APPA aplaude «la coherencia de la estabilidad retributiva» propuesta por el Gobierno para las energías renovables

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Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha valorado «positivamente» el anteproyecto de Ley que refleja las tasas de retribución a las energías renovables para el periodo 2020-2025, ya que considera que supone «la estabilidad retributiva y regulatoria que lleva meses exigiendo». La asociación destaca que el anteproyecto mantiene la actual tasa de retribución (7,39%) para las instalaciones anteriores al Real Decreto Ley 9/2013, fijando «un marco retributivo estable a las instalaciones afectadas por el decreto y dotando de seguridad jurídica al sistema».

Así, el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, valora «positivamente la coherencia del Gobierno, que ha respetado la posición que tenía sobre este asunto su grupo parlamentario cuando estaba en la oposición«. APPA recuerda que las empresas del sector deberán acometer en la próxima década gran parte de los 100.000 millones de euros necesarios para cambiar el modelo energético, por lo que subraya que «se necesita una alta dosis de predictibilidad dado su gran volumen«. De esta manera, tras la aprobación de la Directiva Europea de renovables, APPA señala que el sector «comienza a ver más claro su futuro».

Ciudadanos critica que el Gobierno socialista haya prorrogado la plataforma petrolífera Casablanca que opera Repsol en Tarragona sin informe medioambiental

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Europa Press.- Ciudadanos cuestiona que el Gobierno decidiera prorrogar la concesión de la plataforma Casablanca para la explotación de hidrocarburos, que opera Repsol, sin contar con ningún estudio de impacto ambiental, y se pregunta si este expediente no debería haber sido sometido a este trámite, de acuerdo con las directivas comunitarias de evaluación de impacto ambiental y de protección del medio marino.

Así lo manifiestan a través de una batería de preguntas registrada en el Congreso por los diputados Fernando Navarro, José Luis Martínez González y Sergio del Campo, para la que han solicitado respuesta escrita del Gobierno. «Parece haberse hecho atendiendo meramente al cumplimiento de los requisitos legales por la concesionaria, pero sin ningún estudio de impacto ambiental, todo ello en una zona especialmente sensible desde el punto de vista medioambiental como es el Mediterráneo», inciden. Por ello, preguntan si esta prórroga era «obligatoria o potestativa para el Gobierno» y, si así era, qué razones llevaron a ello y si esta decisión es congruente con «la política de avanzar en la transición energética hacia un modelo descarbonizado, libre de combustibles fósiles».

Las importaciones de gas natural caen un 12% en noviembre con Argelia, Nigeria y Noruega como principales suministradores

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Europa Press.– Las importaciones netas de gas natural alcanzaron en noviembre los 31.598 gigavatios hora (GWh), con un descenso del 12,1% respecto a noviembre de 2017, según Cores. En concreto, disminuyeron las importaciones netas de gas natural licuado (GNL), que cayeron un 27,6%, mientras que ascendieron las realizadas a través de gasoducto un 4,9%.

Las importaciones brutas de gas natural alcanzaron en noviembre los 32.888 GWh, un 13,5% menos con respecto a 2017. El 58,5% se importaron a través de gasoducto, mientras el 41,5% restante se realizó en estado líquido. En noviembre descendieron las importaciones en todas las zonas geográficas, a excepción de Europa (+49,6%), por el aumento de los suministros procedentes de Francia en un 132% y las importaciones de Rusia. En el acumulado anual, los principales suministradores de gas natural a España fueron Argelia (52,3%), Nigeria (11,6%), Qatar (9,9%) y Noruega (9%).

Mientras, las exportaciones de gas natural se situaron en 1.290 GWh, con una caída del 37,6% frente a noviembre de 2017, siendo las menores desde febrero de 2013. Tan sólo el 3,8% de las exportaciones se realizaron en estado líquido con destino a Andorra, Francia, Italia y Portugal. El resto se exportó a través de gasoducto, repartiéndose entre Portugal y Francia, con un 78,1% y 18,1%, respecto del total exportado. En el acumulado anual, las exportaciones ascendieron un 17,4%, el 84,4% realizadas por gasoducto y el 15,6% restante en GNL.

Los futuros eléctricos auguran que el precio de la luz seguirá elevado en 2019 con una subida del 8%

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Europa Press.- Los futuros eléctricos vaticinan que los altos precios de la luz se prolongarán en este 2019, después de un 2018 que cerró como el segundo año con el precio medio del mercado eléctrico más caro desde 1998, y auguran una subida del pool para este ejercicio de en torno a un 8% con respecto al 2018.

Según datos de la consultora Grupo ASE, el mercado ibérico de futuros (OMIP) cerró en 2018 la cotización para este 2019 en 61,9 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone ese 8% más con respecto a los 57,29 euros por MWh en que cerró el pool de media para el conjunto de 2018. El mercado de emisiones seguirá siendo protagonista en el precio eléctrico en Europa, con una cotización del CO2 que se mantendrá en los altos niveles actuales.

Los analistas de la consultora destacan que, prueba de ese peso del mercado de emisiones, es que las fuertes bajadas del precio del barril de crudo Brent y del gas no han reducido los precios de los mercados de futuros eléctricos europeos en diciembre. Además, las proyecciones de la curva de precios para 2020 también se han incrementado en los últimos meses con un precio de 56,4 euros por MWh.

El precio mayorista de la electricidad, el conocido como pool, cerró el año 2018 con una media para el ejercicio de 57,29 euros por MWh, un 11,1% más caro que en 2017 y un 26,5% más elevado que la media de los últimos cinco años. El pool tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante a la carga fiscal.

Cesce deberá asumir indemnizaciones por cerca de 100 millones de euros por seguros con Abengoa

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Europa Press.- La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) deberá asumir alrededor de 97,4 millones de euros por 24 pólizas relacionadas con el Grupo Abengoa. Así figura en su Informe de fiscalización del Fondo de Reserva de los riesgos de la internacionalización, ejercicio 2017 realizado por el Tribunal de Cuentas y que recoge que, en enero de 2016, esta entidad tenía riesgo vivo con Abengoa por importe total de 116 millones de euros y 99,5 millones de dólares.

De estas pólizas, el importe que Cesce deberá indemnizar asciende, al menos, a 75,5 millones de euros y 25 millones de dólares, entre riesgo procedente de crédito comprador, de seguro a fiadores por riesgo de ejecución de avales y de seguro a fiadores por riesgo de garantías bancarias. Respecto el crédito comprador, Cesce había asegurado a 3 entidades financieras con 8 pólizas concedidas a distintas empresas del Grupo Abengoa (deudores y garante, respectivamente frente a Cesce), de las que deberá indemnizar 25 millones de dólares y 54,6 millones de euros, el importe vivo en 2016.

De todas estas cantidades, Cesce aún no abonó las indemnizaciones por 4 pólizas con una de las tres entidades financieras, que deberá pagar paulatinamente hasta 2020, a medida que venzan las cuotas del crédito, hasta un total de 35,8 millones de euros. Para estas 4 pólizas, señala el Tribunal de Cuentas, Cesce instruyó al asegurado para que bloquease las disposiciones de los créditos, por lo que no tuvo que indemnizar 9,2 millones de euros ni se dispuso de la totalidad del crédito denominado en dólares.

Respecto a las pólizas de seguro a fiadores por riesgo de ejecución de avales, 15 en total suscritas entre junio de 2012 y abril de 2015, el riesgo vivo fue disminuyendo hasta situarse en enero de 2016 en 56,5 millones de euros y en 74,5 millones de dólares. Sin embargo, Cesce había llegado a asumir inicialmente un riesgo máximo de 77 millones de euros y 157 millones de dólares, con una cobertura de entre el 95% y el 34,7%, cuando el porcentaje más habitual, según el Tribunal, es del 50%.

Según la fiscalización realizada, estos seguros tuvieron que prorrogarse en numerosas ocasiones, autorizándose por la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado (CRE) la suscripción de los correspondientes suplementos a las pólizas con el consiguiente pago de la prima. Este riesgo fue disminuyendo a medida que avanzaban los proyectos, y hasta mayo se habían ejecutado avales de 2 pólizas, en 2016 y 2018, por un importe total de 16,2 millones de euros. Sin embargo, 9 pólizas aún tenían riesgo vivo por 25,1 millones de euros y 33 millones de dólares.

Otras cuatro pólizas, suscritas en el 2015, tenían un riesgo vivo en enero de 2016 de 3,8 millones de euros y 23,4 millones de dólares, cancelándose estas fianzas ese año antes de su vencimiento pues, según ha manifestado Cesce al Tribunal de Cuentas, el proyecto, la construcción de una planta termosolar en Israel, se vendió, tal y como preveía el plan de viabilidad de Abengoa.

Por último, la única póliza procedente de un seguro a fiadores por riesgo de garantías bancarias se cerró con una indemnización total de 4,7 millones de euros entre 2016 y 2017. Cesce es una sociedad mercantil participada mayoritariamente por el Estado, con una representación del 50,25% en su capital social. El resto de accionistas son Grupo Banco Santander, con una participación del 23,88%, BBVA, con el 16,30%, otros bancos, con el 5,67%, y otras compañías de seguros, con el 3,90%.

Compromís pide al Gobierno que aborde el desmantelamiento de Castor mientras la banca reclama el dinero prestado para la indemnización

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Europa Press.- El senador de Compromís por Castellón, Jordi Navarrete, ha pedido al Gobierno que «defienda el dinero público» y aborde «con responsabilidad» los pagos vinculados a la construcción y mantenimiento del «fiasco» del almacén de gas Castor, así como el futuro de este proyecto energético «fallido».

Por su parte, Santander, CaixaBank y Bankia presentaron un recurso contra el Ejecutivo ante el Tribunal Supremo en el que solicitan la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado, más los daños causados, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacén Castor, frente a las costas de Vinaròs (Castellón), a la sociedad promotora Escal UGS, participada por ACS.

El senador ha asegurado que Compromís mantendrá en 2019 su postura de «rechazo total a este proyecto por peligroso, innecesario; por su opaca tramitación e irresponsable desenlace del Gobierno, que pagó por un proyecto inservible, mal ejecutado y en el que falló todo». Ante esta situación, ha reclamado «un cambio autocrítico de postura del Gobierno y que se ponga del lado del contribuyente, que no tiene por qué pagar miles de millones por un fracaso de tal magnitud, y defienda el dinero de todos y la decencia del servicio público».

Navarrete ha recordado que Compromís intentó crear en el Senado una comisión de investigación sobre el proyecto, una iniciativa que «el PP frenó en solitario para evitar identificar a responsables, acceder con transparencia a los informes y auditorías realizadas sobre la planta o conocer su operatividad antes de indemnizar a los promotores». «Pedimos al PSOE, ahora en el Gobierno, que aborde los pagos para que tanto las retribuciones, mantenimiento de Enagás o el pago a Escal UGS se ajuste a lo que les corresponda legalmente, pues no es de recibo que los consumidores sean quien pague por unas instalaciones inservibles ni que se castigue a quien financió los proyectos o se pague a quienes no lo merecen», ha aseverado Navarrete.

También ha defendido la necesidad de poner en marcha «nuevas acciones a varias bandas, desde dilucidar responsabilidades, ejercer acciones para recuperar el dinero malgastado, auditar los trabajos, devolver el ingresado ilegítimamente a los consumidores y abordar de una vez el desmantelamiento de la planta«. Compromís ha reclamado nuevos documentos al Gobierno sobre el desmantelamiento de Castor en base a «los informes que maneja la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera».

La banca reclama su dinero

Ahora es la banca la que reclama su dinero ante la Justicia después de que en abril Santander, CaixaBank y Bankia formularon ante el Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitaban dicha devolución, al considerar que, de lo contrario, el Estado se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras. En su reclamación, las tres entidades ofrecían al Gobierno alcanzar un acuerdo para permitir hacer la devolución de una manera flexible. Debido a que el Consejo de Ministros agotó el plazo preceptivo de la reclamación sin haberla resuelto, se entiende que la misma ha sido desestimada y que cabe recurrir ante el Supremo.

En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS. En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia. Por ello la CNMC decidió paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista.

Asimismo, Enagás decidió presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado como legislador en la que solicitaba la devolución de los costes por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacenamiento subterráneo de gas. Esta decisión de la empresa se producía después de que el Gobierno decidiera finalmente dejar fuera de la orden de peajes y cánones del sistema gasista para 2019 estos derechos de cobro de Enagás, que fueron también paralizados por la CNMC a principios de 2018 tras la sentencia del Tribunal Constitucional de finales de 2017.

El consumo de combustibles de automoción sube un 2,8% en noviembre gracias al fuerte incremento del uso de la gasolina

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Europa Press.- El consumo de combustibles de automoción ascendió a 2,336 millones de toneladas en noviembre, lo que supone un incremento del 2,8% respecto al mismo mes del año pasado, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

Este incremento en noviembre fue fruto, principalmente, del repunte registrado en las gasolinas, cuyo consumo se disparó un 6,8% hasta las 403.000 toneladas, mientras que también subieron los gasóleos, que crecieron un 2,1%, hasta los 1,933 millones de toneladas. En el acumulado del 2018, el consumo de los combustibles de automoción aumenta un 2,5%, siendo mayor el incremento en las gasolinas (+4,6%) que en los gasóleos de automoción (+2,1%). Por grupos de productos, en noviembre crecieron todos a excepción de los gasóleos (-0,6%). Así, suben GLP (+92,4%), querosenos (+6,9%) y fuelóleos (+2,3%). En el acumulado anual, también presentan crecimientos interanuales el GLP (+15%), querosenos (+4,7%), gasóleos (+2,4%) y fuelóleos (+2,6%).

En lo que respecta al consumo de gas natural, alcanzó en noviembre los 33.947 gigavatios hora (GWh), lo que representa un descenso del 5,6% con respecto al mismo mes del año pasado. Destacó el consumo convencional de gas, que alcanzó los 25.925 GWh (+3,3%), el máximo para un mes de noviembre desde que se dispone de datos (2004). Por su parte, el destinado a generación eléctrica (-29,1%) siguió presentando fuertes descensos y el GNL de consumo directo aumentó un 8,6%.

La factura de la luz se encareció un 2,13% en 2018, lo que supuso un mayor gasto de 17,69 euros

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Redacción.- Un consumidor doméstico medio pagó 848,17 euros en su factura de la luz de todo el año 2018, por lo que esta factura se encareció en un 2,13% respecto a los 830,48 euros de 2017, lo que supuso un mayor gasto en el recibo de 17,69 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada PVPC con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De los 848,17 euros abonados en los 365 días del 2018, 181,09 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada, una partida que permaneció invariable, congelada, respecto a 2017. Del resto de la factura de 2018, 485,78 euros obedecen al consumo, 34,1 euros al impuesto eléctrico y 147,2 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Unas cifras al alza respecto a los 471,88 euros de consumo de 2017, 33,38 euros de impuesto eléctrico y 144,13 de IVA para totalizar los 830,48 euros de la factura del año anterior.

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía, el de un consumo de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio asegura que se corresponde con el de una familia media con dos hijos. Por otro lado, al igual que sucedió en noviembre, la factura media de diciembre se mantuvo en los mismos niveles que en el año anterior. Concretamente, en el mes de diciembre de 2018 fue de 74,64 euros, un 0,5% más que los 74,27 euros registrados en diciembre del 2017, lo que supone un desembolso añadido en el recibo eléctrico de 0,37 euros.

Diciembre prácticamente igual que noviembre

De los 74,64 euros abonados en los 31 días de diciembre del 2018, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de diciembre, 43,31 euros obedecen al consumo, 3 euros al impuesto eléctrico y 12,95 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Asimismo, la factura de la luz de diciembre respecto al mes anterior, noviembre, permaneció prácticamente invariable con una subida del 0,42%, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,41 euros en diciembre respecto a los 2,40 euros de noviembre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses a efectos de garantizar la homogeneidad estadística

Así, el recibo eléctrico vuelve a subir después de dos descensos mensuales consecutivos que cortaron la espiral alcista que le había llevado a encadenar 6 meses consecutivos de subidas. El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad,13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año. El Gobierno ha congelado para 2019 los peajes con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

Iberdrola cierra la venta a Drax Group por 777 millones de sus activos de generación convencional en Reino Unido

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Europa Press.- Iberdrola ha cerrado la venta de la totalidad de su participación en Scottish Power Generation a la británica Drax Group por un importe de 777,6 millones de euros, una vez cumplidas las condiciones suspensivas a las que estaba sujeta la operación. En concreto, la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán se desprende de una capacidad total instalada de generación de energía eléctrica convencional de 2.566 megavatios (MW) en el Reino Unido.

La operación se enmarca dentro del plan de rotación de activos por valor de 3.000 millones de euros anunciado por el grupo energético dentro de su plan estratégico 2018-2022. El precio de compraventa está sujeto a ajustes habituales en este tipo de operaciones una vez esté disponible el balance de situación de Scottish Power Generation, así como a un mecanismo de compartición de riesgos y beneficios en función del nivel de pagos por capacidad no recibidos por Scottish Power Generation hasta el 30 de septiembre de 2019. Iberdrola ha precisado que el impacto de la operación en los resultados consolidados correspondientes al ejercicio 2018 se determinará en las próximas semanas.

La patronal eólica AEE y la fotovoltaica UNEF valoran «positivamente» la propuesta de retribución para 2020-2025 ya que aporta «estabilidad»

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Europa Press.- La Asociación Empresarial Eólica (AEE) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) han valorado «positivamente» el anteproyecto de ley mediante el que se fijan las nuevas tasas de retribución financiera aplicables a las distintas actividades con retribución regulada del sistema eléctrico para el periodo 2020-2025. Para UNEF supone «un importante avance regulatorio encaminado al desarrollo del sector en beneficio de la sociedad» mientras que para AEE «solventa una petición recurrente del sector, aportando estabilidad a la rentabilidad razonable de las instalaciones».

AEE considera que la metodología basada en el coste medio ponderado del capital (WACC, por sus siglas en inglés) utilizada por el Ministerio para la Transición Ecológica, según indicaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), «es la adecuada y la más común en los países de nuestro entorno, así como validada por los principales agentes financieros». Asimismo, señala que esta medida «recupera la seguridad jurídica, dotando de estabilidad a la rentabilidad razonable, y generando confianza para los inversores y el propio sector renovable en España».

La patronal eólica subraya que, para alcanzar los objetivos de nueva potencia renovable en los próximos años, «es importante un esfuerzo inversor para el que es necesario una planificación a medio y largo plazo y, por supuesto, una estabilidad regulatoria que ayude a financiar los futuros proyectos«. Así, AEE, que afirma que la transición energética «es una enorme oportunidad para España», cree que este anteproyecto «viene a sentar las bases para garantizar las inversiones necesarias».

En el anteproyecto, el Ministerio para la Transición Ecológica propone una tasa de retribución del 5,58% para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y del 7,09% para la actividad de producción a partir de renovables, cogeneración y residuos, en línea con la propuesta de la CNMC y que supone un recorte del 14,1% con respecto a la retribución actual del 6,503% para los negocios de redes y generación no peninsular y un 5,5% menos con respecto al 7,503% vigente para las renovables.

Rentabilidad razonable garantizada hasta 2031

Además, con el objeto de garantizar un marco retributivo estable, el anteproyecto plantea que la tasa de retribución del 7,389% que tienen reconocida las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos con derecho a retribución primada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 9/2013, el del recorte a las renovables y que ha sido objeto de una significativa litigiosidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional con arbitrajes perdidos por España, no pueda modificarse hasta 2031.

UNEF: «un importante avance regulatorio»

Por su parte, el presidente de UNEF, Jorge Barredo, ha considerado «un paso vital» para la industria fotovoltaica la fijación «estable» de la retribución financiera «para recuperar la imagen de país estable que protege la seguridad jurídica de un mercado que necesita atraer 30.000 millones de euros de inversión para financiar la transición energética». Barredo añadió que la fijación de la retribución financiera en un 7,09% «se acerca a las demandas realizadas por el sector» y señaló que, con esta medida, espera que «se ponga fin al marco cambiante y a la incertidumbre jurídica institucionalizada y se defina una retribución sin alteraciones durante la vida regulatoria de las plantas fotovoltaicas«.