Ribera confirma que el parque actual de centrales nucleares irá cerrándose «entre 2025 y 2035» de manera «ordenada»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, desgranó las líneas maestras del plan hacia la descarbonización de la economía, confirmando que el parque actual de centrales nucleares irá cerrándose «entre 2025 y 2035» de manera «ordenada». La ministra destacó que se iniciará en 2020 un cierre del carbón, que a lo largo de esa década «saldrá» de manera definitiva del mix energético, para a partir de 2025 empezar con las nucleares, cierre que se llevará a cabo con «todas las garantías».

Ribera indicó que el Gobierno «no dicta nada» a las empresas propietarias de estas nucleares, en referencia a cómo debe ser el orden de cierre de las centrales existentes, como mucho les puede «poner el marco», apuntó, aunque subrayó que se debe garantizar la seguridad de suministro, de residuos y la financiera para abordar esta clausura. Lo que sí advirtió es que no quiere que este proceso de cierre de las nucleares se convierta en un nuevo Garoña, con el enfrentamiento entre los propietarios de la central por su clausura.

En lo que se refiere al gas natural, consideró que se deben «mirar con cuidado» las nuevas inversiones en este sector, ya que se prevé una estabilización a lo largo de la transición energética en su consumo, mientras que en el caso del petróleo para usos energéticos vaticinó que sufrirá «una caída» a lo largo de la década de 2030. «El objetivo es llegar a un 2050 en el que el conjunto del sistema sea cero emisiones», añadió. Ribera fijó un objetivo de reducción de emisiones de CO2 de un 20% en 2030 con respecto a 1990, un reto que calificó de «ambicioso», ya que supone una reducción del 38% con respecto al nivel actual.

Ribera indicó que las renovables y la eficiencia energética, junto a la electrificación, serán los motores para esa transición hacia 2030, con una movilización en inversiones de más de 200.000 millones de euros. De este montante en inversiones, alrededor del 40-45% se focalizarán en renovables, el 30-35% en eficiencia energética, el 15% estará asociado a redes y otro 4% en electrificación para usos finales, señaló.

Ribera indicó que el plan estima que, en el horizonte del 2030, las renovables representen más del 70% de la generación eléctrica, con el objetivo de alcanzar el 100% en 2050, y con una presencia en el consumo final por encima del 40% al final de la próxima década. En lo que respecta al ahorro, afirmó que el efecto de la eficiencia energética puede llevar a unos ahorros de más de 70.000 millones de euros en importaciones en la década, con un aumento del 1,9% en el PIB y unas estimaciones de empleo «muy positivas».

Ribera subrayó que este plan será «una propuesta de objetivos a 2030», sin olvidar que estos objetivos «deben ser creíbles con respecto a la posibilidad de alcanzar el resultado al que nos hemos comprometido a 2050» de descarbonización de la economía. Junto a esa hoja de ruta, Ribera señaló que se aprobará la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que establecerá un marco regulatorio «relativamente sencillo» y dotará de un esquema de gobernanza general «con instrumentos que puedan facilitar la implementación de las medidas».

Red Eléctrica de España compra Hispasat a Abertis por 949 millones de euros

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Europa Press.- Abertis ha vendido la participación del 89,7% que tiene en el operador de los satélites españoles Hispasat a Red Eléctrica Corporación por un importe de 949 millones de euros. ACS y Atlantia cierra así la segunda de las dos desinversiones anunciadas cuando el pasado año se hicieron con el control del grupo de autopistas, después de vender Cellnex. En el caso de Hispasat, ACS y Atlantia prevén cerrar en el primer semestre de este año la transacción, sujeta a la obtención de la correspondiente autorización del Gobierno.

España, junto con Bélgica y Alemania, serán los países donde más crecerá el empleo para cumplir el Acuerdo de París

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Europa Press. – El impacto de la transición hacia una economía baja en carbono sobre el empleo, a consecuencia de cumplir los objetivos marcados en el Acuerdo del Clima de París, será positivo para toda la Unión Europea, aunque los países más beneficiados en materia de empleo serán Bélgica, España y Alemania, en este orden, donde se superarán en un 0,9% las previsiones.

Según el estudio Future of manufactoring. Energy scenario: Employment, implications of the Paris Climate Agreement, de la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y del empleo (Eurofund), el impacto de la transición para una economía baja en carbono afectará al número de empleos debido a la actividad inversora que será necesaria para acometer tal transición, que se sumará al impacto que generará gastar menos dinero en la importación de combustibles fósiles.

Según el estudio, los impactos de acometer en el conjunto de la Unión Europea las reformas necesarias para reducir en 2030 un 35% las emisiones de CO2 se producirán en distintos sectores. Por ejemplo se perderán empleos en la industria de la extracción y procesado de combustibles fósiles, pero aumentará el número de empleos en la construcción y fabricación de equipamientos de energías renovables y de eficiencia energética, junto con las industrias de suministro asociadas.

El informe destaca que los impactos serán positivos en todos los países, pero con efectos de distinto rango. En el último extremo, Letonia muestra un impacto comparativo mayor a gran escala respecto a su PIB. En un escenario energético, el crecimiento del empleo será un 0,5% superior al previsto en la actualidad en 2030. En España, el potencial del empleo en los sectores de la construcción y de la energía solar será incluso un 0,9% superior al previsto para 2030.

Lo previsto por la Unión Europea en diciembre de 2018 era que en 2030 habrá un total de 243,24 millones de puestos de trabajo, de modo que este estudio calcula que serán unos 2,4 millones más de empleos en Europa para 2030. Por sectores, la construcción será el más beneficiado, junto con la inversión de la eficiencia energética. También, en general los sectores manufactureros que están directamente relacionados con la cadena de suministro de renovables y equipamientos de eficiencia energética.

Sin embargo, algunos de estos sectores intensivos en energía también estarán afectados por los impuestos altos al carbón, lo que les podría disminuir sus ganancias iniciales. Además, los beneficios del sector servicios también incrementarán, como consecuencia de formar parte de los procesos de instalación de energías renovables y equipos de eficiencia energética. El crecimiento fuerte se deberá al empleo en el sector de la construcción que aumentará particularmente en Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y España.

En definitiva, el resultado para Europa que pronostica el informe es particularmente relevante para la política de empleo, finanzas e industrial. En primer lugar, el modelo considera que no habrá fricciones en el mercado laboral y destaca que cuanto más rápido se produzca el cambio más fácil será que sí se registren fricciones porque se dejará a gente desempleada al tiempo al mismo tiempo que se producirá una demanda de nuevos conocimientos que será insatisfecha.

Igualmente, el estudio aprecia que no hay barreras en la inversión para financiar esta necesaria transición ya que el conjunto de los países han asumido que ciertos sectores se dirigen a mantenerse mientras surge nuevas tecnologías. Por ejemplo, la industria de la automoción de coches y camiones convencionales se convertirán en industrias de vehículos eléctricos, igual que sus componentes asociados.

 

Baleares aprueba la Ley de Cambio Climático, que restringirá el diésel desde 2025 y reducirá las emisiones de sus centrales

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Europa Press.- El pleno del Parlamento autonómico de las Islas Baleares ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que entre otras medidas prohibirá el acceso de vehículos diésel a Baleares desde 2025 y prevé el cierre de las centrales energéticas contaminantes en las Islas, con el objetivo de desterrar los combustibles fósiles y alcanzar un 100% de energías renovables en la comunidad para 2050.

Durante el debate en el Parlamento no se ha aprobado ninguna de las enmiendas mantenidas por PP, PI, Podemos, MÉS per Menorca y el Grupo Mixto. El texto legal completo ha salido adelante gracias al voto favorable de los partidos de izquierda, mientras que PP, Cs y PI han votado en contra de algunos artículos que han sido igualmente aprobados. En su defensa de la norma, el consejero de Territorio, Energía y Movilidad de Baleares, Marc Pons, ha avisado de la alta dependencia energética de Baleares y ha mantenido que los objetivos que fija la Ley son «asumibles y ambiciosos».

En las medidas de movilidad, la Ley se propone disponer de 1.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2025 y tener el parque móvil totalmente descarbonizado para 2050. Para ello, además del veto al acceso de coches diésel en 2025, entrará en vigor la misma prohibición para el resto de vehículos contaminantes desde 2035 (coches, motos, furgones y furgonetas). Los ya existentes en Baleares hasta entonces podrán seguir circulando. También introduce cambios en el alquiler de vehículos, un sector que deberá funcionar con una flota completamente eléctrica para 2035.

La Ley de Cambio Climático, entre otras medidas, también prevé el cierre progresivo de las centrales contaminantes, empezando con Es Murterar (Mallorca) a partir de 2020, pero que también afecta a las centrales de Mahón, Ibiza y Formentera; obligará a los grandes aparcamientos en superficie a instalar marquesinas con placas fotovoltaicas; y crea el Instituto Balear de la Energía, que podrá crear o participar en mercantiles para comercializar energía eléctrica en régimen de libre competencia.

El consejero de Energía se encargó de defender el Proyecto de Ley, resaltando la «necesidad de contar con un modelo energético propio en las Islas», una comunidad con gran dependencia energética y poca implantación de renovables, ha avisado. En esta línea, Pons ha insistido en que la norma «es la hoja de ruta» para «hacer efectivo el cambio de modelo» y que es una Ley «de hechos y no intenciones».

Marc Pons también ha criticado a quienes se oponen a la Ley «con la intención de mantener el mayor tiempo posible el actual modelo energético». Tras la aprobación de la Ley, preguntado por si teme que la norma sea recurrida en los tribunales, Pons ha confiado en que tiene «toda la cobertura jurídica» y ha dicho que si se presenta un recurso, Baleares defenderá el texto legal «donde haga falta» y «con todos los argumentos».

Críticas al escrito de Marín

La carta remitida al Parlamento por el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha centrado buena parte del debate. En este escrito, avisaba de los «efectos negativos» de la norma que finalmente se ha aprobado y proponía «medidas menos gravosas». El diputado socialista Damià Borràs cuestionó la legitimidad de Marín Quemada para realizar esta advertencia, subrayando los vínculos del presidente del organismo con empresas petroleras.

Similarmente, el diputado de Podemos, Carlos Saura, ha acusado al PP de ser «mayordomos de los lobbys» y que «parece que están esperando que los ricos se puedan salvar». El diputado ha alertado de los riesgos del calentamiento global y ha lamentado que las enmiendas de la oposición «cuestionan y relativizan su peligro». «Nos encontramos en una encrucijada sin precedentes, con muchas cartas de la CNMC intentando presionar para que se retire esta Ley», denunció.

Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar, ha asegurado que la carta de la CNMC «muestra el desprecio a la legitimidad de esta Cámara y sus competencias» y supone «una injerencia intolerable que pone en evidencia su sumisión al IBEX 35 y las grandes multinacionales«. «No podemos y no queremos ir pasito a pasito», apostilló. Asimismo, la diputada de MÉS per Menorca, Patricia Font, ha defendido la necesidad de «tomar medidas drásticas desde hoy» y «poner la supervivencia del planeta por delante de intereses económicos».

Desde el PP, la diputada Tania Marí ha acusado al Pacte de practicar «política de laboratorio» al «hacer experimentos» con la movilidad, y le ha avisado de que es necesario lograr más consenso para que la ley perdure. También pidió a la izquierda que aprobara su enmienda sobre las restricciones a los combustibles fósiles y así «los tribunales no tendrán que tratar otra chapuza socialista».

Por parte de Ciudadanos, la diputada Olga Ballester ha defendido un total de 18 enmiendas mantenidas por su grupo hasta el debate en el pleno, con las que pretendían «que se dé cumplimiento al Acuerdo de París» respetando «dos principios fundamentales para que la transición energética sea justa«. En concreto, que se permita «la reconversión laboral e industrial sin cierre de empresas ni pérdida de puestos de trabajo» y «que nunca se ponga en riesgo la seguridad en el suministro».

Desde el PI, Josep Melià ha lamentado que Baleares sea, a su juicio, «pionera en normativa de Cambio Climático, pero no en hechos«, y ha considerado que el mismo Govern «reconoce que no son asumibles los objetivos» con el acuerdo sobre Es Murterar. «El horizonte temporal de cierre no es realista», cree el diputado, que ha defendido un plan para renovación de los vehículos antiguos.

Finalmente, la diputada del Grupo Mixto, Montserrat Seijas, ha recalcado que, si bien la ley «es necesaria» y «nadie con un mínimo de sentido común puede estar en contra», «todo está proyectado a un tiempo futuro» sin «afrontar con los recursos actuales el tiempo presente«. «Es una ley necesaria pero utópica. Deja insatisfecho al sector ecologista, lo cual pone sobre la mesa que se legisla sin los consensos necesarios», advirtió.

Greenpeace la ve como ”ejemplo”

Greenpeace ha expresado que la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética balear «debería servir de ejemplo». Según indicó, se debe hacer «hincapié en la urgencia de actuar frente al cambio climático» y lamenta que el Gobierno de España «no haya presentado aún una ley de Cambio Climático y Transición Energética, con un calendario que fije 2025 como fecha límite para el cierre de las centrales térmicas de carbón y nuclear y su sustitución por energías renovables».

Greenpeace ha anunciado que la ley balear es una ley ambiciosa desde el punto de vista de la transición energética «con medidas valientes», como la prohibición de la circulación por las islas de turismos con motor diesel en 2025 o el cierre de 2 grupos de la térmica de carbón de Es Murterar en 2020. El responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace, José Luis García, expresó su satisfacción por la decisión del parlamento balear ya que los gobiernos «no están actuando con la premura necesaria para limitar el calentamiento global a 1,5 grados».

España, entre los países de Europa que aún no ha alcanzado su objetivo de renovables para 2020, con un 17,5%

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Europa Press.– La energía procedente de fuentes renovables representa en España el 17,5% del consumo energético total, aún 2,5 puntos por debajo del objetivo del 20% establecido para 2020, lo que sitúa al país en el grupo de Estados miembros que todavía no ha alcanzado su meta nacional, según los datos correspondientes a 2017 publicados por Eurostat.

11 socios comunitarios ya han alcanzado sus objetivos nacionales para 2020: Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Croacia, Italia, Lituania, Hungría, Rumanía, Finlandia y Suecia. Es decir, exactamente los mismos que hace un año. Además, Letonia y Austria se encuentran a menos de un punto porcentual de lograrlo. En el polo opuesto están Países Bajos (todavía 7,4 puntos por debajo de su objetivo particular), Francia (6,7 puntos), Reino Unido (4,8 puntos), Luxemburgo (4,6 puntos), Polonia (4,1 puntos) y Bélgica (3,9 puntos). En el caso de España, la proporción de energías renovables sobre el consumo energético total ha aumentado desde el 8,3% registrado en 2004. Sin embargo, entre 2016 y 2017 sólo se incrementó una décima, para pasar del 17,4% al 17,5%.

Suecia, país con más renovables

En el conjunto del bloque comunitario, la proporción de energías renovables sobre el consumo bruto de energía total alcanzó en 2017 el 17,5%, 5 décimas más que un año antes y 2,5 puntos por debajo del objetivo comunitario para 2020, del 20%. Suecia es el único socio de la Unión Europea en el que las energías renovables tienen un peso superior al 50% (54,5%), por delante de Finlandia (41%), Letonia (39%), Dinamarca (35,8%) y Austria (32,6%). Por el contrario, Luxemburgo (6,4%), Países Bajos (6,6%) y Malta (7,2%) son los Estados miembros con menor proporción de energías renovables a nivel doméstico.

Redexis invirtió 138,4 millones de euros en 2018 y prevé elevar esta cifra hasta 174,5 millones en 2019

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Europa Press.- Redexis invirtió en 2018 un total de 138,4 millones de euros, un 7% más que en el 2017, en infraestructuras gasistas en España, según apuntó la compañía. La empresa dedicada al transporte y distribución de gas natural señaló que, de esta manera, mantiene su plan de expansión, con más de 1.300 millones de euros invertidos desde 2010.

Además, Redexis prevé invertir 174,5 millones de euros durante este año para continuar con sus planes de expansión de redes de distribución y transporte de gas, así como para nuevos proyectos de hidrógeno, gas renovable o gas vehicular. En concreto, la compañía destinará de este importe un total de 148,3 millones de euros a infraestructuras gasistas y unos 26,2 millones de euros a nuevos proyectos de hidrógeno o gas renovable o gas vehicular. Redexis indicó que apuesta por el desarrollo de energías renovables como el hidrógeno y el gas renovable, «sin duda un vector energético clave en un contexto de cero emisiones y la evolución natural hacia una economía descarbonizada«.

El grupo cerró 2018 con 680.512 puntos de suministro en toda España, con un crecimiento del 5%. La compañía sumó así 45.369 nuevos clientes que se conectaron a las redes gasistas, un 14% más que en 2017. Durante 2018, la actividad desarrollada por Redexis supuso un volumen total de 34.065 gigavatios hora (GWh), un 5,5% más que en el año anterior. En cuanto al sector industrial, la demanda industrial y comercial en sus redes aumentó un 18% respecto a 2017, llegando hasta los 8.296 GWh.

Por otra parte, la compañía desarrolló 508 nuevos kilómetros de redes, alcanzando un total de 10.498 kilómetros de infraestructuras propias en toda España, un 5,1% más, con las que facilita el acceso al gas canalizado a 500 municipios españoles. Redexis tiene licencia para operar en 607 municipios en 11 comunidades autónomas. En su actividad de distribución, la compañía impulsó el desarrollo de sus infraestructuras y expandió sus redes de gas natural en 20 nuevos municipios.

Además, comenzó a suministrar gas licuado del petróleo (GLP) en la localidad de Aguaviva (Teruel), al que hay que sumar 13 municipios adicionales donde Redexis comenzó a operar puntos de GLP adquiridos a Cepsa en 2017 en Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Asimismo, durante el 2018 cerró un acuerdo con Nedgia para la adquisición de 2.875 puntos de GLP en las provincias de Girona, Alicante, Valencia, León, Salamanca y Teruel, comenzando su actividad en la provincia de Valencia. Además, en este año también cerró un acuerdo con Cepsa por el cual adquirió 539 puntos adicionales en Daroca (Aragón) y en Cistierna (Castilla y León).

La Alianza por el Autoconsumo pide una normativa que permita un autoconsumo compartido y sin barreras en España

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Europa Press.- La Alianza por el Autoconsumo ha pedido la eliminación de las barreras que supongan un freno al desarrollo del autoconsumo en España y ha incidido en la necesidad de cambios en la propuesta de normativa del Gobierno que propicien que su modalidad compartida y de proximidad se diseñe de forma realmente efectiva.

En sus alegaciones a la propuesta de Real Decreto presentada por el Ministerio, la alianza, formada por más de 40 organizaciones sociales, ambientales, empresariales y sindicales, considera que la propuesta del Gobierno «es un paso adelante», aunque identifica una serie de mejoras «necesarias» para que el autoconsumo tenga «un marco normativo óptimo». Así, las alegaciones insisten en eliminar los obstáculos y barreras burocráticas que se han detectado en el borrador de Real Decreto sometido a exposición pública, subrayando que resulta «fundamental» simplificar la tramitación con la compañía distribuidora de electricidad en las instalaciones con excedentes.

En concreto, identifica dos condiciones que se consideran excesivamente restrictivas. Por un lado, limitar a un máximo de 500 metros la distancia entre las instalaciones de producción a los puntos de consumo asociados; y por otro, restringir el autoconsumo a instalaciones en la red de baja tensión, dejando fuera a los edificios conectados a la red de media tensión. Estas dos restricciones, además de «arbitrarias y de difícil comprobación práctica», impiden o restringen de hecho el autoconsumo colectivo en polígonos empresariales e industriales y el autoconsumo en edificios públicos cercanos.

Asimismo, la Alianza reclama una definición de la compensación simplificada que garantice «sin lugar a dudas» que los particulares y pequeños negocios puedan compensar sus excedentes de energía en su factura eléctrica, sin que se considere una actividad económica sujeta a obligaciones fiscales. Respecto a los criterios de reparto del autoconsumo compartido, la Alianza pide que se modifique el texto para permitir una verdadera compartición de energía y no solo de instalaciones, como se propone. Además, destaca que en el Real Decreto no queda «suficientemente claro» cómo será el proceso de tramitación de las instalaciones.

Los Gobiernos de la Unión Europea acuerdan que Alemania siga liderando las negociaciones del gasoducto Nord Stream 2 con Rusia

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Europa Press.– Los gobiernos de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo que permitirá a Alemania seguir liderando las negociaciones con Rusia sobre el gaseoducto Nord Stream 2, con el que Moscú suministrará gas a través del mar Báltico directamente a Alemania y desde allí hacia Europa occidental. Los Veintiocho han pactado, en concreto, su posición negociadora de cara a las conversaciones que deben comenzar ahora con el Parlamento Europeo para reformar la directiva europea sobre gas.

Las negociaciones, sin embargo, se esperan complicadas porque la Eurocámara pidió paralizar la construcción de este gaseoducto en una resolución aprobada en diciembre, en la que los eurodiputados afirmaron que se trata de «un proyecto político que plantea una amenaza a la seguridad energética de Europa«. El objetivo general de la reforma de la directiva era garantizar que las normas europeas sobre el mercado de gas se apliquen también a los acuerdos de suministro alcanzados entre un Estado miembro y un tercer país. Según la Comisión Europea, los servicios comunitarios serían los encargados de negociar y supervisar la adecuación de estos acuerdos energéticos con terceros países con las normas europeas.

Alemania se oponía a este enfoque porque hubiese supuesto la pérdida del liderazgo en la negociación con Moscú del polémico Nord Stream 2. El proyecto cuenta con una importante oposición porque aumentaría la dependencia energética europea. Sin embargo, París y Berlín han pactado uno nuevo que establece que el control de la negociación corresponderá al país «a cuyas aguas entre la línea de gas a Europa«, han explicado fuentes diplomáticas. En cualquier caso, el acuerdo comunitario también estipula que los Estados miembros que deseen comenzar negociaciones con un tercer país tendrá que informar a Bruselas.

Castilla y León añadirá 862 MW eólicos hasta 2020 al atraer 789 millones de inversión y crear 2.471 empleos

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Europa Press.- Castilla y León añadirá 862 megavatios (MW) de energía eólica en 2019 tras inversiones de en torno a 789 millones de euros y la creación de unos 2.471 empleos en su construcción, según ha avanzado el director general de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González, quien ha señalado que estos proyectos se pondrán en marcha en 6 de las 9 provincias de la comunidad.

González participó en un acto organizado por Naturgy para detallar sus proyectos previstos en la comunidad durante 2019. Así, como han explicado la directora de Generación de la empresa energética y el responsable de Desarrollo de Renovables en la comunidad de la compañía, Ana Peris y David Muñoz, Naturgy se encargara de impulsar 306 MW de los 862 previstos, con una inversión de 300 millones de euros en 9 parques en Valladolid, Zamora y Burgos.

El director general de Energía y Minas de la Junta ha detallado que el 77,5% de la potencia que se genera en Castilla y León es renovable y acumula el 22% del total de renovables de España. El dirigente autonómico explicó que los proyectos previstos en Castilla y León hasta 2020 «implicará rentas anuales de 2,3 millones de euros en arrendamientos de terrenos y más de 20 millones de euros en ingresos para las corporaciones locales en concepto de ICIO, así como más de 3,5 millones de euros anuales en concepto de tasas e impuestos«.

Finalmente, González destacó que, por convenios e impuestos medioambientales, la Administración autonómica recibirá ingresos por unos 3 millones de euros de media anual durante los primeros 20 años y ha destacado que «a medio y largo plazo, dado el elevado número de avales presentados y vista la capacidad técnica de acceso a la red eléctrica, se estima que se podrían incorporar otros 2.100 MW eólicos».

En concreto, como ha detallado González, en Castilla y León la puesta en marcha de estos 862 MW de potencia tendrá una repercusión más fuerte en Valladolid, donde se prevé generar una potencia de 528 MW con una inversión de 528 millones de euros y la creación de 1.471 empleos, seguida de Burgos con 240 MW, una inversión de 186 millones y 681 empleos. En Soria, se sumarán 41 MW hasta 2020 con una inversión de 33 millones y 220 empleos, a la que le sigue Palencia, con 39 MW por 30 millones y 60 empleos, Salamanca, con 9 MW, ocho millones de inversión y 60 empleos y León, con 5 MW, 4 millones y 16 empleos en su construcción.

Por su parte, Naturgy prevé la construcción de 9 parques eólicos en 16 municipios de las provincias de Burgos, Valladolid y Zamora. Estos parques, que crearán 1.000 empleos durante sus diferentes fases de construcción, tendrán una potencia conjunta de más de 300 MW, equivalentes al consumo eléctrico anual de 380.000 viviendas, el 24% de las totales de Castilla y León.

Las importaciones de crudo alcanzaron en 2018 la cifra récord de 67,58 millones de toneladas con Nigeria como principal suministrador

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Europa Press.- Las importaciones de crudo a España en 2018 alcanzaron los 67,58 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 2,5% con respecto al año anterior y el mayor volumen anual desde que hay datos, según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

En diciembre, la cifra de importaciones de crudo fue de 5,43 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 10,5% frente al mismo mes de 2017. En el último mes del año pasado se importaron 29 tipos de crudos procedentes de 15 países. Nigeria, que con un total de 1,16 millones de toneladas registró las importaciones más elevadas desde enero de 2016, se mantiene como principal proveedor de crudo a España en el mes y en el año (10,26 millones de toneladas). Le sigue México como segundo suministrador en diciembre y en el ejercicio 2018 y destacan los crudos procedentes de Azerbaiyán, que se dispararon en diciembre un 256%, tras cuatro meses sin importaciones.

Por regiones, África, con el 42,5% del total, se mantiene como primera zona de abastecimiento. Las compras de crudo a los países miembros de la OPEP alcanzaron el 60,7% del total en diciembre y aumentan un 18,8% interanual, destacando Irak, con un crecimiento del 184,9% en diciembre frente al mismo mes de 2017. En 2018 las importaciones desde la OPEP aumentaron un 13,2% respecto a 2017 y representan el 58,8%.