Según informó «El Diario de Burgos«, las últimas modificaciones introducidas en el Senado mediante varias enmiendas del Partido Popular a la nueva Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética durante la Comisión de Industria el pasado martes no van en favor de la viabilidad de la central de Garoña y ponen en jaque el futuro económico de la central.

Tras analizar las consecuencias de esta enmienda que hace «absolutamente inviable económicamente a la central», la dirección de Garoña empezó a planificar una posible parada definitiva del reactor a mediados de este mes, en torno al día 16, pese a que cuenta con licencia de actividad hasta el 6 de julio de 2013, después de que sus propietarios no solicitasen en tiempo y forma la renovación de la autorización para operar hasta 2019.

Se trataría de una «parada ordenada» del reactor por motivos «no técnicos», según indicaron a Servimedia desde Nuclenor, si bien no precisaron ni el motivo ni la duración de la misma.

Desde la compañía, que está participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa, insistieron en que la decisión de la parada aún no está tomada y que se acordará en los próximos días. La decisión de hacer una parada deberá ser comunicada al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El motivo sería evitar el pago de un millonario impuesto por la producción de residuos nucleares que entrará en vigor en enero si el Congreso no rechaza los cambios introducidos por el Senado en el proyecto de ley que determinará la nueva fiscalidad de las eléctricas.

Por su parte, fuentes de los trabajadores señalaron que la dirección ha comunicado al Comité de Empresa que existe la «posibilidad» de adelantar el cese de actividad de la central a diciembre porque, con la nueva tasa que impone la nueva ley obligaría a Nuclenor a desembolsar 150 millones de euros y ello hace «inviable» la situación de la empresa.

Los directivos de Nuclenor mantuvieron una reunión con los miembros del comité de empresa para transmitir a los trabajadores esta situación, con el fin de ir planificando las tareas necesarias para la parada definitiva del reactor.

No obstante, si la normativa se aprueba con la enmienda introducida por el PP, la planta burgalesa tendría que pagar 2.190 euros por cada kilogramo de metal pesado (uranio y plutonio) contenido en el combustible nuclear gastado que se extraiga definitivamente del reactor para su trasvase a la piscina una vez que éste haya parado.

En cambio, si el reactor se detiene definitivamente antes de que acabe el año y se extrae todo el combustible gastado antes de que entre en vigor la nueva ley, Nuclenor evitará el pago de ese nuevo impuesto.

Desde el CSN insisten en que el único escenario que se baraja es que la central de Garoña cese su actividad el 6 de julio de 2013. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo opta por no hacer declaraciones.

La Diputación de Burgos pide a Nuclenor una «declaración pública» sobre el futuro de Garoña

Por su parte, el presidente de la Diputación de Burgos exigió a Nuclenor que realice una «declaración pública» sobre el futuro de la planta burgalesa.

«Es hora de que los responsables se manifiesten abiertamente por responsabilidad y porque se lo deben a esta provincia», aseveró César Rico antes de solicitar a Nuclenor que «de una vez por todas, termine con esta incertidumbre».

Ante esta situación, y las diversas formas de interpretar las últimas informaciones acerca de la extracción de combustible de la planta, pidió a la empresa que proporcione las explicaciones oportunas «para más seguridad de todos».

Asimismo, instó a los responsables de la central a que abandonen su postura actual, «porque dando palos de ciego crean más incertidumbre» y no dejan claro si la central cesará su actividad o no.