El Gobierno convoca ayudas por 80 millones para impulsar la instalación de más energía eólica en las Islas Canarias

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Europa Press.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado una convocatoria de ayudas por un total de 80 millones de euros para la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología eólica situadas en Canarias. Según el Ministerio, con esta convocatoria, que será cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se posibilitará la entrada de al menos 180 megavatios (MW) de potencia renovable en la comunidad autónoma.

Las singularidades de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares respecto del sistema peninsular, derivadas fundamentalmente de su carácter aislado y su reducido tamaño, suponen mayores dificultades para la integración de la producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. Con todo, el gabinete dirigido por Teresa Ribera valora que en Canarias se han venido realizando esfuerzos en los últimos años que han dado como resultado, por ejemplo, que la isla de El Hierro haya logrado autoabastecerse al 100% con energías renovables de forma puntual. Sin embargo, en 2016, el porcentaje de producción renovable se situó en las Islas Canarias en torno al 8%, frente al 40,2% de penetración renovable registrado en el sistema peninsular ese mismo año.

Por ello, con el objeto de avanzar en el cumplimiento de los objetivos comunitarios de uso de energías renovables, el Ministerio considera que resulta «imprescindible» la puesta en marcha de nuevas instalaciones en el archipiélago. «De esta manera, se contribuirá a la diversificación de las fuentes de energía primaria, a la reducción de la dependencia energética y a la reducción de emisiones de CO2», añade.

En concreto, la convocatoria ofrecerá subvenciones con cargo a FEDER que serán percibidas por el beneficiario, con carácter definitivo, una vez se verifique la ejecución del proyecto, se certifique la inversión y la solicitud de pago sea aceptada por la Autoridad de Gestión FEDER. Al objeto de facilitar la financiación de los proyectos, el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) podrá anticipar la totalidad de la ayuda.

Ribera reconoce que la cumbre del clima COP24 no logró incorporar objetivos «más ambiciosos» para cumplir el Acuerdo de París

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha admitido que el paquete reglamentario para la aplicación concreta del Acuerdo de París contra el cambio climático acordado en la cumbre de Katowice (Polonia) no ha logrado incorporar objetivos «más ambiciosos».

Ribera ha reconocido que «no ha sido posible» avanzar en los mecanismos de los mercados de carbono sobre la base de un sistema común de Naciones Unidas además de que ahora no se han incorporado metas «más ambiciosas». No obstante, la ministra subrayó que el mensaje político es «muy positivo«, ya que supone la voluntad de seguir trabajando «de manera cooperativa» para dar respuesta a los «grandes retos globales» en un momento en el que la comunidad internacional «encuentra grandes dificultades» para avanzar en la agenda multilateral y cuando algunos líderes políticos «presumen de su falta de confianza y de su voluntad de ruptura» con respecto a la comunidad internacional.

Ribera ha destacado que lo más importante de este paquete reglamentario, el «corazón» del acuerdo, es que sienta las bases de cómo reportar y utilizar los sistemas de transparencia como herramienta fundamental para ganar confianza en la actuación en materia climática. Entre el resto de medidas que la ministra ha subrayado se encuentran la manera en la que poder anticipar y hacer un seguimiento de la financiación; cuáles son las obligaciones que se asumen en materia de adaptación; de qué manera reflejar en las contribuciones nacionales un incremento de la ambición en materia de mitigación. Ribera encabezó la delegación española, elegida como facilitadora de unas negociaciones en las que estuvieron inmersos cerca de 200 países.

El presidente de la COP24 y secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente polaco, Michal Kurtyka, ha destacado que el acuerdo es consecuencia de 3 años de trabajo y 200 países sentados en una misma sala, «una tarea que no ha sido fácil», hasta lograr un acuerdo «tan concreto y técnico». «En estas circunstancias cada paso adelante es un gran logro», ha apostillado Kurtyka. Este pacto «es un frágil equilibrio. Tenemos que ceder para ganar. Tenemos que ser valientes para mirar al futuro y dar un nuevo paso para la Humanidad», argumentó. Además, ha destacado que este acuerdo tendrá resultados «positivos» para el mundo.

El acuerdo fue el resultado de dos semanas de intensas negociaciones para pactar una normativa que desarrolle en detalle el acuerdo global que se alcanzó en la capital gala en 2015 con el que se pretende limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados y que entrará en vigor en 2020. El resultado es un ‘libro de reglas’ de 156 páginas que especifica los criterios para que cada país informe de los progresos en los compromisos de recorte de las emisiones de gases efecto invernadero.

El texto ha sido ya criticado por algunos países y grupos ecologistas que consideran que no es lo suficientemente ambicioso. «La mayoría de la normativa para el Acuerdo de París ha sido creada, algo que debemos agradecer, pero el hecho de que haya países que hayan sido incluidos a rastras y gritando demuestra que no se han concienciado de la urgente necesidad», ha argumentado Mohamed Adow, portavoz de Christian Aid.

Ciudadanos cuestiona la decisión del Gobierno de aprobar por decreto algunas medidas de la nueva Ley de Cambio Climático

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Europa Press.- Mientras las organizaciones ecologistas piden a España que apueste por exigir niveles de CO2 más ambiciosos a los vehículos, desde Ciudadanos cuestionan la forma en la que el Gobierno quiere aprobar la nueva Ley de Cambio Climático. Según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la norma estaría aprobada en diciembre y su ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, abrió la puerta a sacar adelante algunas medidas «urgentes» por decreto ley. Los naranjas buscan ahora una aclaración sobre este interminable proceso.

Los de Albert Rivera denuncian que el Ejecutivo ha ido ofreciendo información sobre este texto, sin concretar en ningún momento cuáles son sus intenciones reales. La ministra aseguró el pasado mes de noviembre que el texto se está «ultimando» y que estaba abierto un debate en el seno del Gobierno sobre la «conveniencia de anticipar» la aprobación de algunos de los elementos más urgentes que se recogen en él. En concreto, aquellos destacados por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, como los más necesarios.

La aprobación de un decreto ley que, después, se tramita como proyecto de ley en el Parlamento es la fórmula a la que ha dejado abierta la puerta Ribera, sin confirmar si es el procedimiento elegido. Tampoco el presidente del Gobierno explicó cuál sería es el procedimiento a seguir para aprobar esta norma «antes de que acabe el año», tal y como anunció en el Congreso. A los naranjas les preocupa que el Gobierno piense que el proceso legislativo ordinario de consultas, tanto la pública como a los órganos consultivos preceptivos, sean «innecesarios» o «poco adecuados» y quiere que el Ejecutivo aclare qué informes técnicos va a consultar en el caso de aprobar la Ley a través de un decreto.

«En la lucha contra el cambio climático, tan importante como los objetivos sobre los que se trabaja es cómo se trabaja», advierte Ciudadanos en una iniciativa registrada en el Congreso, en la que precisa que «el diálogo, la inclusión, la participación de todos los agentes sociales interesados y un amplio consenso político son clave para tener éxito en un reto tan importante como es la lucha contra el cambio climático».

Menos emisiones en los vehículos

Las organizaciones ecologistas han pedido al Gobierno que eleve su ambición y apueste por exigir niveles de emisiones de CO2 para los vehículos ya que en la actualidad España tiene una posición intermedia en las negociaciones europeas sobre esta cuestión. Países como Alemania tratan de rebajar los objetivos a una propuesta que es crucial para conseguir los objetivos de París. Según denuncia ECODES, si Alemania gana este «pulso», «no habrá otra oportunidad para disminuir las emisiones de CO2 en vehículos hasta dentro de 10 años.

Las organizaciones Ecodes, Ecologistas en Acción, Eco-unión y PTP, socios nacionales de Transport&Environment, consideran que una reducción del 35% en 2030 es «insuficiente» para cumplir el Acuerdo de París sobre todo teniendo en cuenta que el transporte supone el 27% de las emisiones de CO2 en la Unión Europea, y es el único sector que continúa aumentando emisiones. En este contexto, reclaman al Gobierno que mantenga los objetivos de reducción de emisiones de CO2 para 2030 en el 40% que votó el Parlamento Europeo y que, en cualquier caso, no bajen del 35% reales. Además, piden que se establezca como obligatorio el uso de medidores de consumo de combustible que dificultarían que los fabricantes puedan manipular los resultados de emisiones.

“Recompensa a los híbridos enchufables”

Para este grupo de organizaciones, España no debería apoyar la enmienda introducida por el Consejo de la Unión Europea porque consideran que «recompensa en exceso» a los híbridos enchufables, que no están exentos de emisiones invernadero. A ese respecto, advierten de aceptarse esa enmienda se motivaría a los fabricantes a seguir fabricando coches contaminantes, lo que convertiría un 35% de reducción en 2030 en un 31,8%. Asimismo, aconsejan limitar el conteo doble de vehículos eléctricos para mercados menos desarrollados a no más del 5% de las ventas de vehículos eléctricos por los fabricantes de automóviles.

De forma paralela las organizaciones recuerdan que en el Consejo de la Unión Europea se negocia también la implantación de estándares de CO2 para vehículos pesados y su nivel de ambición. Se trata de la primera vez que fijen estándares sobre consumo de combustible para camiones. La medida cuenta con apoyo de la industria por lo que los ecologistas opinan que es «sorprendente la falta de ambición» de la Comisión Europea y de los Estados miembro, incluyendo España. «Si nuestro Gobierno realmente quiere descarbonizar el transporte a largo plazo, España ha de defender la aprobación de estándares ambiciosos, pues sólo así la industria acelerará los cambios necesarios para hacerlo asegurando así los empleos asociados», concluyen.

Red Eléctrica compra a Bow Power (ACS y GIP) una concesionaria eléctrica en Perú por 181,6 millones de euros

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Europa Press.- Red Eléctrica Internacional llegó a un acuerdo con Bow Power, firma de inversión en energía participada por ACS y el fondo GIP, para adquirir el 100% de CCNCM, sociedad concesionaria de la línea de transmisión Carhuaquero-Cajamarca Norte-Cáclic- Moyobamba 220 kV y subestaciones asociadas en Perú, por 205 millones de dólares (unos 181,6 millones), según indicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, esta sociedad explota, desde finales de 2017 y en régimen de concesión por 30 años por el Estado peruano, 372 kilómetros de circuito de 220 kV y 138 kV (kilovoltios) y 4 subestaciones en las regiones de Cajamarca, Amazonas y San Martín en el norte de Perú. La operación, cuyo importe de 205 millones de dólares incluye la deuda, está supeditada a la obtención de las autorizaciones pertinentes. La compañía presidida por Jordi Sevilla indicó que los ingresos generados por CCNMC rondan los 18 millones de dólares (unos 16 millones de euros) anuales.

Interconexión entre Perú y Ecuador

Red Eléctrica es el transmisor eléctrico de referencia en el sur de Perú, donde está presente desde 1999. Con esta nueva adquisición será propietaria en el país andino de 6 concesiones de transmisión de electricidad que totalizan 1.686 kilómetros de circuito. Además, con la compra, la compañía, que expande su presencia al norte del país, indicó que se posiciona de forma preferencial tanto para la futura interconexión entre Perú y Ecuador como para los futuros desarrollos de transmisión en el norte del país andino. Con la adquisición de estos activos, Red Eléctrica pasará a gestionar una red de 1.686 kilómetros de circuito en Perú que se suma a los 1.729 kilómetros que gestiona en Chile.

El Congreso reclama al Gobierno que las nuevas concesiones hidroeléctricas reviertan parte de sus beneficios al Estado y los consumidores

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Europa Press.- El pleno del Congreso ha reclamado al Gobierno, con el voto del PP, PSOE y Unidos Podemos, que las nuevas concesiones hidroeléctricas reviertan parte de sus beneficios al Estado, las confederaciones hidrográficas, los consumidores de electricidad y los municipios afectados.

Todo ello una vez se descuente un «beneficio industrial razonable» para su explotador, teniendo en cuenta «la realidad de un sector ya maduro», según reza la moción impulsada por Unidos Podemos, y finalmente pactada con PP y PSOE. Este texto ha contado con el apoyo del resto de grupos, a excepción de Ciudadanos y UPN, que se han abstenido, y de Foro Asturias, que ha votado en contra. Con esta moción, el Congreso ha reclamado que la explotación de estos aprovechamientos hidroeléctricos supongan la inversión de al menos del 20% de los ingresos que se deriven de las mismas en los territorios afectados, con el fin de combatir la despoblación.

El texto también pide al Gobierno el desarrollo de «un marco jurídico estable en materia de reversión de los saltos hidroeléctricos» de cara a la extinción de concesiones, y que en este marco se reconozca el agua «como un bien de dominio público que debe gestionarse desde la perspectiva del interés general, apoyándose en el principio de unidad de cuenca». Así, pide que, una vez venzan las concesiones, la titularidad pase a manos públicas, y que en caso de que se otorguen nuevas concesiones, se realicen mediante concurso público y con una serie de condiciones.

Concretamente, con unos plazos de 5 años, elevándose hasta los 30 años cuando haya inversiones, pero nunca superando el período de amortización, y con la obligación de «seguir las consignas del operador del sistema» eléctrico con el fin de «facilitar la entrada de energías renovables y de contención del precio de mercado«. Para la extinción de las concesiones, pide garantizar la transparencia e información a las comunidades autónomas, entidades locales y ciudadanía sobre la situación administrativa de cada salto y la caducidad de su concesión.

El PP insta en el Senado al Gobierno socialista a que mantenga el carbón como componente del mix energético nacional

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Europa Press.- El PP ha defendido una moción en el Senado, aprobada en la Comisión de Transición Ecológica, en la que insta al Gobierno a seguir impulsando las energías renovables, pero manteniendo el carbón como componente del mix energético nacional, planteando una transición efectiva del sector minero y no un cierre inmediato.

En la moción, defendida por el senador del PP por Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, se insta al Ejecutivo a abordar la transición energética desde tres ámbitos: el cumplimiento de los compromisos medioambientales, el menor coste energético para familias y empresas y la estabilidad y seguridad del suministro. Asimismo, Rubio Mielgo reprochó al PSOE que vote en contra «a pesar de haber aceptado 3 de las 4 enmiendas que ha presentado este partido». «El PSOE ha demostrado una vez más su incongruencia y su falta de criterio a la hora de defender los intereses de los castellanoleoneses y del medio rural de nuestra comunidad», indicó.

El senador también recalcó que es necesario que el Gobierno defienda los pagos por capacidad para las centrales térmicas de carbón hasta que las interconexiones sean las mínimas necesarias para una correcta gestión de la red. Para ello, consideró que el Gobierno debe alinearse con lo decidido en el marco europeo y llevar el posible objetivo de fin de generación térmica con carbón a 2030.

De esta manera, afirmó que el carbón representa un 30% de la producción de electricidad total de la Unión Europea, por lo que debería seguir ocupando un puesto esencial en las fuentes de energía utilizadas. Pero esto, apuntó, debe ser compatible con el propósito de la Unión Europea de disminuir las emisiones de CO2 entre un 80% y un 95%.

Además, el senador del PP recordó que en Castilla y León existen 8 grupos térmicos repartidos en las centrales de Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla del Río Carrión y ha destacado que, en Europa, países como Alemania y Polonia están apostando por la construcción de nuevas centrales de carbón en la que los avances tecnológicos aportan sistemas de captura y almacenamiento de CO2, sistemas que pueden adaptarse en las centrales existentes de forma progresiva. «El interés general de España implica que el carbón tiene que formar parte del mix energético nacional, asegurando al menos hasta 2030 el funcionamiento de los grupos térmicos existentes», recalcó.

En el texto, el PP también pide al Gobierno que modifique los criterios de autorización del cierre de instalaciones de generación de modo que puedan impedirse cierres como el de la central de Velilla, propiedad de Iberdrola, que en noviembre de 2017 solicitó al entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo el permiso para su clausura. Asimismo, la moción solicita que se establezca, por razones estratégicas, un procedimiento de devolución de las ayudas cobradas desde 2011, que permita la continuidad de las explotaciones rentables que pretenden continuar operativas desde el 1 de enero de 2019.

La AIE cree que Rusia, Arabia Saudí y Estados Unidos dominan actualmente el mercado de petróleo sobre la OPEP

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Europa Press.- El reciente acuerdo para reducir la oferta de crudo en 1,2 millones de barriles diarios (mb/d) a partir de 2019, alcanzado entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y productores ajenos al cártel como Rusia no cambia las proyecciones de consumo y demanda para el 2019 de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que subraya el papel «dominante» que actualmente ejercen en el mercado Arabia Saudí, Rusia y Estados Unidos en contraposición a la tradicional influencia del cártel.

«Rusia, Arabia Saudí y Estados Unidos, cuya producción representa el 40% del total, son los actores dominantes», señala la AIE, afirmando que actualmente la cooperación entre Arabia Saudí y Rusia es la base de gestión de la oferta de crudo, ya que los dos países «cuentan con una gran capacidad para hacer pivotar la producción en uno u otro sentido».

En este sentido, la AIE apunta que, mientras una mayor caída del precio del crudo añadiría tensión a los presupuestos de estos países, en el caso del tercer actor, no presente en la reunión de Viena, pero que en la actualidad es el mayor productor y consumidor de petróleo del mundo, «los precios más bajos son bienvenidos», aunque las empresas preferirían verlos lo suficientemente estables para estimular la inversión. «Aunque Estados Unidos no estuvo presente, nadie podría ignorar su creciente influencia», destaca la AIE, recordando que en los últimos diez años el país ha reducido a 3,1 mb/d sus importaciones netas de petróleo, frente a los 11,1 mb/d antes de la revolución del petróleo shale.

«A medida que la producción crece de manera inexorable, las importaciones netas bajarán y aumentarán las exportaciones estadounidenses, añadiendo competencia en muchos mercados, incluidos algunos de los de los países reunidos en Viena», apunta la agencia. De este modo, la AIE mantuvo sin cambios su pronóstico para el crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2019, que prevé en 1,4 mb/d, por encima de los 1,3 mb/d correspondientes al consumo global en 2018, añadiendo que «el impacto de los menores precios se ve compensado por las previsiones de crecimiento más débil de la economía, el debilitamiento de las divisas y las revisiones a la baja para países como Venezuela».

Desde el lado de la oferta, la agencia incorpora a sus pronósticos un recorte de 415.000 barriles diarios en el suministro de crudo procedente de los países ajenos a la OPEP, que, por su parte, recortará en 800.000 barriles diarios su producción. «El tiempo dirá lo eficaz que el nuevo acuerdo resulta en el reequilibrio de los mercados», señala la AIE, que confía en que contribuya a una menor volatilidad a la espera de la revisión del mismo que llevarán a cabo los países de la OPEP y sus aliados en la reunión que celebrarán en Viena el próximo mes de abril. «La volatilidad no interesa ni a productores ni a consumidores», apostilla la agencia.

España recibirá 38 millones de la asignación de capacidad anual de interconexiones con Francia y Portugal

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Europa Press.- El sistema eléctrico español recibirá 38 millones de euros como resultado de las subastas de capacidad de interconexión entre España y Francia y Portugal, respectivamente, para el año 2019, importe que se destina a la reducción de los costes regulados del sistema, según apuntó Red Eléctrica de España (REE).

Las subastas de capacidad de interconexión con Francia son una herramienta por la cual los agentes del mercado (generadores y comercializadores) pujan por adquirir los derechos de transmisión de energía entre ambos países para garantizar un precio estable de dicho intercambio de energía. Como resultado de este proceso se fija el precio marginal de cada interconexión y en cada sentido.

En el sentido España-Francia, se ofrecieron y asignaron 600 megavatios (MW) para cada hora del año, estableciéndose un precio resultante de 4,36 euros/MW y hora. Por su parte, en el sentido opuesto (Francia-España) se ofrecieron y se asignaron 800 MW, con un precio resultante de 7,51 euros/MW y hora. En ambos sentidos, obtuvieron capacidad 12 agentes participantes. Con respecto al sentido España-Portugal, se ofrecieron y asignaron 250 MW para cada hora del año, estableciéndose un precio resultante de 0,12 euros/MW y hora, sentido en el cual han obtenido capacidad 8 agentes participantes. Mientras, en el sentido Portugal-España, se asignaron 350 MW, con un precio resultante de 0,08 euros/MW y hora, habiendo obtenido capacidad 9 agentes.

Como resultados de las asignaciones de capacidad anual de intercambio entre España y Francia se generaron unas rentas de congestión por 75,5 millones de euros, la mitad de los cuales corresponden al sistema español. Asimismo, entre España y Portugal alcanzan un valor de 500.000 euros, la mitad de los cuales corresponden al sistema español. En 2018, la capacidad horaria de intercambio eléctrico alcanzó valores de hasta 3.600 MW y 3.500 MW, en la dirección de Francia a España y de España a Francia, respectivamente, y de hasta 4.000 MW y 3.800 MW, en la dirección de Portugal a España y de España a Portugal, respectivamente, en condiciones favorables de operación.

La CNMC advierte de abusos de las comercializadoras al incrementar los precios para los consumidores reflejando la subida del pool

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido de abusos por parte de varias comercializadoras energéticas en las relaciones contractuales con sus clientes debido al escenario de precios elevados en el mercado mayorista registrado este 2018.

Según el informe de supervisión de las ofertas del mercado minorista de gas y electricidad para consumidores domésticos y pymes de 2017, que recoge un avance de 2018, ante el repunte del mercado mayorista en este año, hay varias comercializadores que han rescindido o modificado sus contratos con sus clientes sin mantener las condiciones pactadas inicialmente con ellos. Así, la CNMC considera que estas prácticas podrían no adecuarse a derecho, al dejar la interpretación del contrato a la voluntad de una de las partes y, asimismo, podrían no reflejar las medidas de protección del consumidor.

En su informe, el regulador señala que resulta «destacable» el incremento registrado en términos medios en las ofertas disponibles, especialmente a partir de mayo de este año, coincidiendo con el repunte de precios de gas y electricidad en los mercados mayoristas. En el caso concreto del gas, la CNMC indica que los precios han experimentado variaciones «importantes», con una subida de la tarifa regulada (conocida como TUR) de un 6% para un consumidor con un consumo anual de 6.000 kilovatios hora (kWh) en el primer trimestre del año; y en torno a un 8% para el último trimestre del año.

En el caso de la electricidad, desde mayo hasta septiembre, el organismo presidido por José María Marín Quemada destaca que se ha producido un incremento de las ofertas en el mercado libre. En concreto, esta subida ha sido de un 3% en el mercado libre, mientras que en el caso de la tarifa regulada (el llamado PVPC y que recoge directamente las variaciones del mercado mayorista) se ha incrementado un 10% en el mismo periodo.

En concreto, la diferencia entre la oferta más cara y la más barata disponible en 2017, según el comparador de precios de la CNMC, supuso un diferencial para un consumidor con derecho a la TUR de gas de unos 80-180 euros/año. En los consumidores de gas sin derecho a TUR, el diferencial entre ofertas puede variar entre 600 y 3.000 euros/año. En el caso de la electricidad, la contratación de la oferta más cara o la más barata supuso una diferencia para los consumidores eléctricos con derecho a la tarifa regulada de entre 150/200 euros en la facturación anual. En los consumidores eléctricos sin derecho a PVPC, el diferencial osciló entre 1.000 y 3.000 euros/año.

En lo que se refiere a las diferencias entre el precio libre y regulado, en gas pasar de ser suministrado con el precio regulado (TUR) a ser suministrado eligiendo la oferta más barata del mercado supuso un ahorro para el consumidor doméstico de entre 31 y 76 euros/año según el consumo anual, entre un 4% y un 22,6 % de su factura anual con precios de diciembre de 2017. En el caso de la electricidad, al contrario que en 2016, durante 2017 han existido opciones en el mercado libre algo más baratas que el PVPC, equivalentes a un ahorro de 31 euros/año en la facturación, un 6% de la facturación.

Por otra parte, el informe destaca que a cierre de 2017 había 22 comercializadores en el comparador con ofertas de electricidad verdes, frente a las 14 a junio de 2016. La CNMC indica que, en general, no se aprecia que las ofertas verdes sean más caras frente a las que no lo son. De acuerdo con el sistema de garantías de origen y etiquetado de la CNMC, este tipo de ofertas atrajo a 1,9 millones de consumidores (1,2 millones en 2016), lo que refleja el mayor éxito en la comercialización de estos productos, añade Competencia.

En Comú Podem solicita al Gobierno que realice una consulta pública que verifique la aceptación del gasoducto MidCat

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Europa Press. – En Comú Podem ha planteado al Gobierno de España la realización de una consulta pública para comprobar la aceptación de la ciudadanía al proyecto MidCat, que uniría Cataluña y el sur de Francia a través de una interconexión gasística.

De esta manera lo ha solicitado la formación de Unidos Podemos, a través de una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados. Así, su portavoz de Energía, Josep Vendrell, plantea al Ejecutivo la realización de esta consulta, considerando que existen «evidentes contradicciones» entre «las buenas intenciones que promueven en materia medioambiental los cercanos acuerdos de París» y la apuesta de la Comisión Europea por este tipo de infraestructuras, que permitiría importar combustible fósil y contaminante.

En el mismo sentido, asegura que las importaciones de gas a la Unión Europea «son fundamentalmente de países con serios o graves déficits en materia de respeto a los derechos humanos», por lo que pregunta si apuesta el Gobierno por este tipo de importaciones o por generar mayoritariamente electricidad a partir de fuentes de energía renovable.

En relación al proyecto MidCat, el diputado de En Comú quiere saber si ha habido reuniones con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y si dispone de estudios que acrediten que el proyecto no afectaría al medioambiente y a los trabajadores del campo.