planteada en la orden y subrayó que, con ese escenario, «está sobre la mesa» la solicitud de los cierres de los ciclos ante la falta de viabilidad económica de las plantas. «Si se quiere que el gas natural sea esa energía que va a ayudar en la transición, el suprimir este servicio de disponibilidad es abocar a que los ciclos combinados den un salto al vacío», apuntó.

En su propuesta, Transición Ecológica suprime el servicio de disponibilidad actual, uno de los incentivos que forman parte de los pagos por capacidad y que las centrales cobran por estar listas para ser activadas por el operador del sistema en caso de necesidad, evitando unos costes de 170 millones de euros al sistema eléctrico, pero que suponen un recorte a las empresas del sector. La decisión del Ministerio se fundamenta en llevar a cabo un análisis en profundidad del modelo que adopte la Comisión Europea para los mecanismos de capacidad, que incluirá dentro del denominado Paquete de Invierno. Este hecho ya llevó este año a una revisión del plazo de aplicación, de anual a semestral, de los mecanismos de disponibilidad.

Pascual estimó que esta medida supone una merma de unos 20 millones de euros para los asociados de APRIE por los casi 4.000 megavatios (MW) de potencia que gestionan con sus ciclos combinados, lo que pone en peligro, si no hay alternativa, «sus obligaciones» de pagos de nóminas a empleados y de impuestos a municipios. La asociación subraya que ese importe por el servicio de disponibilidad no alcanza para cubrir todo el opex, pero sí que representa «un mínimo balón de oxigeno» para resistir a futuro antes unas perspectivas de salida del carbón y desarrollo de renovables, que deberían hacer a partir de 2022 que los ciclos combinados de gas «tuvieran una mínima rentabilidad razonable».

No obstante, tampoco descartan, en el caso de no producirse una marcha atrás en esta supresión del servicio de disponibilidad por el Gobierno, que sus asociados recurran la orden ministerial. «Nos reservamos todas las alternativas. Cada inversor tendrá que ver con sus accionistas y departamentos legales si se recurre la orden. La vía del recurso no es lo mejor, pero se abordará si no queda otra alternativa», apuntó Pascual, quien subrayó que las empresas están en la obligación de «defender a sus accionistas y las comarcas donde están sus activos».

Asimismo, advirtieron también de que la caducidad del incentivo a la inversión para el horizonte del año 2022 pone en riesgo la continuidad de más de la mitad de los 26 gigavatios (GW) existente de ciclos combinados de gas. «La demanda hay que cubrirla. Entendemos que esta no es la fórmula para transición», señaló Daniel Fernández, vocal de la asociación.

El TUE da la razón a Madrid, París y Bruselas y anula los nuevos límites de emisiones del diesel

Europa Press.- El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha dado la razón a Madrid, París y Bruselas en su recurso contra la decisión de la Comisión Europea de establecer unos nuevos límites para las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de vehículos diésel superiores a las que fijaba la norma anterior y ha anulado dichos topes.

La Justicia europea ha concluido que el Ejecutivo comunitario no era competente para modificar los límites de emisiones incluidos en la norma Euro 6 para los nuevos ensayos en condiciones reales de conducción (ensayos RDE) que los vehículos deben superar en el marco de los trámites de homologación. El objetivo de estas pruebas es conocer el verdadero nivel de emisiones contaminantes en condiciones reales de conducción, algo que no consiguen los ensayos de laboratorio, y evitar el uso de dispositivos que manipulen los resultados, como ocurrió en el escándalo Volkswagen.

En 2016, la Comisión Europea fijó estos límites a partir de los topes definidos para la norma Euro 6, asignando a éstos unos coeficientes de corrección para tener en cuenta «ciertas incertidumbres estadísticas y técnicas». Así, por ejemplo, para un límite definido en Euro 6 de 80 miligramos por kilómetro (80 mg/km), el nuevo límite en ensayos RDE se fijó en 168 mg/km para un periodo transitorio y después en 120 mg/km. Los ayuntamientos de París, Bruselas y Madrid interpusieron sendos recursos de anulación ante el TUE porque consideraban que la Comisión no podía adoptar esos valores de emisiones de NOx al ser menos exigentes que los límites fijados para la norma aplicable, Euro 6, aprobado en el año 2007.

No a los coeficientes correctores

En primer lugar, el TUE confirma que los 3 consistorios están legitimados para impugnar los límites de emisiones determinados con respecto a los ensayos en condiciones reales de conducción, algo que cuestionaba el Ejecutivo comunitario. En segundo lugar, los jueces europeos señalan que los límites de emisiones fijados en la norma Euro 6 constituyen «un elemento esencial» de la normativa que «la Comisión no puede modificar«. Por tanto, concluyen que la Comisión «no era competente para modificar, mediante la aplicación de coeficientes de corrección, tales límites para los ensayos RDE».

El tribunal de Luxemburgo añade que, incluso si se admitiese que determinadas limitaciones técnicas pueden justificar cierta adaptación con una diferencia como la que finalmente se aprobó, resulta «imposible» determinar si se respeta la norma Euro 6 en ensayos RDE. En consecuencia, el TUE determina que debe anularse la disposición que fija los límites de las emisiones NOx en el nuevo reglamento, pero mantiene el resto de disposiciones sobre las condiciones en las que deben realizarse los ensayos RDE. Sin embargo, el TUE aboga por mantener los efectos de la disposición anulada para el pasado y durante un periodo «razonable» que permita modificar la normativa, que no podrá exceder los doce meses, con el objetivo de no crear inseguridad jurídica.

El Gobierno aprueba el pago de 84 millones en ayudas a la industria para la compensación de costes de CO2

Europa Press.- El Ministerio de Industria ha firmado las autorizaciones para el abono de 83,7 millones de euros a las empresas industriales por las ayudas para la compensación de costes de CO2 correspondientes a 2016 y 2017. Estas ayudas se dividen en las correspondientes a la convocatoria ordinaria de concesión de 5,99 millones de euros para costes de 2017 y en la concesión directa de 77,7 millones para complementar hasta el 100% de la ayuda máxima establecida de los costes del 2016.

El objeto de estas ayudas es la compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones invernadero repercutidos en los precios de la electricidad, que soporta el consumidor industrial. Están dirigidas a aquellas instalaciones pertenecientes a determinados sectores expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono, es decir, que puedan decidir trasladar su producción a otros países debido a los costes de las políticas climáticas en la Unión Europea.

Ayudas a Galicia, Asturias, Cataluña

Los 151 beneficiarios de las ayudas de la convocatoria ordinaria desarrollan su actividad mayoritariamente en Galicia, con el 25% del total de las ayudas concedidas, seguida de Asturias con el 18% y de Cataluña con el 16%. Por sectores, la mayor cuantía corresponde al sector siderúrgico del acero, con el 38% de las ayudas recibido, seguido del aluminio con el 22%, el sector químico con el 16% y el papel con el 11%, según el gabinete dirigido por Reyes Maroto.

Con respecto a la concesión directa de 77,7 millones de euros, los 136 beneficiarios de las ayudas se encuentran de nuevo mayoritariamente en Galicia, con un porcentaje del 26% del total de las ayudas, seguida de Asturias con el 18% y Cataluña con el 16%. Por sectores, el sector del acero recibe el 32% del total, seguido del aluminio con un 23% y el sector químico con un 18%. A estas ayudas se han acogido sociedades mercantiles del sector privado, incluidas o no en régimen de comercio de emisiones, que realizan una o varias actividades.

El Gobierno impulsará la transición justa hacia la descarbonización de la economía con convenios laborales sectoriales en las zonas vulnerables

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció que el Gobierno impulsará la transición justa hacia la descarbonización de la economía con convenios laborales en las zonas de España vulnerables y que tendrán en cuenta los aspectos sectoriales y socioeconómicos. La ministra destacó que la Estrategia Nacional de Transición Justa servirá para anticiparse a los efectos adversos que se pueden producir en algunos territorios.

La Estrategia permitirá apoyar iniciativas económicas idóneas para los diferentes contextos económicos y laborales de las zonas afectadas. Así, ha precisado que con estos acuerdos empresas, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones, ONG ambientales y las diferentes administraciones podrán participar en proyectos de desarrollo territorial. Los convenios se firmarán con el Ministerio para la Transición Ecológica previo informe del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del Ministerio de Industria, y otras administraciones públicas, en particular con las entidades locales de las áreas geográficas vulnerables a la transición hacia una economía baja en carbono.

Los convenios, que recogerán las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en esta materia, combinarán políticas industriales y sectoriales con medidas de protección social y políticas activas de empleo. Para ello, se evaluarán la vulnerabilidad del área geográfica y de los colectivos afectados, así como los compromisos que adquieren las partes, incluidas las empresas beneficiarias de las medidas de apoyo a la transición.

Descarbonización “justa y totalmente beneficiosa”

El nuevo marco establecerá las políticas industriales, de investigación y desarrollo de promoción de la actividad económica y del empleo y formación profesional para una descarbonización «justa y socialmente beneficiosa». También incluirán medidas fiscales, de financiación, de empleo, de protección social y actividades formativas para fomentar la adaptación de los trabajadores a los objetivos y un calendario que recoja la adopción de medidas, con objetivos medibles y mecanismos de seguimiento.

Ribera subrayó la importancia de realizar una transición justa en el proceso de descarbonización en la que se impliquen los propios actores con acciones concretas y que «no deje a nadie atrás» y ha defendido que el español será uno de los primeros marcos regulatorios que se aprobarán en todo el mundo. «Creo firmemente en la capacidad de la transición ecológica para reducir el desempleo, crear nuevas oportunidades y acabar con las desigualdades. Para ello, es importante hacer un uso eficiente de las políticas públicas que nos permitan anticiparnos y corregir los impactos negativos que este necesario proceso puede provocar sobre sectores y territorios», apuntó. En su opinión, no dejar a nadie atrás implica «atender» las realidades del corto plazo

Ribera ha insistido que la Estrategia Nacional de Transición Justa será el instrumento que permitirá la identificación y adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía baja en emisiones, un tratamiento equitativo y solidario, optimizando las oportunidades de creación de actividad económica y empleo vinculadas a la transición ecológica. La ministra ha puesto de ejemplo el acuerdo firmado por el Gobierno y el sector de la minería del carbón para la transición y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras que responda a las consecuencias sociales y económicas que se producirán con el cierre de las minas a final de este año.