La deuda del sistema eléctrico cae hasta los 18.851 millones de euros, pero no se terminará de pagar hasta 2028

Europa Press.- La deuda del sistema eléctrico ascendía a cierre de 2018 a 18.851 millones de euros, tras haberse reducido en 2.143 millones de euros a lo largo del pasado año, lo que supone un descenso del 10% con respecto a los 20.994 millones de euros en que se situaba en 2017.

Según el informe sobre el estado actual de la deuda del sistema eléctrico español y sus previsiones futuras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se estima que ésta no se terminará de pagar hasta 2028, aunque habrá reducciones significativas en las anualidades de 2021 y de 2026 a 2028. En total, existen cuatro categorías de derecho de cobro asociados a la deuda del sistema eléctrico: el déficit 2005, los derechos de cobro de los adjudicatarios de la segunda subasta del déficit ex ante, los derechos de cobro del déficit 2013 y los derechos de cobro del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE).

El derecho de cobro asociado al FADE representa la mayor parte, con casi el 82% del importe total pendiente de cobro, seguido del derecho de cobro del déficit 2013, que supone un 13%. Según indicó la CNMC, el coste medio ponderado de la deuda del sistema eléctrico en 2019, con los datos disponibles al finalizar 2018, es del 2,562%, lo que implica un descenso de 66,6 puntos básicos con respecto al ejercicio de 2018. El coste de la anualidad correspondiente a 2018 de la deuda del sistema eléctrico asciende a 2.738 millones de euros, un 2,81% inferior a la anualidad total satisfecha en 2017, que ascendió 2.818 millones de euros.

Desde 2014, el sistema eléctrico español ha registrado superávit un año tras otro, después de sumar 14 ejercicios consecutivos de déficits anuales. Concretamente, el superávit fue de 550 millones de euros en 2014, en 2015 ascendió a 469 millones de euros, en 2016 se situó en 422 millones, y en 2017 fue de 150 millones. Así, el superávit acumulado en estos ejercicios asciende a 1.591 millones de euros. No obstante, de esta cantidad, 638,5 millones de euros se han destinado a la financiación del bono social y proyectos de inversión en energías renovables de territorios no peninsulares. En consecuencia, existe un saldo de 952,5 millones de euros en la cuenta específica donde está depositado el superávit más los intereses generados.

De acuerdo con la Ley 3/2017, diversas órdenes ministeriales han determinado que parte del superávit acumulado en estos años se destinara a financiar las cantidades abonadas por varias sociedades en concepto de bono social, tras diversas sentencias anulatorias del Tribunal Supremo. Concretamente, los importes de 2014, 2015 y 2016 por un total de 518,5 millones de euros. Igualmente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2017 y la Ley 6/2018, se han dedicado 120 millones de euros para ayudas a la inversión en instalaciones renovables en territorios no peninsulares.

El Gobierno lanzará un plan de incentivos para mejorar la eficiencia energética en empresas dotado con 307 millones de euros

Europa Press.- El Gobierno lanzará un nuevo programa de incentivos para actuaciones de eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas (pyme) y la gran empresa industrial, dotado con 307,6 millones de euros provenientes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética de 2018 y de remanentes de años anteriores.

El Ministerio para la Transición Ecológica lo comunicó en la Conferencia Sectorial de Energía, principal órgano de colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia de energía. El presupuesto de las ayudas cuenta, además, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Hasta el momento, el programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial 2014-2020, que gestiona el IDAE, ha realizado dos convocatorias, dotadas respectivamente con 115 y 168 millones de euros.

Asimismo, la Conferencia acordó la propuesta de reparto de las ayudas del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves), dotado con 45 millones de euros para 2019. En el encuentro también se informó de la próxima convocatoria de un programa de ayudas para proyectos singulares en materia de movilidad sostenible, que cuenta con 15 millones de euros, con lo que se eleva a 60 millones de euros la dotación para movilidad sostenible.

En concreto, el programa Moves está dirigido a incentivar la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas recogidas en planes de transporte a los centro de trabajo. Pueden ser beneficiarios de las ayudas profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y las entidades públicas, las administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas de la Administración General del Estado.

Las comunidades y ciudades autónomas deberán ahora realizar la correspondiente convocatoria de ayuda en sus respectivos territorios. El presupuesto asignado deberá repartirse de acuerdo a los criterios establecidos. Así, entre un 20% y un 50% de la partida asignada irá a la adquisición de vehículos alternativos; y entre un 30% y un 60% a la implantación de infraestructuras de recarga. De este último porcentaje, un mínimo del 50% ha de dirigirse a puntos de recarga rápida o ultrarrápida. Por otro lado, la implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas puede suponer ente un 5% y el 20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo pueden contar entre un 0% y un 10%.

El decreto también fija los importes de las ayudas para la adquisición de vehículos, que oscilan entre los 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa. Las ayudas para la compra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan en torno a los 5.000 euros. En paralelo, como incentivo adicional para apostar por la movilidad sostenible, se exigirá a fabricantes, importadores de vehículos o puntos de venta un descuento mínimo de 1.000 euros en la factura, excepto para cuadriciclos y motos.

En lo que respecta a los incentivos para vehículos de gas, se reservan para camiones y furgones. En cuanto a los puntos de recarga eléctrica de vehículos eléctricos (públicos y privados) y a los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, las ayudas serán de un 30% o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario, estableciéndose un límite de 100.000 euros. Finalmente, se fija un límite de 200.000 euros de ayuda por beneficiario para la implantación de Planes de Transporte a los Centros de Trabajo con una ayuda del 50% del coste subvencionable.

En lo que se refiere a los 15 millones adicionales que el programa Moves dirige a proyectos singulares de movilidad sostenible en Ciudades Patrimonio de la Humanidad, municipios con alto índice de contaminación, municipios ubicados en islas o iniciativas de innovación en electromovilidad, el gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que en estos momentos se están preparando las bases del programa, que será gestionado por el IDAE en concurrencia competitiva a fin de poder incentivar proyectos piloto ambiciosos en las áreas descritas en la convocatoria.

Unidos Podemos exige objetivos más ambiciosos en la Ley de Cambio Climático y hace propuestas para reformar el sector eléctrico

Europa Press.– Unidos Podemos defiende la necesidad de abordar una reforma del mercado eléctrico, así como otra serie de medidas para abaratar la tarifa de la luz, entre las que destaca el recorte retributivo a las empresas eléctricas y un gravamen en las centrales ya amortizadas como las hidráulicas. Asimismo, Unidos Podemos reclama al Gobierno objetivos más ambiciosos en su Ley de Cambio Climático, tanto en reducción de emisiones de CO2, como en la implantación de renovables.

El diputado de Equo, Juan López de Uralde, destaca la necesidad de establecer un objetivo de reducción de emisiones de CO2 para 2030 del 35% respecto a 1990 y un objetivo del 45% del consumo de energía final mediante fuentes de energía renovables, y sin centrales nucleares. El objetivo es llegar a un escenario en 2050, con un 95% de reducción de emisiones de CO2 respecto a 1990 y un 100% del consumo de renovables, así como un 50% para el objetivo de eficiencia energética.

Equo ha calificado de «tomadura de pelo» el proyecto de ley aprobado y ha lamentado que el equipo de Ribera no avanzara lo suficiente para haber llevado una norma a tramitación al Congreso cuando, a su juicio, había tiempo. «Esperamos que la próxima legislatura podamos aprobar definitivamente una ley ambiciosa contra el cambio climático. Los ejes de nuestra propuesta los hemos recogido en esta moción», ha indicado López de Uralde. «Esperamos que cuente con un apoyo parlamentario amplio que siente las bases de un acuerdo para que salga adelante esa ley imprescindible y urgente en la próxima legislatura», ha concluido.

Propuestas para el sector eléctrico

Con una iniciativa, registrada en septiembre por los diputados Jorge Luis Bail (Podemos) y Josep Vendrell (En Comú), en plena escalada de los precios del recibo eléctrico, Unidos Podemos aboga por reformar la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, los pagos por capacidad que reciben algunas centrales por su disponibilidad y modificar el servicio de interrumpibilidad para asemejarlo a otros modelos europeos.

Otra de las propuestas pasa por una reforma del bono social para que su solicitud sea automática, que el único criterio para acceder a él sea la renta del hogar, garantice que cualquier hogar tenga acceso a un suministro esencial, se reduzca el IVA eléctrico a consumidores vulnerables y las empresas asuman su coste, de forma proporcional a su facturación. Unidos Podemos también reclama auditar los costes de todo el sistema eléctrico para determinar cuánto cuesta producir a cada tecnología, los costes asociados al transporte y la distribución y examinar también el déficit de tarifa.

Asimismo, pide cambios legales para impedir las puertas giratorias desde la gestión pública hacía las empresas energéticas, para las que también pide nuevas obligaciones con el fin de facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de las personas consumidoras. Por otro lado, exige «una reforma de calado» de la carga fiscal en el sistema eléctrico «que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética», con el fin de aumentar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental «en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con Europa, al mismo tiempo que incremente la progresividad fiscal».

CCOO asegura que las emisiones cayeron en 2018 un 4,3% gracias a la menor generación eléctrica con carbón y gas

Europa Press.- Las emisiones de gases de efecto invernadero en España cayeron un 4,3% en 2018 respecto al año anterior, según indicó Comisiones Obreras (CCOO), que señala que este descenso tras el aumento de 2017 sitúa a las emisiones de gases de efecto invernadero en un 12,91% por encima de las de 1990 y un 26,14% respecto a las emisiones de 2005.

La organización sindical reclama al Gobierno que realice una planificación del sistema energético con mayor penetración de energías renovables (eléctricas y térmicas) para 2030 que avance en la descarbonización de todos los sectores. De acuerdo con el trabajo de CCOO Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España 1990-2018, la disminución de las emisiones de gases invernadero en 2018 respecto a 2017 se debe en gran parte a la disminución de la quema de carbón para la generación eléctrica en un 17,8% y del gas natural en las centrales de ciclo combinado en un 21,5%, al tiempo que aumentó la producción hidroeléctrica en un 21,5%; la producción hidráulica en un 84,8% y la eólica en un 2,9%.

El sindicato recuerda que las emisiones del año base 1990 eran de 288,4 millones de toneladas de CO2 equivalentes; las del año 2005 ascendieron a 441 millones de toneladas de CO2 equivalentes y la emisiones en 2018 fueron de 325,7 millones de toneladas de CO2 equivalente, según los datos preliminares de 2019. En 2017 fueron 340,2 millones de toneladas de CO2 equivalente. El factor determinante, según el sindicato, fue la mayor producción hidráulica, igual que en anteriores años, pues cuando los años son lluviosos en España disminuyen las emisiones frente a los años secos, en los que se quema más carbón y gas natural, de modo que aumentan las emisiones.

Un 3% más de petróleo

Así, señala que en 2018 el consumo de petróleo creció un 3% respecto del año anterior y el gas natural se mantuvo constante. Mientras, en el sector del transporte por carretera las emisiones crecieron un 2,5% en 2018 y un 4,7% en el transporte aéreo interior. Para CCOO este es un «momento crucial» en el que confluyen los compromisos internacionales que marcan el camino para avanzar en la descarbonización de la economía, informes científicos incuestionables que avisan de que hay poco tiempo para hacerlo, tecnologías disponibles que permiten el cambio de fuentes energéticas y la electrificación de la demanda y, finalmente, una sustancial bajada de costes en muchas de esas tecnologías que permiten hacer los cambios con esfuerzos financieros razonables.

En concreto, subraya que ve a España situada en «una posición favorable» porque dispone de recursos renovables, tecnologías propias y capacidad industrial para afrontar los retos y convertirlos en empleo. Si bien, recuerda que hasta la fecha, España sigue siendo uno de los países industrializados donde más han aumentado las emisiones desde 1990 y sigue necesitando un importante esfuerzo para llegar a los objetivos de reducción de emisiones para 2030.

El estudio señala que la energía (electricidad, transporte por carretera, aviación y residencial) es el sector con mayor responsabilidad en el conjunto de las emisiones y el «auténtico nudo gordiano», ya que en 2018 representaron el 75,1% del total sin incluir los sumideros. Las mayores emisiones se deben a la generación de electricidad y al transporte por carretera, mientras el resto corresponde a las 10 refinerías de petróleo, consumos energéticos de la industria, transporte aéreo interior (no incluye el transporte aéreo con otros países), usos residenciales (sobre todo calefacción y agua caliente sanitaria) y servicios.

Shellenberger (Environmental Progress) asegura que «el Gobierno debe prolongar la vida de las nucleares» para luchar contra el cambio climático

Europa Press.- Michael Shellenberger, fundador y presidente de Environmental Progress, ha pedido al Gobierno español que prolongue la vida de las centrales nucleares instaladas en el país en lugar de cerrarlas como medida para combatir el cambio climático. El ecologista Shellenberger dio la conferencia ¿Por qué necesitamos energía nuclear para salvar el planeta?, organizada por Foro Nuclear.

«Si el Gobierno español quiere hacer algo sobre el cambio climático, debe prolongar la operación de las centrales nucleares; entiendo que es difícil hablar de construir nuevas centrales, pero deben prolongar la vida de las que ya existen, y apostar más por las renovables, pero no cerrar las nucleares», asegura este activista estadounidense. En concreto, asegura que por cada central nuclear que se cierra, la energía que deja de producir es remplazada por combustibles fósiles. De hecho, en el caso de España, el cierre de sus plantas nucleares supondría un aumento de las emisiones que equivaldría a agregar 14 millones de vehículos a la carretera.

Shellenberger ha comparado las consecuencias de ambos tipo de producción energética. Según ha apuntado, la energía nuclear es actualmente «la forma más segura de hacer electricidad fiable» ya que los muertos por accidentes relacionados con este tipo de energía «son muy pocos» en comparación con el número de fallecidos por culpa de la contaminación que generan los combustibles fósiles. Unas 7 millones de personas mueren anualmente en todo el mundo por la contaminación atmosférica, según la OMS. Sobre esta cuestión, destacó que el accidente de Chernóbil, «fueron el pánico y el miedo, no la radiactividad, lo que causó más daño».

Pero no solo es partidario de la energía nuclear frente a la quema de combustibles fósiles. También la defiende frente a las energías renovables. Según ha expuesto, la energía solar emite 40 veces más radioactividad por unidad de energía que la nuclear, debido a la minería de tierras raras que necesitan las renovables. Por ejemplo, los materiales requeridos para construir paneles solares son «enormes», desde cemento a vidrio y acero, mientras que los aerogeneradores utilizados para la eólica «matan más personas por unidad de energía» que la nuclear, así como especies amenazadas. Además, los paneles solares producen, según señala, de 200 a 300 veces más desechos tóxicos por unidad de energía que las centrales nucleares.

«Para crear mucha energía solar y eólica, necesito cubrir mucho de la naturaleza con colectores de combustible (viento, luz solar), que están muy diluidos», añade Shellenberger, que apunta que, por ejemplo, se necesita 413 veces más tierra para la energía eólica que para la nuclear. Uno de los puntos más controvertidos de la energía nuclear es los desechos que generan las centrales. Pero para Shellenberger, el tema de los residuos «está ya controlado»: «Todos los residuos jamás producidos en la Unión Europea caben en un campo de fútbol de 15 metros». «Me preocupo como ambientalista de las enormes islas de plástico en los océanos y de la contaminación del aire, son otras formas de residuos, pero en el ambiente», expresa.

Pese a todo ello, Shellenberger, firme en defender la energía nuclear por su bajo impacto en el medio ambiente y por su bajo coste, considera que existe un «problema» que hace que ni la sociedad ni los gobiernos vean los beneficios que tiene este energía. «El problema con la nuclear es muy simple, es el pensamiento de la gente», señaló.

En concreto, menciona tres razones por las que hay un temor generalizado hacia la energía nuclear. En primer lugar, señala que hay un «desplazamiento del odio y miedo», esto es, se asocia las armas (especialmente la bomba atómica) y los gobiernos autoritarios a este tipo de energía, cuando en realidad, también defiende que las muertes violentas han disminuido desde que se desarrollaron estas armas. En segundo lugar, considera que hay un «miedo» a que la energía sea «barata», tanto que entonces habría un exceso de producción energética, lo que provocaría una «explosión» de la población. «Demasiado energía, demasiadas personas», resume.

Por último, critica el «amor a las renovables», resultado de defender la «armonización con la naturaleza», cuando él prefiere sumar un elemento más para «salvaguardar la naturaleza»: «depender menos de ella». En este sentido, ha criticado a las grandes organizaciones ecologistas que se declaran antinucleares, pues piensa que sus objetivos no están marcados «para evitar el cambio climático, sino para establecer un tipo de sociedad», cuando él defiende que no hace falta una «revolución social«.

La Fundación Biodiversidad destina 5,8 millones de euros en ayudas para empleo verde en la Transición Justa

Europa Press.- La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica convocó la nueva edición del Programa emplea verde, que destinará 5,8 millones de euros para impulsar la transición justa en el marco de la descarbonización de la economía española a través del empleo verde.

La nueva convocatoria de subvenciones, abierta hasta el 30 de abril, financiará proyectos dirigidos a la promoción y creación de empleo y empresas vinculadas al medio ambiente. El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo prevé destinar 67 millones de euros hasta 2023 para apoyar a 50.000 personas y 3.000 empresas y formar 24.000 personas. Para el 2019 el 90% de los 9,4 millones disponibles en la convocatoria de subvenciones empleaverde se podrá utilizar en los territorios protagonistas de la transición energética y en particular para las regiones carboníferas.

Transición justa a la descarbonización

El objetivo del Programa empleaverde es fomentar actividades económicas sostenibles en todos los sectores, promoviendo la transición justa hacia una economía baja en carbono y circular, integrando la biodiversidad en la gestión y procesos empresariales y haciendo un uso más eficiente de los recursos naturales, constituyendo un motor de crecimiento económico sostenible y de progreso social. Para ello, se apoya a entidades que cuenten con actuaciones de formación y asesoramiento, acciones de innovación dirigidas a personas desempleadas, emprendedoras y/o trabajadoras, prestando especial atención a mujeres y colectivos prioritarios (jóvenes hasta 35, mayores de 45 años, personas inmigrantes y personas con discapacidad). Además, se tendrá especial interés en personas residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales.

El importe mínimo de los proyectos seleccionados será de 100.000 euros y el máximo de 300.000 euros. Este año se han incluido nuevas materias sobre las que se hará especial hincapié como la gestión, mejora ambiental y eco-innovación en la industria o empresa, la reconversión industrial a actividades ambientalmente sostenibles y la lucha contra el despoblamiento en zonas rurales. El Programa empleaverde prevé destinar 67 millones de euros hasta y aspira a crear 600 empleos y apoyar a 400 empresas.

Martí Schafhausen, presidente saliente del CSN, pide al Congreso parar los nuevos nombramientos y alerta contra el ecologista Francisco Castejón

Europa Press.- El presidente saliente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, envió una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que demandaba bloquear la renovación del regulador impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y pactada con Unidos Podemos y PDeCAT, a la vez que alertaba contra el candidato de los morados, el ecologista Francisco Castejón.

En el escrito, Martí Scharfhausen enumera algunos de los puntos del currículum de Castejón, destacando su labor como portavoz de política antinuclear en Ecologistas en Acción y sus declaraciones «reiteradas» y «públicas» en contra de la energía nuclear y a favor del cierre de las centrales. También señala que Castejón ha asistido como representante legal de la organización ecologista a reuniones del Comité Asesor para la Información y Participación Pública sobre seguridad nuclear, en cuyas intervenciones ha «descalificado actuaciones del CSN» y algunos estudios técnicos. De hecho, explica Martí Scharfhausen, «la asociación en la que milita ha presentado demandas y denuncias» contra el regulador, «interponiendo recursos en varios ámbitos jurisdiccionales”.

Es este episodio concreto el que Martí Scharfhausen utiliza para poner en duda la legalidad de su nombramiento. Así, alude a la definición de conflicto de intereses que consta en la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración y que cita nominativamente como supuesto en el que incurre en una incompatibilidad «las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente«. «Para favorecer el máximo en las decisiones que adopte la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, considero oportuno informar de la propuesta realizada para el nombramiento de Francisco Castejón», apunta Martí Scharfhausen.

Para Martí Scharfhausen, no es entendible «la necesidad de cursar con urgencia esas propuestas de nombramiento en las actuales circunstancias», es decir, «cuando es más que previsible que en un horizonte próximo» se produzca «una coyuntura adecuada para llevarlos a cabo con todas las garantías, que eviten posibles impugnaciones o la nulidad de actuaciones respecto de los Acuerdos del Consejo».

El portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, ha calificado la carta de «inaceptable» y ha acusado a Martí Scharfhausen de «tratar de influir sobre quiénes serán sus sucesores, cuestionando el derecho de una persona a ocupar un puesto sólo por ser ecologista«. En este sentido, Uralde ha recordado que Castejón tiene «sobrados conocimientos» para acceder al Consejo, ya que es doctor en física nuclear. Para el diputado, Martí Scharfhausen no está defendiendo ningún interés para el organismo o la industria, sino sólo «el interés político del PP» que es, según ha indicado, «quien le puso ahí».

La Fundación Renovables aplaude «el paso adelante» del Gobierno a favor de las renovables en su plan de transición energética

Europa Press.– La Fundación Renovables aplaude «el paso adelante» dado por el Gobierno a favor de las renovables al fijar un objetivo del 42% para 2030 en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 remitido a Bruselas.

La Fundación valora que el documento reconoce que es posible alcanzar en 2050 un modelo energético 100% renovable y destaca que marca que para 2030 un 74% de la generación de electricidad será con energías verdes. Asimismo, valora la propuesta en movilidad de alcanzar los 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, así como la delimitación de acceso a los vehículos más emisores y contaminantes a las zonas centrales en las ciudades de más de 50.000 habitantes a partir de 2023. No obstante, la Fundación lamenta que el objetivo del 20% de reducción de emisiones sobre 1990 «es claramente insuficiente«.

Además, subraya que el PNIEC mantiene la estructura de consumo en origen y no apuesta por cambiar el modelo de demanda. «Actuar prioritariamente por el lado de la demanda y por su electrificación supone democratizar el sistema energético», añade la Fundación Renovables, que añora también «objetivos concretos» de generación a través de autoconsumo. La Fundación también lamenta que el documento no ponga una fecha de cierre para las centrales térmicas de carbón y que posponga 10 años el apagón nuclear, «que debería producirse cuando caduque la última licencia de explotación».

Compromís pedirá la formación de una comisión de investigación en el Congreso sobre el almacén gasista Castor tras las elecciones

Europa Press.- Compromís considera «una broma de mal gusto» que el Congreso activara, a 10 días de su disolución, la puesta en marcha de la comisión de investigación que se acordó crear en septiembre sobre el proyecto Castor. Por ello, Compromís, que pidió la comisión sobre el proyecto Castor junto con Unidos Podemos, ya anuncia que en el Congreso que salga elegido en los comicios del 28 de abril volverá a pedir la apertura de esta investigación.

El objetivo de la investigación era esclarecer las responsabilidades políticas derivadas de las irregularidades del proceso de adjudicación, financiación, construcción e indemnización del almacén del gas Castor que se instaló frente a Vinaroz. Según la diputada de Compromís por Castellón, Marta Sorlí, «la investigación de los chanchullos del Castor no conviene ni al PP ni al PSOE» y por eso «no sorprende que los plazos se hayan eternizado y la comisión nazca muerta». «Tanto el PP como el PSOE han protegido mucho al señor Florentino Pérez«, ha añadido, recordando que «la empresa ACS se llevó más de 2.400 millones de euros por un proyecto fallido».

El Gobierno fija las actividades en el mar del sector energético que deberán contar con informe de compatibilidad ambiental

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen los criterios que harán compatibles las actividades humanas en el mar con los objetivos de conservación de las estrategias marinas. Aprobado por el Ejecutivo a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, el Real Decreto introduce la obligación de lograr un buen estado ambiental de las aguas marinas, para lo cual se definieron los objetivos ambientales con la finalidad de orientar la consecución del buen estado ambiental.

En concreto, el Decreto establece que deberán contar con informe de compatibilidad con las estrategias marinas los sondeos exploratorios y explotación de hidrocarburos en el subsuelo marino; el almacenamiento geológico de gas o CO2; la instalación de gasoductos y oleoductos, sobre el lecho marino o enterrados bajo el mismo; la instalación de cables submarinos de telecomunicaciones o de electricidad colocados sobre el lecho marino o enterrados bajo el mismo. Otros proyectos sujetos a este informe serán los relativos a las energías renovables en el mar.

Conservación de los ecosistemas marinos

El Gobierno recuerda que la Ley 41/2010, de diciembre, de protección del medio marino, configura un marco normativo completo para garantizar la articulación de las actividades humanas en el mar, para que no se comprometa la conservación de los ecosistemas marinos, con el principal objetivo de lograr o mantener un buen estado ambiental del medio marino. Las estrategias marinas son los instrumentos de planificación de cada una de las 5 demarcaciones marinas españolas y constituyen un marco normativo uniforme y completo para garantizar la articulación de las actividades humanas en el mar de manera que no se comprometa la conservación de los ecosistemas marinos, de acuerdo con un enfoque ecosistémico.