Nuclenor pide a Industria un nuevo plazo para solicitar la prórroga y renovar la autorización con la que explotar la central de Garoña

La decisión de pedir la revocación parcial de la orden fue acordada en una reunión extraordinaria por el Consejo de Administración de Nuclenor y ya está en manos del ministro de Industria, José Manuel Soria.

Tras considerar lesivas las medidas de la Ley de Medidas Fiscales para la sostenibilidad energética, Nuclenor se dirigió al Ministerio de Industria en dos ocasiones, el 14 de agosto y el 3 de septiembre de 2012, para solicitar una prórroga para presentar la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central de Garoña una vez se aclararan los efectos de la nueva ley.

Con la aplicación de la nueva ley, en base a los borradores que el titular de la planta conoció entonces, Nuclenor se situaría en patrimonio negativo por «la magnitud de los tributos» que debían abonarse por mantener la operación de la central.

Por ello, al no concederse las prórrogas solicitadas, el 28 de diciembre, al día siguiente de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado, el Consejo de Administración de la propietaria de Garoña, formada por las eléctricas Endesa e Iberdrola, comunicó al Ministerio de Industria su decisión de cese de actividad de la planta atómica burgalesa, que desde finales de 2012 se encuentra parada y desenganchada de la red eléctrica.

En la comunicación al ministerio, Nuclenor ya apuntaba que no descartaba la posibilidad de que la planta fuera puesta de nuevo en funcionamiento si dispusiera «de nuevos elementos de valoración», aunque aseguró que el cese definitivo de la actividad quedaba supeditado a un informe vinculante que pidió a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y del que, hasta la fecha, no se recibió respuesta, según fuentes de la empresa.

En su consulta, Nuclenor cuestionaba a Hacienda si el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos tiene o no carácter retroactivo.

Por todo ello, Nuclenor presentó un escrito al Ministerio de Industria en el que solicita un nuevo plazo para solicitar la ampliación del periodo de funcionamiento más allá del 6 de julio de este año.

Las fuentes consultadas apuntaron que esta solicitud de prórroga no altera la decisión de cese de actividad pero que, de no pedirla, Garoña estaría en una «situación irreversible» si el informe sale después del 6 de julio. Se trata de un «paso adelante para intentar salvar Garoña», sostienen de la empresa propietaria.

Entre los argumentos de Nuclenor al Gobierno, se refiere a la Ley del sector eléctrico que establece el régimen de la «libre iniciativa empresarial para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica reguladas.

Al mismo tiempo, recordó a la Administración que, de acuerdo con los artículos 5 y 6 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el informe del CSN relativo a la seguridad nuclear y protección radiológica es preceptivo y vinculante en caso de ser negativo, y también vinculará al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en las condiciones que imponga en caso de ser positivo.

En este contexto, Nuclenor subrayó la «práctica internacional», como defiende el regulador atómico de Estados Unidos (referencia en este sentido), de extender la explotación de las centrales nucleares más allá de los 40 años. Concretamente, recordó que en Estados Unidos se renovaron los permisos de explotación de 73 reactores nucleares y se está evaluando la renovación de 15 reactores más.

Respecto a las centrales de referencia (equivalentes) a la planta burgalesa, Nuclenor incidió en su escrito a Industria que ya fueron renovadas hasta los 60 años las licencias de Peach Uottom (en 2003), Dresden 2 y 3 (en 2004), Quad Cities I y 2 (en 2004), Nine Mile Point 1 (en 2006), Monticello (en 2006), Oyster Creek (en 2009) y Vermont Yankec (en 2011).

En el marco de los países de la OCDE, añadió que países como Reino Unido, Suecia, Finlandia y «otros» extendió ya sus autorizaciones por periodos de 10 y 20 años, hasta los 50 o 60 años de operación.

Del mismo modo, insistió en que el informe del CSN sobre la solicitud de renovación de la autorización de explotación de Garoña para el periodo 2009 a 2019 consideraba que las centrales nucleares podían seguir operando en condiciones de seguridad una vez pasados 40 años.

Por último, Nuclenor consideró «muy importante recalcar» que en este periodo operativo adicional (desde 2009) el CSN tiene la autoridad y la capacidad de comprobar «en todo momento» que la seguridad de la central es la adecuada y que puede parar su operación «en cualquier momento, si es necesario».

Por otro lado, el 8 de mayo de este año se aprobaron las cuentas anuales de 2012, con un resultado negativo después de impuestos de 133 millones de euros. Ante este resultado, Nuclenor señaló que la Junta General de Accionistas acordó restablecer el equilibrio patrimonial en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, reduciendo el capital social al mínimo legal de 60.000 euros.

Industria pide al CSN que analice la solicitud de Nuclenor

Por su parte, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pidió al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), presidido por Fernando Marti, un informe sobre la solicitud remitida por Nuclenor para que se revoque parcialmente la orden de cierre previsto para el 6 de julio.

Además, según el escrito de Industria al organismo regulador, requirió un informe en el que diga «antes del 1 de junio» si el titular puede pedir una renovación de la autorización de explotación por un periodo de un año, en el que la central se mantenga sin operar a potencia. De este modo, el Pleno del CSN lo estudiará la próxima semana.

Así, Industria recordó que la orden IET/1453 de 29 de junio de 2012 por la que se revoca parcialmente la Orden ITC/1785, de 3 de julio de 2009 –en la que se acuerda como fecha de cese definitivo de la explotación de la central el 6 de julio de 2013 y que autoriza su explotación hasta esa fecha–, establece en su parte dispositiva que antes del 6 de septiembre de 2012 el titular podrá solicitar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una renovación de la autorización de explotación por un periodo no superior a seis años.

Asimismo, Industria explicó que en el escrito del presidente del Consejo de Administración de Nuclenor se solicita al Ministerio que se modifique el punto tres de la Orden ministerial de 29 de junio para determinar una nueva fecha con anterioridad a la cual se le permita solicitar una renovación de la autorización de explotación, a partir del 6 de julio de 2013 por un periodo de un año, en el que la central se mantenga sin operar a potencia.

Saénz de Santamaría afirma que «hay que seguir el procedimiento»

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, aseguró que «lo que hay es hacer es seguir el procedimiento» después de que Nuclenor haya remitido un escrito al Ministerio de Industria en el que solicita una prórroga en el plazo para poder solicitar la renovación de la licencia de explotación de la central, que expira el próximo 6 de julio.

«Lo que hay que hacer es seguir el procedimiento y la primera regla es pedir el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que cualquier actuación lo sea con todas las garantías y eso es lo que va a hacer Industria, reclamar el informe», detalló Saénz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El PSOE pide al Gobierno una explicación sobre Garoña

Por su parte, el secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, reclamó al Gobierno que aclare «de inmediato» qué modificación normativa está preparando para que Nuclenor, el titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), haya pedido ahora la prórroga de la licencia de la planta, cuando falta poco más de un mes para su expiración.

Así, Morán apuntó a que la solicitud pone en evidencia una «negociación subterránea» y que, de esta «se deducen compromisos a futuro que podrían ser calificados como información privilegiada».

De este modo, se preguntó qué ha ocurrido para que la central, que hace cinco meses dijo que no era rentable seguir operando hasta 2019 considera que ahora sí lo sea sin que haya cambiado el marco regulatorio y fiscal en este tiempo.

«Evidentemente, alguna expectativa de mejora de la rentabilidad que habría de llegar de la mano de una modificación de la normativa, que aún no es pública», denunció. Por este motivo, el dirigente socialista quiere que el Gobierno aclare «de inmediato» cuál es el alcance de esa negociación «subterránea».

A este respecto, Morán recordó que Nuclenor había declinado ya a acogerse a la solicitud de prórroga que el Gobierno le concedía y que en diciembre adelantó la parada definitiva de Garoña porque el nuevo marco regulatorio y fiscal aprobado pro el Gobierno «la hacía inviable económicamente» por lo que rechazó acogerse al nuevo calendario que le habría permitido seguir operando hasta 2019.

Además, el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Julián Simón de la Torre, pidió al Gobierno que «clarifique su política energética» y explique sus «negociaciones con las eléctricas», en particular con Nuclenor -que integran Endesa e Iberdrola- y que a su juicio «está jugando y presionando» al Ejecutivo para «que se someta a sus intereses».

Simón de la Torre precisó que no se trata de «pedir la prórroga» de la explotación vigente sino del plazo para poder pedirla, con lo que la planta seguirá parada.

A su juicio, Nuclenor «está presionando y jugando, y no se fía del Gobierno», por «su falta de claridad en cuanto a lo que quiere hacer con la energía nuclear». Para el secretario de Organización del PSCyL, al «no tener una idea clara de su política energética, el Gobierno está «en manos de las eléctricas», cuando a la par «está asfixiando» al carbón de la Comunidad.

El PNV insta a «liderar» una movilización social para rechazar la prórroga

Asimismo, el grupo del PNV en las Juntas Generales de Álava realizó un llamamiento a la Diputación Foral de Álava a «liderar», junto al resto de instituciones, la movilización social contra las «pretensiones» de Nuclenor de continuar con las operaciones de la Central Nuclear de Santa María de Garoña.

Los jeltzales recordaron que Nuclenor solicitó al Ministerio de Industria la posibilidad de pedir una renovación del permiso de explotación vigente que permitiese continuar operando Garoña.

Ante esta información, el Grupo Juntero EAJ-PNV presentó una pregunta para respuesta en pleno dirigida al diputado general de Álava, Javier de Andrés (PP), para que explique la posición de la Diputación Foral de Álava ante la solicitud de Nuclenor al Ministerio de Industria.

En este sentido, el Grupo Juntero EAJ-PNV presentó también una moción urgente por la que solicita a la Diputación Foral de Álava que se «oponga activamente» a la pretensión de Nuclenor.

«No podemos permitir que Garoña continúe abierto ni un día más a partir del 6 de julio, que es la fecha prevista para su cierre. Todos tenemos que oponernos a esta posibilidad y esa oposición la tienen que liderar las principales instituciones alavesas, entre otras, el propio Diputado Genera», defendió el portavoz del Grupo Juntero EAJ-PNV, Ramiro González.

Los ecologistas tildan de «desfachatez» y «surrealista prevaricación» la petición

Por último, las organizaciones Ecologistas en Acción, Greenpeace y Salvia, calificaron de «desfachatez», «burla al estado de derecho» y «surrealista prevaricación» la decisión de Nuclenor, de pedir una autorización para mantener abierta Garoña durante un año más aunque sin producir electricidad.

Así, para Ecologistas en Acción, esta solicitud es una «nueva maniobra» de la industria nuclear y subrayó que motivos técnicos y políticos hacen esta prórroga «inviable», por lo que calificó de «verdadera desfachatez» la pretensión de Nuclenor si piensa que se puede evitar su cierre a menos de dos meses de que expire su licencia.

A su juicio, la petición se realizó «a destiempo» y tras permitir que pasaran «todos los plazos legales» para pedir la prórroga en tiempo y forma. Por ello, considera que «resulta de todo punto imposible» que se prorrogue la orden de funcionamiento.

De este modo, explicó que por índole técnica de aquí a julio el CSN no podría evaluar la documentación que tendría que remitirle el titular para dictaminar si se prorroga la vida de la central y por cuento tiempo. Además, por índole política, porque consideró que Iberdrola y Endesa, propietarios de Nuclenor, usaron Garoña como elemento para «chantajear al Gobierno» y tratar de conseguir que retirase el impuesto sobre la gestión de residuos radiactivos de la Ley de Medidas Fiscales.

A su juicio, la concesión de esta nueva prórroga sería «un verdadero escándalo» desde el punto de vista político, puesto que el Ministerio «se plegaría a los deseos de estas empresas». Por ello, Ecologistas en Acción consideró que la «extraña solicitud» al Ministerio de Industria «carece de sentido» y espera que la respuesta sea una «negativa rotunda».

En este sentido, Greenpeace exigió al Consejo de Seguridad Nuclear que no conceda a Garoña la prórroga para mostrar su «independencia y credibilidad», ya que reiteró al Ministerio la necesidad de que emita una declaración del cese de explotación para que éste tenga efecto jurídico, y recuerda que el Ministerio no ha dado ninguna explicación al retraso de este proceso.

«Sin haber cambiado ninguna de las condiciones relativas a la seguridad, sino todo lo contrario debido al paso del tiempo, el CSN no puede conceder una prórroga que ya denegó«, manifestó la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, que consideró que el CSN debe elegir «entre su independencia y credibilidad o su obediencia a las exigencias de las compañías eléctricas y del Partido Popular».

En este sentido, denunció que una «nueva revocación de la revocación de la Orden Ministerial de cierre de Garoña es reírse del derecho, de los procedimientos y, en definitiva, del poder legislativo», al tiempo que añadió que este Ejecutivo está «despreciando al poder legislativo y judicial» y que se está burlando del estado de Derecho.

Por su parte, el portavoz de Salvia, Carlos Bravo, calificó de «surrealista» la solicitud de Nuclenor al Gobierno y opinó que esto se debe a que las eléctricas juegan con información privilegiada por parte del Gobierno respecto al futuro normativo-energético, un supuesto que advirtió de que podría suponer un delito de prevaricación.

A su juicio, la Ley de reforma energética que prepara el Gobierno va a «torpedear» las renovables y creará un ‘banco malo para las renovables’ pero, a cambio, las nucleares obtendrán 20 años más de vida útil para operar.

En este sentido, Bravo explicó la solicitud en que Nuclenor «tiene que ganar tiempo» porque dicha ley no estará lista antes del 6 de julio, cuando expira la licencia de Garoña y añadió que este es el motivo por el que pidió una solicitud de prórroga de un año pese a que está parada y sin producir electricidad. Así, vaticinó que se acogerá a la Ley cuando esta se apruebe.

Por este motivo, estimó que esta situación evidencia que las eléctricas tienen «información privilegiada» lo que puede constituir un delito de prevaricación. «Ahora el CSN tiene la pelota en su tejado y si le concede la prórroga es un acto de privilegio que se puede llevar a los tribunales», indicó.

Finalmente, insistió en que Garoña «no es necesaria» para el panorama eléctrico español y que esta situación es «escandalosa» y se produce porque «hay algo detrás» que las eléctricas esperan que les sea «ventajoso».