La Eurocámara confirma el acuerdo para reformar el mercado eléctrico europeo y facilitar la transición hacia un modelo energético descarbonizado

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Europa Press,- La Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha confirmado el acuerdo alcanzado con los gobiernos de la Unión Europea para reformar el diseño del mercado eléctrico europeo para mejorar su funcionamiento, dar más poder a los consumidores y facilitar la transición hacia un modelo energético más limpio.

En concreto, los eurodiputados han dado su visto bueno tanto al nuevo reglamento como a la nueva directiva, pero todavía debe pronunciarse al respecto la Eurocámara en la sesión plenaria prevista a finales de marzo. Uno de los principales elementos de las nuevas reglas es que los proveedores de electricidad tendrán la libertad de fijar sus precios, algo que “limitará las distorsiones de mercado, conducirá a una mayor competencia y resultará en una caída de los precios minoristas”, según el Consejo de la Unión Europea.

Precios regulados, posibles hasta 2025

No obstante, los socios europeos que todavía regulan el precio de la electricidad que pagan los hogares podrán seguir haciéndolo, aunque tendrán que presentar informes con los progresos alcanzados para abolir completamente la regulación pública de los precios. La Comisión Europea tendrá que evaluar para 2025 los avances conseguidos en toda la Unión Europea en este sentido e incluso presentar una propuesta legislativa para poner fin a los precios regulados.

También busca reforzar los derechos de los consumidores. Los consumidores tendrán derecho a pedir medidores inteligentes para controlar su consumo, salvo que un análisis de impacto elaborado en un determinado Estado miembro demuestre que los costes de esta medida sobrepasan sus beneficios. Además, se deberá garantizar su acceso a comparadores de precios online libre de cargos y podrán optar por tener un precio dinámico de electricidad por parte de compañías con más de 200.000 clientes. Por último, el reglamento establece nuevas condiciones para que los Estados miembros puedan poner en marcha mecanismos de capacidad. En concreto, las nuevas plantas que emitan más de 550 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilovatio/hora no podrán participar en estos mecanismos de capacidad.

Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Repsol deberán financiar el 92,8% del bono social al ser las mayores comercializadoras eléctricas

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Europa Press.– Las 4 principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP España, y Repsol, que entra en el grupo tras adquirir la comercializadora de electricidad de Viesgo, deberán aportar el 92,8% de la financiación para el bono social eléctrico en 2019.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como encargada de determinar el porcentaje que corresponde aportar a cada una de las empresas tras el cambio normativo que se produjo después de las sentencias del Tribunal Supremo, ha aprobado el informe que determina el porcentaje que deben aportar las distintas empresas comercializadoras de electricidad para financiarlo en 2019.

El bono social eléctrico reconoce el derecho de determinados colectivos, (pensionistas, personas con discapacidad o familias numerosas, entre otros) a ser beneficiarios de descuentos del 25% o 40% en su factura mensual de electricidad. En el caso de los consumidores en riesgo de exclusión social, se subvenciona el 100% de su recibo. La normativa del bono social establece que su financiación corre a cargo de todas las comercializadoras eléctricas, por lo que la CNMC ha calculado el porcentaje asignado a las distintas compañías, que suman un total de 254 sociedades y 20 grupos de sociedades.

Así, las 5 comercializadoras con mayor número de consumidores deberá asumir el 92,8% de la financiación del bono social, mientras que el 7,2% restante corresponderá a los otros grupos y sociedades con actividades de comercialización eléctrica. Endesa, con una cartera de más de 10,62 consumidores eléctricos, deberá aportar el 36,26% del importe del bono social; mientras que Iberdrola, con 10,14 millones de consumidores, financiará el 34,62%, y Naturgy (4,63 millones de consumidores) el 15,82%. EDP España (1,13 millones de consumidores) será el cuarto mayor aportador a la financiación del bono social eléctrico, con el 3,86%.

La gran novedad dentro de los principales financiadores será Repsol (656.883 consumidores), que deberá poner el 2,24% del importe al que ascienda el bono social eléctrico en 2019. La compañía presidida por Antonio Brufau entró en este grupo de principales comercializadores de electricidad del país con la compra de la comercializadora de Viesgo, que le permite contar con una importante presencia en sector minorista de electricidad y gas en España, con una cuota de mercado superior al 2% y más de 750.000 clientes. El objetivo del grupo, que desarrolla esta actividad mediante la filial Repsol Electricidad y Gas, es alcanzar en el 2025 una cuota de mercado minorista de electricidad y gas superior al 5% y 2,5 millones de clientes.

En 2017, el coste de la financiación del bono social fue de 194 millones de euros. Durante 2017, el 99% del importe de su financiación fue para consumidores que cumplían los requisitos con el antiguo sistema (consumidores con potencia contratada inferior a 3 kW, pensionistas con renta mínima, consumidores en paro y familias numerosas, entre otros). A falta de los datos definitivos, la previsión del coste en 2018 es similar.

El Gobierno del PSOE negociará antes de marzo con colectivos, comunidades autónomas y municipios la Estrategia contra la Pobreza Energética

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica mantendrá conversaciones con los agentes implicados en la Estrategia contra la Pobreza Energética, que de acuerdo con los plazos que marca el Real Decreto al efecto aprobado el 5 de octubre, tendrá que ser aprobado antes de marzo, 6 meses después de su publicación.

Según fuentes ministeriales, próximamente se celebrarán encuentros y contactos para implicar tanto a los colectivos como a las autonomías y a la Federación Española de Municipios y Provincias en la elaboración de la Estrategia contra la Pobreza Energética, que para el MITECO debe convertirse en una política de Estado. Por ejemplo, la Fundación Ecodes presentó 47 propuestas. De partida, la entidad considera que el derecho a la energía debe estar recogido en la Constitución. A partir de ahí, propone una reforma «sustancial» del bono social eléctrico y del cheque térmico para que haga especial hincapié en la concesión «automática» por criterios de renta que se apoye en la creación de un registro de perceptores potenciales.

Carlos Pesqué (Ecodes) plantea sustituir el bono social y el cheque térmico por mecanismos «más eficientes y justos», como por ejemplo una tarifa social de la luz y gas, con un precio «estable» y ofertada y financiada por «todas» las comercializadoras que operan en el mercado español. Otras de sus propuestas pasan por reformar el sistema de fijación de precios de la electricidad y de la factura eléctrica para incentivar el ahorro y que reduzca el peso del término fijo frente al consumo, además de aplicar un IVA reducido para un consumo básico, entre otras.

Además, Celia Foronda, de Ecodes, considera que la rehabilitación energética debe ser clave en la estrategia de lucha contra la pobreza energética mediante «partidas específicas» para hogares vulnerables. «Es esencial realizar una modificación fiscal para que las ayudas a la rehabilitación energética de hogares vulnerables no computen como ingreso en la Declaración de la Renta, hecho que puede provocar la pérdida de otro tipo de ayudas sociales, como las becas de comedor», considera. Igualmente, Ecodes propone que la Estrategia potencie la instalación de fuentes renovables para el autoconsumo de familias vulnerables y aprobar fondos específicos para que los gobiernos locales y autonómicos cuenten con asesores de energía y/o herramientas que permitan reducir el consumo de energía de las personas vulnerables.

Podemos pide reuniones con Valerio y Ribera para asegurar un «plan social» ante el cierre de las térmicas de carbón

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Europa Press.- Unidos Podemos ha solicitado formalmente reuniones con las ministras de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, y para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de asegurar un «plan social» para los trabajadores ante el cierre de todas las centrales térmicas de Endesa en España.

Tras mantener un encuentro con los empleados de la central Compostilla II, en la comarca leonesa de El Bierzo, su diputada Ana Marcello ha exigido que este plan tenga en cuenta tanto a los trabajadores de la empresa matriz como a los de las subcontratas. Marcello ha criticado que Ribera «se cansa de decir que no va a dejar a nadie atrás en las cunetas» cuando, a su juicio, «no ha sido así en el caso de los mineros. «Si no se pone una solución, vamos a tener que sufrir cómo se quedan atrás muchas comarcas y trabajadores«, ha lamentado.

Junto a ella, el presidente del comité de empresa de Endesa en esta central, Juan Sobredo, ha reclamado al Gobierno acelerar la reversión de la reforma laboral con el fin de «tener armas y algún tipo de cobertura legal» ante un cierre «que de por sí va a ser suficientemente traumático». «Reclamamos una transición justa, como se nos había prometido, pero nos encontramos con un desmantelamiento y con que esa transición justa no existe», ha proseguido, relatando que la propia empresa, propiedad de Enel, cuestiona las condiciones de trabajadores que ya salieron de la empresa.

Por otra parte, Marcello también ha advertido de las posibles consecuencias que puede tener el cierre de estas centrales, tras el cierre programado de las minas, en materia de soberanía energética, una cuestión que también quieren plantear al Gobierno. Y es que, tal y como critican, el Gobierno no está dirigiendo esta transición. «La están dirigiendo las empresas», lamentan. En este caso, Enel, participada por el Estado italiano, por lo que concluyen que los poderes públicos del país deben jugar un papel activo en esta política, como lo juega Italia.

Planas subraya que los Presupuestos del Gobierno «claramente» excluyen el gasóleo profesional de los «incrementos suplementarios» del diesel

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Europa Press.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 «claramente excluye» el gasóleo profesional de los incrementos del gasóil que, según apunta, «tienen que producirse en la línea con los incrementos de todos los países de la Unión Europea».

Para la agricultura y pesca

«El gasóleo para la agricultura y para la pesca no está incluido en estos incrementos suplementarios», ha subrayado Planas para referirse a declaraciones de «algunos que intentan inducir a la confusión, algunos de forma benigna, otros no tan benigna y más interesada» sobre este asunto.»Por tanto, quiero ratificarlo en voz alta, no es la primera vez que lo digo, pero ahora después de haberse presentado los presupuestos puedo confirmarlo ante todos ustedes», ha dicho Planas.

Ribera anuncia la firma entre instituciones y vecinos de Andorra (Teruel) del primer convenio de «transición justa» hacia la descarbonización

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tiene intención de firmar antes del verano el primero convenio de «transición justa» entre instituciones y vecinos de la zona de Andorra (Teruel) cuyo objetivo sería determinar las acciones para que «nadie que quiera quedarse a vivir aquí se tenga que ir».

Así lo ha manifestado tras reunirse en el Ayuntamiento de Andorra con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, la alcaldesa de esta localidad, Sofía Ciércoles, y el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, así como con el comité de empresa de la Central Térmica de Andorra, y otros agentes sociales y empresariales. La ministra ha visitado Andorra invitada por la alcaldesa, después de que Endesa anunciara el cierre de la central térmica que tiene en ese municipio. Teresa Ribera también se ha desplazado al Ayuntamiento de Ariño y ha visitado la mina Santa María de esta localidad, donde la empresa Samca ha anunciado recientemente el cese de la actividad.

La ministra ha dicho que el convenio de transición justa ha de marcar «programas y financiación» para garantizar empleo y fijar población en la zona. Ha incidido en la importancia de contar con los agentes locales para proponer alternativas adecuadas. También ha comprometido la participación del Instituto del Carbón por parte del Gobierno central, así como del Instituto Aragonés de Empleo por parte del Ejecutivo regional. Ribera ha subrayado que «no hay varitas mágicas» pero sí un «compromiso serio» porque «este tiene que ser un caso de éxito en un proceso de transición que se está viviendo en muchos sitios» y debe ser «inclusivo y con grandes dosis de solidaridad».

Ha añadido que, aunque en esta visita ha visto muchos carteles de Se vende. Razón: ministerio, espera que «no se venda nada». También ha comentado: «nada de lo que vemos hoy nos pilla por sorpresa porque hace muchos años que se veía venir y, sin embargo, el miedo y el rechazo que nos producía generó la tentación de decir vamos a esperar, cuando eso es lo peor». Para la ministra, Andorra es un «buen» sitio para asegurar que «nadie se puede quedar atrás en esa transición» y ha añadido que ha de haber una «convicción de ganarse el futuro» de los habitantes de este territorio.

En esa línea, ha apostado por «construir certidumbres con recorrido» y «mostrar solidaridad con una zona que hace tiempo viene viendo que hay procesos en curso que pueden suponer cambios muy importantes en sus condiciones de vida y en su trabajo«. La ministra ha esgrimido, asimismo, son los propios vecinos, el Ayuntamiento, el propio comité de empresa quienes «entienden mejor» cuáles son las alternativas con mayor recorrido en el tiempo. Por eso, ha apuntado, el Gobierno central quiere trabajar con el Ejecutivo autonómico, el consistorio y los actores locales «explorando cómo desarrollar esos programas de manera profesional» y «ver qué incentivos fiscales, regionales, qué manera de reforzar las infraestructuras y alternativas empleo se pueden hacer».

La ministra aseguró que el mensaje a Endesa «ha sido contundente» y, puesto que va a seguir siendo «una empresa importante en España, porque es la intención que ha declarado», ha de tener un «compromiso» con la zona en la que ha trabajado y obtenido recursos. Ribera ha añadido que Endesa «debe manifestar una inversión y un acompañamiento que va más allá de los propios trabajadores de la central» y debe ser «beneficiosa, constructiva y de permanencia y compromiso con el territorio». «Confío en que exista» porque «lo que tenemos por ahora es insuficiente», remarcó.

También ha precisado que se trata de una «primera propuesta» y ha explicado que desde la empresa les transmiten que «están abiertos». Igualmente, ha comentado que desde el comité de empresa «han sido capaces de identificar algunas propuestas que, a priori, ayudan a seguir trabajando en mayor detalle en lo que debe ser el compromiso de Endesa«. Asimismo, ha sostenido que hay que tener en cuenta qué dice el Derecho de la Unión Europea y que normativa existe para las centrales en España, y así determinar «cuáles son los mecanismos con los que podemos funcionar».

Entre otras cosas, ha planteado que la capacidad evacuación de electricidad que posee esta zona «debe seguir estando en esta tierra» y aprovecharse para iniciativas que «tenga más recorrido, generen más empleo y sean más competitivas». Además ha mencionado la concesión de 18 hectómetros cúbicos de agua de que disfruta la central. «Es obvio que ese agua puede ser un instrumento importante para generar otras actividades», ha apostillado. La ministra ha señalado que otras maneras de atraer inversiones y lograr una «transición justa» son las subastas de nueva potencia renovable, «donde se priorice las tecnologías en aquellos territorios en transformación».

Expertos prevén malas expectativas para el mercado eléctrico durante el 2019

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Europa Press. – Expertos prevén que en este año 2019 se mantengan «las malas expectativas» para el mercado de la electricidad y la tendencia «alcista» en el sector gasista.

Así, durante la jornada ‘Situación actual del mercado de la energía: Estrategias de compras y costes energéticos’, el manager operations performance de la consultora Ayming, Javier Díaz, afirmó que las previsiones en el mercado eléctrico para este 2019 no son favorables, ya que se prevé un aumento o mantenimiento de los precios de los derechos de CO2, principal referente del mercado actualmente, debido a la entrada en funcionamiento de la MSR (Reserva de Estabilidad del Mercado).

Por el contrario, Díaz aseguró que «una primavera climatológicamente activa o un cambio normativo que actualice los mecanismos de fijación de precio del mercado o en su defecto una legislación que contribuya a la contención de precios, pueden hacer que la situación cambie».

Es significativo que el sector gasista, durante el 2018, estuvo marcado por una alta volatilidad del Brent, mientras que para este ejercicio prevé que el escenario más probable se sitúa en 65 dólares el barril de media, con una tendencia ligeramente alcista a lo largo del año. 

En cuanto a la profesionalización de las compras de energía, David Puentes, director de Ayming, señaló que puede ayudar a la contratación de los suministros de electricidad y gas, logrando un ahorro anual a las empresas de entre el 3% y el 8% en los costes.

 

Precio de la electricidad más bajo de Europa

España registró hace unos días el menor precio mayorista de la electricidad de los principales países europeos del entorno, con 61,04 euros por megavatio hora (MWh), impulsada por la producción récord de la eólica.

De esta manera, el precio del ‘pool’ en España se situará muy por debajo del que marcarán mercados como Reino Unido (85,5 euros por MWh), Alemania (85,8 euros por MWh) o Francia, con 85,9 euros por MWh y una punta para la jornada por encima de los 100 euros por MWh.

En este sentido, fuentes del sector han asegurado que el principal motivo para este nivel de precios en Europa es la menor producción renovable en todo el ‘Viejo Continente’ con respecto a España.

Específicamente, en España la eólica ha alcanzado una generación récord de 377 gigavatios hora (GWh) durante los últimos días de enero, representando más del 44% del total del ‘mix’ de generación, según datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) según estimaciones de Red Eléctrica de España (REE).

Así, estos niveles de precios del conocido como ‘pool’ sitúan enero, con una media hasta ahora de unos 63,5 euros por MWh, por encima de los niveles del pasado mes de diciembre, cuando el precio medio en el mercado mayorista de la electricidad fue de 61,8 euros por MWh.

Con respecto a enero del año pasado, la diferencia de precios del ‘pool’ en España es todavía mucho mayor, ya en el primer mes de 2018 el precio medio de la electricidad fue de algo menos de 50 euros por MWh.

Finalmente, cabe destacar que el precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.

ANAE y Selectra lanzan su tercera compra colectiva de energía, que ofrece ahorros de hasta 180 euros al año

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Europa Press. – La Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética (ANAE) y Selectra han lanzado su tercera compra colectiva de energía, tras haber ofrecido en las dos anteriores ahorros para el consumidor de hasta 180 euros al año.

Si nos referimos a la anterior compra colectiva, esta contó con más de 45.000 inscritos y el ahorro obtenido fue de hasta esos 180 euros anuales en las facturas de energía. Sin embargo en algunos casos, como asegura la asociación, «puede ser incluso mayor, ya que hay tarifas muy por encima del precio de mercado».

Es importante destacar que los consumidores podrán apuntarse a la iniciativa de manera gratuita y sin compromiso en la página club.selectra.es, donde indicarán en qué suministro quieren a ahorrar: luz, gas o ambos.

De esta manera, cuando esté constituido el grupo de compra, ANAE y Selectra negociarán con las compañías para seleccionar aquellas ofertas de electricidad y gas que ofrezcan mejores condiciones.

La CNMC y el regulador francés tumban el gasoducto MidCat (STEP), el proyecto de interconexión gasista con Francia por Cataluña

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión francesa de Regulación de la Energía (CRE) han tumbado el proyecto de interconexión gasista entre España y Francia a través del Pirineo Oriental, denominado STEP (South Transit East Pyrenees), al rechazar la solicitud de inversión presentada por Enagás y la gala Teréga.

Según indicaron en un documento la CNMC y la CRE, el proyecto «no cumple con las necesidades del mercado y carece de madurez suficiente para ser considerado en una asignación de costes transfronteriza». Por ello, los reguladores rechazan la solicitud de inversión y recomiendan a Enagás y Teréga realizar «evaluaciones adicionales» sobre el proyecto, con el fin de valorar si pudiera «proporcionar un ratio coste-beneficio claro y positivo en el futuro, teniendo en cuenta la naturaleza de las capacidades ofrecidas». El pasado mes de julio, Enagás y Teréga sometieron a las autoridades reguladoras esta solicitud de inversión transfronteriza y costes repartidos para el proyecto STEP.

¿Beneficios superiores a los costes?

La inversión del proyecto asciende a unos 442 millones de euros, de los que 290 millones serían aportados por Teréga y los restantes 152 millones por Enagás. A este respecto, tanto la CNMC como el regulador galo afirman que el análisis costes-beneficios del proyecto no demuestra claramente que sus beneficios sean superiores a los costes en los escenarios más realistas. Con este proyecto de interconexión gasista entre Francia y España se preveía crear una capacidad de intercambio adicional entre ambos países de 180 GWh/diarios desde Francia a España y de 230 GWh/diarios en sentido contrario.

En la decisión conjunta, los dos reguladores señalan que los operados del sistema no han presentado un proyecto que ofrezca una capacidad de interconexión firme, por lo que las capacidades creadas serían interrumpibles, lo que supone «un factor negativo determinante en la evaluación de la viabilidad de la infraestructura a largo plazo, y de su contribución a la obtención de precios competitivos y estables para los consumidores domésticos e industriales». Asimismo, destacan que el mercado no ha manifestado «ningún interés comercial» por nuevas capacidades de interconexión y subrayan que la interconexión gasista actual entre Francia y España «no está congestionada».

STEP ha sido reconocido por la Comisión Europea como Proyecto de Interés Común. El proyecto de la infraestructura consta de un tramo de gasoducto de 106 kilómetros en el tramo español y de 120 kilómetros en el francés. En el lado nacional, las infraestructuras asociadas al desarrollo de la conexión internacional STEP serían: el gasoducto Martorell-Figueras, tramo norte (Hostalric-Figueras); el gasoducto Figueras-Frontera Francesa; y la estación de compresión de Martorell.

Nedgia, la distribuidora gasista de Naturgy, ingresa como nuevo socio de la principal asociación empresarial de gas renovable de Europa

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Europa Press.- Nedgia ha ingresado como socia de European Renewable Gas Registry (ERGaR), la organización que reúne a los principales agentes de interés del gas renovable de Europa y que tiene como objetivo desarrollar el mercado europeo de gases renovables, según la distribuidora de gas del grupo Naturgy. Con la entrada en ERGaR, Nedgia señaló que avanza «en su firme apuesta por el gas renovable como solución para contribuir a la descarbonización».

La compañía del grupo Naturgy colabora en el desarrollo del gas renovable en proyectos de demostración e innovación en los procesos de producción y reducción de costes. El gas renovable tiene un balance nulo de emisiones de CO2. Es intercambiable por el gas natural, por lo que puede distribuirse a través de los más de 87.000 kilómetros de la infraestructura gasista existente y emplearse con las mismas aplicaciones energéticas en hogares, industrias, comercios y también para movilidad en el transporte. Además, permitirá contribuir al cumplimiento de algunos de los objetivos de energía y clima de la Unión Europea, reduciendo las emisiones invernadero y aumentando el uso de las energías renovables.