Bruselas investiga si el mercado de capacidad de Reino Unido cumple las normas europeas en materia de ayudas de Estado

Europa Press.- La Comisión Europea anunció la apertura de una investigación en profundidad para dilucidar si el mercado de capacidad de Reino Unido, que tiene el objetivo de garantizar seguridad en el suministro de electricidad, se ajusta a las reglas europeas en materia de ayudas de Estado.

Esta investigación se produce después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) anulase por un error de procedimiento una decisión anterior del Ejecutivo comunitario en el que autorizaba este esquema de ayudas. La Justicia europea consideró entonces que Bruselas debería haber realizado un análisis exhaustivo que reuniese información relativa a la participación de consumidores de energía que se ofrecen para reducir su consumo en momentos de desequilibrio en el suministro de electricidad. La Comisión Europea recurrió la sentencia, pero este hecho no supone la suspensión de los efectos del fallo, lo que significa que Bruselas tiene que evaluar de nuevo la compatibilidad del mercado británico de capacidad con las normas comunitarias.

Unidos a Europa hasta 2021

A esto se añade el hecho de que Londres ha comunicado al Ejecutivo comunitario que tienen la intención de mantener en funcionamiento dicho mercado de capacidad. En consecuencia, ha optado por abrir una investigación en profundidad que estará centrada en los elementos que no analizó en la anterior ocasión y sobre los que el TUE puso el acento en su sentencia. Las reglas europeas en materia de ayudas de Estado, al igual que toda la legislación comunitaria, continuarán aplicándose a Reino Unido mientras siga siendo parte del bloque comunitario y durante el periodo de transición, establecido desde el próximo 30 de marzo hasta que finalice 2021, siempre y cuando tenga lugar un Brexit con acuerdo.

El PSOE plantea prohibir la entrada de coches contaminantes en las ciudades y apostar por la movilidad eléctrica

Europa Press.- El Programa Marco del PSOE para las elecciones municipales recoge la prohibición de entrada a los vehículos contaminantes en los centros urbanos de las ciudades en aquellos municipios donde gane las elecciones el 26 de mayo. Se trata de una de las medidas en materia de movilidad para las ciudades que el PSOE plantea para el siglo XXI. En definitiva apuesta por una movilidad «limpia, esencialmente eléctrica» con un «peso creciente» del uso compartido de los vehículos.

De acuerdo con su programa, su apuesta serán ciudades verdes, más descarbonizadas, especialmente a través de la movilidad y la eficiencia energética. Para ello, prevé que las infraestructuras, inversiones, normativas y fiscalidad potenciarán la movilidad limpia. Así, los socialistas plantean un modelo de ciudad «racional, eficiente y sostenible» con municipios compactos. Por ello, prometen que impedirá «la expansión inmobiliaria» siempre que la prestación de servicios básicos se hagan insostenibles. En esa línea, promoverá la rehabilitación de las ciudades frente a los nuevos desarrollos y apostará por la eficiencia energética, el autoconsumo de energías renovables para lograr viviendas de consumo nulo y las calefacciones de barrio.

En cuanto al modelo energético urbano, el programa indica que se reducirá la dependencia de los combustibles fósiles en favor de la energía solar, eólica, la biomasa, la geotermia y la aerotermia y se incorporarán las energías renovables en la edificación, al tiempo que se promoverá la compra agrupada de energía. En materia de economía circular, el programa marco aspira a que las basuras dejen de ser residuos para convertirse en materias primas de segunda generación: se aprovecharán los residuos de poda de jardinería o los lodos de las depuradoras para producir compost o gas.

A nivel autonómico, el programa marco del PSOE establece que todos los edificios e infraestructuras de titularidad pública incorporarán «todas las posibilidades» de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En cuanto al programa marco del PSOE para las elecciones europeas, el partido que dirige Pedro Sánchez considera que «el socialismo del siglo XXI será verde o no será» y, bajo esta premisa promete trabajar para combatir el cambio climático con mayor eficacia. Sus propuestas europeas pasan por crear un Fondo Europeo para la Transición Justa en las comarcas más vulnerables, la interconexión eléctrica, favorecer las energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética.

Cañete comparte su «enorme preocupación» por la falta de apoyo de la CNMC al gasoducto MidCat con Francia

Europa Press.- El comisario europeo responsable de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha compartido en el Congreso su «enorme preocupación» con la falta de apoyo por parte de los reguladores español y francés al proyecto de interconexión gasista entre España y Francia.

El comisario europeo lamentaba así la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y su homólogo francés, la Comisión de Régulation de l’Energie (CRE), de rechazar la inversión en el gasoducto Step, la primera fase del proyecto MidCat. Según estos organismos, este proyecto no cumple con las necesidades del mercado y «carece de la madurez suficiente para ser considerado en una asignación de costes transfronteriza», razones por las cuales rechazaron la solicitud de inversión presentada por Enagás y la firma francesa Teréga el pasado enero.

Frente a ello, Arias Cañete reivindica la necesidad de contar con interconexiones eléctricas y gasísticas para desarrollar el potencial de las energías renovables y asegurar un nivel de seguridad energética, e incide en que la Península Ibérica «es una isla«. Por ello, lamenta que las conexiones transpirenaicas, en la que se encuadra el rechazado proyecto Step, vaya a un menor ritmo que la interconexión eléctrica.

Cañete ha apostado por contar con «el mayor número de interconexiones», sean eléctricas o gasísticas, pues así podría «participar en los mercados centrales europeos» que, a su juicio, «reciben un gas en mejores condiciones que probablemente el gas natural licuado». Si bien cree que España está «bien» preparada, considera que «en estos momentos tiene un diferencial de coste» con el gas que llega al norte de Europa, principalmente a Alemania, con la cual, ha apostillado el comisario comunitario, las empresas deben competir en coste energético.

El Gobierno prevé destinar 422 millones a un plan de acción urgente para la transición del carbón y las nucleares

Europa Press.- El Gobierno tiene previsto destinar un total de 422 millones de euros a un Plan de Acción Urgente para abordar los desafíos a corto plazo planteados por la transición energética en comarcas mineras y en zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas o plantas nucleares sin planes de reconversión.

Según explicaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, este plan forma parte de la Estrategia para la Transición Justa que aprobó el Consejo de Ministros, dentro del paquete de energía y clima del que también forman parte la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Este plan, para el periodo 2019-2021, tiene como fin abordar esos desafíos a corto plazo planteados por el cierre de minas, de centrales térmicas que no han realizado inversiones o no las realizarán para continuar con su actividad más allá de 2020 (9 de las 14 existentes en España) y de centrales nucleares sin planes de reconversión, como las de Garoña y Zorita.

En concreto, el plan recoge un importe de 158 millones de euros a 5 años para la restauración de las minas y el plan de eficiencia y energías renovables, con el fin de mantener el empleo en los territorios afectados, que está previsto que pueda implementarse en junio. Asimismo, cuenta con otros 134 millones de euros procedentes de acuerdos de los fondos Miner no utilizados cuyo destino es dar apoyo a los municipios afectados, también con una vigencia de 5 años. Además, se contempla otra partida de 130 millones de euros cuyo fin serán los convenios de transición justa para todos los territorios afectados, con una vigencia de 3 años.

No obstante, parte de estas partidas estarían pendientes de los resultados de las urnas en abril, ya que se cuenta con unos presupuestos prorrogados y, en el caso de los convenios de transición, sus firmas no se empezarían a producir antes. Además, el Gobierno que salga de esa cita electoral deberá decidir si esta Estrategia Justa diseñada por el actual Ejecutivo y en la que trabajan conjuntamente otros ministerios como los de Industria, de Trabajo y de Economía, sigue adelante en esos términos, ya que lo aprobado en Consejo de Ministros es un borrador. El nuevo Gobierno que surja de las urnas podría, si así lo desea, volver a iniciar su tramitación parlamentaria e introducir los cambios que considere oportunos.

Impacto en otros sectores industriales

Con todo, las mismas fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica subrayaron que «una parte» de este Plan de Acción Urgente «ya está hecha». El Gobierno de Pedro Sánchez planea así lanzar una Estrategia de Transición Justa, siendo el primer país del mundo en tenerla, que aborde los desafíos de una transición energética que, a pesar de que generará unas ganancias netas de empleo en torno a más de 300.000 puestos de trabajo hasta 2030 según las estimaciones del Ejecutivo, producirá también impactos negativos, sectoriales y territoriales a corto plazo.

El Ejecutivo también quiere prestar especial atención a los posibles efectos de la transición energética en sectores industriales clave para España como el del automóvil o la industria electrointensiva. En el sector del automóvil, con un objetivo de reinventarse en un camino hacia un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones de CO2 hacia ese horizonte de 2050 y con una fecha límite recogida en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático de 2040 para la matriculación y venta de este tipo de coches (diésel, gasolina e híbridos), se trabaja en «un acuerdo estratégico» con el fin de que las empresas españolas estén mejor situadas y se pueda mantener parte de ese empleo industrial “fabricando coches emisiones cero».

La estrategia incluye también las áreas que ofrece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con mayores oportunidades de creación de empleo, como son la rehabilitación, las renovables (subastas, repotenciación, promoción, autoconsumo), así como el desarrollo del almacenamiento, la movilidad eléctrica, el biometano o el hidrógeno. Además, hace especial énfasis en la creación de empleo verde en el mundo rural, en sintonía con la Estrategia Española contra la Despoblación a través del impulso de energías renovables como biomasa o biogás. El objetivo del actual Gobierno es que esta estrategia sea revisable cada 5 años, con el fin de realizar tras esos periodos de tiempo una evaluación del impacto de la transición sobre el empleo.

El precio de los carburantes encadena su sexta subida y se encarece un 6% en lo que va de año

Europa Press.- El precio de la gasolina y del gasóleo encadenó su sexta semana consecutiva de subidas, con lo que acumula hasta un encarecimiento de más del 6% en lo que va de año. En concreto, el precio medio del litro de gasolina subió un 0,48%, situándose en los 1,236 euros. De esta manera, en lo que va de año, el precio medio del litro de gasolina acumula un encarecimiento del 4,8%.

Por su parte, el litro de gasóleo ha subido un 0,84% y se ha situado en los 1,2 euros, su nivel más alto desde finales del mes de noviembre. En este caso, el encarecimiento que suma este combustible en lo que va de 2019 es de más del 6%. Ambos carburantes entraron a principios de año en una tendencia alcista, que por ahora no tiene fin, que cortaba con una espiral a la baja que había llevado a un abaratamiento del 13%, en la gasolina, y de más del 12% para el gasóleo, desde los máximos que alcanzaron en octubre.

Con los actuales precios, el llenado de un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta unos 67,98 euros, unos 30 céntimos más, mientras que en el caso del gasóleo asciende a 66 euros, unos 55 céntimos más. La caída en los precios de los carburantes en los últimos meses del 2018 venía de la mano de un descenso en el precio de la cotización del petróleo, que en lo que va de 2019 ha vuelto a repuntar. El barril de crudo Brent, referencia en Europa, cotiza en el entorno de los 66,89 dólares mientras que el Texas americano se intercambia a unos 57,15 dólares.

La gasolina es más barata en España que en la media de la Unión Europea y la zona euro, donde el precio medio de venta del litro de gasolina se sitúa en 1,35 euros y 1,39 euros, respectivamente, mientras que el litro de gasóleo cuesta de media 1,324 euros en la Unión Europea y 1,324 euros en la eurozona. El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, cuenta con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.

Abogados ambientales piden el fin del carbón en 2025 «como muy tarde» para cumplir con el Acuerdo de París

Europa Press.- El Instituto de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) espera que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establezca el 2025 como fecha final para el carbón en España para que el país pueda alcanzar los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre calidad del aire y cumplir con el Acuerdo de París contra el cambio climático.

La OMS estima que la contaminación del aire provoca 7 millones de muertes prematuras al año y que el 90% de la población mundial respira aire con una calidad por debajo de los estándares recomendados en sus Guías de Calidad del Aire (GCA). La directora de IIDMA, Ana Barreira, recuerda que es «imperativo» que España siga los estándares de la OMS sobre la calidad del aire, trasladándolos a la normativa ambiental ya que la contaminación es actualmente un problema de salud pública y afecta al derecho a la vida y el derecho a la salud.

Precisamente, una de las fuentes principales de la contaminación en España son las emisiones de las centrales de carbón por lo que la organización subraya que debe ser una «prioridad política» poner fin a la producción de energía mediante este combustible, como muy tarde en 2025. «La salud pública debe ser un criterio fundamental para la elaboración de los Planes de Energía y Clima, así como de la futura Ley de Cambio Climático», ha concluido.

Iberdrola logra un beneficio récord de 3.014 millones en 2018 y descarta que las elecciones afecten a la transición energética

Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, confía en que si se produce un cambio de Gobierno en las elecciones generales del próximo 28 de abril no se alterará el rumbo hacia la transición energética que marcará el Plan Nacional de Energía y Clima. Asimismo, Iberdrola obtuvo un beneficio neto récord de 3.014,1 millones de euros en 2018, con un incremento del 7,5% con respecto al 2017, según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Iberdrola se situó a cierre de 2018 en los 9.349 millones de euros, con un crecimiento del 27,7% frente al 2017, gracias al buen comportamiento de todos los negocios, cuyos resultados crecen a doble dígito. El 78% de este importe procedió de áreas reguladas o con contratos a largo plazo, en línea con el enfoque estratégico del grupo.

El grupo señaló que este resultado se vio impulsado por las inversiones de cerca de 20.000 millones de euros realizadas en los últimos 4 años, de las cuales 5.320 millones de euros correspondieron al ejercicio pasado, la expansión internacional, la normalización de las condiciones operativas en España y la buena marcha de todos los negocios. Por su parte, la energética aumentó su flujo de caja un 13,1% hasta los 7.328 millones de euros, mejorando el ratio entre caja operativa y deuda neta hasta el 21,5%.

Mientras, las compras del grupo, excluyendo los aprovisionamientos energéticos, alcanzaron los 8.000 millones de euros a miles de suministradores en 2018, siendo un 85% empresas locales. En lo que respecta a la plantilla, tras incorporar a más de 1.600 profesionales en 2018, supera los 34.000 trabajadores, el 99% con contratos indefinidos, y genera un total de 425.000 puestos de trabajo.

Escenario con cambio de Gobierno

«No creo», afirmó Galán a la pregunta de si esperaba alguna variación en el contenido de esa hoja de ruta si hay un cambio de Gobierno. Galán indicó que «casi son las mismas personas que han trabajado con el Gobierno anterior» las que han sacado adelante este documento y confió en «estar en línea con lo que llevamos comentando con los diferentes miembros de la Administración para que España se pueda beneficiar de las condiciones fuertes en eólica y almacenamiento». «No espero ningún cambio», añadió.

Galán aseguró que la lucha contra el cambio climático representa «una gran oportunidad» para España, aunque subrayó que para ello será necesario contar con una planificación energética «adecuada» que dé la «seguridad necesaria» para afrontar las inversiones «que el país necesita». Así, destacó la «gran oportunidad» que supone la transición energética para un país como España, que tiene «toda clase de recursos: sol, viento o embalses para transformarlos en almacenamiento».

El directivo aseguró que si se lleva a cabo bien esta transición se conseguirá «producir energía más limpia, más barata y se podrá incluso, si las interconexiones siguen desarrollándose, exportar estos recursos que tenemos». Respecto al futuro de las nucleares, Galán señaló que la fecha de cierre para estas plantas será la conocida de entre 2025 y 2035, por lo que habrá que saber «qué es lo que necesita el país en cuanto a energía y cómo se puede sustituir por otras fuentes de energía».

Sobre el Brexit y la exposición del grupo en Reino Unido, país del que procede aproximadamente el 20% del resultado bruto de explotación (Ebitda) de Iberdrola, aseguró que económicamente no ve ningún impacto para Iberdrola ya que «el 100% de lo que hacemos en Reino Unido ya tiene coberturas respecto a divisa«. «Como saben, no somos una empresa que importa-exporta mercancías y bienes, sino que somos casi totalmente regulada al 90%, hemos invertido en libras, la mayor parte de nuestros proveedores son británicos y el 80% de las inversiones se producen a nivel local», apuntó.

En lo afecta a los resultados, Galán afirmó que 2018 ha colocado a la empresa «un año por delante» de las previsiones de su plan 2018-2022 y confió en que la tendencia positiva se mantenga en este ejercicio. Así, apostó por seguir combinando las iniciativas de crecimiento basadas en la aceleración de las inversiones en activos regulados de redes y en la contribución de los 6.000 megavatios (MW) de nueva capacidad de generación contratada y renovable, junto a la aplicación de nuevas medidas de eficiencia para lograr un crecimiento de 5% puntos porcentuales en Ebitda y beneficio neto en 2019.

La potencia eólica en España aumentó en 392 MW en 2018 y ya supone el 19% de la electricidad consumida

Europa Press.- La potencia eólica aumentó el año pasado en España en 392 megavatios (MW), lo que sitúa el total de la potencia instalada en el país en 23.484 MW, suponiendo ya el 19% de la electricidad consumida, según indicó la Asociación Empresarial Eólica (AEE). De esta nueva potencia instalada, 190 MW (48,5%) corresponden a parques en las Islas Canarias; 90 MW a Aragón, 68 MW a Galicia, 30 MW a Andalucía, 10,37 MW a Castilla-La Mancha y 2,35 MW a Cataluña.

En total, en España hay 1.123 parques presentes en 807 municipios, con 23.308 aerogeneradores instalados que generan 48.902 gigavatios por hora (GWh), capaces de aportar el 19% del consumo eléctrico. Asimismo, hay 195 centros de fabricación en 16 de las 17 comunidades autónomas. Gracias al efecto reductor de la energía eólica en el mercado español, el consumidor se vio favorecido por un menor coste, sobre todo para los consumidores industriales. Por ejemplo, con un consumo de 1.500 MWh con la tarifa AT1 el ahorro en 2018 fue de 3.540 euros.

La comunidad autónoma con mayor potencia instalada continúa siendo Castilla y León, con una cobertura de la demanda eléctrica del 78%. Según la AEE, Castilla y León «es un caso extraordinario», ya que se trata de una comunidad que exporta mucha más electricidad de la que consume. En el ranking de potencia instalada le siguen Castilla-La Mancha y Galicia. Por otra parte, a la cola están Madrid, Ceuta, Melilla, Baleares y Extremadura. De hecho, esta última acaba de inaugurar en febrero su primer parque eólico con 40 MW de potencia.

El objetivo del sector es poner en marcha antes de marzo de 2020 la potencia eólica de las subastas realizadas en 2016 y 2017, algo que supondría «una oportunidad para el crecimiento del mercado y tendría un efecto positivo para España, como el mantenimiento de la industria, la creación de empleo, la reducción de emisiones o el desarrollo social y económico de las zonas con nuevos parques». Actualmente, España es el segundo país europeo en potencia eólica instalada y el quinto a nivel mundial. Además, a través de estas subastas se deberían de conectar más de 3.000 MW de nueva potencia eólica. En cuanto a los compromisos adquiridos, la AEE señala que, pese a las elecciones, estos objetivos no cambiarán.

Sánchez plantea la hoja de ruta hacia la descarbonización en 2050, con 300.000 nuevos empleos y 237.000 millones de inversión

Europa Press.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el paquete de energía y clima para ser una «brújula» que logre una España descarbonizada al 100% para 2050, un periodo en el que estima que se crearán al menos 300.000 nuevos empleos.

En este sentido, el presidente ha mostrado su compromiso con la agenda 2030 y la lucha contra el cambio climático y confía en que, con el Paquete de Energía y Clima, España sentará las bases para modernizar su economía y erigirse en líder de las energías y tecnologías limpias en la próxima década. Así, ha insistido en que este proceso se realizará «sin dejar a nadie atrás» porque el crecimiento será inclusivo, mediante el fomento del empleo, el desarrollo del medio rural, la justicia social y la mejora de la salud y el medio ambiente.

Para ello, ha precisado que el paquete de energía y clima está compuesto por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, junto con el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y la Estrategia para una Transición Justa. En este marco confía en que esta hoja de ruta permitirá de aquí a 2030 desplegar inversiones de colaboración pública y privada por un valor estimado de 237.000 millones de euros y ha adelantado que los nuevos empleos, más de 300.000, fundamentalmente estarán ligados a servicios, industria y construcción, al tiempo que se fomentará el empleo de jóvenes, parados de larga duración y mujeres.

De estos, el Gobierno calcula que mediante las inversiones en renovables en el sector eléctrico se generarán de 99.000 a 172.000 empleos en la próxima década distribuidas en un 18% para la industria manufacturera; el 15% para la construcción, el 13% para comercio y reparación del sector renovable. Mientras, las inversiones en ahorro y eficiencia generarán entre 42.000 y 80.000 empleos, de los que 28.000 corresponden a rehabilitación energética. Asimismo, Sánchez ha vaticinado que las renovables irán aumentando su cuota hasta alcanzar un sistema 100% renovable en 2050, con un cierre escalonado de las centrales de carbón y nucleares y «pronto» se reforzará el autoconsumo.

En cuanto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Sánchez asegura que proporcionará un marco normativo estable, seguro y cierto sobre el que desarrollar este proceso de cambio. «No proponemos nada caprichoso, sino algo posible y en línea con lo que pide la Unión Europea», asegura Sánchez, que desgranó algunas medidas como el fin de la matriculación y venta de vehículos emisores de CO2 en 2040; que en 2030 el 42% de la energía total será de origen renovable, lo que supone, a su juicio un «despliegue sin parangón» de las renovables que dará, a su vez, oportunidades de que el empleo se extienda a las áreas rurales y favorecer así la repoblación.

Además, el paquete normativo del Gobierno prevé aumentar la generación eléctrica mediante renovables pasando del 40% actual al 74% en 2030 y al 100% en 2050, meta que permitirá cumplir los compromisos asignados por la Unión Europea y rubricados en el Acuerdo de París. Para ello, el Ejecutivo presentará un calendario de subastas previsibles que garantizarán una retribución adecuada y una hoja de ruta para el desarrollo de redes, sistemas de almacenamiento y gestión que permitan una adecuada integración en el sistema. Además, destacó la apuesta decidida por la eficiencia energética, con el objetivo de mejorar en 75.000 millones de euros acumulados la balanza comercial del país hasta 2030, «lo que da idea de la oportunidad que supone para España».

En el plan de Energía y Clima, España expone sus objetivos y estrategias para cumplir con sus compromisos de Estado comunitario y adoptados a consecuencia del Acuerdo del Clima de París, que pasan por reducir en 2030 un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, para lo que las emisiones actuales deberán reducirse cerca de un 40% y que el sistema eléctrico deberá ser 100% renovable en 2050. Otras de las medidas planteaban una fiscalidad verde, la exigencia de que el Gobierno no pueda invertir en proyectos que estén relacionados con los combustibles fósiles y la prohibición de dar cualquier tipo de subsidios a estos sectores.

El conjunto normativo establecerá también por primera vez un sistema con indicadores de impactos y de evaluación de la aplicación de estas políticas en el marco del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que aprobó el Consejo de Ministros. Todo ello irá acompañado de la Estrategia de Transición Justa, la que ha definido como la tercera pieza normativa para que «nadie se quede atrás» y que «demuestra» el compromiso del Gobierno con los sectores y regiones más vulnerables. Sánchez ha augurado que este proceso traerá importantes beneficios pero provocará también «ciertos desajustes«, sobre todo a las comarcas vinculadas a los combustibles fósiles.

Al respecto ha adelantado que la Estrategia incluye convenios de colaboración para las comarcas sujetas a cierres de las térmicas y de las centrales nucleares para que «al final» el impacto sea «cero». Estas medidas se acompañarán de ayudas europeas «cuando sea posible» e incentivos fiscales y subvenciones. «Estamos abriendo las puertas a ese futuro, estamos asomándonos a ese mundo de prosperidad compartida. Tenemos listas las herramientas para trazar el camino y recorrerlo con certidumbre y confianza. Estamos preparados para la transición a una economía limpia, sostenible, moderna y algo importante para nosotros, equitativa. Y vamos a recorrerlo juntos. Sin más tardanza. Llevamos mucho tiempo esperando este momento», ha concluido.

Al acto asistieron también el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el consejero delegado de Endesa, José Bogas; el presidente de Enagas, Antonio Llardén; el presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas; el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales y el presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo, entre otros representantes del sector empresarial. Al mismo tiempo han estado también presentes representantes del ámbito ambiental, de las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF.

El presidente del CSN pide «mimar» a sus técnicos y critica que desde Hacienda no les dejen viajar en business

Europa Press.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, ha defendido en el Congreso la labor de su equipo durante sus 6 años de mandato y ha pedido especialmente que «mime» a sus técnicos, «reconocidos internacionalmente«, y a quienes Hacienda, según ha explicado, no permite volar en business.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, para informar sobre las actividades del CSN en 2017, Martí Scharfhausen pidió respeto por los trabajadores del regulador que, según han explicado, «están mal pagados con respecto al sector», «trabajan los fines de semana desde casa» y viajan de forma voluntaria a países como Japón o México, para estudiar o informar en materia nuclear.

En este sentido, ha pedido a los diputados que mejoren los trayectos de aquellos técnicos de más de 60 o 65 años que realizan estos largos viajes y que, por decisión de Hacienda, ya no pueden hacerlo en clase business. «Lo hemos intentado por todos los medios», ha reconocido el presidente del CSN, antes de invitar al Congreso a hacer algo al respecto porque «son personas que merecen la pena».

En su intervención, también ha destacado el «respeto» que existe en el pleno del CSN a pesar de las diferencias políticas. «Cristina Narbona y yo hemos tenido momentos complicados, pero nunca ha habido una voz malsonante, ni nos hemos faltado al respeto«, apuntó. En este sentido, se ha mostrado orgulloso de que la labor del organismo se haya hecho siempre desde la unidad del Pleno.

Estas declaraciones del presidente del Consejo han sido su respuesta a la intervención de la portavoz del PSOE en esta comisión, Patricia Blanquer, quien ha criticado el paso de Martí Scharfhausen al frente del CSN durante su mandato, que ahora termina. A su juicio, su presidencia ha sido «controvertida» y «cuestionada» por decisiones como el informe de no cerrar la central de Garoña «a pesar de que no cumplía los requisitos de los técnicos«, el informe favorable a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC), cuando «no estaba despejadas las dudas técnicas», o la modificación de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), entre otras.

Crítico con la labor del regulador también ha sido el representante de Ciudadanos, Vicente Ten, que, si bien ha destacado mejorías en algunos aspectos con respecto a años anteriores, sí ha denunciado «carencias» en relación a la independencia del organismo, transparencia, o neutralidad. En este sentido, Ten se ha referido a la formación del pleno que, a su juicio, está monopolizada por los partidos algo que, ha aclarado, no está en las intenciones de Ciudadanos. Ten ha recordado cómo, «de manera vergonzosa», el Gobierno aprobó una propuesta de nombramientos para renovar el CSN tras «un acuerdo oculto» con Unidos Podemos.

Martí Scharfhausen se ha desvinculado de esta propuesta, al ser preguntado por ella, señalando que en su puesto, por ley, no se le permite hablar de política nuclear. Sin embargo, las declaraciones de Ten abrieron un cruce de acusaciones por parte de las formaciones. Desde el PP, su portavoz José Alberto Herrero Bono, ha acusado al PSOE de «politizar» el organismo y permitir que éste no represente la realidad parlamentaria y difiera, por tanto, del sentir mayoritario de los españoles. Además, criticó que uno de los consejeros propuestos, el candidato de Unidos Podemos y responsable de la política antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, vaya a formar parte del regulador cuando está en contra del uso de esta energía.

Para el portavoz de Medio Ambiente de los morados, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, el PP está vetando a una persona «sólo por ser ecologista», una postura que, a su juicio, es «anticonstitucional». «Está usando ese veto hacia una persona con un currículum intachable», ha recriminado Uralde a su homólogo popular, para aclarar que Castejón es físico nuclear y que, además, «lucha por la defensa del planeta».

Por otra parte, el presidente del CSN ha explicado que en 2017 se notificaron 44 sucesos de los que sólo 1 se clasificó como nivel 1 en la escala INES y el resto se clasificó fuera de escala (nivel 0). Del mismo modo, ha apuntado que en 2017 se han emitido 4 apercibimientos: a Ascó por incumplimiento de la Autorización de Explotación vigente en relación con la gestión y control de los residuos radiactivos; a la planta de Trillo por incumplimiento de las instrucciones relacionadas con modificaciones de diseño e inspección en servicio; a Vandellós II y Garoña por incumplimiento en la Protección Contra Incendios (PCI). Por este motivo se propuso la apertura de un expediente sancionador a Vandellós II.

Dentro de su exposición del informe, Martí Scharfhausen también destacó que se aprobó el Plan Estratégico para el periodo 2017-2022, tomando en consideración las novedades en el entorno nacional e internacional y en el seno del propio CSN, así como los principales retos a afrontar en el entorno regulador a corto y medio plazo. Del mismo modo, según ha indicado, se han implantado distintas actividades relacionadas en el eje de la transparencia, como un Plan de comunicación para reforzar la credibilidad y la confianza en las actuaciones del Consejo; o un refuerzo de la cultura de seguridad del Consejo, que se ha plasmado en la publicación de la política del CSN sobre Cultura de Seguridad.