El pasado 16 de mayo, Nuclenor presentó un escrito a Industria solicitando la revocación parcial de la Orden Ministerial del 29 de junio de 2012 con el fin de mantener abierta la posibilidad de solicitar la renovación por un año de la autorización vigente, manteniendo la central parada, con el objetivo de que durante ese periodo pudiera pedir una renovación de su permiso para operar si se produjeran cambios normativos.

Dicho escrito se presentó ante la expiración, el próximo día 6 de julio de 2013, de la vigente autorización de explotación de Garoña y teniendo en cuenta que todavía no se había recibido respuesta de la Dirección General de Tributos a la consulta vinculante realizada.

Entonces, el Ministerio de Industria solicitó al CSN un informe sobre la cuestión. El regulador, después de cuatro sesiones de reuniones del Pleno del Consejo, dio el 23 de mayo su visto bueno a esta posibilidad al considerar que no había impedimentos en materia de seguridad y protección radiológica. Sin embargo, el departamento que dirige José Manuel Soria, estableció en su propio escrito al CSN que antes del 1 de junio, en caso de informe favorable, se tendría que revocar la orden ministerial y, además, el titular, solicitar dicha prórroga.

Superado el plazo de 1 de junio de 2013 establecido por el Ministerio de Industria, sin que se haya producido la revocación parcial solicitada de la Orden Ministerial de 29 de junio, Nuclenor remitió al Ministerio de Industria los Documentos Oficiales de Explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña asociados al cese de la explotación siguiendo los procedimientos administrativos vigentes.

El ministro de Industria reiteró en distintas ocasiones que el Gobierno es «partidario» de que Garoña siguiera abierta siempre y cuando cumpla con todos los requerimientos de seguridad que dicta el regulador.

En la carta de acompañamiento a la documentación citada, Nuclenor expuso, como ya indicó en el escrito presentado al Ministerio de Industria el pasado 28 de diciembre de 2012, que la comunicación de cese se debe a «motivos exclusivamente económicos», y no técnicos o de seguridad, de modo que, «si se produjesen cambios normativos que así lo permitiesen, Nuclenor consideraría la posibilidad de solicitar una renovación de la autorización de explotación».

La empresa consideró entonces que los cambios impositivos generarían un coste de unos 153 millones de euros, lo que haría inviable la continuidad por motivos económicos.

La documentación remitida al Ministerio de Industria siguió un riguroso proceso de evaluación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear a lo largo de estos meses y debe ser aprobada por el Ministerio de Industria en caso de que éste declarase el cese definitivo de la explotación.

Nuclenor ya remitió en enero los documentos al CSN

También se sabe que Nuclenor ya remitió esta misma documentación hace meses al CSN para que el organismo regulador realizase el informe preceptivo sobre el cese de explotación de la planta, cuya licencia expira el próximo 6 de julio.

Según fuentes conocedoras de la tramitación, se trata de los documentos que el titular remitió al CSN, de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, para realizar el informe del cese de actividad que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, pidió el 3 de enero. Dicho informe, con las condiciones relativas al cierre, fue aprobado con dictamen favorablemente por el Pleno del organismo regulador y remitido al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

El documento informa sobre los límites y condiciones de seguridad a los que se deberá ajustar en sus actividades, a partir del 6 de julio de 2013, la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos), que lleva desacoplada de la red y sin generar electricidad por decisión de Nuclenor desde el 28 de diciembre de 2012 por «razones ajenas a la seguridad nuclear».

Óscar López celebra el posible cierre de la central

El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, celebró el posible cierre definitivo de la central nuclear de Garoña a pesar de las «idas y venidas» del Gobierno y del Partido Popular.

El responsable socialista se expresó así en referencia a la presentación realizada por Nuclenor ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de la documentación necesaria para el cierre definitivo el 6 de julio.

En este marco, López estimó que de esta forma España también se acerca a Europa, donde actualmente se desmantela la energía nuclear, de manera que una reducción de la misma sería «una buena fórmula» para hacerlo, al tiempo que criticó que el Gobierno no tenga una política medioambiental.

Cayo Lara califica de «intolerable» mantener abierta la central

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, calificó de «intolerable» y «negativo» que se mantengan abiertas las puertas de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

Durante su visita a la sede de IU en Salamanca, Cayo Lara incidió en que «plantear moratorias es intolerable», en referencia a los sectores que piden la continuidad de la planta burgalesa.

También tildó de «intolerable» el «cementerio» de residuos nucleares en Castilla La Mancha, porque sus efectos pasarán a futuras generaciones.

El Gobierno, eléctricas y Nuclenor «están cocinando» el futuro «con errores de bulto»

Por su parte, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Julio Villarrubia, advirtió de que el Gobierno central, las compañías eléctricas y Nuclenor «están cocinando» la continuidad de la planta «de forma muy torpe y con errores de bulto».

Villarrubia indicó que el «penúltimo error» cometido en torno a esta cuestión es el no tener la documentación y las solicitudes adecuadas por parte del propio Gobierno de España para poder conceder la prórroga acordada con la empresa.

Ese acuerdo, según lamentó, se tomó «a espaldas» de la Junta de Castilla y León, los trabajadores de la central y la zona en que se ubica y «sin hacerse ni un euro de inversión para reactivar la comarca y recuperar el empleo en el futuro».

«Si hay negocio, como parece que lo hay si la prórroga llega a los 60 años, esto es la historia de una comedia, pero muy mal ejecutada por estas improvisaciones chapuceras del Gobierno con la empresa y las eléctricas.

En definitiva, un lío montado por el PP», criticó. El secretario regional del PSOE incidió en que su partido «ha venido denunciando y haciendo público desde hace ya bastantes meses» el «lío» en torno a Garoña, en el que se mezclan las «complicidades del Gobierno de España, la propia empresa y las potentes empresas eléctricas».

Los socialistas se mantienen, aunque a sabiendas de la «controversia» generada, «coherentemente» a favor del cierre de la central y de que se lleven a cabo los planes de reactivación de la zona, según expresó el responsable regional, quien precisó que tales planes «ya empezaron a ejecutarse con muchos millones y que el PP los paralizó».

Villarrubia insistió en que, de seguir adelante la actividad, el PSOE reclamará un gravamen sobre los beneficios de la empresa durante el tiempo que esté en funcionamiento la central con el fin de dedicar los recursos a la creación de empleo.

«También seguiremos expectantes en esta historia chapucera y desafortunada de estos que son los cómplices a espaldas de los intereses generales», aseveró.

Los sindicatos creen que trabajadores «no merecen lo que pasa»

El presidente del comité de empresa de la central nuclear de Garoña, Alberto César González, consideró que los trabajadores «no merecen lo que está pasando» con continuos «vaivenes», sobre todo desde septiembre de 2012, y con «incertidumbre» sobre el futuro de sus empleos.

González aseguró que los trabajadores están «hartos» de mensajes contradictorios y de no saber lo que ocurre, porque afirma desconocer «si se está hablando de Garoña, del mix energético o de todas las centrales nucleares españolas».

En este sentido, explicó que lo único que saben los trabajadores es que el comité de empresa estaba manteniendo reuniones con la empresa para acordar la mejor salida ante el previsible cierre de la planta.

Sin embargo, esas reuniones se suspendieron hace tres semanas, cuando la empresa apuntó la posibilidad de pedir una prórroga, y se retomarán «cuando quiera la empresa, porque la empresa y el Ministerio de Industria son los únicos que saben qué ocurre y hacia dónde van«.

Alberto César González aseguró estar «desconcertado» porque cuando parece definitivo el cierre de la planta nuclear aparece un cambio que apunta que puede seguir abierta y cuando parece que está decidido que se mantenga hasta una fecha determinada «vuelve a caer por tierra sin que se sepa la razón».

Ecologistas en acción prevé que «el culebrón no ha terminado»

Por último, la organización Ecologistas en Acción vaticinó que «el culebrón no ha terminado», en relación con la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), aunque considera que es «muy difícil» que la planta vuelva atrás (y reanude su operación).

El portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, vaticinó, sin embargo, que aún se verán nuevos gestos para la galería por parte de Nuclenor y del Gobierno.

A su juicio, todo indica a que las propietarias de Nuclenor, Iberdrola y Endesa, han estado negociando con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, pero no llegaron a un acuerdo. En este sentido, explicó que el elemento clave en este asunto era la vida útil de la central, ya que el titular quiere que, por ley, se extienda la operación de las plantas atómicas a 60 años. Esto, dijo que no es posible porque depende de su seguridad, que establece y valora el Consejo de Seguridad Nuclear.

«Eso es imposible que figure por escrito porque el Gobierno tiene prerrogativas para cerrar una central, pero no para mantenerla abierta más allá de lo que diga el CSN», subrayó.

En el fondo de la cuestión, según Castejón, Garoña es «un aviso a navegantes o ejemplo futuro» para el resto de los reactores nucleares que operan en España. En todo caso, indicó que «todavía es posible revertir el proceso de la central nuclear burgalesa, pero «sería una cosa escandalosa. Todavía más escandalosa».

Además, criticó que el Gobierno está legislando bajo la presión del lobby nuclear y también bajo la presión de Bruselas, que fue la que impuso el gravamen al combustible gastado que provocó que Garoña decidiera dejar de operar el 28 de diciembre pasado.

Finalmente, Castejón se alegró de que el tiempo pase porque cada vez es más difícil revertir la situación pero lamentó que esto lleva un precio «altísimo» porque, en su opinión, queda demostrado que el Gobierno es «rehén de los poderes privados» y porque se hizo «mucho daño al CSN como institución».