El Congreso pide aumentar las primas a la cogeneración eléctrica y un plan para la renovación de las actuales plantas

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Europa Press.– La Comisión de Transición Ecológica del Congreso ha aprobado una iniciativa que reclama al Gobierno el aumento de las retribuciones a la cogeneración, así como la puesta en marcha de un plan de renovación de las actuales plantas que permita mejorar su eficiencia. Este sistema de producción de energía permite obtener, al mismo tiempo, energía eléctrica y energía térmica, aprovechando el calor generado, y normalmente se suele obtener mediante la combustión de combustibles fósiles, como el gas o el petróleo.

Solo el PP se abstuvo

La iniciativa, defendida por Compromís y finalmente acordada con PSOE y Unidos Podemos, ha sido respaldada también por Ciudadanos y Esquerra Republicana, mientras que el PP optó por abstenerse. El texto aprobado por el Congreso reclama concretamente «revertir los recortes en la retribución» incluidos en los decretos y órdenes donde se regula la producción de energía eléctrica a partir de energía renovables, cogeneración y residuos, y «recuperar un régimen retributivo razonable que prime la eficiencia».

Asimismo, insta a «poner en marcha un plan de renovación de las actuales plantas de cogeneración para fomentar la alta eficiencia» para evitar su paralización, y que este plan incluya un informe que analice el potencial de la cogeneración, proponga retribuciones que la fomente e indique las necesidades de renovación de las centrales, así como procedimientos que incentiven sustituir combustibles y generar el menor impacto posible en el medio ambiente.

El Gobierno aprobará próximamente ayudas a vehículos alternativos mientras el Congreso acuerda una hoja de ruta para renovar el transporte

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Europa Press.- Después de que el Congreso haya acordado una hoja de ruta dirigida a la renovación del transporte privado y de mercancías, tanto terrestre como marítimo, de cara a la transición ecológica, con objetivos a 2030, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno aprobará de manera «inminente» un nuevo plan de incentivos a la compra de vehículos alternativos, con hasta 15.000 euros para vehículos pesados.

En la actualidad, los Presupuestos 2018, aprobados por el PP, recogen 66,6 millones de euros de apoyo a la movilidad energéticamente sostenible y eficiente. Ribera ha destacado también en el Senado la necesidad de que se adopten en España políticas de reducción de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero más eficaces en el sector transportes, que supone el 25% de las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2).

«Actuar sobre este sector es prioritario. Para cumplir con los objetivos de descarbonización hay que tomar medidas de mitigación«, respondió Ribera en el Senado a la interpelación del senador del PNV, José María Cazalis, sobre medidas para avanzar en la reducción de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero de los vehículos de transporte e industriales. La titular para la Transición Ecológica ha considerado fundamental el que se promueva el uso de combustibles alternativos, incluyendo en su caso la electrificación parcial y siempre y cuando el origen de la electricidad sea de bajas emisiones.

Ribera también ha hablado del hidrógeno como una posible solución a futuro para reducir las emisiones del sector transporte por carretera y ha subrayado la necesidad de que se impulsen medidas para el despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, empezando por la propia Administración central. No obstante, Ribera ha reconocido que sustituir los motores diésel por otros alternativos en camiones es más «difícil».

Según la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), los camiones transportan 14.000 millones de toneladas de mercancías al año. «El Parlamento Europeo impulsó reducir las emisiones en este tipo de vehículos y ahora los Estados miembro tenemos que acelerar los acuerdos. Hay que pedir a los fabricantes y acompañarlos en este proceso de reconversión», apuntó Ribera, que recordó que los vehículos pesados emitieron aproximadamente 23 millones de toneladas de CO2 equivalente en España en 2016; las furgonetas alrededor de 4 millones, y entre ambos coparon el 30% de emisiones totales del transporte por carretera.

«En España, la senda de emisiones efecto invernadero ha aumentado muy notablemente, sobre todo las del transporte, y deben quedar eliminadas antes de 2050 para cumplir los objetivos de descarbonización de Europa», ha resaltado. Los niveles de reducción de emisiones propuestos por la Comisión Europea en mayo, del 15% en 2025 y del 30% en 2030, establecen un camino para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima.

Hoja de ruta del transporte

Por otro lado, la iniciativa presentada por el PSOE en la Comisión de Transición Ecológica fue pactada finalmente con el PP, Unidos Podemos, Ciudadanos y Compromís, que ha salido adelante por unanimidad en la comisión.Concretamente, el Congreso reclama el desarrollo «de forma especial y urgente» de un plan de ayudas dirigido a automóviles y furgonetas más antiguos que considere el nivel de renta, y acordar con comunidades autónomas, sindicatos y patronal «una estrategia para la transformación de la industria automovilística y sus industrias auxiliares».

Asimismo, pide incentivos para fomentar una infraestructura de recarga de acceso público, mecanismos para que la Administración Pública «asuma un papel ejemplarizante en la adopción y compra de coches eléctricos», un plan específico para el desarrollo del autobús eléctrico en centros urbanos y campañas de promoción de la movilidad eléctrica en flotas y asociaciones gremiales.Por otro lado, pide facilitar proyectos de I+D+i en desarrollo de baterías eléctricas y de su reciclaje y fijar unos estándares comunes para los puntos de recarga, que incluya elementos como el tipo de enchufe o la forma de pago.

La hoja de ruta para la transición ecológica en el transporte también propone otras medidas dirigidas a la descarbonización del transporte terrestre de mercancías, y reclama la planificación de las infraestructuras ferroviarias y un plan de implantación del camión ligero eléctrico.En este sentido, pide desarrollar un sistema de incentivos a la adquisición y un modelo propio de despliegue para la infraestructura de recarga asociada, y también facilitar proyectos de I+D+i de otras tecnologías de transporte pesado de mercancías «que permitan descarbonizar completamente el transporte».

Por otro lado, pide también la adopción de medidas en los puertos españoles, donde pide garantizar la energía eléctrica de los buques, pero también facilitar la transformación del transporte de mercancías marítima al gas natural licuado.Así, pide planificar las inversiones para instalar en los puertos, priorizando aquellos localizados en grandes rutas internacionales, sistemas de suministro de gas natural licuado a buques, e incentivar a través de exenciones fiscales o ayudas directas, las inversiones de los armadores para la adaptación de los buques al GNL.

Respecto al suministro eléctrico, el Congreso ha acordado posibilitar que las autoridades portuarias puedan distribuir energía eléctrica a los concesionarios, incluso a través de redes de distribución de energía eléctrica cerrada, y que estos puedan dar suministro a buques atracados. Asimismo, las empresas distribuidoras podrían ser titulares de último recurso de la infraestructura necesaria para el suministro a buques en atranque, una vez que se haya celebrado un concurso y no haya pujado por esta titularidad nadie. En este sentido, pide que las tasas devengadas por la ocupación privativa de la zona portuaria por parte de las empresas de distribución sean consideradas como costes retribuibles.

El Congreso también pide un peaje específico para el suministro eléctrico de los buques, estudiar medidas para facilitar su adaptación al consumo eléctrico, como reducir el impuesto especial de electricidad o incentivos fiscales a la inversión, planificar las inversiones en infraestructura y un calendario para su instalación. Asimismo, pide que esta reforma esté «guiada por el principio de que quien contamina paga» y sea «neutral a la recaudación», incluir a los puertos de interés general en las zonas de distribución eléctrica y reordenar y «simplificar con criterios de eficacia y eficiencia la elevada proliferación de normas y tributos ambientales entre comunidades autónomas y Administración central».

ERC solicita a Teresa Ribera que explique en el Congreso los acuerdos conseguidos en la Cumbre del Clima COP24

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Europa Press. – Esquerra Republicana (ERC) ha solicitado en el Congreso la comparecencia de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la comisión del ramo para informar de los acuerdos conseguidos en la Cumbre del Clima (COP24) celebrada a lo largo del pasado mes de diciembre en Katowice (Polonia).

La formación de izquierdas no tiene «demasiada buena impresión» de lo ocurrido en este encuentro internacional, según explica el diputado Joan Capdevila, quien ha formado parte de la delegación del Congreso que ha viajado a la ciudad polaca.

Para el diputado Capdevila, la cumbre ha finalizado con acuerdos que «no van más allá de ratificar los acuerdos» de París (COP21) y continuar avanzando «casi de inercia» en los objetivos de reducción de emisiones contaminantes, sin nuevas exigencias, a pesar de la gravedad del momento actual.

 

Más implicación y compromiso global

Según Capdevila, ¨la situación climática requiere un compromiso global de mucha más implicación de la que sale de Katowice, como siempre manteniendo la tónica de un acuerdo de mínimos ‘in extremis» para evitar la palabra fracaso».

Para el diputado, la situación climática en el mundo es «de emergencia», y no parece que haya interés en entenderlo así. «Es como si en pleno incendio de un edificio se convocara reunión de la junta de vecinos y algunos ni asistieran», finalizó Capdevila.

El Gobierno peruano acuerda con una comunidad indígena desbloquear y reparar un oleoducto en la Amazonia

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Europa Press. – Perú ha llegado a un acuerdo con una comunidad indígena que permitirá desbloquear las instalaciones de un oleoducto y remediar un derrame de petróleo que se produjo hace unas semanas por unos cortes en la tubería en el norte del país.

Según ha informado la compañía estatal Petroperú, a finales de noviembre, unos 8.000 barriles de petróleo se derramaron en la Amazonia después de que un grupo de indígenas realizara cortes al oleoducto e impidiera el ingreso de técnicos para repararlo, en rechazo a los resultados de unas recientes elecciones municipales.

El incidente del oleoducto ha dado como resultado que la canadiense Frontera Energy detuviera su producción en el lote 192 – el mayor lote petrolero de Perú – hasta que las autoridades resolvieran la disputa.

De este manera, Petroperú ha asegurado que según el acuerdo firmado por representantes de la comunidad de Chapis, del Ministerio de Energía y Minas y Petroperú, «los dirigentes se comprometen a no realizar acciones que puedan dañar el patrimonio de Petroperú y permitir la culminación de las actividades de remediación».

En el mismo sentido, La compañía estatal a afirmado que «se logró la liberación de los accesos a las instalaciones de Estación 5 del Oleoducto Norperuano que habían sido bloqueados por pobladores de esa comunidad desde el 5 de diciembre».

El oleoducto, que transporta crudo desde los campos petroleros de la selva peruana hasta la refinería del combustible de Petroperú en la costa del Pacífico, ha sufrido continuos ataques en los últimos dos años.

Así, desde principios del 2016 se han derramado alrededor de 20.000 barriles de petróleo del oleoducto por al menos 15 ataques, y otros 5.600 barriles se han filtrado debido a la corrosión o fallas operativas, según estimaciones oficiales.

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos denuncia que los costes energéticos de producción del sector agrario se han disparado

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Europa Press.- Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha alertado de que los costes de producción del sector agrario se han duplicado en los últimos 20 años y crecen a un ritmo muy superior al valor de la producción. Tras analizar la evolución de algunas macromagnitudes agrarias, ha puesto en evidencia que los costes intermedios se han duplicado en los últimos 20 años, hasta los 23.199 millones de euros en 2018.

Por otro lado, el valor de la producción final agraria mantuvo aumentos anuales a un ritmo del 2,2%, mientras que el de los costes lo hizo a un ritmo superior al 5%, pasando de representar un tercio del valor de la producción a más de la mitad, «lastrando la actividad agrícola y ganadera e impidiendo la rentabilidad a muchas explotaciones», ha denunciado. La organización recuerda que la energía y los lubricantes son algunos de «los capítulos más importantes de gastos».

«No es admisible que la liberalización de determinados mercados como el de la electricidad o el de los combustibles haya acabado en que cada vez nos cuesten más a los consumidores», sostienen. «Pagamos la electricidad a uno de los precios más caros de Europa y las subidas que se aplican al gasóleo son muy superiores a lo que correspondería por los precios del petróleo», añaden.

Por todo ello, ha pedido al Gobierno que realice una auditoría a los sectores energéticos y que establezca medidas correctoras. Asimismo, ha pedido una fiscalidad al mínimo posible para el gasóleo agrícola usado por los profesionales, un régimen que facilite a los agricultores montar instalaciones de generación de energías renovables para autoconsumo y un contrato de acceso eléctrico específico para regadío adaptado al consumo estacional.

El consumo eléctrico aumenta un 28% en los hogares españoles durante las Navidades por el mayor uso de los electrodomésticos

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Europa Press.- Según datos de Red Eléctrica de España (REE), durante las fiestas navideñas, el consumo eléctrico aumenta un 28% en los hogares españoles, principalmente por el mayor uso que se hace de los electrodomésticos. Un gasto energético al que hay que sumar también el tradicional alumbrado navideño que ilumina las ciudades.

Sobre este alumbrado, un 85% de los ciudadanos opina que deberían seguir más «criterios ecológicos y un mayor control del gasto». Algunos van incluso más allá, ya que un 16% de los encuestados cuestiona estéticamente estos adornos. Estas son algunas de las conclusiones del informe de la División de Hogar de Línea Directa La sostenibilidad y el consumo en los hogares españoles que también refleja que 5,6 millones de personas (16%) piensan que la preocupación por el medio ambiente es tan sólo una moda y que no se toman las medidas suficientes. Para realizar este estudio, para el que se ha llevado a cabo una encuesta a más de 1.700 personas de entre 18 y 75 años en toda España.

Por otra parte, el estudio alerta de que las energías renovables siguen sin consolidarse en los hogares, ya que menos de un 10% tiene alguna instalación renovable en su domicilio. Los motivos son variados: que «sus viviendas no lo permiten» (46%), «la falta de información de las Administraciones» (27%) y «el precio de estas instalaciones» (26%). A destacar que casi 1 de cada 5 españoles (17%) aseguran que les gustaría contar con una fuente de energía renovable en su hogar, pero que no la tienen por la «falta de seguridad jurídica» que existe en este ámbito, concretamente por miedo a la creación de nuevos impuestos que afecten a su inversión.

El gas licuado por canalización baja un 13,5% en su parte variable

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Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización ha bajado un 13,5%, según una resolución del Ministerio de Transición Ecológica publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se sitúa en 71,1666 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 82,3368 céntimos del mes anterior.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros mensuales, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel baja un 16,5%, desde los 67,7347 céntimos por kilogramo del mes anterior hasta 56,5645 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar. Estos precios no incluyen en la Península y Baleares el impuesto sobre hidrocarburos ni el IVA. En el caso de Canarias, no incorporan el impuesto especial de esta comunidad sobre combustibles derivados del petróleo y el impuesto general indirecto canario.

La irrupción de las empresas petroleras y gasistas es una de las principales preocupaciones de los directivos del sector eléctrico

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Europa Press.- La irrupción de las empresas petroleras y gasistas en el mercado se convierte en la segunda principal amenaza para las compañías eléctricas, según el 48% de los directivos encuestados, de acuerdo con los resultados de la Global Power & Utilities Survey 2018 elaborada por PwC. Además, el informe considera que, en la actualidad, muchas compañías ajenas al sector eléctrico están «muy atentas» a las oportunidades que se puedan presentar en el mercado de la electricidad.

Para el socio responsable de Energía en PwC, Carlos Fernández Landa, ninguno de los eslabones que componen la cadena de valor del sector va a seguir como hasta ahora. En este sentido, ha destacado que el mercado eléctrico está evolucionando hacia un modelo mucho más digital, donde la tecnología va a ser disruptiva en muchos aspectos y donde la personalización y la gestión del cliente están tomando un protagonismo «fundamental«.

«Vamos hacia un mercado más descentralizado del que hemos estado acostumbrados a ver, en el que los competidores ya no van a ser únicamente los tradicionales y donde seremos testigo de modelos de negocio nuevos y muy diferentes», ha asegurado Fernández Landa. En esta dirección, explicó que el sector, tradicionalmente acostumbrado a inversiones a largo plazo y a gran escala, deberá ajustarse en el futuro a las nuevas tecnologías y a ciclos más cortos en el tiempo, lo que va a exigir a las compañías a contar con modelos de negocio «más ágiles y dinámicos».

La convergencia de los avances tecnológicos, las nuevas medidas regulatorias, la generación de energía descentralizada, los cambios en los hábitos de consumo y la aparición de nuevos competidores que están transformando el sector eléctrico conforman las principales preocupaciones de las empresas eléctricas, para un 82% de los encuestados. El estudio revela una contradicción. Los directivos son «plenamente conscientes» de que tienen que adaptarse al nuevo entorno competitivo, pero son «pocos» los que transforman a fondo sus modelos de negocio para cumplir con el cambio de expectativas de los consumidores y aprovechar las nuevas disrupciones tecnológicas.

En 2015, solo el 26% de los encuestados pensaba que los modelos de negocio tradicionales del sector eléctrico seguirían funcionando en el futuro. Tres años más tarde, el 65% de los directivos cree que adaptar su modelo de negocio es «clave» y, de hecho, la mayoría (79%) ya ha ejecutado cambios en mayor o menor medida. Concretamente, el 54% de los directivos encuestados asegura haber hecho algún cambio, el 20% haber tocado su modelo de negocio en varias ocasiones y un 5% haberlo transformado completamente. Un 21% reconoce que no lo ha cambiado en absoluto.

El sistema eléctrico cerró 2017 con un superávit de 150,5 millones mientras el déficit del sistema gasista alcanzó 24,7 millones

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Europa Press.– El sistema eléctrico arrojó en el 2017 un superávit de 150,5 millones de euros, según la cifra recogida en la liquidación definitiva del año de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), mientras que el sector del gas cerró con un déficit de 24,7 millones de euros.

Este excedente en el sistema eléctrico se debió, fundamentalmente, a unos costes inferiores a los inicialmente previstos de la retribución de la distribución, de la retribución específica de instalaciones de producción renovable y de la retribución adicional de los sistemas no peninsulares, parcialmente compensados por unos ingresos externos a peajes inferiores a los inicialmente previstos. De esta manera, el sistema eléctrico acumula cuatro años consecutivos en superávit, desde 2014, en que sumó un excedente de 550,3 millones de euros. En 2015, el superávit del sistema eléctrico alcanzó los 469,3 millones de euros, mientras que en 2016 ascendió a 421,45 millones de euros. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago asciende a más de 20.000 millones de euros.

1.440 millones de superávit acumulado

De esta manera, acumulaba más de 1.440 millones de euros de superávit en esos tres ejercicios, aunque el año pasado el Gobierno ya acordó devolver a las comercializadoras eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en 2015 y 2016, importe que ascendía a unos 500 millones de euros, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. Esa no es la única vez que se ha recurrido a este excedente de los últimos años, ya que el Ministerio para la Transición Ecológica decidió traspasar 60 millones de euros procedentes del superávit eléctrico al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para instrumentar un sistema de ayudas a la instalación de plantas de generación renovable en territorios extrapeninsulares.

Además, también el actual Gobierno, en el decreto de medidas urgentes aprobado en octubre para combatir la subida del precio de la luz, aprobó, para mayor refuerzo de la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, introducir la posibilidad de que el superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico pueda ser aplicado a los desajustes de ingresos y gastos que se pudieran producir en 2018 y 2019.

En el caso del sector gasista, el déficit en 2017 fue de 24,78 millones de euros, lo que supuso una desviación negativa del 0,91% sobre la retribución acreditada del sistema. En esta liquidación definitiva se incluyen los pagos con origen en la compensación por la extinción de la concesión del almacenamiento subterráneo Castor, realizados con anterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2017 que anulaba estos pagos. Por otro lado, en la liquidación definitiva del 2017 están incluidos los 9 pagos ya realizados a los titulares del derecho de cobro de la deuda de Castor (Banco Santander, Bankia, Caixabank) hasta la publicación de la sentencia del Constitucional, que ascienden a un total de 60,49 millones de euros.

La central nuclear José Cabrera de Zorita cumple 50 años entrando en la recta final de su proceso de desmantelamiento

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Europa Press.- La central nuclear José Cabrera, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), ha cumplido 50 años cuando afronta un momento crucial de su fase final de desmantelamiento, en el que se han superado el 85% de unos trabajos que está previsto que concluyan para el 2020. Con una producción anual de 1.000 millones de kilovatios hora por año, fue la primera planta nuclear construida en España. Después de 38 años de funcionamiento, el 30 de abril de 2006, cerró sus puertas definitivamente.

Según confirmaron desde la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), la demolición convencional de uno de los edificios más emblemáticos de la planta, la cúpula de color anaranjado que identifica a esta planta desde lejos, empezará a mediados de 2019. En el año 2010 la planta fue transferida de la empresa propietaria Gas Natural Fenosa, actualmente denominada Naturgy, a la empresa pública ENRESA, que desde entonces se hace cargo del desmantelamiento, el primero completo que se produce en España de forma programada y con corte de piezas radiológicas bajo agua.

La construcción de esta instalación comenzó en julio de 1965, duró 3 años y costó 2.000 millones de pesetas; fue inaugurada por el dictador Francisco Franco el 12 de diciembre de 1968. En este proceso de desmantelamiento se van a gestionar un total de 104.000 toneladas de materiales. Los residuos radiactivos de baja y media actividad están siendo enviados a El Cabril, en Córdoba, mientras que el combustible gastado de la planta permanece en el Almacén Individualizado Temporal (ATI) que hay en la propia planta.

Razones burocráticas pero también del propio proceso de descontaminación han influido en que el desmantelamiento, inicialmente previsto para 2016, haya sufrido varias demoras. También el presupuesto inicial de estos trabajos ascendía a 135 millones de euros, una cifra que se ha elevado ahora a 160 millones de euros según el propio director del Desmantelamiento de Zorita, Manuel Ondaro. Cuando estén concluidos todos los trabajos, ENRESA devolverá de nuevo el emplazamiento a Naturgy para futuros usos.