Nueve meses

«El tiempo que no es ningún tonto«, como solía decir el humorista Tono, viene agolpando los problemas de índole económico-financiera de nuestro país en la carpeta del Ejecutivo, cuya respuesta a la hora de abordarlos sigue el esquema de relación solipsista y de relaciones entre las áreas del Ejecutivo, además de postergarlos por otras coyunturas mucho más urgentes y perentorias desde el punto de vista de la financiación de nuestra economía, de la evolución de la prima de riesgo y de la solvencia y liquidez de nuestro sistema financiero.

El problema del déficit tarifario eléctrico, en el que orbitan varias áreas del Gobierno (Industria, Economía, Hacienda, Agricultura y Medio Ambiente, la Oficina Económica del Presidente y la Vicepresidencia del Gobierno) está aparcado desde la entrada del gobierno popular, con independencia de las acciones tomadas que, a la vista de cómo se están comportando las magnitudes (4.000 millones de euros de déficit adicional para este año, tal y como reconocen CNE y Secretaría de Estado), se tornan claramente insuficientes en el corto plazo.

De hecho, y tomando como ejemplo la congelación de nueva potencia renovable, aunque se han cerrado supuestamente los registros de preasignación para inversión e inclusión de nueva potencia con primas (evidentemente, con cargo a la tarifa), siguen aumentando esta parte del coste del suministro, además de que se arbitran vías que justifiquen la excepción para la inclusión de nuevos proyectos que, no estando inscritos, estaban supuestamente iniciados.

El hecho es que nos encontramos con que es inminente la revisión tarifaria para el tercer trimestre, con ya nueve meses transcurridos del año acumulando déficit, incluyendo la ‘regalina’ de los costes extrapenisulares de los Presupuestos Generales del Estado dentro del coste del suministro eléctrico. Y, mientras, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, asume sin chistar la gamberrada de Hacienda, encaja, como puede, las presiones diplomáticas y financieras del desarrollo renovable en España, mantiene un modelo de comunicación «rigodón» con los sectores energéticos, entrega los trastos a la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y carece de un modelo medianamente explicable, debatible, comunicable e inteligible relativo a cómo resolver el mayor problema que aborda su departamento.

De ahí que, José Manuel Soria, en la mayor parte de sus intervenciones públicas (que son muchas, por otra parte), no pase de generalidades y argumentos banales y buenistas al respecto del déficit tarifario que pueden llevar, en primer lugar, al nerviosismo entre los agentes sectoriales que ven cómo la resolución se conduce a caminos abruptos, inesperados, con el problema desmadrado y abordado de forma sorpresiva y, con toda probabilidad, perpetrable con una chapuza poco pensada (véase, por ejemplo, la crisis de Bankia, que ha dejado más de un cadáver en el camino, con serio deterioro del ministro Luis de Guindos); en segundo lugar, a una irritación respecto de los modos y maneras del Ministro de Industria, de la Secretaría de Estado en particular y del Gobierno, en general; y en tercer lugar, a la melancolía, de cómo un problema gestor y económico se convertirá en un problema gestionado por la política politizada.

El problema del déficit tarifario, con síntomas de congelación tras seis meses pasados y tres meses que corren con la revisión tarifaria inminente, en total nueve meses, corre el riesgo de ser abordado «ad libitum», con un proceso de descongelación que rompa la cadena de frío, resuelto por hechos consumados y con mucha y peligrosa precipitación.

Nueve meses son muchos meses para esta indefinición e imprecisión en que se mueve el Ejecutivo, para esta opacidad, para esta falta de diálogo y de negociación directa, económica y gestora. Demasiados meses para mantener tanto tiempo la ausencia de un plan predecible que resuelva el problema del déficit tarifario y la insuficiencia de la tarifa para asumir los costes del suministro, con el consiguiente deterioro de la situación tanto a nivel financiero como empresarial.

Mientras, el Gobierno prepara el terreno con mecanismos de fortificación y parapetado, ante posibles operaciones societarias derivadas de la evolución de las cotizaciones bursátiles de las empresas y el efecto de la política energético-económica o su ausencia.

Siguiendo el símil, nueve meses que no son un estado interesante, sino una situación muy embarazosa, con un embarazo de riesgo.