La empresa asegura que, en caso de que se «despejaran las incógnitas en torno a la viabilidad económica de la planta, Nuclenor podría solicitar la renovación».

Para Nuclenor, Garoña reúne técnicamente todas las condiciones para continuar operando de una manera «fiable y segura, como reiteradamente han señalado tanto el Consejo de Seguridad Nuclear como la Agencia Internacional de la Energía Atómica».

En un comunicado, la compañía ha precisado que precisamente es la incertidumbre regulatoria la que pone en duda la viabilidad económica de la planta, en base a los resultados de explotación de los últimos tres años, y las inversiones de alrededor de 120 millones de euros que debería realizar para seguir funcionando, fruto del dictamen del CSN y de los planes de modernización permanente de la planta.

Asimismo, ha aclarado que en estos últimos días ha remitido un escrito a las consejerías de Hacienda y Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León en las que solicita información acerca de las tasas, impuestos, recargos, etcétera de carácter autonómico que pudieran afectar, directa o indirectamente, al funcionamiento de la central y, por lo tanto, a la decisión de solicitar la renovación de su permiso de funcionamiento.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo está estudiando una reforma del sector energético que, entre otras cuestiones, podría incluir medidas relacionadas con la actividad de producción eléctrica mediante centrales nucleares.

Nuclenor ha reiterado finalmente su voluntad de solicitar la renovación «en caso de que se despejaran estas incógnitas en torno a la viabilidad económica de la central».

Frente a la decisión del anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de cesar el 6 de julio de 2013 la actividad de la central de Garoña, el pasado 3 de julio, el Ministerio de Industria, liderado por José Manuel Soria, revocó dicha orden por la que se acordaba el cierre de la central nuclear el 6 de julio de 2013, y autorizó su explotación hasta dicha fecha.

La orden del cierre de Garoña fue dictada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tras haber solicitado la central una renovación de la explotación hasta 2019. Previamente, el CSN había emitido un informe favorable a la renovación por diez años.

Tras el cambio de Gobierno, el pasado mes de enero el nuevo ministro de Industria preguntó al CSN si existía algún impedimento para revocar la orden de cierre. En febrero, el regulador atómico concluyó que no existía impedimento alguno para esa modificación, siempre que se modifiquen los límites y condiciones de la vigente autorización para incluir nuevas condiciones.

El pasado mes de mayo, Industria concedió un trámite de audiencia a los interesados.

Industria negó a Nuclenor la ampliación del plazo para pedir la renovación de explotación de Garoña

El ministerio de Industria, Energía y Turismo denegó a Nuclenor, empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña (Valle de Tobalina, Burgos), la ampliación del plazo fijado para solicitar la renovación de la autorización de explotación de la planta.

En la comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, detalló que en este asunto el Ministerio quiso seguir «literalmente lo que había dicho el CSN» y no se autorizó a Nuclenor más tiempo para decidir, ya que había «un informe en contra de esa pretensión por parte del CSN».

Durante su intervención, el ministro explicó que el Gobierno tramitaría la solicitud para alargar la explotación de Garoña si se le planteaba y señaló que el Ejecutivo «no tiene interés ni a favor ni en contra de la energía nuclear», sino en que haya «un mix energético lo más equilibrado posible».

En el caso de que se produjese una prórroga para que Garoña siguiera funcionando, esta decisión se adoptaría siempre y cuando el CSN emitiese un informe favorable al respecto.

De acuerdo con la orden ministerial publicada el pasado 3 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que se abría la posibilidad de alargar el funcionamiento de Garoña hasta 2019, los dueños de la central nuclear podían solicitar al Ministerio de Industria una renovación de la autorización de explotación por un nuevo período no superior a seis años.

Esta petición, debía realizarse con anterioridad al 6 de septiembre de 2012.

En la disposición del BOE se explicaba, entre otros, que dado el elevado nivel de dependencia energética que tiene España del exterior, el suministro energético español ha de basarse en la diversificación de sus fuentes de abastecimiento, utilizando todas las que estén disponibles y, en este sentido, la energía nuclear contribuye significativamente a esta diversificación.

Asimismo señalaba que el sector eléctrico arrastra un déficit acumulado de aproximadamente 24.000 millones de euros y, dada su estructura de costes, se seguirían generando nuevos desajustes.

Concluía que la prolongación de la explotación de la central tendría un efecto favorable sobre la actividad económica, el empleo y la recaudación impositiva en la zona.