Las organizaciones ecologistas piden al Gobierno en Madrid que apruebe el autoconsumo para luchar contra la pobreza energética

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Europa Press.- ONG sociales y ambientales se concentraron en Madrid para reclamar al Gobierno que apruebe cuanto antes el Real Decreto del Autoconsumo que habilitará mecanismos para luchar contra la pobreza energética con energías renovables. Así, un conjunto de organizaciones se movilizó contra la pobreza energética, que aseguran que afecta al 10% de las familias españolas, que no pueden calentar sus viviendas en invierno.

Para las ONG, la lucha contra la pobreza energética es una «necesidad social y ambiental que no se puede bloquear ni ignorar«. En este contexto, Greenpeace pide que se apruebe cuanto antes el Decreto de Autoconsumo e insta a todos los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales medidas estructurales para poner a las personas y el planeta en el centro del sistema energético.

En concreto, Greenpeace considera necesario aprobar medidas urgentes y estructurales en España porque esta es una de las «muchas caras de la pobreza» y supone una disfunción de un sistema energético que no reconoce el derecho al acceso a la energía limpia como bien de primera necesidad ni la capacidad de las energías renovables para abaratar el precio de la luz. El citado Real Decreto habilitará mecanismos para que las administraciones públicas puedan luchar contra la pobreza energética con renovables.

Greenpeace considera «imprescindible» cambiar el modelo energético hacia un sistema eficiente, inteligente, 100% renovable y en manos de la gente para mitigar la contaminación y el cambio climático e insiste en la urgencia de adoptar medidas que fuercen la separación de los grandes empresas eléctricas integradas verticalmente. En la movilización participaron Amigos de la Tierra, ATTAC, CCOO, la Coordinadora de Vivienda Madrid, Ecologistas en Acción, InspirAction, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y Greenpeace.

Bruselas invertirá 116 millones de euros en 12 proyectos europeos dedicados al medio ambiente y la acción climática

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Europa Press.- La Comisión Europea anuncio la inversión de 116,1 millones de euros para financiar 12 proyectos enmarcados en el programa LIFE para el medio ambiente y la acción climática en Austria, Bulgaria, República Checa, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Portugal y Eslovenia. Los 12 proyectos tienen un presupuesto total de 215,5 millones de euros, por lo que el Ejecutivo comunitario financiará más del 50% de la inversión necesaria. La Comisión Europea espera que este montante genere 3.200 millones de euros en inversiones adicionales.

En cuanto a las acciones por el medio ambiente, Bruselas ha concedido 19,6 millones, a dos proyectos en Bulgaria y Hungría que buscan reducir la contaminación atmosférica en núcleos urbanos. Además, se destinarán 44,2 millones a la financiación de proyectos de conservación de la naturaleza en República Checa, Hungría, Portugal y Eslovenia y 19,9 millones a dos proyectos en Austria y Hungría. Con respecto a los proyectos dedicados a la acción climática, Bruselas financiará con 32,4 millones la adopción de medidas en Finlandia, Italia y Eslovenia para cumplir sus objetivos nacionales de reducción de emisiones y una estrategia de adaptación al cambio climático a nivel local y regional en Grecia.

El comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, ha destacado que estas nuevas inversiones «ayudarán a aprovechar los recursos para responder a las preocupaciones de los ciudadanos sobre la calidad del aire«. El programa LIFE de la Unión Europea se puso en marcha en 1992 y desde entonces ha cofinanciado un total de 4.600 proyectos, de los que 1.100 están en marcha en la actualidad. El presupuesto actual del programa, para el periodo 2014-2020 es de 3.400 millones y Bruselas ha propuesto incrementarlo un 60% en el siguiente ciclo presupuestario (2021-2027).

La central nuclear de Trillo cerró 2018 con 8.267 GWh producidos, cumpliendo 30 años y operando «de forma estable»

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Europa Press.- El director de la central nuclear de Trillo, Javier Vallejo, hizo balance de actividad del segundo semestre de 2018, apuntando a que la producción total del ejercicio ha sido de 8.267 GWh, 4.372 de ellos en la segunda mitad del año. Desde el 23 de mayo de 1988, la central ha estado 236.985 horas conectada a la red, con una energía bruta producida de 247.292 MWh.

En el resumen de actividades de 2018, Vallejo ha introducido el relevo al frente de la dirección, que ahora recae en su persona tras la salida de Aquilino Rodríguez. La próxima recarga de combustible, programada para el próximo 10 de mayo, durará 29 días y será la 31ª desde que la central opera. Se sustituirán 40 elementos combustibles y se aprovechará para inspeccionar sellos y cojinete radial inferior en una bomba principal. Servirá igualmente para sustituir dos dedos en lanzas de instrumentación nuclear interna, se realizará una prueba de capacidad en baterías y se hará una revisión eléctrica y mecánica.

Dosis de radiación “muy baja”

La dosis colectiva recibida, suma de las dosis externas e internas de cuerpo entero recibidas por el personal, ha arrojado un resultado de 284,48 mSv por persona, según Vallejo, quien ha dicho que es una ración muy baja», incluso «la más baja de la historia». Los residuos generados en la operación, mantenimiento y modificaciones de la instalación se han optimizado, y han alcanzado los 81,40 metros cúbicos. Además, se han retirado 26,40 metros cúbicos. En la última recarga de combustible se reemplazaron 36 elementos combustibles, y en 2018 se iniciaron las modificaciones de diseño necesarias en la planta. Fue en diciembre cuando se efectuó la carga de 2 nuevos contenedores.

Vallejo ha puesto en valor que no ha habido ningún informe de suceso notificable en el segundo semestre. Sí que hubo dos en el primer semestre, uno relativo al arranque de un generador diésel. La planta ha superado su evaluación ambiental, y en cuanto al Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental exigido por el CSN, se ha superado igualmente de «forma satisfactoria». Preguntado por la convocatoria de elecciones y la futura formación de un nuevo Gobierno, ha pedido al nuevo Ejecutivo que deje a la central de Trillo «seguir operando y actualizando la central» como se ha venido haciendo hasta ahora.

Elvira Romera, Pilar Lucio, Francisco Castejón y José María Serena, propuestos como consejeros del CSN con el rechazo del PP

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Europa Press.- El PP se ha desmarcado de los candidatos propuestos por el Gobierno para renovar 4 plazas del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuya negociación se achaca a PSOE, Unidos Podemos y PDeCAT, y ha acusado al presidente Pedro Sánchez de «abusar de su posición» en el poder hasta «el último minuto«. En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de nombramientos de Elvira Romera Gutiérrez, Mª Pilar Lucio Carrasco, Francisco Castejón Magaña y Josep Mª Serena i Sender.

La propuesta responde a la voluntad del Gobierno de reflejar en la composición del pleno del regulador nuclear el actual reparto parlamentario. El Gobierno podrá nombrar a los candidatos mediante un decreto aprobado en el Consejo de Ministros. De acuerdo con el artículo 5 del Estatuto del CSN, el presidente y los consejeros serán designados entre personas «de conocida solvencia en las materias encomendadas al Consejo, como las especialidades de seguridad nuclear, tecnología, protección radiológica y del medio ambiente, medicina, legislación o cualquier otra conexa con las anteriores, así como en energía en general o seguridad industrial, valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio».

Según refleja el Gobierno, Elvira Romera es catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Granada. Tiene una amplia trayectoria docente, investigadora y de gestión desarrollada desde 1992. Desde 2014, es directora del Instituto Universitario de Investigación Carlos I de Física Teórica y Computacional. Pertenece, entre otros, al Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada, a su Comisión de Investigación y al Consejo Asesor del PAIDI de la Junta de Andalucía.

Por su parte, María Pilar Lucio es diputada y portavoz de Energía del PSOE en el Congreso de los Diputados. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y master en Consultoría Estratégica de las Organizaciones y Estudios de postgrado en Gobierno y Administración Pública por la misma Universidad. Desde 2014 ocupa la Secretaria Federal de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE y se especializó en regulación energética y en la regulación de la seguridad nuclear y de la protección radiactiva.

Por su parte, Francisco Castejón, es propuesto por el grupo de Unidos Podemos. Es doctor en Física por la Universidad Complutense de Madrid. En CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) fue científico titular desde 2004 hasta 2015, año en que pasó a ocupar la posición de investigador titular. Actualmente es director de la Unidad de Teoría de Fusión y líder del proyecto Stellarator Optimization: theory, development and Engineering, dentro de EUROFUSION. Además, es el portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción.

En cuarto lugar, se propone a Josep Mª Serena, doctor Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB) y diplomado en Ingeniería y Gestión Ambiental por la Universitat Politècnica de Catalunya. Entre 1993 y 2018 fue presidente y consejero delegado de Auma Consultores en Medio Ambiente y Energía, y anteriormente ostentó diversos cargos en el Área Metropolitana de Barcelona y en la Corporació Metropolitana de Barcelona. Actualmente, preside la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña.

Los nuevos consejeros podrán permanecer en el cargo 6 años y podrán optar, mediante el mismo procedimiento, a un segundo periodo de igual duración. Los cargos de presidente y consejeros no pueden ser ostentados por personas mayores de 70 años. Precisamente, por edad cesó el 2 de febrero Jorge Fabra, quien sustituyó a Cristina Narbona cuando fue elegida presidenta del PSOE, y que desde finales de diciembre estaba en situación de prórroga. En la actualidad el presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, está también en situación de prórroga desde diciembre y otros dos consejeros desde finales de febrero. Se trata de la vicepresidenta, Rosario Velasco, y el consejero Fernando Castelló.

El PP contra el PSOE

Por su parte, el portavoz parlamentario popular en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ha explicado que su formación «no ha participado» en la negociación de estos nombres y que el Gobierno de Sánchez ha preferido apoyarse en Podemos. Como resultado de estos acuerdos, según denuncia, la propuesta aprobada está formada por un grupo «claramente sesgado» y «prejuicioso» en materia de energía nuclear. En concreto, el diputado pone en duda la apuesta de los morados, el miembro de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, un antinuclear declarado. Mariscal ha recordado que en los 6 años que dura el mandato de los miembros del CSN, éstos deberán enfrentarse a la posibilidad de cierre o renovación de la vida activa de varias centrales nucleares.

El portavoz popular cree que esta decisión entra en la «línea habitual del PSOE» de «politizar las tecnologías«. Además, ha criticado que estas propuestas lleguen ante la “inmediata disolución» de las cámaras. «Sánchez está abusando de su posición hasta el último minuto», ha insistido. «Así que los candidatos serían elegidos con un Gobierno en funciones», ha lamentado Mariscal, que alerta de que con esta medida el PSOE ha «garantizado su presencia mayoritaria» en esta institución durante «los próximos 6 años».

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, tarea del Gobierno que salga de las urnas el 28 de abril

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Europa Press.- El anuncio de la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril realizado por el presidente del Gobierno impedirá al Ejecutivo acometer algunas de las principales metas anunciadas hace 8 meses en materia ambiental, como la aprobación de la Ley de Cambio Climático.

Mientras el Gobierno presentó el viernes 22 de febrero el Plan Nacional de Energía y Clima, que envió a la Comisión Europea con retraso, pues el plazo terminó el 31 de diciembre de 2018, el Ejecutivo también presentó el anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuya aprobación y entrada en vigor quedará para la próxima legislatura. En este sentido, el desarrollo del Plan y la Estrategia para la Transición Justa quedarán pendientes para la próxima legislatura. Así, el Gobierno recrimina que «no le dejan hacer, quienes han rechazado los Presupuestos», la Estrategia contra la pobreza energética.

Para la coordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, el balance no es negativo porque por primera vez un presidente, Pedro Sánchez, se ha declarado «ecologista» y ha creado un Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, se queda «en el tintero» la «necesaria» Ley de Cambio Climático, aunque aún puede aprobar el Real Decreto sobre la tramitación de la conexión para facilitar el autoconsumo eléctrico. En todo caso, Ruibal tiene la esperanza de que «gobierne quien gobierne, dada la urgencia de la crisis ambiental, estas cuestiones no dependan de quien ocupe la Presidencia», por la gravedad de situación.

Por su parte, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, lamenta que haya sido tan «poco tiempo» para revertir dos legislaturas «tan negativas» para el medio ambiente como las anteriores del PP. A su juicio, aunque el principal esfuerzo se destinó a las cuestiones energéticas y climáticas, «a la hora de la verdad, se han podido sacar pocas cosas adelante». Si bien, Segura confía en que el Gobierno aún tiene tiempo para desbloquear la tramitación de las medidas sobre autoconsumo y espera que las propuestas de energía y clima del Ejecutivo pongan el debate sobre la mesa. Además, valora como «muy importante» que renueve el Consejo de Seguridad Nuclear, que es algo que «debía haber hecho desde noviembre».

En la misma línea, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez celebra que el Gobierno haya priorizado el paquete de cambio climático, porque es «muy importante para el futuro», y ha destacado el acuerdo de la minería del carbón. Sin embargo, también lamenta que pueda «quedar en el limbo» cuestiones como la regulación del autoconsumo. Rodríguez celebra que se haya eliminado el impuesto al sol y la posición ambiciosa en Europa en la directiva europea de renovables, que sitúa a España en el «alto rango» en una normativa europea que irá más allá de la sensibilidad del Gobierno «de turno». En todo caso, Rodríguez considera que debe ser prioridad de «cualquier Gobierno» cambiar el modelo energético español en su globalidad.

Por su parte, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, lamenta que no se haya avanzado «como hubiera sido deseable» pero celebra que «por primera vez» España haya tenido un gobierno «ecologista y europeista» y desea que esa sea la línea futura. A su juicio, el medio ambiente puede, en el actual contexto político y social, ser «el pegamento que una a los ciudadanos» porque «nadie» puede estar en desacuerdo de garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos. «En el siglo XXI todos los partidos que no defiendan el medio ambiente no son democráticos. Ahora mismo, defender el medio ambiente es la máxima expresión de la democracia», ha reclamado.

Desde WWF, su secretario general, Juan Carlos Del Olmo, ha subrayado que el Gobierno deja resueltas «muchas patatas calientes» que el Gobierno anterior no pudo resolver» pero admite que algunos sectores han rebajado el nivel de ambición. Entre los hitos en este «muy poco tiempo» considera que la propia creación de un Ministerio para la Transición Ecológica ha sido una decisión política «muy importante», así como la creación del alto comisionado para la agenda 2030.

De este modo, lamenta que el Gobierno termine ahora que «la maquinaria empezaba a funcionar» y sacaba todas las medidas de energía y clima. También ha valorado el acuerdo del carbón, alcanzado con el acuerdo de sindicatos y empresas, y que servirá para que la población acepte «por fin» que el carbón tiene fecha de caducidad. En estos poco más de 8 meses, valora que se han sentado las bases para descarbonizar la economía haciendo un «esfuerzo titánico». En su opinión, estos meses se han logrado «hitos pequeños pero importantes» y abrir debates fundamentales, como el decreto del autoconsumo, la pobreza energética, el carbón o el diésel, entre otras cuestiones.

El Gobierno destina 60 millones a la movilidad sostenible y da 5.000 euros para comprar un coche eléctrico

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Europa Press.- El Gobierno ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, dos planes, con un importe conjunto de 60 millones de euros, que se destinarán a favorecer la movilidad sostenible, mediante el incentivo a la compra de vehículos alternativos y de infraestructuras y también a apoyar proyectos singulares en ciudades patrimonio de la Humanidad o islas.

La primera línea, denominada Programa de Incentivos de Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves), cuenta con una dotación presupuestaria de 45 millones de euros que irá a parar a ayudas a la compra de vehículos alternativos, así como a la instalación de infraestructuras de recarga de modelos eléctricos. Estos 45 millones de euros también servirán para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y para la puesta en marcha de medidas recogidas en planes de transporte a los centros de trabajo.

Esta partida fue consignada al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, presentados por el PP, y cuyos fondos no se habían activado. Los Presupuestos de 2018, que se encuentran prorrogados, contemplaban que el IDAE gestionaría 50 millones de euros para financiar ayudas orientadas a financiar las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, así como 16,6 millones de euros adicionales para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible gestionadas por el Ministerio de Industria,, que tampoco han sido aplicados.

Al mismo tiempo, se aprobó una línea adicional, con un importe de 15 millones de euros, que se orientará a proyectos singulares de movilidad sostenible en ciudades Patrimonio de la Humanidad, así como en municipios con un alto índice de contaminación o ubicados en islas o a iniciativas de innovación en electromovilidad. Esta línea con 15 millones de euros proviene de una partida finalista, de 10 millones de euros asignada al IDAE en los Presupuestos de 2017 y que no fue ejecutada en su momento, y una segunda dotación de 5 millones de euros prevista en los Presupuestos de 2018.

A través del plan de ayudas aprobado por el Gobierno se subvencionará con 5.000 euros la adquisición de turismos eléctricos, mientras que los importes de los incentivos oscilarán entre los 700 y los 15.000 euros en función del tipo de vehículo y de sistema de propulsión. Además, se exige a las marcas automovilísticas o a los puntos de venta que realicen un descuento mínimo adicional de 1.000 euros a los clientes, excepto para las compras de cuadriciclos y motocicletas, mientras que las ayudas a los vehículos de gas se reservan para camiones y furgones, «dado que las alternativas eléctricas no cuentan con el suficiente desarrollo».

Por otro lado, la puesta en marcha de puntos de recarga para vehículos y bicicletas eléctricas contarán con ayudas de entre un 30% o un 40% subvencionable, dependiendo del beneficiario, con un límite máximo de 100.000 euros. Además, la implantación de los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas puede suponer entre el 5% y el 20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo puede contar con hasta un 10%. Estas subvenciones podrán cofinanciarse con fondos Feder, pero no son compatibles con otras subvenciones que tengan la misma finalidad.

Naturgy inaugura en Plasencia el primer parque eólico de Extremadura, que ahorrará 120.000 toneladas de emisiones

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Europa Press.- La localidad cacereña de Plasencia ha inaugurado el primer parque eólico de Extremadura, que contribuirá a reducir en torno a 120.000 toneladas al año de emisiones efecto invernadero. Se trata del parque eólico El Merengue, que está compuesto por 15 aerogeneradores, y en el que Naturgy ha invertido 40 millones de euros y ha creado 250 empleos durante su construcción. Una vez que ha echado a andar, la planta producirá 155 GWh al año, lo que equivale al consumo eléctrico anual de 44.000 viviendas.

El director general de Gas y Electricidad de Naturgy, Manuel Fernández, ha destacado que esta infraestructura «permitirá desplazar el uso de otras fuentes de generación eléctrica convencional», contribuyendo a reducir en torno a 120.000 toneladas al año las emisiones contaminantes y de efecto invernadero, y en 3 millones de toneladas las emisiones de CO2 durante toda su vida útil. Un proyecto que, según Manuel Fernández, demuestra el «compromiso» de la compañía por Extremadura, así como su «fuerte apuesta» por el incremento en generación renovable, contemplado en el Plan Estratégico 2018-2022″.

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que la región extremeña será la «punta de lanza» de las energías renovables en España durante el siglo XXI, ya que según ha indicado, en la región hay prevista en los próximos 5 años la instalación de 5.000 MW de renovables, que supondrá una inversión privada que rondará los 4.000 millones de euros. «Una inversión que contribuirá no solo a generar empleo y riqueza, sino a subir el Producto Interior Bruto en nuestra región, que convergerá de manera más rápida con el del resto de España», aseveró el presidente extremeño.

Todo ello posibilitará que «Extremadura sea una parte importante de las decisiones que se tomen para el mantenimiento del planeta», ha señalado Vara, quien ha reafirmado que la comunidad «va a aportar las energías renovables para el cumplimiento del Reino de España con la Unión Europea y con los compromisos internacionales en esta materia». Por ello, ha insistido en que las administraciones tienen la «obligación de facilitar la inversión honesta» de tantos empresarios que quieren invertir en la región y contribuir al desarrollo del presente y, sobre todo, del futuro.

Reducir los plazos y trámites

En este punto, ha recordado que desde el inicio de la legislatura el Gobierno que preside ha puesto en marcha procedimientos legislativos y organizativos diferentes para dar el salto hacia el impulso futuro de Extremadura que, según ha indicado, «tiene que venir de la mano de lo que es el futuro del mundo que son las energías renovables.» Así, Fernández Vara ha abogado por que las instituciones autonómicas sean capaces de ganar la batalla del tiempo en la obtención de los permisos para la instalación de empresas con el objetivo de que Extremadura «sea el lugar de España donde más fácil sea instalar una empresa».

Para ello ha animado a las administraciones públicas a «trabajar de manera conjunta y consensuada», por encima de intereses partidarios, para facilitar el trabajo y el desarrollo de cada una de las empresas que quieran venir a invertir a Extremadura. Guillermo Fernández Vara concluyó asegurando que es «un día histórico» para Extremadura y para Plasencia, y que será recordado como el día que se puso en marcha el primer parque eólico «que sirvió de punta de lanza para el futuro».

Por su parte, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha explicado que la tramitación del parque eólico «ha sido un trabajo de mucho tiempo que ha exigido una gran coordinación entre la Junta y el Ayuntamiento» de la localidad ya que, al ser el primer parque extremeño, los procesos eran nuevos para las dos administraciones«. Pizarro ha aseverado que «es un día de agradecimientos y de esperanza de continuar trabajando juntos por las energías renovables».

El parque eólico Merengue tiene una potencia de 40 megavatios (MW), según Naturgy. El parque eólico cuenta con un total de 15 aerogeneradores, todos ellos de Siemens Gamesa del modelo SG 2.6-126, con una potencia unitaria de 2,625 MW y un diámetro de rotor de 126 metros. Además del parque eólico Merengue, la compañía está desarrollando en la actualidad otros proyectos en Extremadura, como la planta fotovoltaica Las Jaras, ubicada entre La Albuera y Badajoz con una potencia de 50 MW, o la planta fotovoltaica Miraflores, en el término municipal de Castuera, que tendrá una potencia instalada de 20 MW.

BP prevé que las renovables sean la mayor fuente de energía eléctrica de todo el mundo en 20 años

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Europa Press.- BP pronostica que las energías renovables se convertirán en el año 2040, bajo un escenario base, en la mayor fuente de generación eléctrica en todo el mundo, lo que supondrá la penetración más rápida de la historia de cualquier otro combustible. El informe anual de perspectivas de BP apunta a un doble desafío: la necesidad de producir más energía para respaldar el crecimiento mundial a la vez que existe la necesidad de impulsar una transición ecológica con menos emisiones de carbono.

No obstante, pese al crecimiento que se espera respecto de las energías limpias, el escenario base también prevé que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) sigan aumentando, lo que expone la necesidad de ejecutar un conjunto de acciones políticas «integrales» para lograr una reducción de las mismas. El rápido crecimiento de las economías en desarrollo, en especial China, India y el conjunto de Asia, supondrá que la demanda mundial de energía crezca un tercio más, de la cual un 75% procederá del sector industrial y la edificación, mientras que la aportación del transporte se reducirá «considerablemente» debido a la mayor eficiencia en los vehículos.

Transición rápida para cumplir París

Entre el resto de escenarios, destaca el que prevé una transición más rápida, en la que se incorporan todas las medidas políticas necesarias para reducir las emisiones en los sectores de la industria, la edificación, el transporte y la electricidad. Al hacerlo, se produciría una disminución de alrededor del 45% de las emisiones de carbono para el año 2040, algo que estaría en línea con los estudios que actualmente estiman alcanzar los compromisos adquiridos en el Acuerdo climático de París.

Las medidas para hacer esto posible pasan por la descarbonización casi completa del sector eléctrico, que requiere un mayor uso de las renovables y del gas natural, junto con una mayor electrificación de las actividades de consumo final, incluido el transporte. Para el resto de consumos, serían «cruciales» otras energías bajas en carbono, que incluirían el hidrógeno o la bioenergía.

El precio de la gasolina y del gasóleo acumula su quinta subida consecutiva

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Europa Press.- El precio de la gasolina y del gasóleo ha encadenado su quinta semana consecutiva de subidas y se ha situado en niveles máximos desde principios del pasado mes de diciembre. En concreto, el precio medio del litro de gasolina ha subido un 0,32%, situándose en los 1,23 euros. Por su parte, el litro de gasóleo ha subido un 0,5% y se ha situado en los 1,19 euros, su nivel más alto desde la primera semana de diciembre.

De esta manera, ambos carburantes confirman el fin de la tendencia bajista en sus precios que había llevado a un abaratamiento del 13%, en el caso de la gasolina, y de más del 12% para el gasóleo, desde los máximos que alcanzaron en octubre. Con los actuales precios, el llenado de un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta unos 67,65 euros, unos 25 céntimos más, mientras que con el gasóleo asciende a 65,45 euros, unos 33 céntimos más.

La caída en los precios de los carburantes en los últimos meses venía de la mano de un descenso en el precio de la cotización del petróleo, que en estas últimas semanas ha vuelto a repuntar. El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cotiza en los 64,7 dólares, casi 2 dólares más caro, mientras que el Texas americano se intercambia a unos 53,9 dólares, casi un dólar más.

La gasolina es más barata en España que en la media de la Unión Europea y la zona euro, donde el precio medio de venta al público del litro de combustible Euro-Súper 95 se sitúa en 1,339 euros y 1,314 euros, respectivamente, mientras que el litro de gasóleo cuesta de media 1,376 euros en la Unión Europea y 1,312 euros en la eurozona. El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, sigue contando con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.

El Gobierno aprueba la DIA del proyecto de investigación de hidrocarburos que conllevará pruebas sísmicas en Murcia

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica ha emitido una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable al proyecto Leo, que prevé prospecciones sísmicas 2D en el marco del permiso para investigar hidrocarburos en Murcia. La DIA concluye que no se esperan efectos adversos «significativos» para el medio ambiente relacionados con practicar pruebas sísmicas en Murcia, una zona con actividad sísmica donde en 2011 tuvo lugar un terremoto de magnitud 5,1 en Lorca que provocó la muerte a 9 personas y dejó cuantiosos daños materiales.

La Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental considera que no es necesario someter el proyecto a evaluación ambiental ordinaria porque no se esperan efectos adversos significativos si se cumplen ciertas condiciones. Cerca del lugar donde se realizarán las pruebas sísmicas, a 500 metros, se sitúan la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán; la ZEC Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla y la ZEPA Sierra de la Pila.

La DIA contempla medidas preventivas y correctoras para minimizar los impactos como la retirada de residuos que puedan quedar en el medio natural tras los trabajos, camiones vibradores y retirada de geófonos. También se contempla la restauración de los suelos que hayan sido compactados por el tránsito de los vibrocamiones y por la presión de la placa vibradora que portan para generar las ondas sísmicas.

En cuanto a los acuíferos, no se prevén potenciales afecciones porque no se emite ninguna sustancia química y para paliar la posible afección de hábitats de interés se colocarán puntos de emisión de las ondas sísmicas y se pondrán geófonos en las zonas sin representaciones importantes de los hábitats o, en su caso, en las zonas más degradadas, y siempre se evitarán los hábitats prioritarios.

De cara a la avifauna, la Subdirección General del Medio Natural no prevé que puedan producirse impactos de «entidad importante» siempre que las actividades no se acometan en épocas críticas y señala que el promotor del proyecto se compromete a realizar los trabajos entre septiembre y enero, una época que no supondrá un «incremento apreciable de presión sobre la fauna«. El proyecto Leo abarca poco más de 30.000 hectáreas en Cieza, Calasparra y Jumilla, en Murcia y en Hellín (Albacete).

En esta zona se acometerá sísmica de reflexión 2D, que consiste en generar vibraciones en el subsuelo a intervalos regulares y a lo largo de una línea más o menos recta mediante el empleo de uno o dos camiones. Las ondas sísmicas generadas son captadas por geófonos que se entierran superficialmente y que trasmiten los datos a un registrador instalado en otro vehículo. Los vibrocamiones realizarán registros durante 2 o 3 semanas de entre 1 y 5 minutos de duración.

Por su parte, Ecologistas en Acción presentó alegaciones al proyecto que, a su juicio, debería evaluarse de forma conjunta la suma de impacto de las actividades previstas en el Proyecto Leo junto a los proyectos Aries II, Escorpio y Acuario, en vez de manera fragmentada, ya que estos 4 proyectos están próximos a varios espacios de la Red Natura 2000.

La ONG advierte de que los sondeos exploratorios que se realizarían después de la campaña sísmica requieren perforaciones del terreno y denuncia que esto podría afectar a las aguas subterráneas y superficiales. Es más, añade que es de especial relevancia que el proyecto Leo se asienta sobre un acuífero, el sinclinal de Calasparra, conectado con el río Segura, de modo que alerta de que existe un riesgo de contaminación de las aguas de este cauce.

Asimismo, insiste en que la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking supondría «graves riesgos» para el medio ambiente, la salud y la economía de las poblaciones de la cuenca del Segura. Asimismo, recuerda el potencial riesgo sísmico que conlleva la técnica de la fracturación hidráulica «especialmente en un territorio donde la actividad símica es frecuente de por sí», con terremotos de magnitudes comprendidas entre 3,5 y 5,2. Por ello, pide la denegación «rotunda» del permiso del proyecto Leo así como del resto de proyectos de fracking en la comarca.