Organizaciones renovables claman contra la reforma del Gobierno y creen que Europa impulsará el cambio de modelo energético

El presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovable (APPA), José Miguel Villarig, cuestionó el futuro de la reforma energética del Gobierno al afirmar que «al final se verá si es legal o no; el único recurso que nos queda es acudir a los tribunales». A juicio de Villarig, el Ejecutivo «ha señalado» a las renovables como «culpables» del déficit de tarifa, por lo que ha articulado una «reforma injusta y discriminatoria» que dista de ser la «reforma equilibrada» anunciada por el ministro de Industria, Energía y Turismo al no cumplir el Estado con su compromiso de aportar 3.600 millones de euros para contrarrestar el déficit tarifario vía Presupuestos.

Villarig denunció que el actual Gobierno «ha cambiado todos los parámetros con los que iniciamos nuestros proyectos» al impulsar una reforma que cambia el modelo retributivo para el anteriormente denominado como régimen especial (energías renovables, cogeneración y residuos) y que ahora introduce el concepto de rentabilidad razonable así como una parámetros estandarizados para clasificar cada instalación. Una reforma que Villarig calificó como «fallida y meramente recaudatoria» al tiempo que consideró que no ha tenido en cuenta la opinión del sector.

Respecto a Europa, el presidente de APPA señaló la dependencia energética como el mayor problema de los países comunitarios y apostó por una política de ahorro y eficiencia energética. En este sentido, Villarig reclamó más «ambición» a los responsables europeos y reivindicó que los objetivos para 2030 sean vinculantes, «con penalización para los países que no cumplen y compensación para los que cumplan los plazos».

El secretario general de Protermosolar, Luis Crespo, reivindicó que la Unión Europea sea más «vigilante» ante los «atropellos» cometidos sobre las inversiones en renovables lo que hace que España sea el país que tenga más arbitrajes internacionales abiertos ante el Ciadi. Crespo señaló que se ve el horizonte en el que las renovables, «si bien no son aún competitivas, podrán ser gestionables pues estamos bajando precios«. En ese sentido, considero «irreversible» el camino hacia un modelo basado en renovables y pidió objetivos vinculantes aunque no detalló cifras concretas pues cree que la realidad «las superará».

Luis Crespo destacó la relevancia de las elecciones al Parlamento Europeo ya que se produce en un momento en el que cree que «las empresas energéticas impiden el cambio a un modelo más racional que permitirá que Europa tenga un papel relevante geoestratégicamente». Por ello auguró un mix energético en el que las renovables se complementen de tal forma que la demanda se cubra «en dos tercios con energía eólica (en invierno) o solar (en verano), con el apoyo necesario de la hidráulica y la biomasa, evitando los ciclos combinados».

Juan Castro-Gil, secretario de Anpier, arremetió contra algunas sentencias judiciales del Tribunal Supremo, refrendadas en declaraciones de José María Marín Quemada, presidente del macrorregulador CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), que indicaban que los operadores energéticos «tenían que haber previsto el riesgo regulatorio». Por ello Juan Castro-Gil reclamó a los representantes políticos que tengan en cuenta que «los microgeneradores estamos más cerca de los consumidores que las grandes compañía eléctricas, lo que no debería perderse de vista a la hora de regular».

El vicepresidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Luis Torres, también denunció los recortes retributivos que ha sufrido su tecnología en particular y las renovables en general; unas medidas que considera que han «dañado» la seguridad jurídica. Luis Torres indicó que la fotovoltaica ya está «en escenarios de competencia con las energías convencionales en el sur de Europa», en concreto según citó, en el sur de Italia, Islas Baleares e Islas Canarias. Torres también reclamó que se favorezca el autoconsumo con balance neto y no se aplique ningún peaje como reguló el Gobierno y reivindicó que «como ya hace el Reino Unido, cada tejado puede ser una fábrica de electricidad».

Ecologistas y consumidores en acción

José Luis García Ortega, de Greenpeace, reclamó a la Unión Europea que no se limite a un objetivo único de emisiones y mantenga el triple objetivo de reducción de emisiones, aumento de la eficiencia energética y de la cuota de renovables. «Y que sea vinculante», reclamó Ortega, que también pidió objetivos más «ambiciosos» para 2030: reducir emisiones en un 55% respecto a 1990, una cuota de energías renovables del 45% y en eficiencia energética, aunque auguró que no se cumplirá el objetivo 2020, planteó un objetivo del 40% para 2030.

Rodrigo Irurzun, de Ecologistas en Acción, indicó que las elecciones al Parlamento Europeo llegan en un momento «critico» pues considera que se está produciendo «un cambio de un modelo energético centralizado a uno distribuido, de uno basado en fósiles a otro en renovables». Por ello Irurzun reivindicó «que la ciudadanía recupere el control sobre sus recursos». También quiso resaltar «el clamor social» que existe contra las prospecciones petrolíferas y el fracking, así como se preguntó «¿cuántos Fukushimas más necesitamos para entender que no podemos asumir el riesgo de las nucleares?».

José Luis López, de la Asociación de Ciencias Ambientales, incidió en el crecimiento «notable» de la pobreza energética desde el comienzo de la crisis económico y aseguró que «más del 17% de los hogares, 7 millones de personas, pagan una cantidad desproporcionado por la energía eléctrica». López reivindicó un programa «ambicioso» de rehabilitación de viviendas para lograr una mayor eficiencia.

Cote Romero, coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, denunció que el sistema energético es «muy opaco» y los consumidores «sólo entienden» lo que toca pagar en la factura de la luz. Romero arremetió contra los contadores inteligentes ya que «se impide» a los consumidores saber el coste del suministro; por ello Romero pidió que se paralice su implantación hasta que no faciliten «un consumo eficiente». Por último, valoró negativamente que en el último año «se hayan duplicado los costes fijos de la tarifa subiendo el peso del término de potencia: una medida que desincentiva cualquier medida a favor de la eficiencia».

Enrique García López, de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), denunció que la «pésima» regulación del mercado eléctrico impide que haya un verdadero mercado y, por tanto, «no hay precios competitivos, no existe mercado aunque esté liberalizado». Por ello, recordó que, en los últimos años, el precio de la luz subió un 60% mientras que los consumidores tienen «poca elección» puesto que el mercado eléctrico, a su juicio, es «cautivo» de las distribuidoras. García López también cargó contra las prácticas comerciales agresivas, puerta a puerta, reclamó medidas para atajar la pobreza energética y reivindicó actuaciones de la OCU como la compra colectiva de energía.

Ana Etchenique, vicepresidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), exigió relaciones «equilibradas, éticas y transparentes» con los operadores de energía. En este sentido, cargó contra las compañías eléctricas al apuntar que «están muriendo como los dinosaurios; están en extinción». Etchenique también reprochó a la Fundación Renovables que no se preste mayor atención a los consumidores en su documento.