El precio de la electricidad en enero fue un 24% más caro que hace un año, según la OCU

Europa Press.– El precio de la energía eléctrica en el mes de enero es un 24% más elevado que en el mismo mes de 2018, debido a que los precios se han mantenido casi invariables respecto al mes de diciembre, a diferencia de lo ocurrido en años anteriores, cuando en enero bajaba el precio de la electricidad, según el análisis de la OCU.

La organización de consumidores señala que los precios de la energía tienen un componente cíclico y durante los primeros meses de cada año se suelen producir bajadas de precios gracias a la climatología. Sin embargo, esto no se ha producido en enero de 2019. Los precios en el mercado mayorista (OMIE) se han mantenido en 61,99 euros por MW, muy similar a los 61,81 euros con los que se cerraron diciembre. Esto supone una fuerte subida (+24%) si se comparan con los 50 euros por MW de hace un año.

Esta subida del precio de la energía ha tenido efectos en la factura eléctrica que pagan los consumidores, que se ha incrementado en un 6,5% en enero respecto a la de 2018. Así, un hogar con un consumo medio de 3.900 kWh y 4,4 KW de potencia pagará este mes de media 74,37 euros frente a los 69,85 euros de 2018. Aquellos que cuentan con calefacción por acumuladores eléctricos y por lo tanto concentran elevados consumos en estos meses y ese horario, notarán una fuerte subida en su tarifa respecto al 2018. Como ejemplo, un hogar con acumuladores que durante enero haya consumido 3.000 kWh habrá sufrido una subida en su factura de 51 euros.

Para OCU, la razón de ese fuerte y mantenido incremento hay que encontrarla en los derechos de emisión de CO2, cuyo precio se ha elevado fuertemente desde mediados del 2018, provocando que ese mayor coste se traslade al precio con el que ofertan su energía las tecnologías más contaminantes que son las que marcan el precio de la electricidad en gran parte de las horas.

El Gobierno estudia medidas fiscales para beneficiar a colectivos que impulsen la transición energética como los productores de autoconsumo

Europa Press.- El Gobierno estudia medidas de fiscalidad que ayuden a todos aquellos colectivos que impulsen la transición energética, incluyendo a los grupos vulnerables. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que su gabinete está estudiando, junto al Ministerio de Hacienda, la posibilidad de poder adoptar un IVA reducido para la luz dirigido al recibo de «según qué tipos de consumidores».

No obstante, posteriormente, fuentes del Ministerio precisaron que la ministra quería referirse a diversas medidas de fiscalidad dirigidas a todos aquellos colectivos que impulsen la transición energética. Las mismas fuentes señalaron que en este tipo de colectivos se incluirían, por ejemplo, los productores de autoconsumo o los inversores en PPA (contratos de compraventa de electricidad a largo plazo) renovables. Así, indicaron que el espíritu de estas medidas, para las que ya se ha creado un grupo de trabajo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Hacienda, es apoyar a aquellos grupos que faciliten la transición ecológica.

La ministra subrayó que el precio de la luz es un asunto «sensible e importante», especialmente cuando se refiere a la población más vulnerable, por lo que desde la llegada al Gobierno no se han dejado de adoptar medidas para poder responder a ello. Así, defendió que «sólo un sistema eficiente basado en renovables permite precios de la electricidad estables».

Ribera indicó que las medidas temporales adoptadas en octubre, como la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante 6 meses o la exención del céntimo verde para la generación del gas, han supuesto una reducción de entre el 8% y el 16% en el precio medio del mercado mayorista de la electricidad, el conocido como pool, y han representado una reducción en la factura de un consumidor doméstico tipo acogido a la tarifa regulada (PVPC) del 4%. La ministra aseguró también ser consciente de que estas medidas coyunturales no son «una solución definitiva» para un consumidor que quiere facturas «más predecibles y estables», pero sí que afirmó que representan «un alivio» con respecto a la situación anterior.

Por otra parte, señaló que el Gobierno estudia iniciar la recuperación de las concesiones hidroeléctricas, según vayan cumpliendo su vencimiento, para beneficiar a los colectivos de proximidad, «subrayando esa importante función público que deben desempeñar los saltos de agua». Dentro de este beneficio para los colectivos de proximidad, también adelantó que es intención del Ejecutivo impulsar pequeñas subastas renovables en los diferentes territorios, con el objetivo de que se presenten oportunidades a estos territorios con el despliegue de las renovables.

Por otra parte, Ribera afirmó que el Gobierno se muestra «cómodo y respetuoso» con el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el regulador francés (CRE) que tumba el proyecto de interconexión gasista por Cataluña con Francia, denominado STEP, al considerar que se trata de un «proyecto ruinoso y que no tiene ningún sentido».

La eólica Siemens Gamesa gana 18 millones en su primer trimestre fiscal, frente a las pérdidas de un año antes

Europa Press.– Siemens Gamesa logró un beneficio de 18 millones en el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2019 (entre octubre y diciembre), frente a las pérdidas de 35 millones obtenidas en el mismo periodo del anterior ejercicio fiscal, según la compañía.

La firma incrementó sus ventas un 6% frente al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 2.262 millones de euros, impulsadas por la energía eólica marina (offshore) y los servicios. Asimismo, el volumen de ventas de aerogeneradores aumentó un 7%, situándose en 2.129 MWe, gracias a la «fuerte» contribución del negocio offshore con 609 MWe vendidos, un 76% más. El resultado neto de explotación (Ebit), costes de integración y reestructuración se situó en 138 millones, un 4% más, y el Ebit reportado fue de 40 millones, un 13% superior.

El margen sobre Ebit se situó en el 6,1%, en línea con el margen del mismo trimestre del año anterior, debido a los precios más bajos en la cartera de pedidos de 2018 y a la menor actividad de ventas en el negocio de aerogeneradores onshore y compensado parcialmente por las sinergias de la integración, las medidas de productividad y la fuerte actividad en el negocio offshore y en servicios.

Siemens Gamesa, con una posición de caja neta de 165 millones de euros, registró una entrada de pedidos de 11.500 millones de euros en el último año, un 3% más, impulsada por el aumento del 28% de los pedidos en el negocio onshore (6.800 millones). La cartera de pedidos asciende así hasta 23.000 millones (+8%), de los que 15.700 millones son pedidos que se materializarán después del ejercicio fiscal 2019.

Siemens Gamesa ha resaltado que las perspectivas del negocio eólico se mantienen «sólidas». Así, las instalaciones globales alcanzarán previsiblemente los 72 GW anuales en 2025, lo que supone un crecimiento acumulado del 5%. En el caso del negocio eólico marino el incremento acumulado será del 27%, pasando de instalar 2 GW anuales en 2018 hasta los 12 GW en 2025.

La Unión Europea abre su mercado de biodiesel a la soja de Estados Unidos tras reconocer su sistema de certificación

Europa Press.- La Comisión Europea anunció la decisión de «reconocer» como válido el sistema de certificación que emplea Estados Unidos en la producción de soja, lo que permitirá a partir de ahora abrir el mercado europeo del biodiesel a los brotes procedentes de este país. Bruselas considera que la soja estadounidense respeta las «exigencias técnicas» de los biocarburantes en la Unión Europea, por lo que autorizará su reconocimiento hasta julio de 2021.

El permiso europeo podrá prorrogarse más allá de 2021 si el sistema norteamericano se actualiza con una serie de modificaciones en los criterios de sostenibilidad acordados por la Unión Europea el pasado año y que afectarán al periodo 2021-2030. Las autoridades estadounidenses, además, deberán notificar a Bruselas cualquier cambio que realicen en el sistema entretanto y el Ejecutivo comunitario podría revocar su decisión si las condiciones no se aplican correctamente.

La Unión Europea ve «esencial» que todos los biodiesel en su mercado cumplan con las normas más estrictas en materia de sostenibilidad, según un portavoz comunitario en Bruselas. Al solicitar el reconocimiento de su sistema, Estados Unidos ha demostrado que «están dispuestos a obedecer» las reglas europeas, han apuntado la Comisión, que recuerda que el país norteamericano es el principal proveedor de brotes de soja para Europa. Este paso se enmarca dentro de los compromisos que el pasado verano firmaron en una declaración conjunta Estados Unidos y la Comisión Europea.

El Gobierno anuncia que aprobará «próximamente» la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del almacén de gas subterráneo Castor

Europa Press.- El Consejo de Ministros evaluará y aprobará «en las próximas semanas» la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del almacén de gas subterráneo Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón), según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Durante su intervención en la Comisión para la Transición Ecológica del Senado, Ribera ha explicado que Enagás, la Dirección General de Política Energética y Minas, la Dirección General de Medio Marino y Evaluación de Impacto Ambiental han trabajado en un proyecto para facilitar una «rápida propuesta». Ribera ha garantizado que «existe un compromiso político claro» del Gobierno de «no reactivar en ningún caso Castor» y de facilitar «la mejor opción posible» para su clausura definitiva.

«Es una decisión de gran envergadura que en todo caso debe garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, así como la sostenibilidad económica y financiera del sistema gasístico», ha manifestado la ministra. Eso sí, ha admitido que «formalmente» no se ha adoptado «ninguna decisión de manera oficial» sobre el futuro del almacenamiento gasístico, que en 2013 durante las pruebas de llenado originó una intensa actividad sísmica en la zona por la que el Gobierno acordó su suspensión e hibernación. La ministra asegura que el Ejecutivo va a abordar «con las máximas garantías y rigor técnico» la cuestión y ha puesto en marcha «todo lo necesario» para evaluar la situación actual.

En este momento, Castor está en situación de hibernación desde 2016 y «no ha habido manifestación sísmica desde entonces», pero ha añadido que ésta es una situación «temporal» que «no puede prolongarse mucho tiempo». «Debemos adoptar una decisión respecto del futuro de la instalación que, a nuestro juicio, solo puede estar orientada a su clausura», insistió, porque nuevas opciones temporales aplazarían el abandono definitivo de los pozos, lo que conllevaría unos costes adicionales que, en su opinión, serían «difícilmente justificables».

Ribera insiste en que la voluntad del Gobierno es «actuar» porque «la única decisión viable» es facilitar su clausura «definitiva» ya que, además, la evolución de la demandada no hace necesario este almacén gasista ni en el corto ni en el medio ni en el largo plazo, cuando «lo razonable es que la demanda de gas vaya reduciéndose». En este contexto, ha añadido que los estudios necesarios sobre escenarios de riesgo, costes, etcétera, serán realizados mediante una contratación externa cuya licitación «es inminente». Así, ha dicho que una vez el Consejo de Ministros haya aprobado la propuesta de desmantelamiento, se remitirá al Parlamento para que sea sometida a consideración de las Cámaras y que su voluntad es «acelerar» este proceso.

Finalmente, ha incidido en que de forma «simplista» lo «fundamental» es acometer el sellado definitivo «cuanto antes», con independencia de lo largo que pueda ser el proceso de desmantelamiento de las instalaciones. «El convencimiento de que no debe ponerse en operación es firme. La necesidad de hacerlo (el desmantelamiento) con la máxima seguridad, también», ha concluido. En todo caso, precisó que no se compromete a desmantelarlo porque el Gobierno no tiene aún preparada «esa última etapa que puede ser complicada».

Por su parte, el portavoz de Compromís, Jordi Navarrete, ha calificado de «fiasco» el proyecto Castor, celebra el anuncio de Ribera de que «por fin» digan que lo van a desmantelar yha propuesto revisar la normativa administrativa de evaluación de riesgos e impactos para no seguir «a pies juntillas» los informes realizados por las propias empresas implicadas en los proyectos y, al mismo tiempo, modificar la redacción de los contratos para que «no vuelva a suceder lo que en Castor» y no sean de nuevo «los mismos paganinis«, los ciudadanos, quienes asuman «el fiasco».

Desde ERC, Miguel José Auba ha solicitado acceder a todos los informes cuanto antes mientras que la senadora de Unidos Podemos, Vicenta Jiménez, comentó que le entra «cierta tranquilidad» la confirmación de que este «megaproyecto ruinoso» será desmantelado pero le preocupa quienes asumirán los costes. «Van más de 1.350 millones de euros en indemnización, más de 295 millones en derechos de la concesionaria y 17 millones anuales de desmantelamiento. Estamos ante una estafa ante la ciudadanía», ha denunciado, por lo que insta a que sea la empresa concesionaria la que se haga cargo del desmantelamiento.

Desde el PSOE, el senador Ángel Manuel Mato ha elogiado al Gobierno por asumir «sus responsabilidades» pese a que «muchas veces» se le haya criticado. Por el contrario, la senadora del PP, Salomé Pradas, ha espetado a Ribera que «no es digna» de ser ministra de Transición Ecológica porque Castor es «una realidad» porque ella firmó la declaración de impacto ambiental del proyecto. «Usted, que está en el origen del problema, nos da la solución. Esto es vergonzoso y más aún cuando se está dirimiendo en los tribunales», criticó Pradas, que considera que el nombramiento como ministra por parte de Pedro Sánchez fue «una burla» y un «insulto» para Castellón.

También ha recordado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de quien ha criticado el «tanto daño» que hizo a Castellón con Castor pero de quien ha elogiado que en una visita a la provincia pidió perdón y asumió su responsabilidad. Tras la réplica, la ministra reconoció que la cuestión de la repercusión de los costes es un tema «enormemente embrollado» y que es «complicado» encontrar una solución concreta, pero afirmó que el Gobierno está «estudiando» la manera de repercutir lo ya pagado por los ciudadanos.

El Gobierno catalán lo celebra

Por su parte, el delegado del Gobierno autonómico de Cataluña en Terres de l’Ebre (Tarragona), Xavier Pallarès, celebró el anuncio de la ministra. «Si se confirma el sellado definitivo del almacén Castor es una gran noticia para las Terres de l’Ebre», sostuvo Pallarès, que remarcó que era una de las principales reclamaciones de este territorio y confía en que esta decisión se haga realidad «lo antes posible», además de esperar para ver qué medidas se tomarán con las instalaciones terrestres.

El déficit del sistema eléctrico asciende a 1.174 millones de euros hasta noviembre, 809,8 millones menos de lo previsto

Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.174 millones de euros hasta noviembre, 809,8 millones menos de lo previsto, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El regulador señaló que este resultado de liquidación se debió, fundamentalmente, a la menor retribución adicional de los sistemas extrapeninsulares en 417,9 millones de euros, y de la retribución de la actividad de la distribución en 270 millones de euros. Por otra parte, la demanda en consumo registrada en esta undécima liquidación (208.384 GWh) es un 1,8% superior al valor promedio observado en años anteriores. Esta demanda en consumo declarada representaría el 86,2% de la prevista para el conjunto del ejercicio 2018 y tiene un valor ligeramente superior al promedio registrado en la serie histórica de las liquidaciones de los ejercicios 2015 a 2017 (84,8%).

Dado que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, que se ha situado en el 91,16% y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. En relación con la demanda, a mediados de 2018, el mercado eléctrico estaba compuesto por 29,3 millones de puntos de suministro, suministrados en el 39% (11,3 millones) por un Comercializador de Referencia (mercado regulado) y en el 61% (18 millones) por un comercializador en el mercado libre.

Asimismo, se han liquidado 63.660 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en el ejercicio 2018 (desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre) asciende a 6.590 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente). Como consecuencia de dichos desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar el Coeficiente de Cobertura, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 758,5 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente).

La liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado asciende a 67,1 millones de euros antes de impuestos. En la fecha de cierre de la liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación 11/2018 asciende a 5,9 millones de euros (antes de impuestos).

En cuanto al sistema gasista, el total de ingresos liquidables declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ha sido de 2.417 millones de euros, un 5,2% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior, debido al incremento de los ingresos por facturación del peaje de transporte-distribución. Para 2018, se incluyeron en el sistema de liquidaciones las retribuciones acreditadas en la Orden por la que se establecen los peajes del sistema gasista, excepto la retribución por operación y mantenimiento del almacén Castor.

En esta undécima liquidación del ejercicio, la retribución total acreditada a las empresas es de 2.513 millones de euros, un 1% superior a la del año anterior. El déficit en términos de caja fue de 342 millones de euros frente a un déficit de 434 millones de euros en el ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 21,2%. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación se ha calculado un índice de cobertura del 86,4% de la retribución acreditada.

La demanda nacional de gas en 2018 ha sido de 281 TWh. Esta cantidad es 2,5 TWh superior a la del mismo periodo de 2017, lo que supone un incremento del 0,9%. Por otra parte, el número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras de gas fue de 7,88 millones, con un aumento interanual de 86.261 consumidores (+1,1%), de los que 1,59 millones se suministran con tarifa de último recurso.

Las organizaciones ecologistas plantean al Gobierno 13 nuevos impuestos y modificar gravámenes como el IVA, IRPF, sucesiones, hidrocarburos o sociedades

Europa Press.- Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF elaboraron una propuesta de fiscalidad ambiental por la que plantean al Gobierno la creación de 13 nuevos impuestos y modificaciones en gravámenes como el IVA, el IRPF, sucesiones, hidrocarburos o sociedades.

Así, reclaman al Gobierno una «profunda» reforma fiscal que integre los criterios de ecofiscalidad y plantean una treintena de medidas fiscales para contribuir a la transición ecológica y alcanzar un modelo socioeconómico acorde a los límites del planeta. El documento Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible ha sido presentado por las organizaciones, que quieren que la fiscalidad incentive o penalice las distintas actividades y conductas así como las decisiones de los agentes económicos en base a su impacto ambiental.

En concreto, consideran que con su propuesta la fiscalidad española se acercará a los países del entorno, ya que España está en el puesto 25 de los 28 Estados de la Unión Europea en cuanto a la fiscalidad ambiental dirigida a orientar el comportamiento de los agentes económicos y contribuir a la protección del medio ambiente. Además, quieren que, a diferencia del régimen actual, la recaudación que se obtenga con la nueva ecofiscalidad sea finalista y se destine «íntegramente» a facilitar la transición ecológica y alcanzar un modelo socioeconómico acorde a los límites del planeta.

En su propuesta abogan por reformar el IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades para que primen actividades más sostenibles; las tasas sobre hidrocarburos para penalizar los combustibles más contaminantes; gravar la generación de CO2, disuadir de la producción de energía nuclear; crear nuevos impuestos como el del vertido e incineración de residuos, que grave el impacto ambiental que provoca la generación de purines o las emisiones de metano, son algunas de las medidas que piden los grupos ecologistas. También se incluyen reformas ecológicas en impuestos municipales como el IBI o la tasa de residuos.

También apuestan por modificar el impuesto de matriculación de vehículos para gravar los más contaminantes; reformar el impuesto de la electricidad; el canon de uso de los bienes de dominio público hidráulico; y crear nuevos impuestos para la energía nuclear. Otras de sus propuestas pasan por crear impuestos para el esquí alpino, a las aguas minerales embotelladas, a la minería, a los hoteles, a la construcción, a los bienes inmueble, al carbono, a los vertidos y la incineración, a la caza y al cambio de los usos de suelo. Las ONG consideran que la «urgencia ambiental» actual hace que esta reforma fiscal sea una necesidad «urgente» en todas las Administraciones.

El volumen de gas negociado en el primer semestre del año 2018 aumentó un 18% hasta los 138.106 GWh

Europa Press.- El volumen total de gas negociado en los primeros 6 meses del año 2018 fue de 138.106 gigavatios por hora (GWh), lo que representa un aumento del 18,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El gas negociado supone un 77% de la demanda de gas natural, siendo el volumen OTC, contratación bilateral pura, el 92% del volumen total negociado en los mercados de gas, que incluye Mibgas, Mibgas Derivatives y OTC. De este volumen, el 65% fue bilateral y el 35% fue intermediado por agencias. Es la primera vez que la CNMC contextualiza la negociación a plazo que llevan a cabo las agencias en relación a los mercados organizados de gas y OTC en el Punto Virtual de Balance.

La ministra Ribera pide a las compañías eléctricas que se pongan de acuerdo sobre el futuro de las centrales nucleares

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha pedido a las eléctricas que actúen «de manera sosegada y sensata» y les ha invitado a ponerse «de acuerdo sobre los planteamientos en los que comparten intereses«. En su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica en el Senado, Ribera se refirió así a la reunión que mantuvo con los máximos directivos de Iberdrola, Endesa y Naturgy para abordar el futuro de las nucleares en España.

La ministra indicó que las nucleares son «una pieza más del puzzle» sobre la visión de conjunto que recogerá el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que está ultimando el Gobierno. Asimismo, Ribera subrayó que la reunión, celebrada a petición de las tres grandes eléctricas, no será «la última conversación» que tendrá el Ejecutivo «ni con ellas ni con ningún otro agente del sector».

Según fuentes conocedoras del encuentro, el Gobierno y las principales eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, pusieron sobre la mesa en la reunión un cierre «escalonado» para las centrales nucleares en España, que será abordado «central por central», aunque de tal manera que nunca se produzca el cierre antes de 2025, pero con un horizonte para la clausura de 2035 o 2036. Ribera mantuvo una reunión al máximo nivel con los presidentes de Iberdrola y Naturgy, Ignacio Sánchez Galán y Francisco Reynés, respectivamente, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas.

Disputa política extremeña sobre Almaraz

Por su parte, el PSOE de Extremadura cree que se ha «despejado el futuro a medio plazo» para la central nuclear de Almaraz, mientras que el PP ha criticado que se haya acordado una «prorroguita para el cierre». Así, Podemos ha defendido que «ya es hora de que haya políticas valientes en esta comunidad» en relación a la planta nuclear, y Ciudadanos ha abogado por que exista una «compensación» para la zona en la que está enclavada la central nuclear.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ha valorado que esta fue una reunión «muy importante» ya que «deja despejado en un entorno del medio plazo el futuro de Almaraz», y que a su juicio demuestra que el presidente de la Junta «tenía razón cuando exigía que haya un plan energético en este país para ir de las centrales nucleares a la energía limpia».

Un cambio que se debe hacerse «con una transición que permita que la comarca del Campo Arañuelo tenga un plan de futuro, un plan de empleo y un plan de desarrollo» en la zona, ha señalado Valentín García, quien ha destacado que todos los proyectos en energías renovables que existen «van a permitir que la comarca de Campo Arañuelo sea una comarca con mucho futuro». Por eso el portavoz socialista reiteró que esta reunión «despeja el futuro a medio plazo para la central nuclear» y da «el tiempo suficiente para que cuando se produzca el cierre» de la planta, la comarca tenga «un futuro despejado de empleo y actividad económica».

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha lamentado el «anuncio de prorroguita» de Almaraz que se ha realizado, cuando lo cierto es «tanto Vara como Sánchez como el señor Navarro están trabajando sin descanso por el cierre» de la planta cacereña, ya que «estaba en su programa electoral». Teniente ha recordado que el presidente de la Junta «votó hace 3 meses en este Parlamento el no a la prórroga de la central nuclear de Almaraz» ante una iniciativa del PP, tras lo que ha señalado en la actualidad no se está hablando «de una prórroga» de la planta, sino «de una prorroguita para el cierre».

Se trata de una «prorroguita» de Almaraz para que «mientras tanto hagamos lo que se quiere hacer, ayudar a instalar ahí las plantas fotovoltaicas que tengan el punto de evacuación en Almaraz», tras lo que reafirmó Teniente que, para que «se cumpla este interés, hace falta que no haya almacén» temporal de residuos. Por eso ha señalado que el exconsejero extremeño de Economía, José Luis Navarro, «está donde está», nombrado como presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), ya que «una de sus primeras decisiones ha sido cerrar la inversión en el almacén».

Teniente recordó que Navarro «se posicionó de forma clara y contundente contra la energía nuclear y contra el almacén porque tiene sus propios intereses», que «están en la energía renovable» en la zona. Frente a ello, la portavoz parlamentaria del PP ha defendido la necesidad de una «prórroga sólida» para la central de Almaraz, que «venga con inversiones y con proyección de un futuro, hasta que haya una alternativa real en la zona«, que en la actualidad «no la hay».

La presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, Irene de Miguel, ha considerado que la central de Almaraz «está ya amortizada» y cuenta con unos «jugosos beneficios», por lo que «era más que previsible que pidieran la prorroga los propietarios» de la planta En ese sentido, la diputada de Podemos ha tachado de «irresponsables» y «políticos mediocres» a los que defienden que «no puede haber cierre de Almaraz hasta que no haya un plan de empleo», pero sin embargo, «no ha hecho nada en los últimos años para que haya una alternativa», ya que a su juicio «no están a la altura».

Y es que, en la actualidad, «la transición energética es el futuro» ante el que «o bien queremos ser punta de lanza, o bien ser los últimos del vagón», señaló De Miguel, que considera que «ya es hora de que haya políticas valientes en esta comunidad». En ese sentido, De Miguel ha criticado que PSOE y PP «han querido vendernos una central eterna y segura, y ni es eterna ni es segura», tras lo que ha defendido que «cerrar Almaraz no es solo una cuestión de seguridad, que lo es», sino también «una cuestión económica, porque cuantos más residuos genere Almaraz, más dinero vamos a necesitar para gestionarlos«, ha dicho.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha abogado por que la central nuclear de Almaraz no se cierre «sin tener planes alternativos de empleo para una zona importante que ha soportado durante más de 40 años el tener una central nuclear en su territorio». En ese sentido, Domínguez considera que «deber haber una compensación» para esa zona, ya que a su juicio los extremeños, al margen de algunas manifestaciones que se han realizado por grupos ecologistas, no han dicho «casi nada» y se han «aguantado por tener aquí una central nuclear».

El sector eólico prevé la instalación de 2.000 MW nuevos cada año para alcanzar el 70% de la demanda del país

Europa Press.- El sector eólico español prevé la instalación de aproximadamente 2.000 megavatios (MW) cada año, con el fin de que el conjunto de las renovables consiga alcanzar al menos el 70% de la demanda eléctrica de España, frente al 40% actual.

Así se desprende de una jornada organizada por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), en la que 170 profesionales del sector han identificado y debatido sobre los elementos que aún faltan para poder empezar a construir «el próximo cambio estructural energético».

La presidenta de AEE, Rocío Sicre, se ha mostrado «optimista» de cara a la evolución del sector en los próximos años, lo que repercutirá «de forma considerable» en el aumento del empleo y en una participación «más activa» en la operación técnica y económica del sistema eléctrico.

«La eólica ha sido protagonista en la pasada década, permitiéndonos duplicar la generación renovable, con todos los beneficios económicos, industriales y medioambientales que esto ha supuesto para el país. Los próximos años serán claves para el incremento de la aportación de la eólica en España», ha indicado Sicre.

LA EÓLICA CUBRE EL 19% DEL CONSUMO

En diciembre, el sector eólico cerró el año con 23.484 MW y habiendo cubierto el 19% de las necesidades de consumo eléctrico de los españoles, a expensas ahora de la presentación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, así como del posible cronograma de las futuras subastas de potencia renovable.

La vicepresidenta de OMIE, Carmen Becerril, ha inaugurado el encuentro destacando que los objetivos de 2030 «son alcanzables y posibles». «La colaboración de la eólica a la generación de precios y en el desarrollo del sistema eléctrico es el fenómeno más importante que hemos podido vivir en los últimos 20 años», ha añadido.

El evento se ha centrado en evaluar las perspectivas del desarrollo de los nuevos proyectos eólicos, tanto los que han surgido como resultado de las subastas de renovables como los proyectos que se están construyendo con las coberturas de riesgo ‘merchant’.

Asimismo, se han analizado las nuevas subastas, la regulación sobre hibridación de proyectos, la repotenciación o las perspectivas europeas, en un escenario de progresiva integración para consolidar el mercado único europeo.