Iberdrola, la italiana Enel y la portuguesa EDP se alían con otras grandes compañías europeas para impulsar la financiación verde

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Europa Press.– Las grandes energéticas europeas, con la española Iberdrola, la italiana Enel, la portuguesa EDP o las francesas EDF y Engie a la cabeza, han unido fuerzas con un grupo de empresas europeas para crear el Foro Corporativo sobre Finanzas Sostenibles, con el que, como principales emisores de bonos verdes de Europa, pretenden impulsar el desarrollo de ese tipo de financiación.

Este foro representa a más de dos tercios del volumen de bonos verdes y sostenibles emitidos por sociedades europeas y considera a los instrumentos financieros sostenibles como herramientas eficientes con base en el mercado que asignan los recursos económicos donde más se necesitan, particularmente a inversiones bajas en carbono y sostenibles, «que son clave para las estrategias corporativas de los miembros«, señaló. Junto a Iberdrola, Enel, EDP, EDF y Engie, figuran también entre las 16 compañías que participan en la iniciativa: Ferrovie Dello Stato Italiane, Icade, Orsted, RATP, SNCF Réseau, Société du Grand París, SSE, Tennet, Terna, Tideway y Vasakronan.

Estas compañías proceden de una serie de sectores entre los que se incluyen el de las empresas de suministros, incluido el eléctrico, infraestructuras y operación de transporte ecológico, infraestructuras y servicios medioambientales y propiedad inmobiliaria. El foro aspira a contribuir en mayor medida al desarrollo de un conjunto más amplio de instrumentos del mercado financiero bajo el paraguas de las finanzas sostenibles, tales como los bonos y préstamos verdes y sostenibles, líneas de crédito y otras herramientas financieras sostenibles que reconocen la sostenibilidad del modelo de negocio de sus emisores.

Iberdrola es uno de los actores de referencia internacional en este tipo de financiación, habiendo sido en 2016 y 2017 el mayor emisor verde del mundo a nivel empresarial. La energética presidida por Ignacio Sánchez Galán fue la primera compañía en emitir un bono verde, en abril de 2014, y desde entonces realizó hasta 7 operaciones públicas de este tipo.

Actualmente, la compañía cuenta con cerca de 7.400 millones de euros de financiación verde. En 2018, Iberdrola logró cerrar la mayor operación de crédito realizada a nivel mundial bajo criterios de sostenibilidad, por importe de 5.300 millones de euros, con un diferencial sobre la referencia de tipo de interés ligado a la reducción de la intensidad de emisiones del grupo. En junio, cerró también otra por 750 millones de euros.

Unidos Podemos promueve en el Congreso el cese de Maroto por no defender la continuidad de Alcoa

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Europa Press.- Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que promueve el cese de la ministra de Industria, Reyes Maroto, por la falta de una solución que garantice la continuidad de actividad en las fábricas de Alcoa en A Coruña y Avilés (Asturias).

En su iniciativa, los de Pablo Iglesias instan al Gobierno de Pedro Sánchez a reprobar la actuación de Maroto en la crisis de Alcoa pero también le emplazan a que la cese «por incumplimiento grave y reiterado» de sus funciones en la defensa de la industria española y sus puestos de trabajo. La propuesta ha sido avanzada por la responsable de Industria de Unidos Podemos y diputada de En Marea, Yolanda Díaz, quien ha advertido al Gobierno de que si no se alcanza un acuerdo pronto, someterán a votación del Congreso dicha reprobación y cese.

En la proposición, cuyos promotores han sido la propia Díaz pero también su compañero de En Marea, Antón Gómez Reino, y los diputados asturianos de Podemos, Sofía Fernández Castellón y Segundo González, el grupo confederal denuncia que la actuación del Gobierno y de su ministra de Industria ha sido «nula» en el conflicto surgido en Alcoa. «No ha conseguido negociar con la empresa, buscar una alternativa ni encontrar una solución. El Gobierno ha realizado anuncios pero sin llegar a concretar medidas que faciliten una salida negociada y decisiva al conflicto planteado», sostienen desde Unidos Podemos, que lamenta la negativa de Maroto «a intervenir la empresa Alcoa y nacionalizar las plantas alumineras que tiene en España».

Los diputados de Unidos Podemos, por boca de Yolanda Díaz, han aprovechado para criticar la falta de apoyo a la industria electrointensiva en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Así, han denunciado que las cuentas presentadas en el Congreso por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reducen la partida reservada a la interrumpibilidad de 150 millones de euros a 31 millones, lo que podría desencadenar nuevos cierres de plantas. «Esto es inasumible. Esto es que muchas más empresas, además de Alcoa, que son grandes consumidoras de energía, cierren sus puertas», ha dicho Díaz.

Alcoa propuso apagar, de forma ordenada, las cubas de las líneas de electrolisis de las fábricas para que, si surge un inversor antes del 30 de junio, puedan reanudar su actividad. Hasta entonces, plantea la continuidad de las fundiciones de Avilés y Coruña y de la torre de pastas de la planta coruñesa, lo que garantizaría hasta esa fecha 200 empleos. A los demás trabajadores, se les aplicaría un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) hasta el 30 de junio. Si no hay un comprador, los despidos serían definitivos.

La representación sindical ha pedido al Gobierno que asuma la gestión de la fábrica para, ya sin Alcoa, buscar un inversor. En este contexto, han solicitado una reunión «urgente» con el Ministerio de Industria, «pero no hay respuesta«. Mientras, Reyes Maroto apeló a «la voluntad de todas las partes» para buscar una solución. En particular, a la empresa la instó a ofrecer «realmente garantías de que se puede mantener la producción» hasta encontrar un nuevo inversor. También indicó que hay abiertas negociaciones «con inversores potenciales«, pero que se necesita «tiempo«.

Ribera defiende ante los inversores internacionales que la transición energética movilizará en España más de 200.000 millones hasta 2030

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que la transición energética movilizará oportunidades de inversión por más de 200.000 millones de euros en la próxima década. Ante inversores de todo el mundo, Ribera defendió que España es «un país idóneo» para invertir de manera sostenible y un país «atractivo» para las inversiones en energía.

«Nuestro país tiene el mayor potencial para el fomento de las energías renovables en la Unión Europea», indicó Ribera, quien subrayó que transformar la economía y hacerla más sostenible generará «oportunidades a largo plazo«. No obstante, destacó que, para aprovechar estas oportunidades que presenta la transición energética, será necesario contar con «una visión de país a medio y largo plazo y con un plan estratégico.

Ribera apuntó que, de esta previsión de cifras de inversión que se presentan con la transición energética, un 45% será para renovables, un 40% para eficiencia energética y un 12% para la electrificación, y señaló que podrían suponer un impacto en el Producto Interior Bruto (PIB) de entre 15.000 y más de 20.000 millones de euros anuales en la próxima década. Asimismo, consideró que renovar el modelo energético «es fundamental» ya que pasar a un modelo de cero emisiones en 2050 requiere focalizarse en eficiencia y renovables. «Todos los negocios tienen una oportunidad en las medidas que llevarán a ese modelo en la transición», apuntó.

Posteriormente, la ministra indicó que una transformación tan importante «requiere maximizar las inversiones en eficiencia», así como inversiones en redes y digitalización. «Todo ello son grandes oportunidades de inversión para el conjunto de la economía, pero también para el consumidor, y es lo que queremos reflejar en esa senda que será el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima«, añadió. Ribera afirmó que estas oportunidades de inversión por más de 200.000 millones de euros son una cifra «muy importante» que tendrá «un impacto muy positivo en el conjunto de los ahorros de la balanza comercial, de la dependencia energética del exterior, de generación de empleo y de crecimiento del PIB».

Confianza en aprobar los Presupuestos

Por otro lado, Ribera mostró su confianza en que el Congreso de los Diputados respalde los Presupuestos para 2019 ya que son «enormemente importantes desde el punto de vista social del acompañamiento social en un momento de cambio y modernización de la economía». No obstante, Ribera aseguró que en el caso de no contar con el apoyo necesario, el Gobierno dispone unos presupuestos prorrogados «que permiten funcionar con total normalidad».

Sobre el decreto por el que se devuelven a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las competencias en energía, entre ellas los peajes de la luz y el gas, la ministra aseguró que el regulador se encargará ya de la siguiente revisión para 2020, ya que la medida entró en vigor con el decreto. «Evidentemente lo fijará para la siguiente revisión, que es en 2020», apuntó.

Greenpeace y Ecologistas en Acción celebran el aumento del 49% en los Presupuestos para cambio climático pero lo consideran insuficiente

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Europa Press.- Greenpeace observa «ciertos brotes verdes» en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2019, que reconoce como «tímidos avances», ya que celebra el aumento de un 49% de las partidas para cambio climático, aunque lamenta el descenso de un 7% en las partidas ambientales. Por su parte, Ecologistas en Acción también lo celebra, pero considera que los incrementos en cambio climático «quedan muy lejos ante la magnitud de los retos» que España debe afrontar.

El director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha señalado que el cambio climático y las políticas ambientales deben estar «al mismo nivel de importancia» que otros temas sociales como las pensiones. También ha confesado que la ONG empieza a impacientarse al no ver, pese a «ciertos brotes verdes», que el Gobierno de Pedro Sánchez esté apostando, de verdad, por la transición ecológica. «El avance no es acorde con la dimensión del reto del cambio climático y, por mucho que el Ministerio para la Transición Ecológica quiera esta transformación, sin el apoyo del presidente del Gobierno, no es posible. Pedro Sánchez debe pasar de las palabras a los hechos», critica.

Rodríguez pide así unos Presupuestos que estén orientados al reto y ha mostrado su preocupación por el nuevo retroceso en las políticas ambientales. No obstante ve como una buena señal el aumento en el presupuesto para la Oficina Española de Cambio Climático y la nueva fiscalidad ambiental, que reclama, sin embargo, que esta recaudación se revierta en cuestiones ambientales. En definitiva, la ONG reclama una «revisión seria» para adaptar los «ciertos brotes verdes» en los Presupuestos a la lucha contra el cambio climático. Para la ONG es necesaria y urgente la ley de Cambio climático y Transición Energética que pueda obligar a que se concrete en los Presupuestos una apuesta real por la transición ecológica.

Transición justa y fiscalidad ecológica

Greenpeace ve «algunos gestos para el optimismo», en especial en abordar la transición justa, pero pide una profunda reflexión tras comprobar que el interés que ha manifestado el Gobierno por frenar el cambio climático y la creación de un Ministerio para la Transición Ecológica no se ven reflejados totalmente en los Presupuestos. Por su parte, la coordinadora del análisis de Presupuestos de Greenpeace, Alicia Cantero, ha destacado que la fiscalidad ambiental es una de las «vías imprescindibles para garantizar la transición ecológica de nuestra economía y la generación de empleo estable y de calidad». «Animamos al Gobierno a asumir su responsabilidad para integrar eficazmente la fiscalidad ambiental en las políticas estatales, favoreciendo una transición más justa y más sostenible«, concluye.

Por su parte, desde Ecologistas en Acción aplauden la reducción de los subsidios al diésel: «Este combustible ha estado bonificado durante años, lo que ha llevado a que el 60% de nuestra flota de coches sean diésel, los vehículos más contaminantes». «Esto provoca grandes problemas de salud e incluso económicos. La subida del impuesto del diésel supondrá un aumento de 670 millones de euros en recaudación», añade. Por otro lado, considera «un craso error«, si lo que se busca es la descarbonización del transporte o la reducción de la contaminación, que el Ministerio de Industria pretenda aprobar el plan MOVEA, que financiará automóviles de gas.

Ribera ve asumible para España lograr los objetivos a 2030 si en la transición ecológica existe «diálogo y participación»

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Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ve asumible alcanzar los objetivos climáticos a 2030 siempre que exista en la transición esa «capacidad de diálogo y participación» por parte de todos los actores ya que «estamos hablando de construir un futuro en común». Ribera aseguró que «no le cabe la menor duda» de que esos objetivos a 2030 se pueden cumplir, aunque indicó que todos los sectores económicos, así como el resto de agentes sociales, «tienen un papel que desempeñar».

Ribera subrayó que la disrupción del cambio climático «entiende poco de colores políticos» y consideró que no hay nadie que no apueste por una transición hacia una economía descarbonizada. Asimismo, señaló que el cambio climático es «una carrera contrarreloj» en la que hay que plantearse desde el futuro para atrás «cuáles son las sendas más razonables» para alcanzar los objetivos de descarbonización y advirtió que «es imposible pensar que podemos volver a un modelo de crecimiento como el del pasado«.

Además, Ribera aseguró que es necesario actuar y estar a la cabeza, a pesar de poder pagar el coste del aprendizaje, ya que afirmó ser de las que «piensan que las cosas no pasan nunca solas». Para ello, la ministra indicó que son necesarias señales regulatorias «estables pero flexibles», para que puedan ser ajustadas en el camino, y defendió el papel que deben jugar «la solidaridad y la transición justa».

Las emisiones de los coches subieron un 1,82% en 2018 por la caída de ventas del diesel ante los gasolina

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Europa Press.- La media de emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los turismos y todoterrenos nuevos matriculados en España en 2018 se situó en 116,75 gramos por kilómetro, lo que supone un incremento del 1,82% en comparación con 2017, según MSI.

Desde la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) destacan que el incremento en las emisiones medias de CO2 de los coches nuevos vendidos en España se debe al desplazamiento de la demanda del diésel a la gasolina. «Este hecho muestra, una vez más, que no se puede alcanzar la descarbonización de la movilidad sin que exista una neutralidad tecnológica», declaran desde Faconauto.

Más potencia y más gasolina

Además, fuentes de la federación resaltan que el papel de los concesionarios es crucial para permitir que la demanda se encuentre con la oferta, asesorando al cliente en la decisión de compra. Por eso, piden trabajar pensando en el futuro sin interferir en el presente, con objetivos medioambientales realistas y medibles en el corto plazo, contando para ello con todas las tecnologías sostenibles, eficientes y asequibles para el consumidor. En 2018, la potencia media de los turismos y todoterrenos nuevos matriculados en España se situó en casi 125 caballos, lo que supone un incremento del 1,22% respecto al curso previo.

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos propulsados por gasolina se situaron por delante de las de vehículos diésel en 2018 por primera vez desde 1998, constatando la incertidumbre que se generó en torno a este combustible por posibles prohibiciones de circulación en el futuro y subidas de impuestos. En 2018 se comercializaron 1,32 millones de automóviles en España: el 57,5% de las matriculaciones correspondieron a unidades de gasolina, 21,7 puntos porcentuales más que diésel (35,8%). Los híbridos y eléctricos coparon el 6,6% de las entregas. Según las previsiones de MSI, las ventas de coches diésel continuarán cayendo en 2019, con un 7% menos de entregas respecto a 2018. Por el contrario, las de modelos de gasolina se incrementarán un 3,6%.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) mantendrá su asignación en los Presupuestos de 47 millones de euros durante 2019

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Europa Press.– El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) mantendrá prácticamente invariable su asignación presupuestaria para 2019, según consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el presente ejercicio presentado por el Gobierno al Congreso de los Diputados para su tramitación. Así, el CSN contará con 47 millones de euros de asignación presupuestaria, la misma suma que durante 2018, aunque con un ligero incremento del 0,1% respecto a los 46.877.940 euros del año pasado.

Se trata del segundo año consecutivo en que el regulador nuclear mantiene su partida presupuestaria, con muy leves incrementos, puesto que el año pasado aumentó un 0,9% respecto al 2017. Con esta cuantía, el CSN se encargará de sus funciones de reglamentación, autorización e inspección y control sobre las instalaciones para conseguir que estas sean operadas por sus titulares de forma segura. También establece las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen. El organismo se enfrenta actualmente al proceso de renovación de buena parte de los consejeros del pleno por motivo de fin de mandato o por jubilación.

El Gobierno socialista prevé 5.250 millones en políticas ambientales y energéticas para la Transición Ecológica en los Presupuestos

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Europa Press.– El Gobierno prevé destinar 5.250 millones de euros al Ministerio para la Transición Ecológica, el departamento creado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que aglutina las políticas ambientales y energéticas. La suma presupuestaria supone un 2% más que las asignaciones que dispusieron durante 2018 los extintos departamentos de Medio Ambiente, que se incluía en Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y Energía, que formaba parte del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

De aprobarse el proyecto de Presupuestos, presentado al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, plantea una propuesta por la que el Ministerio para la Transición Ecológica dispondrá de un incremento en su dotación presupuestaria de 101 millones de euros, sobre todo debido al aumento de inversiones o a la creación del bono social térmico, un programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables en lo que respecta a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, que asciende a 80 millones de euros. También «especialmente» a las actuaciones en materia de cambio climático, que tendrá un aumento de 50 millones para promover la estrategia de transición justa hacia una economía baja en carbono.

En lo relativo al ámbito energético, la mayor parte de las dotaciones se corresponden con partidas destinadas a financiar costes del sistema eléctrico para contribuir al equilibrio financiero del sistema. Así, se consignan dotaciones para realizar determinadas aportaciones como las derivadas de los ingresos por subastas de derechos de emisión de gases y de los ingresos tributarios de la Ley de 2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, así como transferencias para compensar el 50% de los extracostes de generación eléctrica en los territorios extrapeninsulares, que suman 3.819 millones.

Por otro lado, el proyecto de Presupuestos consigna para 2019 una dotación de 300 millones de euros para financiar préstamos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), por importe de 300 millones de euros, que se destinarán a impulsar la eficiencia energética y las renovables en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

Transición a la economía descarbonizada

En cuanto al sector de la minería, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras contará con unos recursos de 284 millones de euros, para dar continuidad a la política de reactivación de las comarcas mineras. El Gobierno destaca que el sistema energético inició un proceso de transición hacia un nuevo paradigma caracterizado por la descarbonización, la descentralización de la generación, la electrificación de la economía, la participación más activa de los consumidores y un uso más sostenible de los recursos.

Asimismo, se apuesta por dar continuidad al programa de desarrollo industrial, dotado en 2019 con 31 millones, para estimular el desarrollo de nuevas tecnologías de transporte, así como a favorecer actuaciones de mejora de la sostenibilidad energética y medioambiental, como el plan MOVEA. Además, en el marco de las directrices europeas, se atenderá la sostenibilidad energética y medioambiental, dando continuidad al programa de ayudas para compensar los costes indirectos imputables a las emisiones de gases efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad, del que podrán beneficiarse las instalaciones industriales que no pueden repercutir a sus clientes el aumento de los costes inducidos por el comercio de derechos de emisión de la Unión Europea.

En cuanto a los ingresos por impuestos especiales, según las estimaciones incluidas en los PGE, el Impuesto sobre la Electricidad crecerá un 3,6% debido a los fuertes incrementos de precios en los últimos meses del año, cuando el impuesto alcanzó tasas superiores al 6%. En cambio, los ingresos por el Impuesto al carbón descenderán un 13% en 2018, condicionada por la elevada recaudación de 2017 a causa de la sequía.

El Gobierno incrementará los tipos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicables al diésel por sus emisiones de NO2. No obstante, precisa que la tributación que recae sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado no sufre variación alguna al objeto de mantener la competitividad en los sectores intensivos en su consumo. Además, «para garantizar una adecuada interpretación del ordenamiento interno conforme al Derecho de la Unión Europea», se introduce una exención en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

67 millones de movilidad sostenible

Los Presupuestos para 2019 recogen una nueva dotación de 67 millones de euros en concepto de ayudas orientadas a financiar las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, lo que supone 400.000 euros más que en el ejercicio precedente. Este montante económico unifica las líneas de apoyo del Gobierno a los vehículos eficientes en torno al Plan de impulso a la movilidad con vehículos de energías alternativas (Movea), con el que se concede ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos, de gas licuado del petróleo (GLP/autogás), de gas natural comprimido (GNC) y licuado (GNL) y motos eléctricas.

Además, contempla la implantación de puntos de recarga en zonas de acceso público, siendo este último apoyo financiero a infraestructuras una de las novedades del programa respecto a los anteriores. A partir de 2017 también se incorporó el apoyo a los vehículos de pila combustible dentro del programa. La partida destinada a la movilidad eficiente y sostenible está dividida en dos partes. El Ministerio para la Transición Ecológica destinará 50 millones de euros, que estarán gestionados por el IDAE, mientras que el Ministerio de Industria, controlará 17 millones de euros.

El Ejecutivo destaca que el Plan Movea 2019 supone la continuidad en los objetivos y metodologías ya reflejadas en las dos anteriores convocatorias, «con las mejoras pertinentes como consecuencia de la experiencia adquirida en esas ediciones». La Unión Europea aboga por reforzar la competitividad y garantizar la seguridad energética mediante una diversificación de las fuentes de energía. Además ha fijado una reducción de emisiones de gases invernadero del 20% para 2020 respecto a niveles de 1990, y del 40% para 2030, con el objetivo de lograr una mejora de la calidad del aire en Europa.

En 2016 se unificaron las dos líneas de apoyo del Gobierno a los vehículos eficientes (el PIMA y el Movele) en un solo programa: el Plan MOVEA, con el que se da desarrollo a, entre otras medidas, la Estrategia de impulso del vehículo con energías alternativas (VEA) en España 2014-2020. En el ámbito de esta estrategia, el Gobierno aprobó en diciembre de 2016 un Decreto de medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos y un Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte, enmarcándose ambas medidas dentro de la trasposición de la Directiva 2014/94/UE.

Los PGE para 2018, elaborados por el Gobierno popular y prorrogados por el PSOE, contaban con una partida de 66,6 millones de euros en concepto de ayudas a la movilidad eficiente y sostenible como parte del Plan VEA que todavía no ha sido activada. Recogían 50 millones de euros para incentivar la compra de vehículos alternativos y 16,6 millones de euros para impulsar las infraestructuras. El secretario general de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco, aseguró que el plan se lanzará en las próximas semanas a través del IDAE.

El gas licuado por canalización baja un 0,4% en su parte variable

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Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización ha bajado un 0,4%, según una resolución del Ministerio de Transición Ecológica publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se sitúa en 70,8477 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 71,1666 céntimos del mes anterior.

A granel baja un 0,5%

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel ha bajado un 0,5%, desde los 56,5645 céntimos por kilogramo del mes anterior hasta 56,2456 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar. Estos precios no incluyen en la Península y Baleares el impuesto sobre hidrocarburos ni el IVA y, en el caso de Canarias, no incorporan el impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo y el impuesto general indirecto canario.

La ministra socialista Reyes Maroto anuncia que Zaragoza será la sede de la Mesa de la Movilidad Sostenible de España

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Europa Press.- La capital aragonesa será la sede de la Mesa de la Movilidad Sostenible en España. Así lo ha anunciado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en su visita a Zaragoza, donde se ha reunido con los principales agentes del sector en Aragón.

Esta Mesa pasará a formar parte del proyecto Mobility City, que impulsa la Fundación Ibercaja y que tiene como sede el Pabellón Puente de Zaragoza. Sobre el plazo en el que se podrá en marcha, ha apuntado que todavía hay que firmar el acuerdo estratégico, en el que llevan trabajando desde septiembre. «Espero que en los próximos días se pueda aprobar, y será una colaboración público-privada, estarán tanto las empresas del sector como las distintas administraciones». Ha agregado que la Mesa estará constituida en «semanas».

Maroto ha mencionado que los retos que el sector del automóvil tiene por delante, con los cambios en movilidad, hay que abordarlos «de forma conjunta». Ha afirmado que su Gobierno trabaja para que España pueda acoger una planta de baterías eléctricas y, por su parte, el Ejecutivo de Aragón apuesta porque sea esta Comunidad la que tenga esta futura factoría.

«España quiere tener una fábrica de baterías, y lo importante es que ahora se está trabajando en ello y se están visitando las plantas para que eso sea una realidad, vamos a buscar inversor y vamos a buscar la mejor ubicación«. En este punto, aclaró que en Aragón se dan circunstancias favorables para que pueda acoger este tipo de factoría, gracias a la apuesta que está haciendo Opel en electificación, aunque «la competencia para localizar cualquier planta es tremenda». Ha detallado que en esta industria de baterías el mayor competidor es Asia, por lo que para mantener el liderazgo es necesario dar el paso hacia la electrificación de los vehículos.

La ministra de Industria ha subrayado que la Mesa de la Movilidad va a permitir «trabajar con certidumbre» en «una transición ordenada» adoptando medidas y siempre pensando en «reforzar la competitividad de nuestras plantas, garantizar el empleo«. El objetivo final, ha continuado, es dibujar un escenario de medio y largo plazo en el que el sector de la automoción español «mantenga su liderazgo». Ha evidenciado que los competidores son «voraces» y, por lo tanto, el compromiso del Gobierno de España con esta región es «claro».

“Empeñados en una transición ecológica”

«La planta de Opel es un referente ya para los compromisos asumidos en cuanto a los modelos eléctricos que vamos a tener ya a partir de este año, eso nos va a permitir también ser piloto hacia el resto de las plantas que van más despacio pero que están comprometidas en esa transición que, sin duda, podemos hacer«, agregó. «Es prioritario hablar de movilidad, el Gobierno de se ha empeñado en hacer una transición ecológica, nos lo marca Europa y tenemos un gran desafío como es el cambio climático», aseveró.

La ministra de Industria ha destacado la importancia de hacer «una transición ordenada en el sector del automóvil» para abordar «los grandes desafíos del sector». Ha mencionado que ha podido ver que dentro de la planta de Opel en Figueruelas la movilidad eléctrica es «una realidad», al tiempo que recordó que a final de este año habrá un modelo eléctrico del Corsa y que en 2025 «Opel estará en condiciones de ofertar modelos eléctricos manteniendo el resto de modelos de motores de combustión para que sean los particulares los que elijan el tipo de movilidad».

«Desde el Gobierno de España estamos comprometidos con el mantenimiento de las plantas y del empleo en el sector del automóvil, estamos trabajando en proyectos que nos van a permitir trazar una hoja de ruta y ya hemos tomado decisiones». Al respecto, añadió que tomaron medidas en la línea de favorecer la electrificación, con la eliminación del gestor de cargas o del impuesto al sol. Sostuvo que se trata de medidas enmarcadas en una hoja de ruta en la que trabajan con el sector y que se enmarca en la citada Mesa de la Movilidad.

Maroto señaló que los consumidores pueden en este momento comprar «cualquier vehículo que quieran», pero que la prioridad es la renovación del parque automovilístico. «Contamos con presupuesto para incentivar la compra de vehículos y una parte de recaudación del impuesto del diésel se va a dedicar también a la renovación del parque automovilístico, porque efectivamente el precio del vehículo eléctrico es mayor que el de combustión y, por lo tanto, hay un compromiso del Gobierno de incentivar la compra«, explicó.

La responsable de Industria ha insistido en que la renovación del parque es «clave», por lo que ha animado a los ciudadanos que están en duda de comprarse un vehículo que lo hagan. «Vehículos de media de 12 años son mucho más contaminantes que cualquier vehículo que nos podamos comprar», añadió. Ha relatado que se está trabajando con el sector en este plan de renovación de vehículos, pero ha dicho que todavía no hay fechas para su puesta en marcha.