Sánchez certifica el 2040 como fecha límite para la venta de coches que emitan CO2 mientras Ribera reivindica su trabajo

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Europa Press.- Mientras la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pide mantener el debate sobre su propuesta para la transición ecológica tras las elecciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático recogerá 2040 como fecha límite para permitir la matriculación y venta de coches que utilicen combustibles que emitan CO2 (diésel y gasolina e híbridos), ya que el objetivo será llegar a 2050 con un parque de turismo y vehículos comerciales ligeros descarbonizado.

En la presentación del paquete de medidas de energía y clima, con el que el Ejecutivo quiere sentar las bases para la modernización de la economía española y posicionar España «como líder en las energías y tecnologías limpias» que dominarán la próxima década, Sánchez afirmó que no se está «proponiendo nada caprichoso, sino necesario». El presidente del Gobierno aseguró que este objetivo de un parque de vehículos sin emisiones constituye «una enorme oportunidad» para la industria automovilística, que debe «liderar este cambio». «Es una industria importantísima para nuestro país», subrayó.

Así, afirmó que es necesario «adoptar un marco claro» para que sea la industria del automóvil en España, «la que está ubicada en nuestro país y nuestros trabajadores, la que se beneficie de esta ola de cambio». Desde que se conoció el borrador de anteproyecto de la Ley, en el que venía ya recogida esa fecha límite de 2040, tanto el sector del automóvil como las petroleras han rechazado esa prohibición al considerarla «excesiva» y que «socavaba los principios de libertad y progreso». Asimismo, el sector petrolero demanda que se respete la neutralidad tecnológica para abordar la transición energética, ya que el vehículo eléctrico no es una «solución única» para alcanzar los objetivos de descarbonización.

La ministra reivindica su propuesta

Por su parte, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, ha cuestionado la tardanza del Ejecutivo en presentar una norma de Cambio Climático que había prometido para antes del pasado mes de agosto. En su intervención, López de Uralde se ha cuestionado el por qué el Gobierno presenta este marco ahora, ya en campaña electoral, cuando «ha tenido 8 meses» para trabajar en el texto. El diputado preguntó, entonces, por posibles «presiones» de algunos sectores que hayan frenado que se aprobara esta nueva norma.

«No hay pactos ocultos, no hay manos negras», aseguró la ministra, quien ha indicado que su trabajo ha sido «serio» y, por tanto, ha incluido la transformación y la petición de cambios en otros departamentos como los de Energía, Agricultura o Educación, necesarios para «transformar el conjunto de la economía» del país. Según ha apuntado, este trabajo llega en la fecha «prevista» y pidió que su debate «se mantenga» para poder trabajar en el Congreso con el resto de grupos y se pueda «enriquecer». Así, ha llamado también a que este Plan del Ejecutivo socialista sea tenido en cuenta por el «siguiente Gobierno» y que éste cuente «siga con la secuencia» dejada por su Ministerio.

«El debate está lanzado la sociedad y la sociedad lo entiende. Y este paquete protagonizará el debate público que está por venir en los próximos meses», ha indicado, para señalar que este texto se llevará a la Cámara para su debate «en cuanto quede constituida a partir de las elecciones de abril». Durante su intervención, ha adelantado algunos puntos que han marcado la propuesta para la transformación ecológica y económica de España, como que se espera una creación anual de empleo de más de 200.000 personas, especialmente en sectores de la industria y la construcción, y ha asegurado que «reducirá los riesgos» de carácter ambiental.

«Es imposible pensar en cómo transformar económicamente el país si no contamos con un plan sólido y flexible para integrar las ventajas en el proceso», ha indicado, para añadir que «este es el propósito de la esta estrategia». También ha destacado que se ha contado con todos los marcos posibles, en cuanto a la implicación de las diferentes administraciones en políticas relacionadas con el cambio climático. Esta, según la ministra, también ha sido uno de los motivos que ha retrasado la presentación de esta iniciativa.

López de Uralde ha urgido un nuevo modelo energético «ambicioso» y ha reprochado a la ministra que no haya habido diálogo con los grupos sobre el calendario de cierre de centrales. En este sentido, ha acusado a la ministra de realizar un diálogo monodireccional con las eléctricas. El diputado de Equo también ha cuestionado a Ribera sobre el decreto ley del Gobierno que facilita el autoconsumo y le ha pedido que se apruebe en Consejo de Ministros. «Honestidad y claridad», exigió a la ministra, antes de recordar que tienen la «obligación» de dejar un planeta mejor a las nuevas generaciones.

La CNMC multa a Endesa Energía con 260.000 euros por irregularidades en la formalización de contratos de luz y gas

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Europa Press.– La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a Endesa Energía con 260.000 euros por irregularidades en la formalización de contratos de luz y gas natural, según indicó el organismo que preside José María Marín Quemada.

Concretamente, Competencia ha sancionado a la compañía con 170.000 euros por 17 infracciones leves (14 de ellas contrarias a la Ley del Sector Eléctrico y 3 a la Ley del Sector de Hidrocarburos), a los que se suma otra multa de 90.000 euros por haber cambiado de compañía a un particular sin su consentimiento. Durante la investigación llevada a cabo por la CNMC, el organismo ha detectado que Endesa Energía incumplió su obligación de contar en todo momento con la documentación que acredita la voluntad del cliente de cambiarse de suministrador para 14 contratos de suministro eléctrico. Igualmente, detectó esta práctica en otros 3 contratos de suministro de gas natural, de los que tampoco disponía de la documentación exigida legalmente.

Cambio de compañía sin consentimiento

En consecuencia, la CNMC considera que la compañía cometió un total de 17 infracciones leves por incumplir sus obligaciones en relación con la formalización de los contratos de suministro de energía eléctrica y de gas natural. Por otra parte, la CNMC recibió la denuncia de un consumidor, a través de la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias, que reclamaba que Endesa Energía le había cambiado de comercializador de electricidad sin su consentimiento en 3 propiedades que previamente fueron de un familiar fallecido. En consecuencia, la compañía ha sido multada con 90.000 euros por haber cometido 3 infracciones leves, según la Ley del Sector Eléctrico.

Competencia recuerda que recientemente también ha sancionado a Endesa Energía con 30.000 euros por incumplir los requisitos de contratación con los clientes, y anteriormente, con otros 120.000 euros por dar de alta a clientes sin contar con su consentimiento. Meses antes, Endesa también fue sancionada con 30.000 euros por una práctica similar. La CNMC insiste en que las comercializadoras de electricidad y gas natural deben cumplir los requisitos fijados por la Ley cuando formalizan sus contratos y muy especialmente cuando se trata de consumidores vulnerables. Asimismo, recuerda que están prohibidas las ventas en el domicilio, salvo que exista petición expresa por parte de los consumidores y sea por iniciativa suya.

Petronor defiende la descarbonización y avanzar hacia la movilidad sostenible desde la neutralidad tecnológica que evite un debilitamiento industrial

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Europa Press.- El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, ha afirmado que el objetivo para avanzar en una movilidad sostenible desde ser reducir la huella de carbono y ha defendido una descarbonización desde la «neutralidad tecnológica» y que evite «un debilitamiento industrial». En este sentido el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, ha afirmado que es «imprescindible afrontar el desafío de la sostenibilidad».

En esta tarea, ha indicado que el objetivo es reducir la huella del carbono, una tarea que debe conciliarse con el crecimiento socioeconómico, lo que obliga a los europeos a definir estrategias. En este sentido, rechazó propuestas «retóricas y simplistas» que están «demasiado distanciadas de las necesidades reales de la competitividad industrial europea y del reforzamiento de nuestro modelo socioeconómico«.

A su juicio, lograr la reducción de la huella de carbono «obliga a tener una sólida gobernanza europea, protagonismo ecológico, fortaleza industrial», ya que, de lo contrario, corre «un grave riesgo el bienestar socioeconómico». «No podemos despistarnos con estrategias que debiliten la fortaleza industrial europea y no contemplen la huella de carbono global, es necesario reforzar nuestras posiciones porque es la única manera de proseguir en el camino a la descarbonización, sin debilitarnos industrialmente», ha apuntado. Asimismo, ha defendido afrontar con «rigor» una descarbonización basada en la «neutralidad tecnológica» e indicó que no hay transición «sin fortaleza tecnológica e industrial».

Por su parte, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha destacado que, tras la crisis vivida, hay muchos retos por delante y uno de ellos es el de la sostenibilidad. Aburto ha afirmado que el crecimiento económico sostenible, «o llega a todas las personas o no es crecimiento». El alcalde de Bilbao ha destacado que la lucha contra el cambio climático debe ser un «compromiso de todos y de las ciudades» y ha indicado que Bilbao tiene una «saludable situación en materia de sostenibilidad». «No es autocomplacencia sino mirar el futuro con optimismo», añadió.

“Sin fronteras al cambio climático”

En su discurso, ha defendido la importancia de mejorar las tecnologías para avanzar hacia las «cero emisiones» y ha señalado que habrá que seguir «generando normativa e incentivos, unos positivos y otros negativos», para «mejorar la sostenibilidad». Aburto, tras señalar que es preciso «repensar la movilidad urbana», ha aconsejado una visión amplia en este tema y una apuesta por la colaboración. «No se puede poner fronteras al cambio climático», sentenció.

De su lado, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha afirmado que el «planeta tiene que cambiar» y señaló que los valores y las necesidades están «cambiando» la forma en la que se enfoca la acción política o administrativa. Caballero ha indicado que hay que «empezar a ver este planeta en rasgos distintos» y recordó que, a principios del milenio, se afrontó «el drama y riesgo» del cambio climático, pero «la crisis nos frenó» y se volvió a «los viejos sistemas y métodos».

«Somos herederos de una cultura del transporte, de una forma de hacer industria y es nuestra función cambiarla para dejarla con rasgos distintos a las generaciones futuras», ha añadido. A su juicio, es un «valor planetario y transversal» que «no debe entender de ideologías o posiciones partidistas». Por último, tras subrayar que la electricidad «ocupará un lugar central» en la movilidad, ha manifestado que las ciudades son «claves» en la movilidad y la primera tarea es «cambiar el propio diseño de las ciudades» para después trabajar desde la «cooperación total» y con la movilización social.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), Imanol Landa, ha afirmado que hay que «exprimir todo el potencial» de la sostenibilidad y cree que las ciudades deben tomar la iniciativa para «situar la sostenibilidad en la agenda urbana» porque es una «herramienta» para el «desarrollo sostenible» y un «elemento clave para el bienestar«. El presidente de Eudel ha afirmado que la sociedad vasca tiene una «fuerte conciencia medioambiental» y los municipios de Euskadi han hecho de «la sostenibilidad su marca y sello de identidad». Según indicó, tienen «un papel importante» y deben asumir su «parte de liderazgo como gobiernos locales».

La Eurocámara pide elevar al 55% el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030

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Europa Press.- La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha abogado por elevar al 55% el objetivo de reducción de emisiones efecto invernadero para 2030 en comparación con los niveles registrados en 1990, frente a la meta del 40% que tiene la Unión Europea en la actualidad.

En una resolución no legislativa, aprobada con 49 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones, los eurodiputados han advertido que es necesario aumentar la ambición actual para poder conseguir en 2050 una economía europea sin emisiones efecto invernadero. En este contexto, la comisión europarlamentaria ha pedido a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que apoyen este incremento del nivel de ambición durante la cumbre que mantendrán en Sibiu (Rumanía) el 9 de mayo.

Los eurodiputados han subrayado que el PIB de la Unión Europea crecería a un mayor ritmo con escenarios más ambiciosos de reducción de emisiones de gases invernadero, aunque de manera desigual entre los distintos Estados miembros. Además, han destacado que una transición «justa» hacia un escenario de emisiones netas nulas podría suponer la creación de puestos de trabajo siempre que se gestione «de forma adecuada» y apoyando a las regiones, sectores y ciudadanos que se viesen más afectados. En este sentido, los eurodiputados han pedido tanto a las capitales como a la propia Unión Europea que tengan en cuenta el impacto social que pueden tener las políticas climáticas que desarrollen.

Por otro lado, la comisión de Medio Ambiente ha enfatizado que la estrategia de la Unión Europea hasta 2050 debe dar prioridad a la reducción directa de emisiones y «fortalecer» las reservas y los sumideros naturales de carbono, como los bosques. Por último, ha instado a la Comisión Europea a desarrollar una estrategia industrial con políticas que permitan al sector europeo competir con sus rivales globales en igualdad de condiciones, así como a activar medidas compatibles con las normas de la OMC que eviten el riesgo de fuga de carbono.

97 millones para eficiencia energética

Por su parte, la Comisión Europea ha anunciado que invertirá 97 millones de euros en el desarrollo de proyectos que persigan mejorar la eficiencia energética de edificios tanto públicos como privados, una iniciativa que se enmarca dentro de los esfuerzo del bloque comunitario para reducir un 32,5% el consumo de energía en 2030. El presupuesto se destinará, en concreto, a la Facilidad ELENA (European Local Energy Assistance), que está gestionada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), organismo que aportará asistencia y actuará como «punto de contacto» en el proyecto.

Así, los servicios de desarrollo de proyectos se dirigirán a asociaciones de hogares y propietarios que pretendan «aumentar el confort y reducir las facturas energéticas», según el BEI. Estas ayudas, además, estarán disponibles para entidades que quieran desarrollar productos financieros o préstamos dedicados a la mejora de la eficiencia energética. «Acelerar las inversiones en eficiencia energética en edificios residenciales para reducir las emisiones de carbono y atajar mejor el cambio climático es crucial», advierte el vicepresidente del BEI responsable de Energía, Andrew McDowell. Los edificios residenciales europeos suponen el 40% de la demanda energética de la Unión Europea, que tiene el objetivo de reducir su consumo un 32,5% para 2030.

La Eurocámara resolverá en breve sus decisiones sobre el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, El Cabril y Doñana

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Europa Press.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha acordado archivar la queja por presuntas irregularidades en el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña que defiende el alcalde de Zamanzas (Burgos), Juan José Asensio, si bien la decisión será revisada el 20 de marzo y podría ser revocada por falta de quórum durante esta sesión.

Asensio ha expuesto la necesidad de que la Eurocámara presione a España pidiendo más información sobre el cierre de la central y ha criticado el periodo de «incertidumbre, desinformación, cambios de gobierno y retraso en los plazos» que estaban marcando el proceso. Tras escuchar al peticionario, un representante de la Comisión Europea advirtió de que con la información de que dispone no ve necesario tomar medidas en relación al cumplimiento de la directiva sobre seguridad nuclear o a la aplicación del Tratado de Euratom. Además, el funcionario comunitario ha subrayado que es la autoridad reguladora española la competente para garantizar que la seguridad de la planta cumple los requisitos europeos.

Interés en Garoña: 6 eurodiputados

Con todo, los eurodiputados han concluido que se enviará una carta a las autoridades españolas para pedir más información sobre el desmantelamiento de Garoña, pero que cerrarán la queja, por lo que no habría seguimiento. Esta decisión se ha tomado por 3 votos a favor y 3 en contra, solo había 6 diputados en la sala, por lo que no se ha formado el quórum de 12 eurodiputados que exigen las reglas del Parlamento. Por ello, Los Verdes han anunciado que pedirán la revisión de esta decisión en la próxima reunión de coordinadores del grupo, el 20 de marzo, opción que ha aceptado la presidencia de la comisión europarlamentaria tras tomar nota de las quejas expresadas por IU y EQUO.

Marina Albiol (IU), Florent Marcellesi (EQUO) y Xabier Benito (Podemos) son los tres eurodiputados que han pedido mantener abierto el caso. En sus intervenciones han denunciado «falta de información» e «irregularidades constantes» en el caso de la central burgalesa, al tiempo que han criticado a las autoridades por «anteponer» los intereses de las empresas energéticas al bienestar de la ciudadanía y el medio ambiente. En contra han votado dos eurodiputados del PP, Rosa Estaràs y Francisco José Millán Mon, y el eurodiputado eslovaco Pál Csáky, cuyo voto contabilizaba doble por ejercer en esta sesión de presidente de la comisión de Peticiones. Ningún eurodiputado del PSOE ha participado en la sesión.

Cementerio nuclear de El Cabril

Por otro lado, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decido recabar más información de parte de las autoridades españolas sobre su gestión del cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba), por lo que mantendrá abiertas las quejas ciudadanas presentadas, que denuncia las prácticas para el almacenamiento y traslado de residuos nucleares en un entorno protegido por la Red Natura 2000. Los eurodiputados Albiol y Marcellesi han criticado la «opacidad» de las autoridades en este caso, llegando a pedir el eurodiputado ecologista que Bruselas sopese crear una misión más amplia para examinar la gestión nuclear en el conjunto de España.

La Comisión Europea, por su parte, ha aseverado que entiende la «preocupación» que genera este sector en la ciudadanía, al tiempo que ha explicado las obligaciones de los Estados miembros en materia de seguridad nuclear. En 2018, las autoridades españoles ya ofrecieron información sobre el tipo de residuos que se gestionan en la instalación cordobesa y sobre la seguridad a futuro, ha dicho la funcionaria.

Día 21, turno para Doñana

Asimismo, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo votará el próximo 21 de marzo su informe sobre posibles irregularidades medioambientales en el Parque Natural de Doñana, un texto que reclama una nueva evaluación del impacto ambiental conjunto de los 4 proyectos gasísticos. El documento ha sido presentado formalmente en sesión parlamentaria, durante un breve debate que ha servido para recordar las principales conclusiones de la misión que viajó a Doñana en septiembre y adelantar las posiciones de los grupos. Esto permitirá someter al voto de la comisión europarlamentaria el texto definitivo en una sesión a solo un mes de que se disuelva la Eurocámara para las elecciones europeas de mayo, según han indicado fuentes parlamentarias.

El presidente de la delegación que viajó a Doñana, Pál Csáky, destacó los «pasos positivos» que a su juicio están danto tanto la Comisión Europea como las autoridades nacionales y locales a raíz del viaje de los eurodiputados. Entre los principales problemas que señala el informe, ha recordado Csáky, destaca la necesidad de someter a una evaluación de impacto medioambiental conjunta los proyectos gasísticos y no fragmentados como se ha hecho en el pasado. Sobre este asunto, el documento reclama el examen «combinado» de los 4 proyectos de gas (Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar) que incluya, además, una evaluación sísmica y un análisis de los efectos acumulativos y de la sinergia del proyecto.

En lo que a los proyectos de extracción y almacenamiento de gas, sin embargo, el Ejecutivo comunitario mantiene que «no ha identificado ninguna infracción a la legislación europea» por parte de España, aunque ha pedido a las autoridades nacionales que informen de «cualquier nuevo acontecimiento que pueda tener incidencia» en los proyectos referidos. Así las cosas, los eurodiputados Marina Albiol (IU) y Florent Marcellesi (EQUO) coincidieron en señalar como positivo que se presente un informe de estas características, pero han pedido más «ambición» en sus conclusiones, por lo que han apuntado enmiendas que respalden a la Comisión Europea en su recurso contra España y también que doten de mayor contundencia la exigencia de medidas correctivas.

La eurodiputada socialista Soledad Cabezón, por su parte, ha asegurado que existe «preocupación» por parte de las autoridades por Doñana, pero ha pedido «contextualizar» las amenazas que hay sobre el parque con factores externos como el impacto del cambio climático y que también se valore la necesidad de «equilibrio» entre la protección medioambiental y la estabilidad socioeconómica de la zona.

Javier Dies, consejero del CSN, defiende que su nombramiento por iniciativa del PP se realizó de acuerdo a la legislación

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Europa Press.- El consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Javier Dies, ha defendido tanto el proceso en que transcurrió su nombramiento así como su capacidad para el cargo en el regulador nuclear después de que el diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, dudase de la legalidad de ese procedimiento y denunciara que no hay base jurídica para retrasar la renovación del CSN, según solicita el PP, al que acusa de buscar retrasar los nombramientos.

La polémica surge después de que el Congreso haya recibido la propuesta del Gobierno de nombrar como consejeros a Elvira Romera y Pilar Lucio a propuesta del PSOE, Josep Mª Serena, a propuesta del PdeCat, y a Francisco Castejón, en representación de Unidos Podemos. Al disolverse la Cámara el 5 de marzo, no hay opción a que la Comisión para la Transición Ecológica elabore un escrito razonado pronunciándose sobre los nombramientos. En este contexto, Uralde comparó esta situación con el proceso de nombramiento de Javier Dies, quien no logró el respaldo de tres quintos exigidos.

Tras las críticas y comparaciones, el consejero «puntualiza» que su propuesta como candidato se aprobó el 11 de septiembre de 2015 y que se comunicó al Congreso de los Diputados 3 días después. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de creación del CSN, el Gobierno nombrará a la persona propuesta para el cargo después de su comparecencia en Comisión en el Congreso tras el acuerdo de tres quintos de sus miembros, que manifestarán su aceptación o veto razonado en el plazo de un mes desde que se reciba la comunicación del Gobierno.

Si pasado un mes el Congreso no se ha manifestado de forma expresa, entonces se entenderá que los nombramientos son aceptados. Díes recuerda que tanto su comparecencia como la votación en la Comisión parlamentaria se realizó el 29 de septiembre por 23 votos a favor, 4 en contra y 12 abstenciones. Finalmente, su nombramiento fue aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de octubre posterior. Dies defiende así que el tiempo que transcurrió desde la comunicación al Congreso hasta su nombramiento fue de «un mes natural más dos días» de acuerdo con la ley.

El consejero sustituyó a Antonio Gurguí, quien había sido propuesto por el extinto CiU y que finalizó su responsabilidad 7 meses después de que venciera su nombramiento. Con su nombramiento, el consejo del regulador nuclear, que cuenta con 5 consejeros, pasó a estar compuesto por 3 consejeros (incluido el presidente) propuestos por el PP, Fernando Marti, Fernando Castellón y el propio Dies, y otros dos propuestos por el PSOE, entonces Cristina Narbona y Rosario Velasco.

El consejero Javier Dies es doctor Ingeniero Industrial y Catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Cataluña, desde donde ha coordinado el grupo de investigación de ingeniería nuclear, ha sido vicepresidente de la European Nuclear Education Network (ENEN) desde el año 2013 al 2016 y ha colaborado en 13 misiones de la Organización Internacional de Energía Atómica. Entre 2004 y 2005 fue secretario de la Cátedra Argos de Seguridad Nuclear auspiciada por el Consejo de Seguridad Nuclear, y subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona de 1995 a 2002.

Protermosolar afirma que en 2030 las renovables podrían aportar el 84% de la generación eléctrica

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Europa Press.- Protermosolar asegura que en 2030, según el mix propuesto por la patronal de la industria solar termoeléctrica, la contribución de las energías renovables a la generación eléctrica podría alcanzar el 84% a un coste por debajo de 50 euros por megavatio/hora, según su estudio Transición del Sector Eléctrico: Horizonte 2030. Además, esta elevada contribución de las renovables a la generación de electricidad que plantea Protermosolar permitiría alcanzar el objetivo del 35% de consumo de energías renovables en 2030, cumpliendo con las metas propuestas por Bruselas.

El reparto equilibrado de la potencia solar entre energía fotovoltaica y termosolar es la clave del mix propuesto en el informe. Para ello, la patronal recomienda planificar con perfiles de despacho diferenciados a las tecnologías renovables, apostando por su complementariedad estacional y horaria, al tiempo que se prescinde del carbón, las nucleares y parte del parque actual de ciclos combinados.

Estas conclusiones, con datos de 2018, son coincidentes con las que había presentado Protermosolar con la serie histórica hasta 2017, a pesar de que el pasado año fue el peor año meteorológicamente hablando para la energía solar. La patronal defiende que las centrales termosolares aportan otro conjunto de ventajas adicionales para la economía, como el incremento de PIB, del empleo y de la convergencia regional, contribuyendo además a una transición energética «justa», gracias al suministro de componentes, equipos y servicios desde Asturias, País Vasco, o Cataluña al sur del país.

El mix que propone Protermosolar pretende ser una «respuesta sólida» frente al reto de la transición energética. Para la patronal, una de las líneas básicas de actuación para alcanzar dicho objetivo pasa por que la energía fotovoltaica sea la tecnología que experimente un crecimiento exponencial y que, a medida que se vayan cerrando las centrales convencionales, las termosolares tomen el relevo, acompañadas por un crecimiento más constante de la potencia eólica y de biomasa. No obstante, aunque su papel no sería esencial hasta pasados unos años, la patronal asegura que deberían establecerse subastas específicas de algunos cientos de megavatios termosolares.

La OCU alerta de que un coche con etiqueta Eco o Cero puede contaminar más que un vehículo de gasolina

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Europa Press.- Mientras la Unión Europea se fija el objetivo de reducir un 30% las emisiones contaminantes de camiones a partir de 2030, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que hay vehículos que pese a no contar con el distintivo de la Dirección General de Tráfico (DGT) Eco o Cero emisiones contaminan menos que otros con la etiqueta.

OCU denuncia que para la concesión de la etiqueta solo se tiene en cuenta la tecnología que usan los automóviles y no el impacto real de las emisiones que producen. Así, la organización considera que el actual sistema de concesión de etiquetas es «injusto» porque los nuevos motores de gasolina de vehículos de pequeña potencia contaminan «igual o menos» que muchos coches híbridos no enchufables de alta potencia. Y también porque incluso contaminan menos que los híbridos enchufables de gran cilindrada, cuando estos agotan su batería, pasados unos 40 kilómetros.

Además, destaca que ocurre lo mismo con los modelos de gas licuado de petróleo (GLP) o gas natural comprimido (GNC). «Una vez en la carretera no existe forma de comprobar si están usando estos combustibles o están funcionando con gasolina y, por tanto, su impacto es el mismo, o más elevado, en función de la cilindrada«, señala. No obstante, para OCU el sistema de etiquetas ambientales supone un «avance» puesto que, como ventaja, contribuyen a impulsar la compra de automóviles con motores «más limpios», como los eléctricos o los híbridos.

Por otro lado, la organización de defensa del consumidor pone de manifiesto que un coche eléctrico cuesta de media 2.000 euros más que un híbrido enchufable, 10.000 euros más que un híbrido no enchufable y hasta 12.500 euros más que un modelo de gasolina. «Aunque se aprobaron unas ayudas a la compra de coches eléctricos e híbridos enchufables, no siempre están disponibles, y con frecuencia se agotan rápidamente», añade. En definitiva, OCU considera que debe revisarse el sistema de concesión de etiquetas medioambientales para que puedan cumplir su objetivo, «que no es otro que clasificar a los vehículos de acuerdo con su impacto ambiental real».

Reducir emisiones de los camiones                                                                                

Por su parte, las instituciones de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para fijar un objetivo de reducción de emisiones contaminantes de nuevos camiones del 30% a partir de 2030, con una meta intermedia del 15% en 2025, en comparación con los niveles registrados en 2019. Es la primera vez que la Unión Europea se marca un objetivo de recorte de emisiones de dióxido de carbono (CO2) para este tipo de vehículos. Además, se trata de una meta vinculante, de forma que los fabricantes de camiones que la incumplan tendrán que hacer frente a una sanción financiera, señaló el Consejo de la Unión Europea.

El acuerdo también incluye un refuerzo de los incentivos para impulsar la fabricación de vehículos pesados con bajas emisiones o emisiones cero. Sin embargo, los autobuses y autocares quedan excluidos de este mecanismo porque ya existe un sistema distinto de incentivos para estos vehículos. La ministra de Medio Ambiente de Rumanía, Gratiela Leocadia Gavrilescu, que este semestre ostenta la presidencia de la Unión Europea, ha destacado que el acuerdo cierra una «brecha» en la legislación medioambiental europea y garantiza que el sector de vehículos pesados «empieza a poner de su parte» para cumplir con los objetivos climáticos del bloque comunitario.

«Los nuevos objetivos e incentivos ayudarán a atajar las emisiones y a conseguir ahorros de combustible para los operadores de transporte y un aire limpio para todos los europeos. Para la industria europea, es una oportunidad para abrazar la innovación hacia una movilidad de emisiones cero y fortalecer su liderazgo global en vehículos limpios», subrayó el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete.

Las emisiones de vehículos pesados como camiones, autobuses y autocares representan el 6% de las emisiones totales de CO2 del bloque comunitario y el 27% de las emisiones del sector del transporte. El acuerdo alcanzado por los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea todavía debe adoptarse formalmente por ambas instituciones antes de entrar en vigor.

La matriz italiana Enel relevará a Borja Prado como presidente de Endesa en la próxima junta de accionistas de abril

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Europa Press.- Borja Prado dejará la presidencia de Endesa, después de casi una década al frente de la compañía, en la próxima junta de accionistas de la compañía eléctrica, que se celebrará el próximo 12 de abril, día en el que se nombrará a un nuevo presidente.

Según indicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la italiana Enel, máximo accionista de Endesa con un 70,1% de su capital, ha informado al consejo de administración de la compañía de su intención de proponer una adaptación de la normativa interna a la limitación, por razones de buen gobierno corporativo, del período máximo en que una persona puede ejercer el cargo de presidente. Esta modificación supondría la propuesta de no reelección de Borja Prado como presidente de Endesa, tras 10 años en el cargo y 2 más anteriores como consejero, que será llevada al consejo de administración que celebrará la compañía el próximo 11 de marzo, así como la propuesta de los candidatos a consejero.

Enel ha subrayado que valora «muy positivamente la excelente trayectoria que ha seguido Borja Prado Eulate en el ejercicio de sus funciones como presidente de la compañía a lo largo de todo ese periodo». El actual consejero delegado de Endesa, José Bogas, que fue renovado en su cargo el pasado año, seguirá en su puesto. De esta manera, Enel buscará un nuevo presidente para Endesa, que todavía no ha sido decidido y no se sabe si mantendrá o no la condición de ejecutivo, que será nombrado en el consejo de administración que se celebrará en abril, el mismo día de la junta general de accionistas.

Prado, consejero de la compañía desde 2007, accedió a la presidencia de Endesa en 2009, relevando en el cargo a José Manuel Entrecanales, después de que la italiana Enel se hiciera con el 92% de la compañía tras adquirir a Acciona el 25% que poseía. A lo largo de estos años, Prado ha compartido la gestión con Rafael Miranda, consejero delegado en la época ya de Manuel Pizarro, con Andrea Brentan y con José Bogas.

Según adelanta El Confidencial, Borja Prado ha pactado con Enel su salida de Endesa con una indemnización que ascenderá a unos 13 millones de euros. En 2018, Prado percibió como presidente de Endesa 3,18 millones de euros en 2017. Además, el grupo realizó aportaciones por importe de 281.000 euros a sus planes de ahorro a largo plazo, que acumula fondos por 2,29 millones de euros.

Según consta en el informe anual sobre remuneraciones de Endesa, tanto en caso de mutuo acuerdo como de cese por voluntad de la empresa, el presidente de Endesa tendría derecho a recibir una indemnización cifrada en 2,86 veces su último salario anual, al margen de las cantidades acumuladas por pensiones y seguros, más otra de 0,95 veces la retribución anual en concepto de pacto de no competencia por dos años.

El PDeCAT pide a Ribera que prorrogue con otro decreto la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica

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Europa Press.- El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha reclamado al Gobierno que prorrogue con un nuevo decreto ley la suspensión del impuesto a la generación de electricidad, ya que esta exención se aprobó para 6 meses y este plazo termina en abril. Así, Campuzano ha señalado que, de lo contrario, será una «mala noticia para familias y empresas», ya que las compañías repercuten este coste, un 7% de la electricidad generada, en el recibo que paga el consumidor.